Esveydi Joselyne López Hernández
Expediente 347/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 4 actuaciones registradas, la última del 27 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 347/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 27/06/2022
Partes del expediente
- Esveydi Joselyne López Hernández
Actuaciones
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTISIETE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se desprende que la promovente ESVEYDI JOSELYNE LÓPEZ HERNÁNDEZ, dentro del término legal concedido, no se inconformó en contra del proveído de dieciséis de marzo del presente año, mediante el cual se desechó de plano por notoriamente improcedente su demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el mismo QUEDA FIRME para todos sus efectos legales procedentes. En consecuencia, una vez que obre agregada la constancia de notificación del presente proveído, sin previo acuerdo ARCHÍVESE el presente expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento al artículo 21 del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de destrucción, pues se tuvo por desechada la demanda de amparo; por ende, una vez que transcurran más de tres años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, procédase a su destrucción. NOTIFÍQUESE.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, del que se advierte que aún no obra la constancia de notificación del proveído de dieciséis de marzo de dos mil veintidós, a ESVEYDI JOSELYNE LÓPEZ HERNÁNDEZ, por el que se informa el desechamiento de la demanda amparo, por tanto, comisiónese al Actuario Judicial, para el efecto de que de inmediato proceda a agregar en autos la referida constancia de notificación en caso de que ya se haya practicado, o bien, en caso de que no se haya realizado, proceda a su diligenciación. NOTIFIQUESE PERSONALMENTE
- Principal
TEPIC, NAYARIT, DIECISÉIS DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Agréguese a sus autos para que surta sus efectos legales procedentes el oficio de cuenta, signado por el Presidente del Instituto de Justicia Laboral Burocrática del Estado de Nayarit, con residencia en Tepic, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento que este órgano jurisdiccional le formuló mediante auto de once de marzo de dos mil veintidós, informando que con fecha quince del mes y año de referencia, señaló las once horas del veinticuatro de marzo de dos mil veintidós para que tenga verificativo la diligencia de requerimiento de pago y reinstalación de los quejosos Jorge Antonio Murillo Cruz, Heleodoro Guevara González, Bertha Adanely Salas Peña, Melquiades Murillo Cruz, Alejandra Amaya Navarro, Arturo Ocampo Martínez, Arturo Prisciliano Ocampo Calbillo, Jaime Enrique Rodarte, Francisco Atanasio Ramírez Muñoz, Claudia Marisol Parra Sánchez, Aurora Edaena Sánchez Miramontes, Roberto del Toro Magaña y María de la Cruz Espinoza García, en el puesto que venían desempeñando. En consecuencia requiérase al Presidente del Instituto de Justicia Laboral Burocrática del Estado de Nayarit, con residencia en Tepic, para que dentro del término de tres días siguientes a la celebración de la diligencia de requerimiento de pago y reinstalación de los citados quejosos, remita copia certificada en la que se acredite el desahogo de la diligencia de mérito. Se apercibe a la autoridad referida que en caso de no dar cumplimiento a lo ordenado, con fundamento en el precepto legal invocado, en relación con el diverso 258, ambos de la Ley de Amparo, se harán acreedores a una multa de CIEN días, cuantificable conforme al valor que corresponda a la unidad de medida y actualización al hacerse efectiva, en términos de lo dispuesto en los artículos transitorios segundo y tercero, del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en vigor al día siguiente. Con independencia de que se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. En el entendido de que de conformidad con el artículo 1931 de la Ley de Amparo se considerará 1 "Artículo 193. Si la ejecutoria no quedó cumplida en el plazo fijado y se trata de amparo indirecto, el órgano judicial de amparo hará el pronunciamiento respectivo, impondrá las multas que procedan y remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito, lo cual será notificado a la autoridad responsable y, en su caso, a su superior jerárquico, cuyos titulares seguirán teniendo responsabilidad aunque dejen el cargo. Se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable. Por último, no pasa desapercibido para este juzgador que la autoridad de referencia no haya remitido el acuerdo de quince de marzo del año en curso a que alude en su ocurso de cuenta, pues de no realizar la notificación de ese proveído y como consecuencia, no se logre el desahogo de la diligencia de mérito en la fecha señalada, se considerara desacato a la ejecutoria dictada en autos y se le hará efectivo el apercibimiento que se decretó en auto de once de marzo del presente año. NOTIFÍQUESE.
- Principal
EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA:TEPIC, NAYARIT, DIECISÉIS DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto el escrito de cuenta mediante el cual ESVEYDI JOSELYNE LÓPEZ HERNÁNDEZ, por su propio derecho, contra actos de la Presidenta del Ayuntamiento de Tepic, Nayarit y otras autoridades. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 347/2022, que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado, asimismo, con fundamento en los artículos 1, 3, 4, 13, 21, 22, 25 y 35 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deba digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este Juzgado. En el entendido de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12 del diverso Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. En términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. Ahora, del análisis de esa demanda de amparo promovida por ESVEYDI JOSELYNE LÓPEZ HERNÁNDEZ, por su propio derecho, mediante la cual solicita el amparo y protección, contra actos de la Presidenta del Ayuntamiento de Tepic, Nayarit y otras autoridades, este Juzgado de Distrito advierte que la misma es NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE, lo que conduce a desecharla de plano, de conformidad con lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Así, los motivos de improcedencia a los que se refiere dicha porción normativa son aquellos que resultan evidentes por sí mismos, pues manifiesto es lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; e, indudable, es aquello de lo que se tiene la certeza y plena convicción, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que resulta. Es decir, que sin necesidad de ulterior comprobación o sin posibilidad de ser desvirtuados, surjan a la vista tales motivos haciendo inejercitable la acción de amparo, y que el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que esta y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. En efecto, en la especie se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 17 y 18 de la citada ley, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo improcedente: (...) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.)" A su vez, los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo estatuyen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo.". "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor.". Así, de conformidad con lo establecido en los artículos 17 y 18 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, se advierte que existen tres momentos para iniciar el cómputo de quince días para la presentación de la demanda de amparo, a saber: 1. A partir del día siguiente a aquel en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; 2. Desde el día siguiente al en que se haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; y 3. A partir del día siguiente a aquel en que se ostentó sabedor de los mismos. Al respecto, en la demanda que se intenta cobra aplicación la segunda hipótesis para iniciar el cómputo de los quince días que establece el precepto legal en estudio; es decir, el término para presentar la demanda de amparo se deberá contar a partir del día siguiente a aquel en que la parte quejosa haya tenido conocimiento del acto o de su ejecución. En la especie, la justiciable reclama el cobro por el concepto de consumo de agua potable, rezago, recargos y multas, y derivado de lo anterior, la suspensión del servicio de agua potable en el domicilio ubicado en calle Playa Punta Peñasco número 13 poniente, Infonavit Solidaridad, de esta ciudad de Tepic, Nayarit. Por otro lado, de los antecedentes que narra en su demanda de amparo, precisa lo siguiente: ". VI. Que con fecha 10 de enero de 2022 dejaron en mi casa documento que contiene la leyenda "ASUNTO: Suspensión Temporal del Servicio de Agua y/o Alcantarillado" de fecha 10 de enero de 2022; el cual contiene el nombre y firma del servidor público que lo emitió de nombre LIC. HÉCTOR GALLEGOS MACÍAS, en su carácter de Jefe de Comercialización SIAPA; documento que contiene una notificación sin destinatario pero especifica los datos del contrato y domicilio que corresponden a mi vivienda, el cual presenta un adeudo de "27,891.19 (veintisiete mil ochocientos noventa y uno pesos con noventa y un centavos 97/100 M.N.) y. VII. Y es desde esa fecha que fue suspendido el servicio en mi domicilio, que no contamos con el acceso al vital líquido en su más estricto sentido reconocido como derecho humano; lo que nos ha ocasionado latentes riesgos para nuestra salud y la imposibilidad de cocinar bajo estrictas normas de higiene; tal medida también ha propiciado falta de higiene adecuada en mi hogar y en el aseo personal de quienes habitamos la vivienda, que somos mi pareja y la suscrita. . X. Que con fecha 2 de febrero de 2022 (casi un mes después que se me suspendió "temporalmente" el servicio de agua potable y alcantarillado), se constituyó en mi domicilio una." En esos términos, a tal confesión expresa se le reconoce valor de prueba plena, de conformidad en los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, que disponen: "Artículo 199. La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran, en ella, las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse; II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia, y III. Que sea de hecho propio o, en su caso, del representado o del cedente, y concerniente al negocio." "Artículo 200. Los hechos propios de las partes, aseverados en la demanda, en la contestación o en cualquier otro acto del juicio, harán prueba plena en contra de quien los asevere, sin necesidad de ofrecerlos como prueba." Apoya lo anterior, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en las páginas 294 y 295, Tomo LXXXIX, Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo sumario dice: "AMPARO, CONFESIÓN EN EL. Es indudable que en el juicio de amparo no se admite la prueba de confesión, porque el artículo que la prohíbe, quiere vedar la que se provoca por medio de posiciones; pero esto no quiere decir que no tenga eficacia probatoria la confesión que, de manera espontánea, hagan las partes en sus memoriales y sólo puede dejarse de considerar eficaz, si hay prueba de mayor fuerza que la desvirtúe." De lo anterior, se desprende que la parte quejosa tuvo conocimiento de los actos reclamados desde el diez de enero de dos mil veintidós, y en ese sentido, la fecha que se deberá de tomar en consideración para efectos del cómputo de los quince días que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo, es a partir del día siguiente al diez de enero de dos mil veintidós. Aunado a ello, cabe precisar que del contenido de los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, se deduce, en lo que a esta resolución interesa, que el plazo general de quince días previsto para la presentación de la demanda de amparo, solamente admite cuatro excepciones concretas y específicas: la primera, se refiere al plazo de treinta días, cuando se trate de leyes autoaplicativas o del procedimiento de extradición; la segunda, ocho años cuando se reclame una sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal que imponga pena de prisión; la tercera de siete años, si el amparo se promueve contra actos que puedan ser violatorios de los derechos agrarios de los núcleos de población ejidal o comunal; y, la cuarta, que se refiere a la presentación de la demanda en cualquier tiempo, cuando el acto reclamado implique, entre otros, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento penal, cuyas hipótesis no se actualizan en el presente asunto. Además, se reitera, salvo que se trate de normas generales autoaplicativas, la propia Ley de Amparo contempla de manera categórica, tres supuestos a partir de los cuales debe comenzar a computarse ese plazo, a saber: 1) A partir del día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación a la quejosa del acto o resolución que reclame; 2) A partir del día siguiente a aquel en que el quejoso haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; o, 3) A partir del día siguiente a aquel en que la parte quejosa se ostente sabedora del acto reclamado o de su ejecución. De ahí que la Ley de Amparo establece como referente para iniciar el cómputo respectivo el momento en el cual la parte quejosa tiene noticia del acto reclamado, bien sea por la notificación de este último o porque la propia parte quejosa tiene conocimiento o se ostenta sabedora del mismo o de su ejecución (supuestos que deben estar plenamente acreditados en el expediente respectivo), con la única salvedad de aquellos casos en que se reclame una norma general autoaplicativa, en que el plazo respectivo comenzará a partir del día de su entrada en vigor. Inclusive, no está por demás precisar que no existe alguna norma constitucional o convencional que prevea la desaplicación de disposiciones relacionadas con exigencias en el juicio de amparo o inclusive alguna de las disposiciones que prevén las causas de improcedencia en el juicio de amparo; y la interpretación de las que regulan el acceso a la justicia y el derecho a que toda persona cuente con un recurso sencillo y rápido, o cualquier otro recurso efectivo, no dan posibilidad para hacer una interpretación en ese sentido; sino, por el contrario, como el derecho de acceso a la justicia está condicionado o limitado a los plazos, términos y requisitos que fijen las leyes, es claro que en ellas también se pueden establecer las condiciones o presupuestos procesales para que los tribunales estén en posibilidad de entrar al fondo del asunto planteado, y decidir sobre la cuestión debatida, pues es evidente que tanto el cumplimiento de ciertos requisitos en la demanda o aspectos vinculados con ésta o, en su caso, las causales de improcedencia establecidas en la Ley de Amparo tienen una existencia justificada, en la medida en que atendiendo al objeto del juicio, a la oportunidad en que puede promoverse, o bien, a los principios que lo regulan reconocen la imposibilidad de examinar el fondo del asunto. Es por ello que si la parte quejosa presentó su demanda constitucional hasta el catorce de marzo de dos mil veintidós en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad; es indudable que ha transcurrido en exceso el plazo de quince días concedido para controvertir por esta vía los actos reclamados. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis IV.2o.A.29 K, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, visible en la página 2336, Tomo XXII, Octubre de 2005, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO. EL CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA SU PRESENTACIÓN SE INICIA A PARTIR DE QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO, AUN CUANDO ÉSTE SEA DE TRACTO SUCESIVO. El artículo 21 de la Ley de Amparo establece como regla general para la interposición de la demanda de garantías el plazo de quince días; sin embargo, existen algunas excepciones, previstas en los numerales 22, 217 y 218 del mismo ordenamiento, para casos especiales, como son, asuntos en materia penal, agraria, de inconstitucionalidad de leyes autoaplicativas y cuando se reclama el ilegal emplazamiento, y el quejoso no tiene su residencia en el lugar en el que se verifica el juicio. Asimismo, el propio artículo 21, señala a partir de qué momento debe iniciarse el cómputo correspondiente a los quince días, a saber: a) desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de la resolución o acuerdo que reclame o de su ejecución; y, c) desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Por otro lado, del capítulo III, título segundo, de la invocada ley, se advierte que es importante precisar la naturaleza del acto reclamado para poder decidir si existe algún efecto susceptible de suspenderse. Así tratándose del acto reclamado consistente, por ejemplo, en la suspensión de actividades relacionadas con la construcción, debe considerarse que se trata de un acto de tracto sucesivo, toda vez que la autoridad debe actuar constantemente, ejerciendo presión fáctica sobre la empresa quejosa, a efecto de impedir que ésta continúe con las actividades relacionadas con la construcción. Sin embargo, la circunstancia de que ese acto reclamado sea de tracto sucesivo, no implica que la quejosa pueda promover la demanda de amparo en cualquier tiempo, mientras que permanezca la suspensión de actividades reclamada, puesto que si bien es cierto que conforme al artículo 141 de la Ley de Amparo es factible obtener la suspensión en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia ejecutoria, también lo es que para efectos de la presentación de la demanda de amparo, el cómputo debe hacerse a partir de los momentos que señala el artículo 21 de la Ley de Amparo, puesto que es desde que el quejoso tiene conocimiento de los actos reclamados, cuando está en posibilidad de impugnarlos, y si no lo hace, deben considerarse consentidos tácitamente, puesto que así lo dispone el artículo 73 fracción XII, de la referida ley." En esas condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 17 y 18 del propio ordenamiento legal; con fundamento en el artículo 113 del citado ordenamiento legal, se DESECHA de PLANO la demanda de amparo promovida por ESVEYDI JOSELYNE LÓPEZ HERNÁNDEZ, por su propio derecho, por su manifiesta e indudable improcedencia. Como lo solicita la parte quejosa, se le tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de su parte, el que indica en su escrito de demanda de amparo, y por autorizados en términos del párrafo primero del artículo 12 de la Ley de Amparo a Marco Antonio Hernández Medina y Josué Alfonso Tirado Díaz, y en términos el párrafo segundo del citado precepto legal en relación con el párrafo segundo del diverso arábigo 24 de la legislación de referencia a la restante persona que refiere, toda vez no tiene inscrita cédula alguna en el Registro y Consulta de Cédulas Profesionales de Abogados Postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación, que lo faculte para ejercer la profesión de Abogado o Licenciado en Derecho. En atención a lo diverso que solicita, en el sentido de que se le autorice la consulta vía electrónica del juicio de amparo en que se actúa, con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se autoriza su firma electrónica con el nombre de usuario "alfonsotd", para la consulta del expediente en esa vía. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se hace saber a la parte quejosa que puede manifestar su oposición a que se publiquen sus datos personales. En aras de una pronta impartición de justicia, con fundamento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con lo dispuesto en el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su arábigo 2°, se habilitan días y horas inhábiles al Actuario Judicial de la adscripción, a fin de que proceda a llevar a cabo la diligencia ordenada en el presente auto. TEPIC, NAYARIT, VEINTE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, del que se advierte que aún no obra la constancia de notificación del proveído de dieciséis de marzo de dos mil veintidós, a ESVEYDI JOSELYNE LÓPEZ HERNÁNDEZ, por el que se informa el desechamiento de la demanda amparo, por tanto, comisiónese al Actuario Judicial, para el efecto de que de inmediato proceda a agregar en autos la referida constancia de notificación en caso de que ya se haya practicado, o bien, en caso de que no se haya realizado, proceda a su diligenciación.
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