ESTHER SAVEEDRA MENDOZA y Otros.

Expediente 1286/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 16 actuaciones registradas, la última del 8 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1286/2021
Año
2021
Actuaciones
16
Última actuación
08/07/2022

Partes del expediente

  • ESTHER SAVEEDRA MENDOZA y Otros.
  • Esther Saveedra Mendoza

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de julio de dos mil veintidós. Toda vez que transcurrió el plazo de quince días a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que las partes, hubieren interpuesto recurso en contra del auto que tuvo por cumplida la sentencia dictada en este juicio; en términos del citado artículo, se declara que ha quedado firme dicho proveído. Notifíquese.

  2. Principal

    MESA San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de junio de dos mil veintidós. Toda vez que concluyó el plazo concedido a las partes, relativo a la vista del cumplimiento dado al fallo protector; se procede a analizar las determinaciones adoptadas por las responsables sobre ese aspecto. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO Tomando en consideración que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público y que de conformidad con los artículos 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 214, de la Ley de Amparo, "No podrá archivarse juicio de amparo alguno, sin que se haya cumplido la sentencia que concedió la protección constitucional", este órgano de control constitucional, con las constancias que obran en autos, procede a resolver si ha quedado cumplido el fallo protector. ""......""" ALCANCES DE LA SENTENCIA DE AMPARO En principio, es necesario conocer la forma en que se concedió la protección constitucional a la parte quejosa, a fin de precisar la manera en que la autoridad responsable, se encontraba constreñida a acatar la ejecutoria de amparo. Al respecto, la sentencia de amparo dictada el dieciocho de abril de dos mil veintidós, que causó ejecutoria mediante auto de dieciséis de mayo del año citado, tuvo los siguientes alcances: Los Magistrados de la Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, deberán: 1. Dentro del plazo de tres días siguiente a que cause ejecutoria este fallo, dejar insubsistente la resolución dictada el seis de septiembre de dos mil veintiuno, en el toca penal "".....""", en la que, en la parte relativa, determina revocar la medida cautelar prevista en la fracción I del Código Nacional de Procedimientos Penales. 2. Dictar una nueva determinación, en la que con plenitud de jurisdicción resuelva, con perspectiva de género, y observando el principio procesal de non reformatio in peius, lo que en derecho corresponda respecto del recurso de apelación interpuesto por la ofendida en la causa penal ""......""" del registro del Juzgado de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca. Concesión que se hizo extensiva respecto del acto de ejecución reclamado al Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca, porque no se reclamó por vicios propios. ACTUACIONES REALIZADAS POR LAS AUTORIDADES RESPONSABLES EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE AMPARO Mediante oficio número """......"""""" la autoridad responsable Magistrado Presidente de la Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, remitió copia certificada de la resolución de diecinueve de mayo de dos mil veintidós, dictada en el toca penal "".....""", de su índice, emitida en cumplimiento al fallo protector. ""......"" ANÁLISIS DEL ACTO EMITIDO EN CUMPLIMIENTO Del análisis integral de la resolución dictada en cumplimiento, se desprende que la autoridad responsable determinó, en esencia, lo siguiente: 1.- Dejó insubsistente la resolución dictada el seis de septiembre de dos mil veintiuno, en el toca penal "".....""", en la que, en la parte relativa, determina revocar la medida cautelar prevista en la fracción I del Código Nacional de Procedimientos Penales. 2. Dictó una nueva determinación, en la que con plenitud de jurisdicción resolvió con perspectiva de género, observando el principio procesal de non reformatio in peius, lo que en derecho correspondió respecto del recurso de apelación interpuesto por la ofendida en la causa penal ""......"""" del registro del Juzgado de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca, en los siguientes términos: [.] ESTUDIO DE LOS AGRAVIOS. De La visualización que hace la Sala del registro de audio y video de las audiencias fechadas el diecinueve y veintitrés de marzo del año próximo pasado, específicamente de esta última, que es la parte que en forma concreta deviene impugnada y del análisis que se hace de los agravios que expresa la recurrente se advierte lo siguiente: 1.- La recurrente se duele en los agravios primero y segundo de que la resolución combatida se emitió con falta de perspectiva de género pues, a su juicio, en la citada resolución se generan violaciones al artículo 1, 4 y 20, Apartado A, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 7, fracción b) de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (Convención Belem do Para), argumentando que en la audiencia de vinculación a proceso fechada el veintitrés de marzo del año próximo pasado, en el debate de medidas cautelares, el A Quo no actuó conforme a derecho ya que no veló por los derechos humanos de la recurrente, pues al dictar la medida cautelar lo hizo con desapego al principio de Igualdad pues no pondera de manera adecuada y deja en inobservancia los seis hechos de violencia que, a juicio de la recurrente, tienen un contexto de violencia sistemática y el A Quo, al dejar en libertad al imputado, consiente esos actos violatorios de derechos humanos, permitiendo que se violente un derecho humano de la recurrente a una vida libre de violencia, pues ante la falta de medidas de protección no realizó ajustes razonables y no actuó con perspectiva de género y estima que la determinación del A Quo, materia de su inconformidad, es estereotipada dejando de privilegiar el derecho a la vida de la pasivo por la libertad ambulatoria del imputado. "".....""" 2.- Para pronunciarse respecto a la inconformidad relacionada sucintamente en el párrafo anterior, debemos analizar si en el caso se surten los elementos que señala la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el orden siguiente: 2.1.-Identificar si existen situaciones de poder que por cuestiones de género den cuenta de un desequilibrio entre las partes de la controversia. El poder es entendido, en las cuestiones de género, como una relación en las que una parte posee la capacidad de ejercer dominio sobre otra. Las formas de ejercer el poder se determinan por condiciones de identidad y factores como la edad, la etnia, la nacionalidad, el género, orientación e identidad sexual, religión, discapacidad, estado migratorio, nivel de estudios, clase social entre otras. El poder implica dominio, que se refiere a las capacidades que tiene el dominante para regular y controlar la vida del o de la persona dominada y dirigir su existencia, y se refleja en la presencia de relaciones asimétricas que generan situaciones violentas en las que se advierte que una persona (dominada) se encuentra en desventaja frente a otra (dominante). La diferencia entre hombres y mujeres no se surte por la distinción en sí misma, es decir, en que una persona sea hombre y otra mujer, lo que origina la diferencia por la perspectiva de género es la valoración desigual que se hace de las personas en función de su sexo vinculado con normas sociales y culturales sobre lo que cada uno de los sexos debe o no hacer. En el caso que nos ocupa la Sala no se advierte que se encuentre acreditado este primer elemento necesario para tomar en cuenta la perspectiva de género; al menos la recurrente no indica cual es o en qué consiste la relación asimétrica entre ella y el imputado que genere una situación de poder basada en cuestiones de género. Es obvio que para estimar la existencia de situaciones de poder que por cuestiones de género generen una relación asimétrica, no basta con que de las partes en contienda una sea hombre y la otra mujer, como lo afirma de manera abstracta la recurrente en su recurso; es necesario que se acredite plenamente el poder y el desequilibrio que ese poder genera entre las partes en conflicto, lo cual en el caso no ocurre. 