Esther Zulema Vidal Soriano

Expediente 324/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 12 actuaciones registradas, la última del 13 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
324/2023
Año
2023
Actuaciones
12
Última actuación
13/11/2023

Partes del expediente

  • Esther Zulema Vidal Soriano

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, trece de noviembre de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, el presente acuerdo se genera de manera electrónica. Por otra parte, agréguese a los autos el escrito signado por la quejosa Esther Zulema Vidal Soriano, mediante el cual interpone recurso de revisión contra la resolución dictada en el presente juicio de amparo y expresa los agravios respectivos. En consecuencia, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo se tiene por interpuesto el recurso de revisión de mérito, y se ordena agregar a los autos copia del escrito de expresión de agravios; asimismo, distribúyanse las demás copias entre las partes. En consecuencia, una vez que se encuentre debidamente integrado el presente asunto con las constancias de notificación realizadas a las partes respecto del presente auto, glósense al expediente principal y, sin mayor proveído, remítase, al Tribunal Colegiado que corresponda, el original del escrito, así como una copia más del escrito aludido, destinado al agente del Ministerio Público Federal adscrito a ese órgano jurisdiccional, para la substanciación y resolución del citado medio de impugnación; en el entendido de que, en su oportunidad, el presente expediente se habilitará para su consulta electrónica. Ahora, tomando en consideración que se habilitará el expediente electrónico, consecuentemente, se podrá visualizar vía electrónica la totalidad de las constancias que se integran en el expediente, por ello, resulta innecesaria la formación de un cuaderno de antecedentes, pues se cuenta con el cuaderno principal en el que se actúa. Lo anterior, en atención a las políticas de optimización de recursos, así como de consumo responsable de materiales, previstas en el Considerando Décimo y artículo 251, incisos a), d), f) y g), del "Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo"; así como en el "Programa Interinstitucional de Desarrollo Sustentable del Poder Judicial de la Federación", el cual tiene como uno de sus objetivos principales el modificar los hábitos de consumo que contribuyen al deterioro de nuestro medio ambiente. Se instruye al actuario judicial que corresponda para que, al momento de notificar a las partes y correr traslado con el escrito de agravios, haga constar su entrega, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese; y personalmente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y por oficio a las autoridades responsables. Así lo acuerda y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, ante la secretaria Seidy Lizbeth Salgado González, quien autoriza y da fe. La secretaria Seidy Lizbeth Salgado González, CERTIFICA: Que la promoción de cuenta así como el acuerdo que se dicta, se encuentran debidamente integrados en el expediente electrónico del asunto al rubro citado. Doy fe.

  2. Principal

    Con fundamento en el artículo 29 de la Ley de Amparo, se notifica a la parte quejosa por medio de lista que se fija en los estrados la sentencia de once de octubre de dos mil veintitrés, que dice: Juicio de amparo: 324/2023 Parte quejosa: Esther Zulema Vidal Soriano, en representación de su menor hijo de iniciales J.D.K.A.N.V. Jueza: Nadyelly López Guevara Secretaria: Erika de la Cruz Uribe S E N T E N C I A Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos ha tenido vistos los autos para dictar sentencia en el juicio de amparo indirecto 324/2023; y R E S U L T A N D O 1. Presentación de la demanda de amparo. Por escrito depositado el tres de marzo de dos mil veintitrés en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos y remitido el seis de marzo siguiente, por razón de turno, a este Juzgado Primero de Distrito en la citada jurisdicción, Esther Zulema Vidal Soriano, en representación de su menor hijo de iniciales J.D.K.A.N.V., solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el [1] Delegado de la Fiscalía General de la República en el Estado de Morelos, [2] Fiscal General del Estado de Morelos y [3] Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada en atención en niños y adolescentes de la Fiscalía Regional Metropolitana, por los siguientes actos reclamados: EN EL ESCRITO DE DEMANDA INICIAL: "IV.- ACTO RECLAMADO: Se señala como Acto Reclamado (sic) la DENEGACIÓN DE JUSTICIA en que han incurrido las Responsables de forma injustificada." EN EL ESCRITO MEDIANTE EL CUAL SUBSANA LA PREVENCIÓN: "IV.- ACTO RECLAMADO: el Acto Reclamado (sic) a las Autoridades (sic) señaladas como Responsables (sic) es la DENEGACIÓN DE JUSTICIA (sic), toda vez que desde la denuncia de hechos presentada por escrito de fecha 08 de febrero del 2019 (sic) hasta el día 09 de febrero de 2023, es decir, después de haber transcurrido CUATRO AÑOS (sic), una de las Responsables Fiscalía General de la República Delegación Morelos a través de una Ministerio Público de la Federación, se me hace saber que dicha Representación Social Federal emitió su equívoco criterio de remitir al fuero común el asunto (la Carpeta de investigación correspondiente), argumentando no ser de su competencia "por fuero", y extraoficialmente me entero de que es absurdamente a mí a quien pretenden adjudicarme una responsabilidad de los hechos denunciados que no tengo; de lo anterior, sólo puedo enfatizar que hasta en tanto no se demuestre lo contrario, no existen