Etelvian Aranda Flores

Expediente 666/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 2 actuaciones registradas, la última del 3 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
666/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
03/09/2021

Partes del expediente

  • Etelvian Aranda Flores

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio de amparo y específicamente el contenido de la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término establecido por el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiese recurrido el proveído de diecisiete de junio del año en curso, mediante el cual este Juzgado de Distrito desechó por improcedente la demanda de amparo que dio origen a esta instancia constitucional. En consecuencia, con fundamento en los artículos 2, 22 y 31, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se declara que dicho auto ha quedado firme, para todos los efectos legales correspondientes. Ante esa virtud, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, archívese el presente juicio como asunto total y definitivamente concluido.

  2. Principal

    PERS. CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 27, FRACCIÓN I, INCISO B) Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE LE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA POR MEDIO DE LISTA EL PROVEÍDO Y/O RESOLUCIÓN DE DIECISIETE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO QUE CITA.téngase por recibida la demanda presentada por ****, en su carácter de Síndico Municipal del Ayuntamiento de Amacuzac, Morelos, contra actos del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno el juicio de amparo 666-2021, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva este juzgado federal. Previo a la admisión de la demanda de amparo de que se trata, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se desecha la misma, en virtud que, de su contenido, se advierten motivos manifiestos e indudables de improcedencia, tal como a continuación quedarán evidenciados. Conforme al segundo de los artículos invocados, el juez de Distrito tiene la obligación de examinar con todo detenimiento el escrito de demanda y de existir causa manifiesta e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, para lo cual, en principio, ha de considerar únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen; siendo que por motivo manifiesto se entiende lo que se advierte clara y patentemente y por indudable, aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por la parte promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Esta hipótesis normativa guarda armonía con el principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Este lineamiento normativo tiene como base constitucional lo preceptuado en el artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, ya que no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Atento a lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda presentada por Etelvian Aranda Flores, en su carácter de Síndico Municipal del Ayuntamiento de Amacuzac, Morelos toda vez que de su estudio integral, se advierten motivos manifiestos e indudables de improcedencia, atendiendo a las siguientes consideraciones: Del acto reclamado se advierte que la promovente reclama en esencia la resolución de veintidós de marzo de dos mil veintiuno, dictada por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, dentro del expediente TJA/3As/74/2015, de su índice, en la que se decretó la aplicación de la sanción consistente en la multa de hasta ochenta unidades de medida y actualización; ante lo cual se actualiza la causal que establece el artículo 61, fracción XII, en razón de que no afecta la esfera jurídica del impetrante. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;...". Para determinar la procedencia del juicio de amparo, el promovente deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo; además, deberá alegar que el acto reclamado viola los derechos reconocidos en la Constitución Federal, de lo que deriva una afectación a su esfera jurídica de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. En ese tenor, cuando el acto reclamado consiste en la imposición de una multa derivado del incumplimiento de una resolución, se actualiza la causa de improcedencia por falta de interés jurídico prevista en el mencionado artículo 61, fracción XII, ya que dicha multa no afecta la esfera jurídica del Síndico Municipal de Amacuzac, Morelos, como persona moral oficial representada por el aquí quejoso, sino que el pago de dicha multa se impone a la persona física que desempeña dicha función. Es decir, que las personas morales oficiales sólo podrán solicitar el amparo y protección cuando se encuentren en un plano de igualdad frente a los particulares, lo que en el caso no se actualiza, pues la imposición de la multa emerge como sanción derivado de la inacción del servidor público, al no efectuar un pago o realizar alguna acción ordenada por la autoridad responsable de la justicia, por lo que carecen de legitimación para promover en el presente juicio. Por tanto, al actualizarse la causal de improcedencia prevista por la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 6, ambos de la Ley de Amparo, y 107, fracción I, Constitucional, se desecha por notoriamente improcedente la demanda de amparo de que se trata, por lo que hace a la quejosa referida, en su calidad de autoridad municipal. Por otra parte, con base en el arábigo 27, fracción I, de la Ley de la Materia, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que indica en su escrito de demanda, así como a las personas propuestas para tal fin.

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