2.2. Cuestionar los hechos y valorar las pruebas desechando cualquier estereotipo o prejuicio de género, a fin de visualizar las situaciones de desventaja provocadas por condiciones de sexo o género. En el caso que nos ocupa y refiriéndonos a este segundo elemento, debe decirse que de la visualización del registro en audio y video de las audiencias de diecinueve y veintitrés de marzo del dos mil veintiuno no se advierten situaciones de desventaja provocadas por cuestiones de género; se trata de una disputa airada, si se quiere, en la que cada uno de las partes en conflicto refieren y defienden sus respectivas posiciones, pero la generación de violencia relatada por la pasivo no se finca en estereotipos o prejuicios de género, debiendo entender por tales una forma de categorización social; las categorías sociales son un componente básico de la manera de pensar, actuar, percibir y hablar; debido a la complejidad de la sociedad o de grupos sociales y para poder procesar las características distintivas de esas sociedades o grupos sociales se les clasifica en categorías generalizadas, que nos permiten entender como son y cómo se comportan esas sociedades o grupos sociales y entender, así, sus conductas y los estereotipos. ""......""" Los estereotipos son una imagen o idea aceptada comúnmente por un grupo o sociedad, con carácter inmutable y que actúa como modelo. Los estereotipos, relacionados con los hombres y las mujeres, son concepciones preconcebidas sobre cómo son y cómo deben comportarse la mujer y el hombre Existe una variedad importante de estereotipos, sin embargo, para efectos jurídicos deben explicarse solo dos variedades: los descriptivos y los normativos. Los primeros, los descriptivos, son aquellos que adjudican una característica a las personas de un grupo social solo por el hecho de pertenecer a ese grupo, por ejemplo: los ingleses (grupo social) son puntuales (atributo); las mujeres (grupo social) no saben manejar (atributo). Es de advertirse que en este tipo de estereotipos el atributo es probabilístico, no universal; en el caso de los ejemplos anteriores es incuestionable que no todos (universal) los ingleses sean puntuales, habrá algunos impuntuales; es incuestionable que no todas (universal) las mujeres saben manejar, algunas sí; estos estereotipos, a su vez, se clasifican en dos tipos: los que no tienen base estadística y los que la tienen; los primeros se consideran falsos y no se toman en cuenta, por ejemplo: no debe permitirse a las parejas de homosexuales fungir como padres madres porque su homosexualismo afecta al interés superior de los niños; ese estereotipo es falso porque no tiene un sustento fáctico, estadístico, que compruebe que esa afectación sea verdad; los segundos, los estereotipos con base estadística, si tienen ese soporte estadístico y por lo tanto son útiles para verificar la información sobre ese grupo y, en algunos casos, sobre las personas que lo integran; lo importante en este último tipo de estereotipos es que habrá casos en que aunque se describan adecuadamente la categoría o las propiedades del grupo, podrá haber personas de ese grupo que no las posean, en este tipo de casos el estereotipo simplemente no existe en la persona específicamente considerada; en el aspecto jurídico hay casos en los que el estereotipo es correcto, sin embargo hay razones para no tomarlo en cuenta, por ejemplo, y tratándose concretamente de los estereotipos de género, no deben tomarse en cuenta porque la categoría consistente en la manera de pensar, hablar, actuar, percibir, son exageradas o se usan de manera excesiva para justificar decisiones que se basan únicamente en el género y no en el atributo que condiciona la existencia del estereotipo. En el caso que nos ocupa no encontramos prueba alguna de la existencia, en la pasivo, de este tipo de estereotipos y en consecuencia no se surte la expectativa de género que reclama la recurrente. Los estereotipos normativos contrariamente a los descriptivos, no adjudican una característica especifica al grupo social y, obviamente a los integrantes de ese grupo social; este tipo de estereotipos, los normativos, atribuyen determinados roles a quienes integran el grupo social por el sólo hecho de pertenecer a ese grupo, es decir, no describen cómo son las cosas, sino cómo deben ser, y esa es la razón de la imposición de roles que debe cumplir una persona por pertenecer a ese determinado grupo social; por ejemplo: el estereotipo normativo consistente en establecer que las madres deben ser amas de casa no afirma que la mayoría de las madres sean amas de casa, sino que deben serlo y en ese "deben" se establece el roll que actualiza el estereotipo; de ahí que estos estereotipos tengan la forma de una norma social, por eso se denominan normativos; su efecto radica en la limitación de las oportunidades de las mujeres sobre la base del género ubicándolas en una posición social y económica menor que la destinada para los varones. ""......."" Para descubrir y atacar este tipo de estereotipos es necesario primero nombrarlos, etiquetarlos como tales y, segundo, impugnarlos; la impugnación da pauta para que el juzgador los tome en cuenta y los elimine. En el caso que nos ocupa, la Sala no advierte la existencia real de este tipo de estereotipos, la recurrente los menciona, habla de ellos y los impugna, pero no nos dice cuál es, específicamente, el estereotipo del que se queja; al parecer se basa solamente en el hecho de que es mujer, pero no nos dice que roll de inferioridad se le aplica por su colitigante y que derive de su género como mujer. En las anteriores condiciones es incuestionable que este elemento no se acredita en autos. 2.3. - En caso de que el material probatorio no sea suficiente para aclarar la situación de violencia, vulnerabilidad o discriminación por razones de género, ordenar las pruebas necesarias para visibilizar dichas situaciones. Atendiendo a la situación de violencia de que se queja la pasivo y a las pruebas que pudieran ordenarse oficiosamente por el A QUO, la Sala advierte que no es posible ordenar prueba alguna, habida cuenta que del contexto de la narrativa de la pasivo se advierte esa imposibilidad, pues las pruebas que aporta la pasivo sobre los hechos que imputa a su colitigante son las únicas que pudieran obtenerse, consecuentemente, este elemento tampoco se acredita en la causa de la que emana el acto reclamado. 2.4.- De detectarse la situación de desventaja por cuestiones de género, cuestionar la neutralidad del derecho aplicable, así como evaluar el impacto diferenciado de la solución propuesta para buscar una resolución justa e igualitaria de acuerdo al contexto de desigualdad por condiciones de género. En el caso que nos ocupa y desde el punto de vista jurídico, la Sala estima que no se surte el elemento que nos ocupa, habida cuenta que en el tratamiento que da el A Quo a ambas partes no se surte ninguna situación de desventaja por cuestiones de género; lo que se advierte es el deseo de la pasivo de que al activo se le restrinja su libertad por medio de la medida cautelar de prisión preventiva, alegando la inseguridad, el riesgo y el peligro que, a su juicio, implica no imponer la medida cautelar solicitada, es de hacerse notar que no basta con que se pida una determinada medida cautelar, es necesario que se aporten pruebas de su necesidad y pruebas que se relacionen con la situación que alega la solicitante y en el caso que nos ocupa el Ministerio Público no aporta prueba alguna que amerite la imposición de la medida cautelar que solicita; en esas condiciones y al no probarse la existencia de situaciones de desventaja por cuestiones de género, es obvio que no ha lugar a cuestionar la neutralidad del derecho aplicable, relativo a la imposición de la prisión preventiva que se solicita, ni evaluar el impacto diferenciado de la solución propuesta (la imposición de varias medidas cautelares) para buscar una solución justa e igualitaria de acuerdo al contexto de desigualdad por condiciones de género, toda vez que, como se ha dicho con anterioridad, no se acredita esa desigualdad. 