actos de investigación y/o diligencias desahogadas fehacientemente para sustentar y robustecer ése (sic) falaz e ilegal determinación de la Fiscalía General de la República Delegación Morelos, ya que los hechos denunciados se suscitaron en el interior de las instalaciones del Centro de Atención Integral de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, ésta última es una DEPENDENCIA FEDERAL (sic), y la probable responsabilidad puede recaer en uno o varios Servidores Públicos del FUERO FEDERAL (sic); luego entonces, con todo éste (sic) tiempo (sic) transcurrido sin que la Responsable (sic) Fiscalía General de la República Delegación Morelos haya llevado a cabo sus funciones, tal y como lo prevé la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por ende, como consecuencia de la ILEGAL (sic) determinación de remitir la aludida carpeta de investigación al fuero común, ha propiciado que la diversa Autoridad Responsable Fiscalía General del Estado de Morelos, tampoco se haya pronunciado en relación a los hechos motivo de la respectiva Carpeta de Investigación; y, en resumidas cuentas, ambas Autoridades Responsables han afectado el DERECHO CONSTITUCIONAL (sic) que mi menor hijo tiene de acceder a una auténtica, imparcial, pronta y verdadera impartición de justicia, colocándole en una DOBLE VICTIMIZACIÓN Y/O REVICTIMIZACIÓN (sic)." EN LA AMPLIACIÓN DE DEMANDA. "III.AUTORIDAD RESPONSABLE: Señalo como Autoridad Responsable a la C. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO TITULAR DE LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN ATENCIÓN A NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA FISCALÍA REGIONAL METROPOLITANA (sic). IV. ACTO RECLAMADO: Se señala como Acto (sic) Reclamado (sic) la DENEGACIÓN DE JUSTICIA en que ha incurrido la aquí responsable de forma injustificada" 2. Preceptos constitucionales que se estiman violados. Artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 3. Prevención, admisión de la demanda y trámite del juicio. Por auto de siete de marzo de dos mil veintitrés, este juzgado previno a la parte quejosa para que en el término de cinco días: a) precisara de manera clara el acto reclamado, ya que en el capítulo de "acto reclamado" refirió que señalaba como tal la denegación de justicia de las autoridades que indicó como responsables, por otro lado, en el apartado de los hechos, hizo alusión a un acuerdo de incompetencia de fuero, emitido por un Juez de Control Federal, lo que generó incertidumbre en cuanto a los actos reclamados y las autoridades a las que se les atribuyeron los mismos; en el entendido que de no cumplir con lo ordenado en el plazo indicado se tendría por no presentada la demanda de amparo. En cumplimiento a lo anterior, la quejosa presentó escrito en la oficialía de partes de este juzgado el dieciséis de marzo de dos mil veintitrés, mediante el cual subsanó la prevención indicada, precisando en lo que interesa, que a) el acto reclamado atribuido a las autoridades que señaló como responsables, se trataba de la denegación de justicia, toda vez que desde la denuncia de hechos que presentó por escrito de ocho de febrero de dos mil diecinueve hasta el nueve de febrero de dos mil veintitrés, esto es, después de haber transcurrido cuatro años, una de las responsables emitió su equívoco criterio de remitir al fuero común la carpeta de investigación correspondiente, argumentando no ser de su competencia por fuero, lo que propició que la diversa autoridad responsable Fiscalía General del Estado de Morelos, tampoco se haya pronunciado en relación a los hechos motivo de la respectiva carpeta de investigación. En consecuencia, por acuerdo de diecisiete de marzo de dos mil veintitrés, este juzgado admitió a trámite la demanda de amparo, pidió a las autoridades responsables sus informes justificados, no advirtió a alguna persona a la que le asistiera el carácter de tercera interesada, sin perjuicio de que con posterioridad surgiera alguna, dio intervención a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, le hizo saber a las partes su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, determinando que resultaban aplicables las disposiciones para la protección de los datos personales y sensibles que en su caso se integren al expediente, sin que las partes realizaran manifestación alguna al respecto; y, fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Una vez recibidos los informes justificados por parte de las autoridades responsables, este órgano jurisdiccional advirtió la participación de una diversa autoridad denominada [3] Agente del Ministerio Público Titular de la Fiscalía Especializada en Niños y Adolescentes de la Fiscalía Regional Metropolitana, por lo que, mediante acuerdo de dieciocho de abril de dos mil veintitrés, requirió a la parte quejosa para que dentro del término de quince días manifestara si era su deseo señalar como autoridad responsable a la mencionada en líneas que anteceden, con el apercibimiento que de no cumplir con lo ordenado en el plazo indicado, se continuaría la prosecución del juicio de amparo, tomando en consideración únicamente a las autoridades y actos señalados en el escrito inicial de demanda. En cumplimiento a lo anterior, la parte quejosa, mediante escrito presentado en la oficialía de partes de este juzgado el quince de mayo de dos mil veintitrés, amplió su demanda respecto de la autoridad responsable mencionada en el párrafo que antecede. Consecuentemente, por auto de dieciséis de mayo de dos mil veintitrés, este juzgado admitió la ampliación de demanda de la parte quejosa por cuanto a la autoridad responsable [3] Agente del Ministerio Público Titular de la Fiscalía Especializada en Niños y Adolescentes de la Fiscalía Regional Metropolitana, por lo que pidió a dicha autoridad responsable su informe justificado, dio intervención a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y, fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Finalmente, el doce de julio de dos mil veintitrés, tuvo verificativo la audiencia constitucional de conformidad con lo asentado en el acta que antecede. C O N S I D E R A N D O I. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, con fundamento en los artículos 33 fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el acuerdo general 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio nacional, fijándose la jurisdicción y competencia de los diversos Tribunales y Juzgados del Poder Judicial de la Federación, puesto que se trata de un amparo promovido en contra de actos ejecutados dentro de la circunscripción territorial de este órgano jurisdiccional y de los cuales previno este juzgado. II. Fijación de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que los actos reclamados en este juicio consisten en: Autoridades responsables Actos reclamados [1] Delegado de la Fiscalía General de la República en el Estado de Morelos. El acuerdo de trece de marzo de dos mil diecinueve, dictado dentro de la carpeta de investigación FED/MOR/CUER/0000280/2019, del índice de la Fiscalía General de la República, mediante el cual la Representación Social de la Federación determinó carecer de competencia en razón del fuero, dado que el delito denunciado por la parte aquí quejosa -lesiones- así como el diverso que dicha autoridad ministerial consideró actualizado -omisión de cuidado-, se encuentran regulados por el orden común, por lo que ordenó remitir la carpeta antes mencionada al Fiscal General del Estado de Morelos, para su debida integración. [2] Fiscal General del Estado de Morelos. [3] Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada en atención en niños y adolescentes de la Fiscalía Regional Metropolitana. b) La omisión u abstención de realizar actos encaminados a esclarecer los hechos del delito denunciados por la aquí quejosa -ante la Fiscalía General de la República-, así como el diverso que la autoridad ministerial federal consideró actualizado -omisión de cuidado- en la carpeta de investigación SC01/3357/2019, la cual fue radicada ante la autoridad [3], en atención a la incompetencia remitida por parte del Agente del Ministerio Público Federal. No se inadvierte que la parte quejosa, en su demanda inicial, así como en el escrito mediante el cual subsanó la prevención y de su escrito de ampliación de demanda, señaló que el acto que le atribuye a las autoridades responsables es la denegación de justicia, no obstante, de sus hechos se puede observar que las actuaciones y omisiones que le causan perjuicio son las que han quedado precisadas en el cuadro que precede. Es así, porque la quejosa indicó en sus hechos que presentó un escrito ante la Delegación en Morelos de la Fiscalía General de la República, en el que formuló una denuncia por los hechos suscitados en perjuicio de su menor hijo -lesiones-, considerando que era competencia del fuero federal realizar todos y cada uno de los actos de investigación dado que los hechos motivo de delito se suscitaron dentro de las instalaciones del llamado Centro de Atención Integral en Morelos dependiente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la cual es una dependencia federal. Luego, señaló que la Fiscalía General de la República permaneció en absoluto silencio desde la recepción de su escrito de denuncia hasta el nueve de febrero de dos mil veintitrés, data en la que por conducto del Juez Federal se enteró del acuerdo de incompetencia emitido por dicha Fiscalía. En relación a lo anterior, la quejosa señala en diversas partes de su demanda y en el escrito mediante el cual subsanó la prevención que sí es competencia federal la denuncia que presentó, en razón de que los hechos constitutivos del delito se suscitaron dentro de las instalaciones del llamado Centro de Atención Integral de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la cual es una dependencia federal, y la probable responsabilidad recae en uno o varios servidores públicos del fuero federal; por tanto, el acuerdo de incompetencia es uno de los actos que le causa perjuicio a la quejosa, al mostrar su inconformidad con ello, por lo que se tiene como acto destacado susceptible de analizarse en la presente resolución. Además, de la narrativa de los hechos de la demanda inicial, del escrito mediante el cual subsana la prevención y de la ampliación de demanda, se advierte que la parte quejosa indica que como consecuencia del acuerdo de incompetencia emitido por el Agente del Ministerio Público Federal, la diversa autoridad responsable Fiscal General del Estado de Morelos y Agente del Ministerio adscrita a la Fiscalía Especializada en Atención en niños y adolescentes de la Fiscalía Regional Metropolitana, no se han pronunciado con relación a los hechos motivo de la respectiva carpeta de investigación, es decir, que no ha realizado ninguna diligencia. No obstante, de las constancias que obran en autos, se observa que la Fiscalía General del Estado de Morelos recibió la carpeta de investigación que le fue remitida por incompetencia, radicándola bajo el número SC01/3357/2019, la cual se encuentra en etapa de integración; por lo que el reclamo de la parte quejosa se traduce propiamente en una omisión o abstención por parte de las autoridades responsables mencionadas en el párrafo que antecede, de realizar actos de investigación para integrar la carpeta que les fue remitida por incompetencia, máxime que indica, que desde la fecha -abril de dos mil diecinueve- en que recibió dicha carpeta, la autoridad responsable no ha emitido un pronunciamiento en cuanto a la judicialización de la misma, o bien, el no ejercicio de la acción penal, sino solamente obra un acuerdo en el que ordena realizar todas las diligencias necesarias tendientes a esclarecer los hechos del delito denunciado, sin que se advierta diligencia diversa; de ahí que se tenga como acto destacado la omisión o abstención señalada. III. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos marcados con los incisos a) y b), reclamados al [1] Delegado de la Fiscalía General de la República en el Estado de Morelos, [2] Fiscal General del Estado de Morelos y [3] Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada en atención en niños y adolescentes de la Fiscalía Regional Metropolitana, respectivamente; pues no obstante que los hayan negado al rendir sus informes justificados, de autos se advierte la existencia de los mismos. Por cuanto al marcado con el inciso a), su existencia se corrobora con las copias certificadas que remitió la primera autoridad responsable mencionada, respecto de la carpeta de investigación FED/MOR/CUER/0000280/2019 de su índice, de donde se advierte el acuerdo de incompetencia de trece de marzo de dos mil diecinueve, el cual reclama la parte quejosa. Además, se tiene la certeza del acto señalado con el inciso b), con las copias autorizadas remitidas por el [2] Fiscal General del Estado de Morelos y la [3] Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada en atención en niños y adolescentes de la Fiscalía Regional Metropolitana, de la carpeta de investigación SC01/3357/2019, de su índice, la cual fue radicada el seis de abril de dos mil diecinueve, por la autoridad señalada con el número [3], en atención a la incompetencia remitida por la Representación Social Federal, además, en el citado proveído se ordenó realizar todas las diligencias necesarias para esclarecer los hechos del delito denunciado, sin que se advierta que obre alguna ya efectuada. A tales constancias se les confiere pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, aseveraciones y documentales que se estiman suficientes para acreditar la existencia de los actos reclamados. IV. Improcedencia del juicio de amparo. Previamente al estudio del fondo de la cuestión planteada, se deben analizar las causas de improcedencia que hagan valer las partes, o bien, de oficio se advierta que se actualice, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo, tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. [1] Improcedencia respecto del acto reclamado marcado con el inciso a). En el presente caso, este juzgado advierte que con relación al acuerdo reclamado de trece de marzo de dos mil diecinueve, dictado dentro de la carpeta de investigación FED/MOR/CUER/0000280/2019, del índice de la Fiscalía General de la República, mediante el cual la Representación Social de la Federación determinó carecer de competencia en razón del fuero, dado que el delito denunciado por la parte aquí quejosa -lesiones-, así como el diverso que dicha autoridad ministerial consideró actualizado -omisión de cuidado- se encuentran regulados por el orden local, por lo que ordenó remitir la carpeta antes mencionada al Fiscal General del Estado de Morelos, para su debida integración; se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, relacionado a su vez con el numeral 107, fracción I, de la Carta Magna, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.]" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa." De los preceptos jurídicos transcritos se observa que la acción constitucional de amparo compete a aquella persona que resiente un perjuicio, daño o menoscabo sobre sí o sobre su patrimonio; el perjuicio de que se habla debe entenderse como la afectación por la actuación de una autoridad o por la ley de un derecho legítimamente tutelado, el que desconocido o violado, otorga al afectado la facultad para acudir ante el órgano jurisdiccional competente a efecto de que ese derecho protegido por la ley, le sea reconocido o que no le sea violado, siendo precisamente esto lo que constituye el interés jurídico a que se ha hecho referencia y que la técnica del juicio de amparo toma en cuenta para la procedencia de la vía constitucional. Asimismo, se estima pertinente dejar asentado que dentro del cuerpo de principios que rigen la procedencia del juicio de amparo se encuentra el llamado principio de agravio personal y directo, consagrado en la fracción I del artículo 107 Constitucional. Entonces, por agravio personal y directo debe entenderse como la lesión o afectación de los derechos e intereses jurídicos de una persona, derivado de un acto u omisión de una autoridad; el agravio es el equivalente a perjuicio o afectación de un interés jurídico, y éste es el significado que se emplea en el artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo, cuando califica de agraviado al demandante de la protección de la Justicia de la Unión. Lo anteriormente expuesto encuadra en el caso a estudio, toda vez que este órgano jurisdiccional federal advierte que el acto combatido deviene improcedente reclamarlo a través del juicio de amparo indirecto, y esto es así, en virtud de que se pone de manifiesto que del análisis del acto reclamado no se observa que exista algún acto que produzca una afectación personal y directa, y sobre todo actual, en relación a la parte quejosa, esto es, la causación de un daño o perjuicio que se cometa en la esfera jurídica de la