Estrellita Carolina Zepeda Díaz

Expediente 552/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 6 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
552/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
06/07/2021

Partes del expediente

  • Estrellita Carolina Zepeda Díaz

Actuaciones

  1. Principal

    Puebla, Puebla, seis de julio de dos mil veintiuno. CAUSA ESTADO DESECHAMIENTO Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que el proveído de veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, por el que se desechó la demanda de amparo no fue recurrido mediante el recurso de queja que prevé el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el precepto 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, dicho auto causa estado. ANOTACIONES Y ARCHIVO Anótese lo procedente en el Libro de Gobierno y archívese este asunto como totalmente concluido. DESTINO DE EXPEDIENTE Con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este órgano jurisdiccional califica que este asunto: Carece de relevancia documental al no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 15 del acuerdo general citado. ES DESTRUIBLE, de conformidad con el diverso 21, inciso d), del acuerdo general citado, porque se desechó la demanda de amparo, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá destruirse el juicio de amparo en que se actúa, y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación, tal y como lo dispone el tercer párrafo del artículo 21 del acuerdo normativo. ANOTACIONES EN CARÁTULA Por otro lado, se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el artículo 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

  2. Principal

    Puebla, Puebla, veinticuatro de junio de dos mil veintiuno. SE HACE EFECTIVO APERCIBIMIENTO Y SE PROVEE DEMANDA EN LOS TÉRMINOS PRECISADOS Visto el estado que guardan los autos y desprendiéndose de los mismos que ha fenecido el término de cinco días que se le concedió a la quejosa Estrellita Carolina Zepeda Díaz, para cumplir con lo requerido en proveído de once de junio pasado, esto es, precisar el acto que reclama en esta vía. Entonces, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho acuerdo y se tiene por no presentada la demanda de amparo respecto a la negativa de proporcionarle las copias que indicó en su demanda y se provee únicamente respecto del acto que se reitera tanto en el proemio, como en el capítulo de actos reclamados, esto es, la citación reclamada. IMPROCEDENCIA DE LA DEMANDA DE AMPARO Bajo esa óptica, debe puntualizarse que el juez de Distrito está constreñido al análisis de la demanda de amparo, tal como lo impone el artículo 113 de la Ley de Amparo: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Resulta importante precisar que la quejosa Estrellita Carolina Zepeda Díaz reclama del agente del Ministerio Público Titular adscrito a la Mesa 7 de Violencia Familiar y Delitos de Género el citatorio que se le giró para que compareciera ante las oficinas que ocupa dicha representación a las diez horas del veintiocho de mayo de este año, para el desahogo de una diligencia ministerial, consistente en que se le recabe una entrevista con relación a los hechos con apariencia de delito de sustracción de menores dentro de la carpeta de investigación FGEP/CDI/FEIDVGCM/VFI/700/2021, debiendo comparecer acompañada por un abogado y, en caso contrario, le designará uno de oficio. Conforme a lo anterior, el juicio de amparo es improcedente porque no afecta directamente la esfera jurídica de la quejosa, por lo cual se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5°, fracción I, de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.)" En efecto, del artículo 107, fracción I, Constitucional, así como de los numerales citados, se advierte que el juicio de amparo podrá promoverse únicamente por la parte a quien perjudique el acto que se reclame. Así mismo, debe entenderse por perjuicio, para efectos de juicio de amparo, la afectación de un derecho legítimamente tutelado que es transgredido por la actuación de una autoridad o por la ley, lo cual faculta a su titular acudir ante el órgano jurisdiccional de amparo demandando el cese de esa transgresión. De igual manera, el perjuicio debe ser actual, por referirse a una situación que está causando afectación en el momento de promoverse la demanda de amparo, o por estar pronta a suceder o que inminentemente se le causará, pues cuando la afectación sólo es probable e incierta, no es susceptible de considerarse para efectos del juicio de amparo. Esto es, el interés jurídico en el juicio de amparo surge cuando el acto reclamado causa un perjuicio personal y directo a la esfera jurídica del gobernado, entendiendo por esta última el cúmulo de derechos y obligaciones de los que es titular. Entonces, para pedir amparo el peticionario debe demostrar, en primer lugar, ser titular del derecho que invoca y defiende en el juicio, lo cual debe acreditarse fehacientemente, con los elementos de prueba idóneos que permitan al juzgador tener certeza que el quejoso, al momento de la emisión del acto, gozaba del derecho o prerrogativa cuya afectación reclama en el juicio de amparo, en segundo lugar, la vulneración directa a los derechos con ese acto. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia de rubro: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS." En el caso, no se justifica el segundo requisito para la procedencia de la acción constitucional, pues si bien el acto reclamado fue emitido dentro de una carpeta de investigación en la que se cita a la inconforme y tiene la finalidad que comparezca para que proporcione información respecto de hechos con apariencia de delito; acto que -en ese tenor- en modo alguno supone una afectación cierta e irreparable a los derechos sustantivos de la quejosa. En efecto, conforme al artículo 21 de la Constitución Federal la investigación y persecución de los delitos es facultad exclusiva del Ministerio Público, por lo que para estar en aptitud de determinar el ejercicio o no de la acción penal deberá practicar dentro de la carpeta de investigación las diligencias que considere necesarias para acreditar la comisión de un delito, sus circunstancias y la probable responsabilidad de la persona contra quien se dirigió la denuncia o querella; actuaciones que, por sí mismas, no causan un daño o perjuicio al gobernado contra el cual se hayan iniciado o quien sea llamado para esclarecer los hechos investigados, pues son de orden público; desde luego, siempre y cuando con ellas no se ordene la privación de la libertad, posesiones o derechos del gobernado, como acontece en el presente caso, en tanto que del citatorio reclamado no se desprende dato que haga suponer que una vez concluida la diligencia, el compareciente no podrá retirarse de las instalaciones e incorporarse a sus actividades cotidianas. Por ende, es dable concluir que si por mandato constitucional el Ministerio Público por una parte, goza de las facultades de investigar los delitos y por otra, tiene la obligación de acreditarlos, es posible establecer que los actos que de manera habitual tienen verificativo dentro del desarrollo de una carpeta de investigación para su debida integración, por ser susceptibles sus efectos de ser posteriormente contrarrestados o anulados, no trascienden de manera irreparable a la esfera jurídica del gobernado; estimar lo contrario sería tanto como entorpecer dichas facultades y obligaciones que constitucionalmente se le confieren al Ministerio Público; ante ello, es inconcuso que el acto reclamado no irroga perjuicio y menos aún viola los derechos fundamentales de la quejosa, al ser un acto tendente a la integración de una averiguación previa, contra el cual es improcedente el juicio de amparo. Esto es, todas aquellas diligencias que practica el agente del Ministerio Público para la integración de la carpeta de investigación, por regla general, no causan una afectación cierta e irreparable a los derechos fundamentales de las personas que deben intervenir en dichas actuaciones, salvo que con las mismas se afecte un derecho sustantivo, lo que en la especie no acontece con el citatorio en estudio. Resulta aplicable al caso, por el criterio que la integra, la jurisprudencia de rubro: "ORDEN DE CITACIÓN EMITIDA POR EL MINISTERIO PÚBLICO EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA SEGUIDA EN EL SISTEMA PENAL MIXTO O TRADICIONAL. EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO NO CONTIENE APERCIBIMIENTO EN CASO DE INASISTENCIA." De igual forma, la tesis que se cita a continuación: "CITATORIO PARA ACUDIR ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL A UNA DILIGENCIA RELACIONADA CON LOS HECHOS INVESTIGADOS EN UNA AVERIGUACIÓN PREVIA. SI SE IMPUGNA EN AMPARO INDIRECTO, Y NO SE ADVIERTE QUE CONTENGA APERCIBIMIENTO O MEDIDA DE APREMIO ALGUNO, DE NO COMPARECER, SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XII, DE LA LEY DE LA MATERIA." Para así estimarlo es necesario tener en consideración que en el acto reclamado, el agente del Ministerio Público Titular adscrito a la Mesa 7 de Violencia Familiar y Delitos de Género, citó a la quejosa Estrellita Carolina Zepeda Díaz, para que compareciera ante las oficinas que ocupa dicha representación a las diez horas del veintiocho de mayo de este año, para el desahogo de una diligencia ministerial, consistente en que se le recabe una entrevista con relación a los hechos con apariencia de delito de sustracción de menores dentro de la carpeta de investigación FGEP/CDI/FEIDVGCM/VFI/700/2021, debiendo comparecer acompañado por un abogado y, en caso contrario, le designará uno de oficio. Esto es, el acto reclamado carece de algún apercibimiento en caso de que la quejosa incumpla ese mandato. De tal manera que no puede sostenerse jurídicamente que una determinación con tales características genere afectación directa e inmediata en algún derecho humano de la quejosa, en tanto no se le impide no estar presente en la fecha y hora fijadas, actitud que puede asumir libremente conforme considere conveniente a sus intereses. En tal contexto, esa determinación no tiene una repercusión real e inmediata en algún derecho de la quejosa que amerite ser protegida en esta vía, sino, en todo caso, esa afectación es futura e incierta, y de llegar a concretarse en su persona y derechos, estará en condiciones de controvertirla si la considera ilegal. Por ende, el citatorio reclamado no genera una afectación real, directa e inmediata a la quejosa en alguno de sus derechos. En ese sentido, la quejosa de estimarlo conveniente, podrá comparecer ante la autoridad responsable al desahogo de la diligencia indicada, pero su incumplimiento no implica la imposición de alguna medida de apremio que pudiera atentar contra su libertad personal; por tanto, queda a la voluntad del gobernado comparecer o no a su desahogo. De ahí que se concluya que el acto reclamado en esta instancia constitucional no transgrede un derecho subjetivo de la quejosa en forma personal y directa; lo cual actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. En consecuencia, por ser notoria e indudable la improcedencia que se observa, con fundamento en lo dispuesto en los 113 de la Ley de Amparo, ésta última interpretada a contrario sentido, se desecha de plano la demanda de amparo que se provee. ANOTACIONES EN LIBRO DE GOBIERNO Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. NOTIFÍQUESE POR LISTA A LA QUEJOSA AL HABER SEÑALADO LOS ESTADOS DE ESTE JUZGADO.

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