2.5. Para ello debe aplicar los estándares de derechos humanos de todas las personas involucradas, especialmente de los niños y niñas. En el caso que nos ocupa es evidente que se ponen en juego derechos humanos de la víctima y del imputado; por lo que se refiere a la primera encontramos su seguridad toda vez que alega como agravio el hecho de que la libertad deambulante del imputado le genera riesgo para esa seguridad, y por lo que se refiere al imputado, su libertad, habida cuenta que lo que pide la pasivo es precisamente su restricción por medio de una medida cautelar consistente en la prisión preventiva. ""......"""" La Sala estima que, atendiendo a lo expuesto en los párrafos que anteceden, las medidas cautelares que se le impusieron al imputado son suficientes para proteger a la pasivo y con ello tutelar su derecho humano a la seguridad personal y de su familia; de optar por restringir la libertad del imputado por medio de la medida cautelar que reclama la pasivo, se lesionaría severamente el derecho humano de la libertad del activo, consecuentemente estimamos que los estándares de derechos humanos de los colitigantes se tutelan de manera efectiva con la imposición de las medidas cautelares determinadas por el A Quo y de esta manera, a juicio de la Sala se cumple con este elemento. 2.6. - Considerar que el método exige que, en todo momento, se evite el uso del lenguaje basado en estereotipos o prejuicios, por lo que debe procurarse un lenguaje incluyente con el objeto de asegurar un acceso a la justicia sin discriminación por motivos de género. En el caso que nos ocupa la Sala no advierte que se haya hecho. uso de lenguaje basado en estereotipos o prejuicios ya que como se advierte del registro de audio y video de las audiencias respectivas, el lenguaje que se usa es el normal y que no evita el acceso a la justicia por parte de la pasivo; ella estima que el hecho de que el A Quo no haya impuesto como medida cautelar la prisión preventiva, implica un estereotipo y que tal circunstancia le impide el acceso a la justicia, habida cuenta que, a su juicio, se le discrimina por razones de género; pero ese no es el punto al que se refiere este elemento; lo importante a considerar es el no uso de lenguaje basado en estereotipos o prejuicios que impidan el acceso a la justicia y que no haya discriminación por motivos de género, circunstancias que, a juicio de la Sala no se dan en el presente caso. En las anteriores condiciones es incuestionable que, en el caso que nos ocupa, el A Quo sí actuó, sustancialmente, atendiendo a la perspectiva de género al imponer al imputado tres medidas cautelares y no imponer la medida cautelar consistente en la prisión preventiva solicitada por la Institución Ministerial, considerando que con las medidas cautelares impuestas se tutela el derecho humano a la seguridad de la víctima y su familia. En esa virtud la sala estima que los agravios que expone la recurrente y que se refieren al cuestionamiento de omitir la actuación del A Quo con perspectiva de género al no imponer al imputado la prisión preventiva devienen INFUNDADOS. 3. - Por lo que se refiere al Tercer agravio que expone la recurrente en el sentido de que el A Quo no tomó en cuenta la argumentación de la asesoría jurídica en el sentido de que por ser siete actos de violencia existe un concurso real de delitos y que tal circunstancia implica la posible aplicación de una penalidad de 21 años de prisión, lo que se constituye en un aliciente para que el imputado se diera a la fuga y justificaba la necesidad de imponer como medida cautelar la prisión preventiva; al respecto debe decirse que tal agravio deviene INFUNDADO, pues es de explorado derecho que el Ministerio Público, al formular la solicitud de Vinculación a Proceso debe establecer la clasificación jurídica del hecho que la ley señala como delito en los términos del segundo párrafo del artículo 141 del Código Nacional de procedimientos Penales, en el que se establece que: "...En la clasificación jurídica que realice el Ministerio Público se especificará el tipo penal que se atribuye, el grado de ejecución del hecho, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta, sin perjuicio de que con posterioridad proceda la clasificación correspondiente..." y dentro de esa clasificación debe especificarse el tipo de concurso que exista, a juicio del Ministerio Público, según lo establece el artículo 30, en la última parte del último párrafo del Código Nacional de Procedimientos Penales que establece la existencia de los ""......""" casos de concurso y la obligación ministerial de que "...en estos casos se harán saber los elementos indispensables de cada clasificación jurídica y la clase de concurso correspondiente...", lo que en el caso no ocurrió, resultando incompleta la clasificación jurídica relacionada por el Ministerio Público en detrimento, obviamente de lo exigido por el segundo párrafo del artículo 141 del Código Nacional de procedimientos Penales, ya citado. Por las razones expuestas la Sala Estima que los agravios de la recurrente devienen INFUNDADOS y en consecuencia es de confirmarse como en efecto se CONFIRMA la resolución recurrida. 4. Por lo que se refiere a la ADHESIÓN de la LIC., CLAUDIA DÍAZ JIMENEZ, Agente del Ministerio Público, a la apelación de la recurrente "".....""", debe decirse que no obstante que a juicio de los Magistrados que actualmente integramos la Sexta Sala Penal, tal ADHESION NO DEBIO DE SER ADMITIDA, pues si bien es cierto que el artículo 473 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece la existencia de la Institución de la Adhesión y faculta ... a quien tenga derecho a recurrir para adherirse...... al recurso interpuesto por cualquiera de las otras partes..." también es cierto que este figura jurídica difiere en su concepto con la tradicional definición; por adhesión se entiende, tradicionalmente, pegar una cosa a otra, sumarse con la misma finalidad; en el caso de los recursos que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales el concepto es diferente pues indica utilizar el recurso interpuesto POR LA CONTRARIA pero no para pegarse o sumarse a ese recurso con la misma finalidad, sino para contradecirlo o para ampliar el ámbito de competencia del Tribunal de Alzada, para que estudie no solo lo apelado por la contraria, sino alguna otra materia propuesta por el adherente; en esa virtud es incuestionable que el derecho de ADHESIÓN no lo tiene cualquier otra parte con derecho a recurrir, sino únicamente la PARTE CONTRARIA DEL RECURRENTE, pues si el derecho a adherirse pudiera ejercitarlo una co-parte se llegaría al absurdo que esta co-parte estaría pidiendo a la alzada no lo mismo que pidió la recurrente, sino una resolución contraria, es decir, si la resolución es, por ejemplo sentencia absolutoria y quien apela es el Ministerio Público, la víctima no estaría legitimada para adherirse, habida cuenta que la adhesión, en el sistema recursal observado en el Código Nacional de Procedimientos Penales, establece la adhesión para controvertir el recurso, sosteniendo la resolución recurrida, lo que seria absurdo, no obstante que el Código referido diga que "...quien tenga derecho recurrir..."; sirve de ejemplo para entender esta Institución de la Adhesión en el Código Nacional de Procedimientos Penales lo que previene la Ley de Amparo en vigor tratándose del AMPARO ADHESIVO, previsto en el artículo 82 de dicha ley, en el que se establece con claridad meridiana que "...la parte que obtuvo resolución favorable en el juicio de amparo puede adherirse a la revisión interpuesta por otra de las partes...", es decir que quien ganó el amparo puede adherirse a la revisión (recurso) interpuesta otra de las partes, consecuentemente si la resolución beneficia imputado, recurso ser interpuesto por contraria, Ministerio Público quien puede adherirse ese recurso es imputado, pero la víctima, adhesión sostener sentido resolución combatida. Son ejemplificantes sobre este particular las siguientes tesis: [.] Como podrá verse de las tesis transcritas, el adherente es la parte procesal que resulta beneficiada con la resolución combatida por el recurrente, misma que tiene derecho a recurrir y si no recurrió es porque la resolución le era favorable, no como dice el Código Nacional de Procedimientos Penales: ".. quien tenga derecho a recurrir...". La razón de esta explicación radica en el hecho de que debe quedar claro que quien está legitimado para recurrir es la parte contraria al recurrente, lo que en el caso no ocurre ya que quien recurre es la víctima, consecuentemente quien está legitimado para adherirse era el ""......"" imputado, por ser la parte contraria del adherente, pero no la Agente del Ministerio Público, pues esta Institución Ministerial no es la parte contraria del adherente. Como hemos dicho, no obstante que indebidamente se admitió la adhesión del Ministerio Público, es de advertirse que el recurso que sirve de base a la adhesión, no procedió, ya que se declaró firme la resolución recurrida y en esas condiciones la Adhesión del Ministerio Público deriva también improcedente. En esa virtud, en mérito de lo expuesto y con apoyo en el primer párrafo del artículo 479 del Código Nacional de Procedimientos Penales es de resolverse y se: RESUELVE: PRIMERO.- Esta Sexta Sala Penal del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado, fue competente para conocer del recurso de APELACIÓN interpuesto por LA VÍCTIMA "".....""" en contra de la resolución en la que se impone una medida cautela distinta a la prisión preventiva, fechada el veintitrés de marzo del dos mil veintiuno, dictada por el Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, con sede en San Francisco Tanivet, Tlacolula, Oaxaca en la causa penal número "".....""" que se instruye en contra de "".....""" como probable responsable de la comisión de hechos que la ley señala como delito de VIOLENCIA FAMILIAR, en agravio de la recurrente. SEGUNDO.- Por las consideraciones vertidas en la presente resolución, se CONFIRMA la resolución en la que se impone una medida cautelar distinta a la prisión preventiva, fechada el veintitrés de marzo del dos mil veintiuno, dictada por el Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, con sede en San Francisco Tanivet, Tlacolula, Oaxaca en la causa penal número "".....""" que se instruye en contra de ""......""" como probable responsable de la comisión de hechos que la ley señala como delito de VIOLENCIA FAMILIAR, en agravio de la recurrente. TERCERO.- Por las razones expuestas en el párrafo 4 del Considerando CUARTO, de esta resolución SE DECLARA IMPROCEDENTE LA ADHESIÓN INTERPUESTA POR la Agente del Ministerio Público. CUARTO.- Gírese oficio al Juez Primero de Distrito en el Estado, con sede en San Bartolo Coyotepec, Centro, Oaxaca, adjuntándole copia certificada de la presente resolución como justificación de haber dado cumplimiento a la ejecutoría dictada en el Juicio de amparo "".....""" promovido por"".....""" contra de actos de esta Sala. QUINTO.- Notifíquese la presente resolución a las partes por los medios y/o en los domicilios que tienen señalados en los autos del presente Toca Penal. Así lo acordaron y firman los Ciudadanos Magistrados integrantes de la Sexta Sala Penal del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado, que autorizan y dan fe. Conste. [.] CONCLUSIÓN SOBRE EL ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO En esas condiciones, con fundamento en el artículo 196, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia """.....""pronunciada en autos, lo que se ordena hacer del conocimiento de las partes. DETERMINACIÓN SOBRE EXCESO O DEFECTO EN EL CUMPLIMIENTO Ahora bien, el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, obliga a los órganos de control constitucional, no sólo a emitir pronunciamiento sobre si está cumplida o no la ejecutoria de amparo, sino además a declarar si existió exceso o defecto en el cumplimiento (o si hay imposibilidad para cumplirla). Para ello, es necesario establecer con nitidez si la autoridad responsable, que se encontraba vinculada al acatamiento de una sentencia de amparo, la cumplió correctamente o si, por el contrario, al obedecerla lo hizo incorrectamente, ya sea porque incurrió en un exceso o en un defecto. En otras palabras, lo que se debe resolver es el modo como se trató de cumplir con la sentencia de amparo y, en su caso, determinar si no se hizo todo lo que se debía o se hizo más de lo ordenado. De manera que la resolución que se emita debe ser congruente y guardar correspondencia con los efectos de la protección constitucional establecidos en la ejecutoria de amparo o aquellos que natural y racionalmente deriven de ésta, sin que pueda alterarlos o modificarlos en virtud de su firmeza. En el caso particular, la autoridad responsable, acató todos y cada uno de los alcances del fallo constitucional, como ya quedó relatado con anterioridad. De modo que la autoridad responsable, cumplió correctamente con la sentencia de amparo, pues, realizó todo lo que se debía y no hizo más de lo ordenado. En tales términos, de acuerdo con el segundo párrafo del artículo 196, de la Ley de Amparo, se determina que en el presente caso, no existe exceso o defecto en el cumplimiento del fallo protector. Resulta aplicable, por identidad jurídica, la tesis de jurisprudencia 1a./J. 120/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 774, Libro 2, Enero de 2014, Tomo II, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que es del tenor siguiente: ""......."""" RECURSO DE INCONFORMIDAD. MATERIA DE ESTUDIO DE DICHO RECURSO. La materia del recurso de inconformidad previsto en el artículo 201 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, conforme a su fracción I, la constituye la resolución que tenga por cumplida la ejecutoria de amparo, en los términos del artículo 196 de la propia ley; es decir, el estudio de legalidad de la determinación de la autoridad que haya conocido del juicio de amparo, en el sentido de que la ejecutoria ha sido cumplida totalmente. Por tanto, su análisis debe atender a la materia determinada por la acción constitucional, así como al límite señalado en la ejecutoria en que se otorgó la protección de la Justicia Federal, sin excesos ni defectos, y no a la legalidad de la resolución emitida por la autoridad responsable en aspectos novedosos que no fueron analizados por el juzgador de amparo. Así, el cumplimiento total de las sentencias, sin excesos ni defectos, a que se refiere el primer párrafo del citado artículo 196, supone el análisis y la precisión de los alcances y efectos de la ejecutoria, a partir de la interpretación del fallo protector y de la naturaleza de la violación examinada en él, para que, una vez interpretada esa resolución, se fijen sus consecuencias para lograr el restablecimiento de las cosas al estado que guardaban antes de la violación constitucional de que se trate, sin que ello signifique que el juez pueda incorporar elementos novedosos a su análisis para extender los efectos precisados en el fallo a otras posibles violaciones aducidas por los quejosos, que no hayan sido motivo de protección por parte de la Justicia de la Unión." ARCHIVO DEL EXPEDIENTE COMO CONCLUIDO En otro orden, en acatamiento a lo dispuesto por el párrafo cuarto del citado ordinal 196 de la ley de la materia, y con fundamento, además, en los artículos 1, 15, 17, fracción II, 18, fracción I y 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. VALOR HISTÓRICO, JURÍDICO Y DE RELEVANCIA DOCUMENTAL Por otra parte, se estima que este expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15, del acuerdo en comento. DEPURACIÓN DEL EXPEDIENTE "".....""" Toda vez que en este juicio se concedió el amparo solicitado, deberá hacerse del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, dentro de los siguientes noventa días se procederá a su depuración, y posteriormente se transferirá al Depósito documental, que es el área destinada a la organización, conservación y consulta del archivo judicial, dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, conforme a lo establecido en el artículo 18, fracción I, inciso b), ultimo y antepenúltimo párrafos, del Acuerdo invocado. COINCIDENCIA ENTRE EXPEDIENTES ELECTRÓNICO Y FÍSICO Conforme a lo establecido en el artículo 35 del mencionado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, ténganse por hecha la certificación del Secretario, en el sentido de que este expediente impreso coincide en su totalidad con el expediente electrónico en el que se encuentran incorporadas todas las promociones, acuerdos y notificaciones correspondientes. ANOTACIONES EN CARÁTULA Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en la carátula del expediente. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN En virtud de que este expediente se tramitó con incidente de suspensión, acuérdese lo relativo a su destino en ese propio cuaderno Notifíquese personalmente.

  3. Incidental

    MESA San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, toda vez que en auto dictado en esta fecha en el juicio de amparo "".....""", del que deriva este incidente de suspensión, se ordenó determinar su destino. Sentido de la medida cautelar En principio, se toma en consideración que en este cuaderno incidental se negó la suspensión provisional y definitiva respecto de todos los actos reclamados. Base normativa En tales condiciones, con fundamento en los artículos 1, 12, 14, 20, fracción II, inciso a), 21, inciso c) y 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en relación con las directrices plasmadas en el Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados aprobado por el Consejo de la Judicatura Federal mediante oficio SEPLE./ADM./004/2598/2020 de veintiséis de agosto de dos mil veinte, específicamente en sus puntos 7.5 y 2 y, el oficio CAP/DGAD/392/2021 de ocho de marzo de dos mil veintiuno, mediante el cual el Director General de Archivo y Documentación responde la consulta formulada por diverso órgano jurisdiccional tocante al tema de que se trata. Destrucción del original y duplicado Una vez transcurridos seis meses, contados a partir de que surta efectos la notificación de este auto y dentro de los treinta días siguientes, procédase a la destrucción del duplicado de este incidente. En tanto que el original, por haberse negado la suspensión definitiva de todos los actos reclamados, fenecido el plazo de tres años y dentro de los treinta días siguientes procédase a su destrucción. Coincidencia entre expedientes electrónico y físico Conforme a lo establecido en el artículo 35 del mencionado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, téngase por hecha la certificación del Secretario, en el sentido de que este expediente impreso coincide en su totalidad con el expediente electrónico en el que se encuentran incorporadas todas las promociones, acuerdos y notificaciones correspondientes. Anotaciones en carátula y libro Para concluir, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese.

  4. Principal

    POR LISTA: MESA San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de junio de dos mil veintidós. Toda vez que concluyó el plazo concedido a las partes, relativo a la vista del cumplimiento dado al fallo protector; se procede a analizar las determinaciones adoptadas por las responsables sobre ese aspecto. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO Tomando en consideración que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público y que de conformidad con los artículos 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 214, de la Ley de Amparo, "No podrá archivarse juicio de amparo alguno, sin que se haya cumplido la sentencia que concedió la protección constitucional", este órgano de control constitucional, con las constancias que obran en autos, procede a resolver si ha quedado cumplido el fallo protector. ""......""" ALCANCES DE LA SENTENCIA DE AMPARO En principio, es necesario conocer la forma en que se concedió la protección constitucional a la parte quejosa, a fin de precisar la manera en que la autoridad responsable, se encontraba constreñida a acatar la ejecutoria de amparo. Al respecto, la sentencia de amparo dictada el dieciocho de abril de dos mil veintidós, que causó ejecutoria mediante auto de dieciséis de mayo del año citado, tuvo los siguientes alcances: Los Magistrados de la Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, deberán: 1. Dentro del plazo de tres días siguiente a que cause ejecutoria este fallo, dejar insubsistente la resolución dictada el seis de septiembre de dos mil veintiuno, en el toca penal "".....""", en la que, en la parte relativa, determina revocar la medida cautelar prevista en la fracción I del Código Nacional de Procedimientos Penales. 2. Dictar una nueva determinación, en la que con plenitud de jurisdicción resuelva, con perspectiva de género, y observando el principio procesal de non reformatio in peius, lo que en derecho corresponda respecto del recurso de apelación interpuesto por la ofendida en la causa penal ""......""" del registro del Juzgado de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca. Concesión que se hizo extensiva respecto del acto de ejecución reclamado al Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca, porque no se reclamó por vicios propios. ACTUACIONES REALIZADAS POR LAS AUTORIDADES RESPONSABLES EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE AMPARO Mediante oficio número """......"""""" la autoridad responsable Magistrado Presidente de la Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, remitió copia certificada de la resolución de diecinueve de mayo de dos mil veintidós, dictada en el toca penal "".....""", de su índice, emitida en cumplimiento al fallo protector. ""......"" ANÁLISIS DEL ACTO EMITIDO EN CUMPLIMIENTO Del análisis integral de la resolución dictada en cumplimiento, se desprende que la autoridad responsable determinó, en esencia, lo siguiente: 1.- Dejó insubsistente la resolución dictada el seis de septiembre de dos mil veintiuno, en el toca penal "".....""", en la que, en la parte relativa, determina revocar la medida cautelar prevista en la fracción I del Código Nacional de Procedimientos Penales. 2. Dictó una nueva determinación, en la que con plenitud de jurisdicción resolvió con perspectiva de género, observando el principio procesal de non reformatio in peius, lo que en derecho correspondió respecto del recurso de apelación interpuesto por la ofendida en la causa penal ""......"""" del registro del Juzgado de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca, en los siguientes términos: [.] ESTUDIO DE LOS AGRAVIOS. De La visualización que hace la Sala del registro de audio y video de las audiencias fechadas el diecinueve y veintitrés de marzo del año próximo pasado, específicamente de esta última, que es la parte que en forma concreta deviene impugnada y del análisis que se hace de los agravios que expresa la recurrente se advierte lo siguiente: 1.- La recurrente se duele en los agravios primero y segundo de que la resolución combatida se emitió con falta de perspectiva de género pues, a su juicio, en la citada resolución se generan violaciones al artículo 1, 4 y 20, Apartado A, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 7, fracción b) de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (Convención Belem do Para), argumentando que en la audiencia de vinculación a proceso fechada el veintitrés de marzo del año próximo pasado, en el debate de medidas cautelares, el A Quo no actuó conforme a derecho ya que no veló por los derechos humanos de la recurrente, pues al dictar la medida cautelar lo hizo con desapego al principio de Igualdad pues no pondera de manera adecuada y deja en inobservancia los seis hechos de violencia que, a juicio de la recurrente, tienen un contexto de violencia sistemática y el A Quo, al dejar en libertad al imputado, consiente esos actos violatorios de derechos humanos, permitiendo que se violente un derecho humano de la recurrente a una vida libre de violencia, pues ante la falta de medidas de protección no realizó ajustes razonables y no actuó con perspectiva de género y estima que la determinación del A Quo, materia de su inconformidad, es estereotipada dejando de privilegiar el derecho a la vida de la pasivo por la libertad ambulatoria del imputado. "".....""" 2.- Para pronunciarse respecto a la inconformidad relacionada sucintamente en el párrafo anterior, debemos analizar si en el caso se surten los elementos que señala la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el orden siguiente: 2.1.-Identificar si existen situaciones de poder que por cuestiones de género den cuenta de un desequilibrio entre las partes de la controversia. El poder es entendido, en las cuestiones de género, como una relación en las que una parte posee la capacidad de ejercer dominio sobre otra. Las formas de ejercer el poder se determinan por condiciones de identidad y factores como la edad, la etnia, la nacionalidad, el género, orientación e identidad sexual, religión, discapacidad, estado migratorio, nivel de estudios, clase social entre otras. El poder implica dominio, que se refiere a las capacidades que tiene el dominante para regular y controlar la vida del o de la persona dominada y dirigir su existencia, y se refleja en la presencia de relaciones asimétricas que generan situaciones violentas en las que se advierte que una persona (dominada) se encuentra en desventaja frente a otra (dominante). La diferencia entre hombres y mujeres no se surte por la distinción en sí misma, es decir, en que una persona sea hombre y otra mujer, lo que origina la diferencia por la perspectiva de género es la valoración desigual que se hace de las personas en función de su sexo vinculado con normas sociales y culturales sobre lo que cada uno de los sexos debe o no hacer. En el caso que nos ocupa la Sala no se advierte que se encuentre acreditado este primer elemento necesario para tomar en cuenta la perspectiva de género; al menos la recurrente no indica cual es o en qué consiste la relación asimétrica entre ella y el imputado que genere una situación de poder basada en cuestiones de género. Es obvio que para estimar la existencia de situaciones de poder que por cuestiones de género generen una relación asimétrica, no basta con que de las partes en contienda una sea hombre y la otra mujer, como lo afirma de manera abstracta la recurrente en su recurso; es necesario que se acredite plenamente el poder y el desequilibrio que ese poder genera entre las partes en conflicto, lo cual en el caso no ocurre. 2.2. Cuestionar los hechos y valorar las pruebas desechando cualquier estereotipo o prejuicio de género, a fin de visualizar las situaciones de desventaja provocadas por condiciones de sexo o género. En el caso que nos ocupa y refiriéndonos a este segundo elemento, debe decirse que de la visualización del registro en audio y video de las audiencias de diecinueve y veintitrés de marzo del dos mil veintiuno no se advierten situaciones de desventaja provocadas por cuestiones de género; se trata de una disputa airada, si se quiere, en la que cada uno de las partes en conflicto refieren y defienden sus respectivas posiciones, pero la generación de violencia relatada por la pasivo no se finca en estereotipos o prejuicios de género, debiendo entender por tales una forma de categorización social; las categorías sociales son un componente básico de la manera de pensar, actuar, percibir y hablar; debido a la complejidad de la sociedad o de grupos sociales y para poder procesar las características distintivas de esas sociedades o grupos sociales se les clasifica en categorías generalizadas, que nos permiten entender como son y cómo se comportan esas sociedades o grupos sociales y entender, así, sus conductas y los estereotipos. ""......""" Los estereotipos son una imagen o idea aceptada comúnmente por un grupo o sociedad, con carácter inmutable y que actúa como modelo. Los estereotipos, relacionados con los hombres y las mujeres, son concepciones preconcebidas sobre cómo son y cómo deben comportarse la mujer y el hombre Existe una variedad importante de estereotipos, sin embargo, para efectos jurídicos deben explicarse solo dos variedades: los descriptivos y los normativos. Los primeros, los descriptivos, son aquellos que adjudican una característica a las personas de un grupo social solo por el hecho de pertenecer a ese grupo, por ejemplo: los ingleses (grupo social) son puntuales (atributo); las mujeres (grupo social) no saben manejar (atributo). Es de advertirse que en este tipo de estereotipos el atributo es probabilístico, no universal; en el caso de los ejemplos anteriores es incuestionable que no todos (universal) los ingleses sean puntuales, habrá algunos impuntuales; es incuestionable que no todas (universal) las mujeres saben manejar, algunas sí; estos estereotipos, a su vez, se clasifican en dos tipos: los que no tienen base estadística y los que la tienen; los primeros se consideran falsos y no se toman en cuenta, por ejemplo: no debe permitirse a las parejas de homosexuales fungir como padres madres porque su homosexualismo afecta al interés superior de los niños; ese estereotipo es falso porque no tiene un sustento fáctico, estadístico, que compruebe que esa afectación sea verdad; los segundos, los estereotipos con base estadística, si tienen ese soporte estadístico y por lo tanto son útiles para verificar la información sobre ese grupo y, en algunos casos, sobre las personas que lo integran; lo importante en este último tipo de estereotipos es que habrá casos en que aunque se describan adecuadamente la categoría o las propiedades del grupo, podrá haber personas de ese grupo que no las posean, en este tipo de casos el estereotipo simplemente no existe en la persona específicamente considerada; en el aspecto jurídico hay casos en los que el estereotipo es correcto, sin embargo hay razones para no tomarlo en cuenta, por ejemplo, y tratándose concretamente de los estereotipos de género, no deben tomarse en cuenta porque la categoría consistente en la manera de pensar, hablar, actuar, percibir, son exageradas o se usan de manera excesiva para justificar decisiones que se basan únicamente en el género y no en el atributo que condiciona la existencia del estereotipo. En el caso que nos ocupa no encontramos prueba alguna de la existencia, en la pasivo, de este tipo de estereotipos y en consecuencia no se surte la expectativa de género que reclama la recurrente. Los estereotipos normativos contrariamente a los descriptivos, no adjudican una característica especifica al grupo social y, obviamente a los integrantes de ese grupo social; este tipo de estereotipos, los normativos, atribuyen determinados roles a quienes integran el grupo social por el sólo hecho de pertenecer a ese grupo, es decir, no describen cómo son las cosas, sino cómo deben ser, y esa es la razón de la imposición de roles que debe cumplir una persona por pertenecer a ese determinado grupo social; por ejemplo: el estereotipo normativo consistente en establecer que las madres deben ser amas de casa no afirma que la mayoría de las madres sean amas de casa, sino que deben serlo y en ese "deben" se establece el roll que actualiza el estereotipo; de ahí que estos estereotipos tengan la forma de una norma social, por eso se denominan normativos; su efecto radica en la limitación de las oportunidades de las mujeres sobre la base del género ubicándolas en una posición social y económica menor que la destinada para los varones. ""......."" Para descubrir y atacar este tipo de estereotipos es necesario primero nombrarlos, etiquetarlos como tales y, segundo, impugnarlos; la impugnación da pauta para que el juzgador los tome en cuenta y los elimine. En el caso que nos ocupa, la Sala no advierte la existencia real de este tipo de estereotipos, la recurrente los menciona, habla de ellos y los impugna, pero no nos dice cuál es, específicamente, el estereotipo del que se queja; al parecer se basa solamente en el hecho de que es mujer, pero no nos dice que roll de inferioridad se le aplica por su colitigante y que derive de su género como mujer. En las anteriores condiciones es incuestionable que este elemento no se acredita en autos. 2.3. - En caso de que el material probatorio no sea suficiente para aclarar la situación de violencia, vulnerabilidad o discriminación por razones de género, ordenar las pruebas necesarias para visibilizar dichas situaciones. Atendiendo a la situación de violencia de que se queja la pasivo y a las pruebas que pudieran ordenarse oficiosamente por el A QUO, la Sala advierte que no es posible ordenar prueba alguna, habida cuenta que del contexto de la narrativa de la pasivo se advierte esa imposibilidad, pues las pruebas que aporta la pasivo sobre los hechos que imputa a su colitigante son las únicas que pudieran obtenerse, consecuentemente, este elemento tampoco se acredita en la causa de la que emana el acto reclamado. 2.4.- De detectarse la situación de desventaja por cuestiones de género, cuestionar la neutralidad del derecho aplicable, así como evaluar el impacto diferenciado de la solución propuesta para buscar una resolución justa e igualitaria de acuerdo al contexto de desigualdad por condiciones de género. En el caso que nos ocupa y desde el punto de vista jurídico, la Sala estima que no se surte el elemento que nos ocupa, habida cuenta que en el tratamiento que da el A Quo a ambas partes no se surte ninguna situación de desventaja por cuestiones de género; lo que se advierte es el deseo de la pasivo de que al activo se le restrinja su libertad por medio de la medida cautelar de prisión preventiva, alegando la inseguridad, el riesgo y el peligro que, a su juicio, implica no imponer la medida cautelar solicitada, es de hacerse notar que no basta con que se pida una determinada medida cautelar, es necesario que se aporten pruebas de su necesidad y pruebas que se relacionen con la situación que alega la solicitante y en el caso que nos ocupa el Ministerio Público no aporta prueba alguna que amerite la imposición de la medida cautelar que solicita; en esas condiciones y al no probarse la existencia de situaciones de desventaja por cuestiones de género, es obvio que no ha lugar a cuestionar la neutralidad del derecho aplicable, relativo a la imposición de la prisión preventiva que se solicita, ni evaluar el impacto diferenciado de la solución propuesta (la imposición de varias medidas cautelares) para buscar una solución justa e igualitaria de acuerdo al contexto de desigualdad por condiciones de género, toda vez que, como se ha dicho con anterioridad, no se acredita esa desigualdad. 2.5. Para ello debe aplicar los estándares de derechos humanos de todas las personas involucradas, especialmente de los niños y niñas. En el caso que nos ocupa es evidente que se ponen en juego derechos humanos de la víctima y del imputado; por lo que se refiere a la primera encontramos su seguridad toda vez que alega como agravio el hecho de que la libertad deambulante del imputado le genera riesgo para esa seguridad, y por lo que se refiere al imputado, su libertad, habida cuenta que lo que pide la pasivo es precisamente su restricción por medio de una medida cautelar consistente en la prisión preventiva. ""......"""" La Sala estima que, atendiendo a lo expuesto en los párrafos que anteceden, las medidas cautelares que se le impusieron al imputado son suficientes para proteger a la pasivo y con ello tutelar su derecho humano a la seguridad personal y de su familia; de optar por restringir la libertad del imputado por medio de la medida cautelar que reclama la pasivo, se lesionaría severamente el derecho humano de la libertad del activo, consecuentemente estimamos que los estándares de derechos humanos de los colitigantes se tutelan de manera efectiva con la imposición de las medidas cautelares determinadas por el A Quo y de esta manera, a juicio de la Sala se cumple con este elemento. 2.6. - Considerar que el método exige que, en todo momento, se evite el uso del lenguaje basado en estereotipos o prejuicios, por lo que debe procurarse un lenguaje incluyente con el objeto de asegurar un acceso a la justicia sin discriminación por motivos de género. En el caso que nos ocupa la Sala no advierte que se haya hecho. uso de lenguaje basado en estereotipos o prejuicios ya que como se advierte del registro de audio y video de las audiencias respectivas, el lenguaje que se usa es el normal y que no evita el acceso a la justicia por parte de la pasivo; ella estima que el hecho de que el A Quo no haya impuesto como medida cautelar la prisión preventiva, implica un estereotipo y que tal circunstancia le impide el acceso a la justicia, habida cuenta que, a su juicio, se le discrimina por razones de género; pero ese no es el punto al que se refiere este elemento; lo importante a considerar es el no uso de lenguaje basado en estereotipos o prejuicios que impidan el acceso a la justicia y que no haya discriminación por motivos de género, circunstancias que, a juicio de la Sala no se dan en el presente caso. En las anteriores condiciones es incuestionable que, en el caso que nos ocupa, el A Quo sí actuó, sustancialmente, atendiendo a la perspectiva de género al imponer al imputado tres medidas cautelares y no imponer la medida cautelar consistente en la prisión preventiva solicitada por la Institución Ministerial, considerando que con las medidas cautelares impuestas se tutela el derecho humano a la seguridad de la víctima y su familia. En esa virtud la sala estima que los agravios que expone la recurrente y que se refieren al cuestionamiento de omitir la actuación del A Quo con perspectiva de género al no imponer al imputado la prisión preventiva devienen INFUNDADOS. 3. - Por lo que se refiere al Tercer agravio que expone la recurrente en el sentido de que el A Quo no tomó en cuenta la argumentación de la asesoría jurídica en el sentido de que por ser siete actos de violencia existe un concurso real de delitos y que tal circunstancia implica la posible aplicación de una penalidad de 21 años de prisión, lo que se constituye en un aliciente para que el imputado se diera a la fuga y justificaba la necesidad de imponer como medida cautelar la prisión preventiva; al respecto debe decirse que tal agravio deviene INFUNDADO, pues es de explorado derecho que el Ministerio Público, al formular la solicitud de Vinculación a Proceso debe establecer la clasificación jurídica del hecho que la ley señala como delito en los términos del segundo párrafo del artículo 141 del Código Nacional de procedimientos Penales, en el que se establece que: "...En la clasificación jurídica que realice el Ministerio Público se especificará el tipo penal que se atribuye, el grado de ejecución del hecho, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta, sin perjuicio de que con posterioridad proceda la clasificación correspondiente..." y dentro de esa clasificación debe especificarse el tipo de concurso que exista, a juicio del Ministerio Público, según lo establece el artículo 30, en la última parte del último párrafo del Código Nacional de Procedimientos Penales que establece la existencia de los ""......""" casos de concurso y la obligación ministerial de que "...en estos casos se harán saber los elementos indispensables de cada clasificación jurídica y la clase de concurso correspondiente...", lo que en el caso no ocurrió, resultando incompleta la clasificación jurídica relacionada por el Ministerio Público en detrimento, obviamente de lo exigido por el segundo párrafo del artículo 141 del Código Nacional de procedimientos Penales, ya citado. Por las razones expuestas la Sala Estima que los agravios de la recurrente devienen INFUNDADOS y en consecuencia es de confirmarse como en efecto se CONFIRMA la resolución recurrida. 4. Por lo que se refiere a la ADHESIÓN de la LIC., CLAUDIA DÍAZ JIMENEZ, Agente del Ministerio Público, a la apelación de la recurrente "".....""", debe decirse que no obstante que a juicio de los Magistrados que actualmente integramos la Sexta Sala Penal, tal ADHESION NO DEBIO DE SER ADMITIDA, pues si bien es cierto que el artículo 473 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece la existencia de la Institución de la Adhesión y faculta ... a quien tenga derecho a recurrir para adherirse...... al recurso interpuesto por cualquiera de las otras partes..." también es cierto que este figura jurídica difiere en su concepto con la tradicional definición; por adhesión se entiende, tradicionalmente, pegar una cosa a otra, sumarse con la misma finalidad; en el caso de los recursos que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales el concepto es diferente pues indica utilizar el recurso interpuesto POR LA CONTRARIA pero no para pegarse o sumarse a ese recurso con la misma finalidad, sino para contradecirlo o para ampliar el ámbito de competencia del Tribunal de Alzada, para que estudie no solo lo apelado por la contraria, sino alguna otra materia propuesta por el adherente; en esa virtud es incuestionable que el derecho de ADHESIÓN no lo tiene cualquier otra parte con derecho a recurrir, sino únicamente la PARTE CONTRARIA DEL RECURRENTE, pues si el derecho a adherirse pudiera ejercitarlo una co-parte se llegaría al absurdo que esta co-parte estaría pidiendo a la alzada no lo mismo que pidió la recurrente, sino una resolución contraria, es decir, si la resolución es, por ejemplo sentencia absolutoria y quien apela es el Ministerio Público, la víctima no estaría legitimada para adherirse, habida cuenta que la adhesión, en el sistema recursal observado en el Código Nacional de Procedimientos Penales, establece la adhesión para controvertir el recurso, sosteniendo la resolución recurrida, lo que seria absurdo, no obstante que el Código referido diga que "...quien tenga derecho recurrir..."; sirve de ejemplo para entender esta Institución de la Adhesión en el Código Nacional de Procedimientos Penales lo que previene la Ley de Amparo en vigor tratándose del AMPARO ADHESIVO, previsto en el artículo 82 de dicha ley, en el que se establece con claridad meridiana que "...la parte que obtuvo resolución favorable en el juicio de amparo puede adherirse a la revisión interpuesta por otra de las partes...", es decir que quien ganó el amparo puede adherirse a la revisión (recurso) interpuesta otra de las partes, consecuentemente si la resolución beneficia imputado, recurso ser interpuesto por contraria, Ministerio Público quien puede adherirse ese recurso es imputado, pero la víctima, adhesión sostener sentido resolución combatida. Son ejemplificantes sobre este particular las siguientes tesis: [.] Como podrá verse de las tesis transcritas, el adherente es la parte procesal que resulta beneficiada con la resolución combatida por el recurrente, misma que tiene derecho a recurrir y si no recurrió es porque la resolución le era favorable, no como dice el Código Nacional de Procedimientos Penales: ".. quien tenga derecho a recurrir...". La razón de esta explicación radica en el hecho de que debe quedar claro que quien está legitimado para recurrir es la parte contraria al recurrente, lo que en el caso no ocurre ya que quien recurre es la víctima, consecuentemente quien está legitimado para adherirse era el ""......"" imputado, por ser la parte contraria del adherente, pero no la Agente del Ministerio Público, pues esta Institución Ministerial no es la parte contraria del adherente. Como hemos dicho, no obstante que indebidamente se admitió la adhesión del Ministerio Público, es de advertirse que el recurso que sirve de base a la adhesión, no procedió, ya que se declaró firme la resolución recurrida y en esas condiciones la Adhesión del Ministerio Público deriva también improcedente. En esa virtud, en mérito de lo expuesto y con apoyo en el primer párrafo del artículo 479 del Código Nacional de Procedimientos Penales es de resolverse y se: RESUELVE: PRIMERO.- Esta Sexta Sala Penal del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado, fue competente para conocer del recurso de APELACIÓN interpuesto por LA VÍCTIMA "".....""" en contra de la resolución en la que se impone una medida cautela distinta a la prisión preventiva, fechada el veintitrés de marzo del dos mil veintiuno, dictada por el Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, con sede en San Francisco Tanivet, Tlacolula, Oaxaca en la causa penal número "".....""" que se instruye en contra de "".....""" como probable responsable de la comisión de hechos que la ley señala como delito de VIOLENCIA FAMILIAR, en agravio de la recurrente. SEGUNDO.- Por las consideraciones vertidas en la presente resolución, se CONFIRMA la resolución en la que se impone una medida cautelar distinta a la prisión preventiva, fechada el veintitrés de marzo del dos mil veintiuno, dictada por el Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, con sede en San Francisco Tanivet, Tlacolula, Oaxaca en la causa penal número "".....""" que se instruye en contra de ""......""" como probable responsable de la comisión de hechos que la ley señala como delito de VIOLENCIA FAMILIAR, en agravio de la recurrente. TERCERO.- Por las razones expuestas en el párrafo 4 del Considerando CUARTO, de esta resolución SE DECLARA IMPROCEDENTE LA ADHESIÓN INTERPUESTA POR la Agente del Ministerio Público. CUARTO.- Gírese oficio al Juez Primero de Distrito en el Estado, con sede en San Bartolo Coyotepec, Centro, Oaxaca, adjuntándole copia certificada de la presente resolución como justificación de haber dado cumplimiento a la ejecutoría dictada en el Juicio de amparo "".....""" promovido por"".....""" contra de actos de esta Sala. QUINTO.- Notifíquese la presente resolución a las partes por los medios y/o en los domicilios que tienen señalados en los autos del presente Toca Penal. Así lo acordaron y firman los Ciudadanos Magistrados integrantes de la Sexta Sala Penal del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado, que autorizan y dan fe. Conste. [.] CONCLUSIÓN SOBRE EL ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO En esas condiciones, con fundamento en el artículo 196, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia """.....""pronunciada en autos, lo que se ordena hacer del conocimiento de las partes. DETERMINACIÓN SOBRE EXCESO O DEFECTO EN EL CUMPLIMIENTO Ahora bien, el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, obliga a los órganos de control constitucional, no sólo a emitir pronunciamiento sobre si está cumplida o no la ejecutoria de amparo, sino además a declarar si existió exceso o defecto en el cumplimiento (o si hay imposibilidad para cumplirla). Para ello, es necesario establecer con nitidez si la autoridad responsable, que se encontraba vinculada al acatamiento de una sentencia de amparo, la cumplió correctamente o si, por el contrario, al obedecerla lo hizo incorrectamente, ya sea porque incurrió en un exceso o en un defecto. En otras palabras, lo que se debe resolver es el modo como se trató de cumplir con la sentencia de amparo y, en su caso, determinar si no se hizo todo lo que se debía o se hizo más de lo ordenado. De manera que la resolución que se emita debe ser congruente y guardar correspondencia con los efectos de la protección constitucional establecidos en la ejecutoria de amparo o aquellos que natural y racionalmente deriven de ésta, sin que pueda alterarlos o modificarlos en virtud de su firmeza. En el caso particular, la autoridad responsable, acató todos y cada uno de los alcances del fallo constitucional, como ya quedó relatado con anterioridad. De modo que la autoridad responsable, cumplió correctamente con la sentencia de amparo, pues, realizó todo lo que se debía y no hizo más de lo ordenado. En tales términos, de acuerdo con el segundo párrafo del artículo 196, de la Ley de Amparo, se determina que en el presente caso, no existe exceso o defecto en el cumplimiento del fallo protector. Resulta aplicable, por identidad jurídica, la tesis de jurisprudencia 1a./J. 120/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 774, Libro 2, Enero de 2014, Tomo II, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que es del tenor siguiente: ""......."""" RECURSO DE INCONFORMIDAD. MATERIA DE ESTUDIO DE DICHO RECURSO. La materia del recurso de inconformidad previsto en el artículo 201 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, conforme a su fracción I, la constituye la resolución que tenga por cumplida la ejecutoria de amparo, en los términos del artículo 196 de la propia ley; es decir, el estudio de legalidad de la determinación de la autoridad que haya conocido del juicio de amparo, en el sentido de que la ejecutoria ha sido cumplida totalmente. Por tanto, su análisis debe atender a la materia determinada por la acción constitucional, así como al límite señalado en la ejecutoria en que se otorgó la protección de la Justicia Federal, sin excesos ni defectos, y no a la legalidad de la resolución emitida por la autoridad responsable en aspectos novedosos que no fueron analizados por el juzgador de amparo. Así, el cumplimiento total de las sentencias, sin excesos ni defectos, a que se refiere el primer párrafo del citado artículo 196, supone el análisis y la precisión de los alcances y efectos de la ejecutoria, a partir de la interpretación del fallo protector y de la naturaleza de la violación examinada en él, para que, una vez interpretada esa resolución, se fijen sus consecuencias para lograr el restablecimiento de las cosas al estado que guardaban antes de la violación constitucional de que se trate, sin que ello signifique que el juez pueda incorporar elementos novedosos a su análisis para extender los efectos precisados en el fallo a otras posibles violaciones aducidas por los quejosos, que no hayan sido motivo de protección por parte de la Justicia de la Unión." ARCHIVO DEL EXPEDIENTE COMO CONCLUIDO En otro orden, en acatamiento a lo dispuesto por el párrafo cuarto del citado ordinal 196 de la ley de la materia, y con fundamento, además, en los artículos 1, 15, 17, fracción II, 18, fracción I y 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. VALOR HISTÓRICO, JURÍDICO Y DE RELEVANCIA DOCUMENTAL Por otra parte, se estima que este expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15, del acuerdo en comento. DEPURACIÓN DEL EXPEDIENTE "".....""" Toda vez que en este juicio se concedió el amparo solicitado, deberá hacerse del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, dentro de los siguientes noventa días se procederá a su depuración, y posteriormente se transferirá al Depósito documental, que es el área destinada a la organización, conservación y consulta del archivo judicial, dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, conforme a lo establecido en el artículo 18, fracción I, inciso b), ultimo y antepenúltimo párrafos, del Acuerdo invocado. COINCIDENCIA ENTRE EXPEDIENTES ELECTRÓNICO Y FÍSICO Conforme a lo establecido en el artículo 35 del mencionado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, ténganse por hecha la certificación del Secretario, en el sentido de que este expediente impreso coincide en su totalidad con el expediente electrónico en el que se encuentran incorporadas todas las promociones, acuerdos y notificaciones correspondientes. ANOTACIONES EN CARÁTULA Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en la carátula del expediente. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN En virtud de que este expediente se tramitó con incidente de suspensión, acuérdese lo relativo a su destino en ese propio cuaderno Notifíquese personalmente.

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