parte solicitante de amparo, que se esté causando, que ya se causó o que es inminente con toda certeza que se vaya a causar, por lo que, se reitera, el presente juicio de amparo resulta improcedente. Una vez sentado lo anterior, en el caso que nos ocupa, el acto reclamado se hace consistir en el acuerdo de incompetencia de trece de marzo de dos mil diecinueve, dictado dentro de la carpeta de investigación FED/MOR/CUER/0000280/2019, del índice de la Fiscalía General de la República. Sin embargo, ello no constituye un acto que produzca una afectación personal y directa a la parte solicitante de amparo, esto es, la causación de un daño o perjuicio que se cometa en la esfera jurídica de la misma, dado que no implica la paralización o abstención de la investigación que instó en su carácter de denunciante, sino su continuación ante otro ente ministerial pero que conforma una unidad del Ministerio Público, sujeto a la propia normativa del Código Nacional de Procedimientos Penales, por tanto, no se estima como una violación por parte de la responsable a los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o a los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano forma parte. Además, no puede decirse que la violación que aquí reclama deje huella en la esfera jurídica de la parte agraviada, pues de los informes rendidos por las autoridades señaladas como responsables, se observa que mediante acuerdo de seis de abril de dos mil diecinueve la [3] Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada en atención en niños y adolescentes de la Fiscalía Regional Metropolitana -a la cual le fue remitida la carpeta de investigación con la denuncia presentada por la quejosa ante la representación social federal- dio trámite a la denuncia instada por la parte impetrante de amparo, es decir, implícitamente aceptó la competencia que le fue declinada y, en dicho acuerdo ordenó realizar todas las diligencias pertinentes para el esclarecimiento de los hechos denunciados. Por tanto, el actuar de las autoridades responsables no materializa perjuicio alguno de manera inmediata, cierta y actual en su contra, ya que, en su caso, lo que podría afectar de manera directa los derechos de la peticionaria de amparo, sería que no se diera trámite alguno a la carpeta de investigación, es decir, se obstruyera su acceso a la justicia. En consecuencia, la resolución del agente del Ministerio Público de la Federación, mediante la que se declara legalmente incompetente para conocer de hechos posiblemente constitutivos de un delito, y remite la carpeta de investigación al fuero común, no es reclamable en amparo indirecto, toda vez que hasta este momento la indagatoria se encuentra en su fase de integración, lo cual es una facultad exclusiva encomendada por el artículo 21 de la Carta Magna a la institución del Ministerio Público. Y, en ese sentido, dicha determinación no es un acto que vulnere la esfera de derechos del gobernado, ni que produzcan una afectación personal y directa a la parte quejosa, esto es, la causación de un daño o perjuicio que se cometa en la esfera jurídica de la misma, porque como ya se dijo, el simple hecho de que sea otro agente del Ministerio Público investigador quien integre la indagatoria y señale si se actualizan o no los supuestos para el ejercicio de la acción penal, en su caso, no implica que se lesione el patrimonio jurídico del particular porque dentro de éste no se encuentra la facultad relativa a decidir si los hechos puestos en conocimiento de la autoridad ministerial investigadora son de su competencia o no, ya que aceptar lo contrario equivaldría a violentar el mandato supremo contenido en el precepto constitucional invocado. Apoya a la presente determinación, por similitud al caso concreto, la tesis aislada I.10o.P.1 P, emitida por el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la página 984, tomo XVII, Febrero de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto: "AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN, MEDIANTE LA CUAL SE DECLARA LEGALMENTE INCOMPETENTE PARA CONOCER DE HECHOS POSIBLEMENTE CONSTITUTIVOS DE UN DELITO. La resolución del agente del Ministerio Público de la Federación, mediante la que se declara legalmente incompetente para conocer de hechos posiblemente constitutivos de un delito, y remite la averiguación previa iniciada a su homólogo del fuero común (Distrito Federal), no es reclamable en amparo indirecto, toda vez que hasta ese momento la indagatoria se encuentra en su fase de integración, lo cual es una facultad exclusiva encomendada por el artículo 21 de la Carta Magna a la institución del Ministerio Público; por lo que dicha resolución de incompetencia no es un acto que vulnere la esfera de derechos del gobernado, ni que lesione por tanto su interés jurídico, porque el hecho de que sea otro agente del Ministerio Público investigador quien integre la indagatoria y señale si se actualizan o no los supuestos para el ejercicio de la acción penal, en su caso, no implica que se lesione el patrimonio jurídico del particular porque dentro de éste no se encuentra la facultad relativa a decidir si los hechos puestos en conocimiento de la autoridad ministerial investigadora son de su competencia o no, ya que aceptar lo contrario equivaldría a violentar el mandato supremo contenido en el precepto constitucional invocado, lo cual es jurídicamente inadmisible, pues aun cuando en el párrafo cuarto del mismo, adicionado por decreto del treinta de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, se estableció la posibilidad de impugnar las resoluciones del Ministerio Público sobre el no ejercicio o desistimiento de la acción penal, ese derecho, elevado a rango de garantía individual, sólo se actualiza cuando el Ministerio Público ha emitido ya una determinación en cualquiera de los dos sentidos, hipótesis que no se da cuando lo combatido es la resolución de incompetencia, ya que ésta no encuadra específicamente dentro de los supuestos que prevé el citado artículo y el diverso 10 de la Ley de Amparo, porque: a) no es una resolución de no ejercicio o desistimiento de la acción penal; y, b) en forma alguna se relaciona con la reparación del daño; por tanto, al no existir un agravio personal y directo, tampoco existe interés jurídico del mismo para combatir el acto en cuestión a través del juicio de garantías, por lo que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción V, de la ley reglamentaria del juicio de amparo." Cabe señalar que, aun cuando en la vía constitucional existe la posibilidad de impugnar las resoluciones del Ministerio Público, ello solo acontece cuando la Representación Social ha emitido ya una determinación respecto a: [1] una resolución de reserva, [2] el no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño, o bien cuando dicho Ministerio Público incurra en alguna [3] omisión; supuestos que prevé el artículo 20, Apartado C, fracción VII, de la Carta Magna, que literalmente dice: "De los derechos de la víctima u ofendido: [.] VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño." Lo que cobra mayor relevancia si se tiene en cuenta que, precisamente, el artículo 107, fracción VII, de la Ley de Amparo dispone lo siguiente: ".Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] VII. Contra las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal, o por suspensión de procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño;. Ahora, de las hipótesis que indican tales preceptos legales, no se advierte que se encuentre la resolución de incompetencia, por lo tanto, el acto aquí reclamado no encuadra en los supuestos de procedencia del amparo indirecto, porque [1] no es una omisión del Ministerio Público en la investigación del delito, [2] no es una determinación de reserva y [3] tampoco se trata de una resolución que contenga el no ejercicio o desistimiento de la acción penal o la suspensión del procedimiento. Por ende, con base en la anteriores consideraciones, es que se actualiza la causa de improcedencia en estudio prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 5, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, relacionado a su vez con el numeral 107, fracción I, de la Carta Magna; por lo que con fundamento en el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento, se sobresee en el presente juicio, respecto del acto reclamado a la autoridad responsable precisada, marcado con el inciso a). [2] Improcedencia respecto del acto reclamado señalado con el inciso b). En el presente caso, este Juzgado de Distrito advierte que con relación al acto reclamado consistente en b) la omisión por parte del [2] Fiscal General del Estado de Morelos y la [3] Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada en atención en niños y adolescentes de la Fiscalía Regional Metropolitana, de realizar actos de investigación en la carpeta SC01/3357/2019, la cual fue radicada en atención a la incompetencia remitida por parte de la Fiscalía General de la República, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, -por no acatar el principio de definitividad- que prevé: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; (.)" De la disposición transcrita se deduce que el juicio de amparo indirecto es improcedente, entre otros, contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, cuando proceda en su contra algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual dichos actos puedan ser modificados, revocados o nulificados. Lo anterior, siempre y cuando para la procedencia del recurso no se exijan más requisitos que los que prevé la Ley de Amparo para otorgar la suspensión, ni un plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la misma. Además, que no existe obligación de agotar tales medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, si sólo se alegan violaciones directas a la Constitución o si el recurso se encuentra previsto en un reglamento sin estar contemplado en la ley aplicable. Ahora, en el caso la parte impetrante acudió a la vía constitucional reclamando del [2] Fiscal General del Estado de Morelos y la [3] Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada en atención en niños y adolescentes de la Fiscalía Regional Metropolitana, la omisión o abstención de realizar actos de investigación dentro de la carpeta SC01/3357/2019, la cual fue radicada por la autoridad señalada con el número [3], en atención a la incompetencia remitida por parte de la Fiscalía General de la República. Cabe resaltar, que la carpeta mencionada, se encuentra en la etapa de investigación inicial del proceso penal de origen, a cargo de la [3] Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada en atención en niños y adolescentes de la Fiscalía Regional Metropolitana. Por tanto, queda de manifiesto que la omisión reclamada por la parte quejosa, constituye un acto fuera de juicio, por una autoridad distinta de la judicial, que no incide de manera alguna en la libertad personal de la parte quejosa (porque reclama la abstención del ministerio público responsable de indagar respecto a los hechos delictivos que denunció a efecto de integrar adecuadamente la carpeta de investigación SC01/3357/2019). En ese sentido, se considera que previo a instar el juicio de amparo, debió recurrir dicha omisión o abstención por parte de las autoridades responsables, a través del recurso previsto por el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, con la finalidad de que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público responsable, que definen el curso de una investigación y, en caso, de considerar que su actuación es ilegal, podrá conminarlo para que reanude la investigación y practique todas las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Además, lo anterior se realiza en forma expedita y breve término, en tanto que resolverá en definitiva en una sola audiencia, pues dicho precepto legal fue diseñado para combatir la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, así como las omisiones del órgano investigador, además dicho numeral precisa que, la resolución final no admitirá recurso alguno; pero como la parte quejosa no agotó dicho medio de impugnación, es claro que se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. Para reforzar lo anterior, conviene resaltar las consideraciones contenidas en las tesis de jurisprudencia 1ª./j.27/2018 (10ª) y 1ª./j. 28/2018 (10ª), sobre el contenido del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en las que se concluyó que, con relación a la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, debe entenderse en términos generales como cualquier actuación del Ministerio Público que tenga como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación, por lo que la omisión o inactividad de la autoridad ministerial en la etapa de investigación debe ser impugnada por la víctima u ofendido ante el Juez de Control a través del medio de defensa previsto en el numeral antes citado; de modo que, el acto de molestia aquí reclamado, debe repararse primeramente a través del medio de defensa ordinario antes mencionado. En ese sentido, contra las omisiones atribuidas al ministerio público en la etapa de investigación, esto es, la omisión o abstención de investigar respecto de la posible comisión de delitos, resulta improcedente el juicio de amparo, dado que contra dichos actos, se tendrá que acudir primeramente ante el juez de control correspondiente para agotar el procedimiento establecido en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales y que la propia Constitución Federal consigna a su favor en términos del artículo 20, apartado C, fracción VII, de tal manera que en el particular, respecto del acto reclamado en estudio, procede sobreseer en el juicio. Además, no se surte alguna de las excepciones previstas por el numeral 61, fracción XX, de la Ley de Amparo para evitar el principio de definitividad y ocurrir ante la presente instancia constitucional, por las siguientes consideraciones: a) El recurso innominado previsto en el numeral 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, debe resolverse de forma expedita y en breve término, permitiendo alcanzar una solución más ágil, en tanto que se resolverá en una audiencia con citación de las partes. b) El acto reclamado no carece de fundamentación porque éste versa sobre la abstención u omisión de realizar actos de investigación dentro de la carpeta de investigación en cuestión, al cual no se le puede atribuir que carece de manera absoluta de fundamentación, dado que no se trata propiamente de una determinación en la que la autoridad responsable haya emitido un acto afirmativo o negativo, a la que, en su caso, sí se le podría atribuir tal inconformidad. c) La parte quejosa tampoco alega violaciones directas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dado que si bien en su demanda inicial indica que se trasgredieron los numerales 14, 16 y 17 de la Ley Suprema, alegando en conjunto una denegación de justicia, lo cierto es que, en la fijación del acto reclamado se precisó que su acto reclamado provenía propiamente de: a) la declaración de incompetencia por parte de un agente del ministerio público federal y b) la omisión u abstención por parte de las autoridades responsables de realizar actos tendientes a investigar e integrar la carpeta de investigación SC01/3357/2019, precisando que por cuanto a la omisión reclamada el juicio de amparo resultó improcedente, por falta de acatamiento al principio de definitividad; de ahí que no se advierte alguna violación de un derecho fundamental en perjuicio del menor directo quejoso y su madre. d) El recurso previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales del que se ha hablado no está previsto en un reglamento sino en una ley de carácter federal. De ahí que no se surta ningún supuesto de excepción para la procedencia del juicio de amparo. Por otro lado, se precisa que la decisión que se asume, de modo alguno trasciende a la idoneidad y eficacia del juicio de amparo y de los medios de defensa que en el procedimiento respectivo surgen, pues el acceso de todo gobernado a un recurso efectivo, no implica necesariamente que se le libere de cumplir con los requisitos cuya procedencia, normativamente reglada impone, ni que en todo caso deba emitirse un pronunciamiento sobre la litis. Por otra parte, si bien la parte quejosa solicitó se aplicara a su favor la suplencia de la queja deficiente en términos de lo que señala el artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo, se advierte que dicha suplencia no tiene el efecto de hacer procedente un juicio de amparo que no lo es. Apoya lo anterior, por identidad de razón la tesis 1a. XVII/2007, con registro digital 173440, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. NO OPERA EN LOS CASOS EN QUE ES IMPROCEDENTE UN RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO, AUN TRATÁNDOSE DE MENORES DE EDAD. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la suplencia de la queja deficiente opera invariablemente tratándose de la afectación de la esfera jurídica de un menor de edad o de un incapaz. Ahora bien, aun cuando dicha suplencia tiene como finalidad resolver sobre la cuestión efectivamente planteada y sobre la legalidad o constitucionalidad del acto impugnado, siendo procedente, inclusive, en algunas materias, ante la omisión de expresión de conceptos de violación o agravios; sin embargo, ello no implica que tal suplencia posibilite analizar la procedencia de un recurso de revisión en amparo directo en un caso no permitido, ya que ello sería tanto como actuar al margen de la ley declarándose procedente lo improcedente, lo que significaría modificar el régimen establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Amparo, respecto de la procedencia del mencionado recurso." En tales condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio, se sobresee en este juicio de amparo con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado marcado con el inciso b), atribuido a las autoridades responsables [2] Fiscal General del Estado de Morelos y [3] Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada en atención en niños y adolescentes de la Fiscalía Regional Metropolitana. Por lo expuesto, fundado y además con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 77, 79, fracción V, y 217 de la Ley de Amparo, se: RESUELVE: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio, promovido por Esther Zulema Vidal Soriano, en representación de su menor hijo de iniciales J.D.K.A.N.V., contra los actos reclamados a las autoridades responsables señaladas y por las razones precisadas en el considerando último de este fallo. Notifíquese personalmente; y procédase a realizar las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así lo resuelve y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa asistida de Erika de la Cruz Uribe, Secretaria que autoriza y da fe, el once de octubre de dos mil veintitrés, en que las labores de este juzgado así lo permitieron.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, doce de julio de dos mil veintitrés. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Con fundamento en el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, la presente audiencia se genera de manera electrónica. En la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, a las once horas con veinte minutos del doce de julio de dos mil veintitrés, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el presente asunto, en audiencia pública Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, asistida de Arnulfo Torres García, secretario con quien legalmente actúa y da fe, procede a dar inicio a la audiencia constitucional del juicio de amparo indirecto 324/2023, promovido por ********************, por propio derecho y en representación del niño de iniciales********************, sin asistencia de las partes. Acto continuo, el secretario hace relación de las constancias que obran en autos, entre las que se encuentran por su importancia, escrito inicial de demanda, auto admisorio, ampliación de demanda e informes justificados. Enseguida la Jueza acuerda: Se tiene por hecha la relación secretarial que antecede, para los efectos legales a que haya lugar. Acto continuo, la Jueza abre el período probatorio: El secretario da cuenta con las documentales remitidas por las partes. A lo anterior la Jueza acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza las documentales remitidas por las autoridades responsables, mismas que serán materia de análisis al dictar la sentencia que conforme a derecho corresponda, con lo anterior se cierra este período. Luego, la Jueza declara abierto el período de alegatos: En el que el secretario da cuenta con los formulados por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado Federal. Enseguida la Jueza acuerda: con apoyo en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formulados los del Agente del Ministerio Público de la Federación mediante intervención ministerial MPF/39/2023, los que, en su caso, podrán ser tomados en cuenta al momento de resolver. En esas condiciones, al no haber diligencia que practicar ni escrito pendiente por acordar, se da por concluida esta audiencia, y en vista de todo lo actuado, quedan los autos en estado de resolución.- Doy fe. LA JUEZA (Firmado electrónicamente) EL SECRETARIO (Firmado electrónicamente).

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, catorce de junio de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, el presente acuerdo se genera de manera electrónica. Vista la certificación de cuenta de la que se advierte que por acuerdo de trece de junio de dos mil veintitrés, se dio vista a las partes con el informe justificado rendido por la autoridad responsable Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada en Atención a Niños, Niñas y Adolescentes de la Fiscalía Regional Metropolitana, perteneciente a la Fiscalía General del Estado de Morelos -Maricarmen García Vidal-; por lo que entre la fecha de notificación a la parte quejosa y el día de hoy -señalado para la audiencia constitucional-, no media un plazo de al menos ocho días. En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y se fijan las once horas con veinte minutos del día doce de julio de dos mil veintitrés, para su celebración. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, ante la secretaria Rosa María Luna Mercado, quien autoriza y da fe.

Quedan 8 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos · 17,306 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano