Esther Tolentino Serrano

Expediente 140/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 38 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
140/2023
Año
2023
Actuaciones
38
Última actuación
28/11/2023

Partes del expediente

  • Esther Tolentino Serrano
  • Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al Juzgado Tercero de Distrito en Veracruz, en Boca del Río, Veracruz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 38.

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. Como esta ordenado en el auto de veinticuatro de los presentes en el cuaderno incidental deducido del presente juicio, en el que se tuvo a la Secretaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad informando que en sesión celebrada el nueve de noviembre del año en curso, el Pleno de ese órgano colegiado resolvió declarar sin materia el medio de impugnación hecho valer por el Vocal Ejecutivo del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y Departamento de Vivienda dependiente de la Subdelegación de Prestaciones de la Delegación Estatal del citado Instituto. Ahora bien, ya que mediante acuerdo de cuatro de octubre pasado, causó ejecutoria el auto de sobreseimiento, y se reservó de ordenar el archivo del juicio en que se actúa, hasta en tanto se recibiera la ejecutoria citada en el párrafo que antecede; por lo que al cubrirse tal extremo, emítase el pronunciamiento correspondiente. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 20, fracción I, del Acuerdo Genera del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes 08/03/24 09:05:24 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.70.a9 Pedro Alberto Reyes Ochoa 2 judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se establece que el presente asunto es destruible, toda vez que se trata de un expediente en el que se sobreseyó fuera de audiencia; por lo que, se establece como fecha probable el veintiocho de noviembre de dos mil veintiséis. Asimismo, se establece que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es conservable, puesto que se concedió en definitiva la medida cautelar solicitada, acorde con lo dispuesto en el artículo 17, fracción llI, inciso b), del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado el siete de junio de dos mil veintitrés; por lo que se establece como fecha probable de transferencia el veintiocho de noviembre de dos mil veintiséis. Insértese copia de este proveído en el cuaderno principal para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y remítase al archivo como asunto concluido. En cumplimiento al artículo 35 del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula de los expedientes...

  2. Incidental

    Boca del Río, Veracruz, veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que conste como corresponda el oficio remitido por la Secretaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad y anexo que al mismo acompaña. Atento a su contenido, téngasele informando que en sesión celebrada el nueve de noviembre del año en curso, el Pleno de ese órgano colegiado resolvió declarar sin materia el medio de impugnación hecho valer por el Vocal Ejecutivo del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y Departamento de Vivienda dependiente de la Subdelegación de Prestaciones de la Delegación Estatal del citado Instituto; de lo que quien suscribe toma conocimiento. En ese sentido, acúsese recibo vía interconexión de la recepción del original del incidente de suspensión 140/2023 de este índice, háganse las anotaciones correspondientes, y glósense al mismo las actuaciones originales que obran en el cuaderno de antecedentes. Por otra parte, ya que en el cuaderno principal mediante acuerdo de cuatro de octubre pasado, causó ejecutoria el auto de sobreseimiento, y se reservó de ordenar el archivo de este cuaderno incidental, hasta en tanto, se recibiera la ejecutoria de cuenta; por lo que al 08/03/24 09:05:24 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.70.a9 Pedro Alberto Reyes Ochoa 2 cubrirse tal extremo, dese cuenta en el mismo para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

  3. Principal

    Vista la certificación secretarial que antecede y el estado procesal de autos, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido el proveído de treinta de agosto de dos mil veintitrés, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicha resolución ha causado estado para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Ahora, tomando en consideración que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad, está conociendo del recurso de revisión interpuesto por Francisco Virgen Noguera, apoderado legal del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE), con residencia en Xalapa, Veracruz, autoridad responsable en el presente asunto, contra la suspensión definitiva dictada el veintiocho de abril de dos mil veintitrés; hágase del conocimiento de la superioridad el presente auto, así como el auto de treinta de agosto del año en curso, para los efectos legales que haya lugar en el expediente 337/2023 de su estadística. En ese sentido, resérvese proveer sobre el archivo de la presente pieza de autos, así como del cuaderno incidental, hasta en tanto se reciba en este juzgado el expediente original de aquél. Notifíquese

  4. Principal

    Boca del Río, Veracruz, treinta de agosto de dos mil veintitrés. Visto el escrito de cuenta, signado por la parte quejosa ********************, agréguense a los presentes autos para que surta los efectos legales procedentes y en atención a su contenido, téngasele dando cumplimiento a lo requerido en proveído de veinticuatro de agosto pasado, al informar que a la fecha ya no se le realizan los descuentos relativos al crédito otorgado para adquisición de vivienda; asimismo, que ya le fue devuelta la cantidad indicada por el apoderado legal del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en su escrito agregado a los autos en el citado proveído. Ahora bien, del estudio de la demanda de derechos fundamentales, conjuntamente con las constancias que integran el presente sumario, se procede a establecer con claridad y precisión los actos reclamados, atendiendo a la tesis de jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, Tomo XI, abril de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, y cuyo texto es: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Igualmente, sirve de fundamento para la interpretación y delimitación del acto reclamado, la tesis número P. VI/2004, registro 181810, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a folio 255, del Tomo XIX, abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra refiere lo siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura integra de la demanda sin atender los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese tenor, del escrito de demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señaló textualmente como actos reclamados los siguientes: "Se le reclama la emisión y ejecución del aviso de retención emitido por el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, mediante el cual se me realizan descuentos indebidos a mi pensión por jubilación, por concepto de crédito otorgado para la adquisición de una vivienda, así como la devolución de todos y cada uno de los pagos indebidos tanto a mi salario, ello en virtud de que la suscrita no he celebrado acto jurídico alguno con la hoy señalada como autoridad responsable." Asimismo, en su escrito de desahogo de la prevención que le fuera formulado, indicó: "2.- Respecto de este punto sí es deseo de la suscrita señalar como acto reclamado todos los descuentos anteriores y los subsecuentes o futuros que se apliquen a la suscrita con motivo del acto señalado como reclamo." En ese tenor, una vez analizada en su integridad la demanda de amparo y su escrito aclaratorio, es factible establecer como actos reclamados a las autoridades del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, los siguientes: a) La emisión y ejecución del aviso de retención emitido por el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, mediante el cual se le realizan descuentos a su pensión por jubilación, por concepto de crédito otorgado para la adquisición de una vivienda; y, b) Los descuentos anteriores y subsecuentes o futuros que se apliquen a la quejosa con motivo de dicho crédito. En relación con lo anterior, a criterio de quien esto suscribe, en el presente juicio de amparo se actualiza una causa de improcedencia notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún medio de prueba puede desvirtuarse, y que conduce a decretar el sobreseimiento en el presente asunto. Apoya lo anterior, la siguiente jurisprudencia 2a./J.10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, marzo de 2003, Materia común, Novena Época, visible en la página 386, registro 184572. "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Es así que, este resolutor federal considera que en el presente juicio de amparo se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. De la interpretación que se realiza de la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo antes transcrita, se deriva la existencia de dos hipótesis de cesación de efectos: 1. Cuando los efectos del acto reclamado desaparezcan o se destruyan inmediata, total, incondicional y materialmente; supuesto en el que con tal destrucción, el gobernado es restituido en el pleno goce de sus prerrogativas, sin dejar huella alguna en su esfera jurídica (revocación). Sobre esa hipótesis, resulta ilustrativa la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." 2. Cuando se da la sustitución de actos procesales; es decir, un segundo acto sustituye al primero e incide sobre su vigencia y ejecutividad (sustitución). En relación con la primera hipótesis, cabe precisar que la expresión cesación de los efectos del acto reclamado implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo por haber desaparecido lo que originó el juicio de amparo, y por lo tanto desaparecen los efectos de dicho acto de autoridad; es decir, retornan las cosas al estado que guardaban antes de la existencia del acto, como si éste, con independencia de que haya sido o no violatorio de derechos fundamentales, nunca se hubiese realizado, trayendo consigo la improcedencia del juicio, debido a que el acto no seguirá afectando la esfera jurídica de la parte quejosa haciendo innecesario entrar al examen de su constitucionalidad. La improcedencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el de obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Por tanto, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En la especie, como se precisó, la parte quejosa reclama de las autoridades del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por una parte, la emisión y ejecución del aviso de retención emitido por el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, mediante el cual se le realizan descuentos a su pensión por jubilación, por concepto de crédito otorgado para la adquisición de una vivienda, así como los descuentos anteriores y subsecuentes o futuros que se apliquen a la quejosa con motivo de dicho crédito. Al respecto, el apoderado legal del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, al rendir su informe justificado admitió la existencia de los actos reclamados, al indicar que de la consulta realizada en el sistema de cómputo denominado Sistema Integral de Base de Datos de Cartera (SIBADAC), se obtuvo que ese Instituto le otorgó a la parte quejosa el crédito accesorio ********************de dieciséis de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, derivado del cual se le realizan los descuentos que son materia del reclamo. (Foja 52) Que en el caso, se trata de un crédito denominado "BANCRECER (62)", en el cual, el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado otorgaba el cuarenta y cinco por ciento del valor de la vivienda; mientras que la institución crediticia "BANCRECER", dejaba a su disposición otro porcentaje por igual, correspondiéndole a la persona acreditada aportar el diez por ciento restante para adquirir la vivienda. Que en consecuencia, ese instituto emitió a nombre de la quejosa ********************, el cheque número ********************por la cantidad de ********************el cual no fue recibido por la acreditada, aquí quejosa, motivo por el cual fue cancelado y no se ordenó realizar descuento alguno a su salario. (Foja 53 y 73) Señala dicha responsable, que una vez que la parte quejosa realizó el trámite de su pensión por jubilación, el Departamento de Pensiones del ISSSTE, ordenó el pago de tal pensión a su favor; empero, al generarse esta orden de pago, su sistema de cómputo detectó automáticamente que el Registro Federal de Contribuyentes de la parte quejosa, reportaba un adeudo con el Fondo de la Vivienda y en consecuencia se le aplicó el descuento del treinta por ciento de amortización del crédito FOVISSSTE. Posteriormente, por escrito de uno de diciembre de dos mil veintidós, la quejosa manifestó su inconformidad por dichos descuentos y en atención a su solicitud el Departamento de Vivienda reconoció que el crédito de que se trata no fue ejercido y que el cheque respectivo fue cancelado y por ende dicho departamento se encontraba tramitando ante las Oficinas centrales del FOVISSSTE la cancelación del crédito, por lo cual indica que se ha atendido su solicitud de cancelación de crédito y devolución de los descuentos que le han sido aplicados. Ahora bien, mediante oficio agregado a los autos en proveído de veintisiete de julio pasado, el apoderado del Instituto responsable informó que el cinco de julio del año en curso el Departamento de Vivienda en Veracruz, con residencia en Xalapa, Veracruz, recibió copia del oficio ********************, signado por el Jefe de Servicios de Ingresos de FOVISSSTE, en el que comunicó que el crédito número ********************de la aquí quejosa fue cancelado; para la cual adjuntó copia del citado oficio, en el que se comunicó dicha circunstancia. Luego, mediante oficio agregado a los autos el veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés, el apoderado del instituto responsable informó que el dieciséis de agosto de dos mil veintitrés, la parte quejosa presentó solicitud electrónica para la devolución de los descuentos que le han sido realizados, obteniendo el dieciocho siguiente el reembolso correspondiente, mismo que se acredita con la constancia expedida por el Coordinador de Actividades Administrativas de Vivienda en Veracruz, de veintidós de agosto del año en curso. (Fojas 191 a 194) Documentos a los cuales se les concede pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2°. Es de invocarse la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, del tomo VI, de la quinta época del Apéndice de 1995, con número de registro 394182, de rubro y texto: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Lo anterior, fue corroborado con la información requerida a la parte quejosa, mediante el escrito de cuenta, en el cual indica que a la fecha ya no se le realizan los descuentos relacionados con el crédito antes indicado y que ya le fue entregada la cantidad indicada por el apoderado del instituto responsable. De lo anterior, válidamente se puede concluir que, en el caso particular, cesaron los efectos de los actos reclamados por la parte quejosa, consistentes en la emisión y ejecución del aviso de retención emitido por el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, mediante el cual se le realizaban descuentos a su pensión por jubilación, por concepto de crédito otorgado para la adquisición de una vivienda, así como los descuentos anteriores y subsecuentes o futuros que se aplicaban a la quejosa con motivo de dicho crédito; puesto que, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, las autoridades responsables, llevaron a cabo la cancelación del crédito a nombre de la quejosa, que motivaba los descuentos que se le realizaban a su pensión jubilatoria y además, le fue reintegrado el monto de los descuentos que le fueron realizados; por tanto, la afectación de que se dolía la impetrante de amparo desapareció, y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento de los actos que se atacan, que constituyó una situación jurídica que definitivamente destruyó la que dio motivo al amparo y repuso a la parte quejosa en el goce del derecho humano violado. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 9/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo VII, febrero de 1998, materia común, visible a página 210, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia en el presente juicio, conforme a lo dispuesto en el diverso artículo 63, fracción V, de la ley de la materia, respecto de los actos reclamados, por haber cesado sus efectos, por lo que se deja sin efectos la fecha señalada para la celebración de la audiencia respectiva. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa, por correo electrónico al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y por oficio a las autoridades responsables. Así lo proveyó y firma electrónicamente el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz, Luis Rafael Bautista Cruz, asistido de Pedro Alberto Reyes Ochoa, secretario con quien actúa y da fe. Doy Fe.

Quedan 34 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz · 8,101 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano