Esther Ramírez Hernández
Expediente 206/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 9 actuaciones registradas, la última del 28 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 206/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 28/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Esther Ramírez Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
En veintiocho de junio de dos mil veintidós, el Secretario da cuenta al Juez, con el oficio registrado bajo el folio 8851. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintiocho de junio de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede; en atención al contenido del Acuerdo General 9/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, en relación con el periodo de vigencia, se provee lo siguiente: Agréguese a los autos el oficio signado por el Magistrado de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en Morelia; en atención a su contenido, remítanse a su lugar de origen, las constancias que integran el toca de apelación I-47/2022, para los efectos legales conducentes. Cúmplase.
- Principal
En dieciséis de junio de dos mil veintidós, el Secretario CERTIFICA: que el plazo de diez días de que disponía la parte quejosa para recurrir la sentencia que sobreseyó el juicio de amparo, transcurrió del dos al quince de junio de dos mil veintidós, descontando los días inhábiles, virtud a que fue notificada por lista el treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, sin que lo hubiera hecho; asimismo, que en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de este Juzgado, se advierte que obra la versión digitalizada del expediente. Lo que se hace constar para los efectos legales conducentes. Con lo anterior se da cuenta al Juez. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, dieciséis de junio de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede; en atención al contenido del Acuerdo General 9/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, en relación con el periodo de vigencia, se provee lo siguiente: 1. CAUSA EJECUTORIA. En virtud a que no fue impugnado en legal término la sentencia que sobreseyó el juicio de amparo, con fundamento en los artículos 355, 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA. 2. ARCHIVO. En consecuencia, se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física al edificio habilitado para esos efectos, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1. VALORACIÓN. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. 3. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Virtud a que se negó la suspensión provisional y definitiva, se determina que el original del cuaderno incidental ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, acorde con lo dispuesto en el inciso c), del artículo 21 del referido acuerdo. 3.1. De conformidad con el artículo 21 penúltimo párrafo, del referido acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el juicio principal, así como el original del incidente, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación. 3.2. Duplicado del incidente de suspensión. Por otra parte, el duplicado del incidente de suspensión es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, por lo que con fundamento en el inciso a), fracción II, del artículo 20 del citado acuerdo, una vez transcurrido el término de seis meses, destrúyase. 4. Constancia. Toda vez que no se agregarán a este expediente los cuadernos incidentales, la anterior valoración y orden de archivo hágase constar en éstos, para los efectos legales procedentes. Notifíquese y publíquese también en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y SENTENCIA En Uruapan, Michoacán de Ocampo, a las doce horas con cuarenta y seis minutos del treinta de mayo de dos mil veintidós, José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, asistido de la secretaria Nubia Miranda Ramírez, procede a celebrar la audiencia constitucional en el juicio de amparo 206/2022, en atención al contenido del Acuerdo General 7/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. La secretaria hace constar la inasistencia de las partes, precisando además que éstas, con anterioridad a este acto procesal, no solicitaron estar presentes en la audiencia ni acudieron físicamente al juzgado para anunciar que esa fuera su intención. Y, relaciona como principales constancias del expediente: La demanda; Informes justificados; y, Emplazamiento del tercero interesado. A lo que es Juez acuerda: téngase por hecha la relación de constancias. Acto seguido, el Juez declara abierto el periodo probatorio y la secretaria da cuenta al Juez con la prueba documental ofertada por el Magistrado responsable. A lo que el juez provee: Con fundamento en los artículos 119 y 123, de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de pruebas que, en su oportunidad, fueron admitidas y desahogadas conforme a su naturaleza. Dado que no hay pruebas pendientes por admitir ni por desahogar se declara cerrado el periodo probatorio. En el periodo de alegatos, se da cuenta al Juez con los formulados por el fiscal federal de la adscripción y hace constar que las partes restantes no formularon alegatos. A lo anterior el Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por hecha la anterior relación y por precluido el derecho de las partes de exponer alegatos. En consecuencia, no existiendo más diligencias pendientes por desahogar, se procede al dictar la siguiente: SENTENCIA Visto, para resolver, los autos que integran el juicio de amparo 206/2022, promovido por Esther Ramírez Hernández, contra actos del Magistrado de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán de Ocampo; y, otra autoridad; R E S U L T A N D O: PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito presentado en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en Uruapan, el siete de abril de dos mil veintidós, Esther Ramírez Hernández, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra los actos de las autoridades que a continuación se describen: "III. AUTORIDAD RESPONSABLE. - MAGISTRADA DE LA CUARTA SALA CIVIL, DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, con domicilio en su recinto oficial en Morelia, Michoacán. ACTO RECLAMADO: La resolución de fecha 15 quince de marzo del año 2022 dictada por el Magistrado de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, dentro del toca número 1-47/2022, relativo al recurso de apelación admitido en efecto devolutivo e interpuesto por JORGE CERDA LUNA por su propio derecho y en cuanto apoderado jurídico de JUAN ESPINOSA CORTEZ, en contra de la sentencia definitiva dictada por el Juez Segundo de Primera instancia en materia Civil del distrito Judicial de Uruapan, Michoacán, dentro del juicio sumario civil 1059/2021, sobre Formalización de Contrato de compraventa. b) La omisión e INCORRECTA valoración de las constancias que obran dentro de los autos por parte de la autoridad responsable, constancias emitidas por el Juez de Origen y no valoradas por la Autoridad Responsable, de manera especial las siguientes; Auto donde el Juez de Origen requiere a la parte actora, JORGE CERDA LUNA por su propio derecho y en cuanto apoderado jurídico de JUAN ESPINOSA CORTEZ, de fecha 17 diecisiete de marzo del año 2021, donde claramente el Juez de Origen les requiere lo siguiente; "Se requiere para que dentro del término de tres días manifieste porque no incoa respecto de las demás personas que aparecen en la celebración del contrato de compraventa" Por otra parte, el escrito presentado por Santiago Chávez a las 12:46 doce horas con cuarenta y seis minutos, de fecha 23 de marzo del año 2021, datos que se desprenden del sello de recibido por el Juzgado Primero civil de este distrito Judicial con residencia en la Ciudad de Uruapan, Michoacán dentro del expediente 113/2021, primera autoridad conocedora en Primera Instancia, respecto del presente expediente, escrito signado por JORGE CERDA LUNA por su propio derecho y en cuanto apoderado jurídico de JUAN ESPINOSA CORTEZ mediante el cual dio cumplimiento al requerimiento de fecha 17 de marzo del año 2021, donde señala los motivos por los que se está enderezando la demanda, únicamente frente a dichas personas. Auto de fecha 26 veintiséis de marzo del año 2021, donde la Autoridad de Origen tiene por cumpliendo con requerimiento a mis contrarios, de quienes se desprende que fue su voluntad NO INCOAR PROCEDIMIENTO, AMPLIAR y/o MODIFICAR LA DEMANDA que nos ocupa en contra de las demás personas del contrato, renunciando por propia voluntad a su derecho de incoar o entrar a juicio a SARA ESTHER, ELSA ANGÉLICA Y DIANA GUADALUPE todas ellas con apellido NEGRETE RAMÍREZ. Por lo anterior se tiene que la Autoridad Responsable emitió una resolución a todas luces infundada y mal motivada, dando OPORTUNIDAD NUEVAMENTE a mis contrarios DE CORREGIR LO QUE EN UN PRIMER MOMENTO PUDIERON REALIZAR DE ACUERDO A LA LEY. c) La superficialidad con que la Autoridad Responsable se manifestó respecto a las constancias que obran en autos, violando gravemente mi seguridad y certeza jurídica." El promovente expuso que se violaron sus derechos humanos reconocidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes de los actos reclamados; y expresó los conceptos de violación que estimaron pertinentes. SEGUNDO. TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. El siete de abril de dos mil veintidós, se turnó la demanda de que se trata a este órgano de control constitucional, se registró con número de expediente 206/2022; asimismo, se previno a la parte quejosa para que manifestara si era su deseo reclamar al Juez Segundo de Primera Instancia en materia Civil de esta ciudad, la ejecución de la resolución de quince de marzo de dos mil veintidós. Por escrito presentado el diecinueve de abril de este año, el quejoso, en cumplimiento a la referida prevención, señaló como autoridad responsable al Juez Segundo de Primera Instancia en materia Civil de esta ciudad, y como acto reclamado la ejecución de la resolución de quince de marzo de dos mil veintidós. Virtud de lo anterior, en la referida fecha se admitió a trámite la demanda; se solicitó el informe con justificación a las autoridades señaladas como responsables, ordenó el emplazamiento de los terceros interesados; se dio la intervención que compete al Fiscal de su adscripción; y, señaló hora y fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, se celebró en los términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, residente en Uruapan, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, conforme lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37, de la Ley de Amparo, 49 y 60, fracción I, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la república mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, adicionado mediante el diverso 3/2021; lo que precede, en virtud de que la parte quejosa reclama actos con ejecución esta ciudad, lugar en el cual este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Previamente, debe destacarse que la demanda de amparo es un todo, por lo que su análisis no debe limitarse únicamente al escrito de demanda, sino que debe comprender los documentos y anexos que se acompañan. Cobra aplicación, por identidad jurídica entre el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo que se interpreta, con el numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, la jurisprudencia 40/20001 , del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". En ese sentido, es obligación de los juzgadores de amparo analizar e interpretar la demanda respectiva en su integridad, atendiendo a lo que en ella se pretende desde el punto de vista material y no únicamente formal y prescindiendo de los calificativos que se hagan sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos. Establecido lo anterior, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa la materia de este juicio de amparo. Del análisis de la demanda y de las demás constancias que integran este asunto se advierte que la parte quejosa reclama: Del Magistrado de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en Morelia: La resolución de quince de marzo de dos mil veintidós, dictada en el toca 47/2022, relativa al recurso de apelación interpuesto por el aquí tercero interesado contra la sentencia definitiva dictada en el juicio sumario civil 1059/2021, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia en materia Civil de esta ciudad, por la que se dejó sin efectos la sentencia definitiva y se ordenó reponer el procedimiento por existir litisconsorcio pasivo necesario. Del Juez Segundo de Primera Instancia en materia Civil de esta ciudad: Su ejecución. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Son ciertos los actos reclamados al Magistrado de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en Morelia y Juez Segundo de Primera Instancia en materia Civil de esta ciudad, ya que así lo reconocieron al rendir su informe justificado. Lo que se corrobora con las constancias que la primera de las autoridades acompañó a su informe justificado, relativas al toca de apelación 47/2022 y juicio sumario civil 1059/2021. Documentales con valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo. Es aplicable, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Del estudio oficioso de las causas de improcedencia, que exige el artículo 62 de la Ley de Amparo, respecto de los actos, no se estudiará el fondo del asunto por actualizarse una causa de improcedencia. Tiene sustento, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías". A fin de dar claridad al problema planteado, resulta necesario hacer una narración de antecedentes, del acto reclamado, los cuales de desprenden de las constancias que remitió la autoridad responsable ordenadora: El once de marzo de dos mil veintiuno, Jorge Cerda Luna, por propio derecho, y en cuanto apoderado jurídico de Juan Espinosa Cortez demandó, en la vía sumaria civil, a Esther Ramírez Hernández y a la sucesión a bienes de Raúl Negrete Favián o Raúl Negrete Fabián, la formalización y elevación a escritura pública del contrato de compraventa que celebraron los actores con la demandada, así como su inscripción en el Registro Público y el pago de gastos y costas del juicio. El diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, el Juez Primero de Primera Instancia en materia Civil de esta ciudad, registró la demanda con el número 113/2021, y requirió al promovente para que manifestara el motivo por el cual no incoaba respecto del resto de las personas que aparecen en la celebración del contrato de compraventa, con reserva de dominio. Previo cumplimiento al requerimiento anterior, se admitió la demanda y se ordenó emplazar a la accionada; diligencia que se realizó el ocho de abril de dos mil veintiuno, quien contestó la demanda. Virtud de la recusación planteada por la parte demandada, el Juez Tercero de Primera Instancia en materia Civil de esta ciudad, se avocó al conocimiento del asunto, bajo el número 394/2021. Dentro de la secuela procesal, el veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, la parte actora recusó sin expresión de causa al Juez natural, por lo que correspondió su conocimiento al Juez Segundo de Primera Instancia en materia Civil de esta ciudad, registrándolo bajo el número 1059/2021, a cuyo conocimiento se avocó el uno de diciembre de dos mil veintiuno. El doce de enero de dos mil veintidós, previa conclusión del trámite del juicio de origen, se dictó sentencia definitiva, en la que se resolvió que la parte actora no justificó la acción intentada, por lo que se le condenó al pago de gastos y costas de la instancia. Inconforme con esa decisión, la parte actora interpuso recurso de apelación, que conoció el Magistrado de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán de Ocampo, bajo el toca 47/2022, en el que, el quince de marzo de dos mil veintidós, se dictó sentencia, en la que se determinó dejar sin efectos la sentencia apelada, y en su lugar, ordenó reponer el procedimiento, a efecto que el juez de origen provea lo conducente, y en su caso, la parte actora amplíe su demanda respecto de las litisconsortes omitidas y luego, se les emplace a juicio para que puedan hacer valer sus derechos, lo anterior a partir de las actuaciones de catorce de abril de dos mil veintiuno; a excepción de las actuaciones relacionadas con la tramitación y resolución del incidente de cosa juzgada y las recusaciones formuladas y aceptadas. Resolución que constituye el acto reclamado en esta instancia constitucional. Ahora, en el presente juicio, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, XXIII, de la Ley de Amparo, esta última en relación con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República y el numeral 107, fracción V, del mismo ordenamiento legal, este último aplicado a contrario sensu. De las cuales en primer término se analizará la causal que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." El artículo 61, fracción XXIII, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales prevé que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley. A su vez, el artículo 107, fracción III, inciso b), Constitucional dispone: "Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: ... III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: ... b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan." El artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte..." De las disposiciones legales recién transcritas, la última interpretada en sentido contrario, se desprende que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos dentro de juicio cuyos efectos carezcan de imposible reparación, entendiéndose por ellos únicamente los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Cabe mencionar, que conforme a la nueva Ley de Amparo, las violaciones adjetivas o formales cometidas en un procedimiento, sólo son reclamables en el amparo directo, siempre y cuando tales violaciones afecten las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo. Ello es así, ya que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían dos condiciones: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Es decir, el juicio de amparo indirecto sólo procede contra actos dentro de juicio que produzcan una afectación material a derechos sustantivos, esto es, que sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. En relación a los actos de imposible reparación, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J.37/2014 de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)", estableció que el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que determinó que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esto es así, pues sus efectos sólo podrían, en determinado caso, traducirse en violaciones procesales que afecten derechos adjetivos susceptibles de ser reparados al dictarse la sentencia que ponga fin al juicio natural si ésta es favorable a los intereses del accionante y, en caso contrario, de resultar opuesto a los mismos, puede reclamarla en el juicio de amparo directo como violación procesal, en términos del artículo 172 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. Máxime que como se señaló el juicio de amparo indirecto sólo procede contra actos dentro de juicio que produzcan una afectación material de derechos sustantivos; es decir, que sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Conforme a la redacción del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el legislador dio contenido a aquél concepto denominado "imposible reparación", pues al afecto determinó que por ello, debe entenderse como los actos ".que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." En torno a si procede o no amparo indirecto contra la sentencia de segundo grado que deja insubsistente la de primera instancia y ordena reponer el procedimiento, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció la jurisprudencia P./J. 17/91, localizable en la página 25, Tomo VII, mayo de mil novecientos noventa y un, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro siguiente: "AMPARO INDIRECTO. PARA LOS EFECTOS DE SU PROCEDENCIA CONTRA LA SENTENCIA DE SEGUNDO GRADO QUE DEJA INSUBSISTENTE LA DE PRIMERA INSTANCIA Y ORDENA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO, DEBE DETERMINARSE SI LAS CONSECUENCIAS DE LA INSUBSISTENCIA DEL FALLO Y DE LA REPOSICIÓN, SON O NO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN.". El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dispuso que para establecer si procede el amparo indirecto en contra de la sentencia de segundo grado que deja insubsistente la de primera instancia y ordena la reposición del procedimiento por violaciones cometidas en éste, en cada caso concreto debe estudiarse y determinarse si las consecuencias producidas por la insubsistencia de la resolución de primera instancia y por la reposición ordenada, son o no de imposible reparación. Ello, en virtud de que si bien la mera reposición del procedimiento, por regla general no produce la afectación cierta e inmediata de algún derecho sustantivo, consagrado por las garantías individuales, cuyas consecuencias no sean reparables aun cuando quien las sufra obtenga sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio, en algunos casos las consecuencias de dicha reposición del procedimiento pueden llegar a producir tales afectaciones, caso en el que procederá el amparo indirecto en contra de la sentencia de segundo grado que decretó la reposición. Por el contrario, si las consecuencias de la insubsistencia del fallo o de la reposición del procedimiento no afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo, se estará frente a una violación del procedimiento reclamable en el amparo directo que llegare a intentarse contra la sentencia definitiva, pues tal caso es análogo, por su gravedad y efectos, a lo previsto por el artículo 172 de la Ley de Amparo vigente, y afecta las defensas de la parte agraviada pudiendo trascender al resultado del fallo. Con sustento en dichas premisas, se advierte que la resolución que ahora constituye el acto reclamado de quince de marzo de dos mil veintidós, dictada por la responsable, en el toca 47/2022, en la que se dejó insubsistente la sentencia definitiva de primera instancia; que había declarado improcedente la acción intentada, en su lugar ordenó la reposición del procedimiento en el juicio sumario 1059/2021, del índice el Juzgado Segundo Civil de esta ciudad, a efecto que se integrara el litisconsorcio pasivo necesario y se llamara a juicio a Sara Esther, Diana Guadalupe y Elsa Angélica Negrete Ramírez, no es una determinación que produzca una afectación de derechos sustantivos en contra del demandante de la acción de amparo, ya que las consecuencias de la reposición del procedimiento -únicamente- se refieren a cuestiones procesales; y, por tanto, el actuar no es de imposible reparación, por tratarse de una cuestión procesal. Por ende, el acto aquí reclamado únicamente tiene como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, porque siendo los efectos de este tipo de violaciones meramente formales, son reparables si la afectada obtiene una sentencia favorable y, contra ello, procedería el amparo directo. Ello es así, en virtud de que no produce de manera inmediata una afectación material en derechos sustantivos contenidos en la Constitución y Tratados Internacionales, sino la violación de derechos adjetivos que provocan únicamente efectos formales o intraprocesales; y bien puede ocurrir que el quejoso obtenga nuevamente sentencia favorable a sus intereses una vez integrado el litisconsorcio pasivo necesario, con lo cual quedarían reparadas las violaciones y los posibles perjuicios que se le hubiera causado la reposición del procedimiento. Ello, porque en la resolución reclamada no se emitió pronunciamiento que hubiese causado en perjuicio del quejoso una afectación material a sus derechos sustantivos, pues aun cuando es adversa a sus intereses, sólo ocasiona que el procedimiento se reponga a fin de que se integre a la relación jurídica procesal con las demás partes involucradas y prosiga el procedimiento hasta el dictado de la sentencia correspondiente. Cobra puntual aplicación, la jurisprudencia 2a./J. 23/2008, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 593, del Tomo XXVII, febrero de 2008, Materia Común, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: "NULIDAD DE ACTUACIONES. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE EMPLAZAMIENTO. La indicada resolución constituye un acto dentro del juicio que debe impugnarse en el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva o laudo, en términos de los artículos 114, fracción IV, 158 y 159, fracción V, de la Ley de Amparo, ya que las consecuencias que produce no son de imposible reparación, en tanto que no afectan de manera directa e inmediata derechos sustantivos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el perjuicio procesal que pudieran resentir las partes en sus derechos adjetivos no resulta exorbitante, porque tal decisión no podría implicar la tramitación innecesaria del juicio, ya que éste no culminaría, sino que continuaría su curso ante la misma autoridad jurisdiccional que lo tramitó y resolvió, una vez reparada la violación procesal mencionada. No obsta para concluir lo anterior el retardo en la impartición de justicia que podría entrañar esa determinación, porque tal circunstancia, por sí sola, no justifica la procedencia del juicio de amparo indirecto que, por excepción, permite la impugnación de actos intraprocesales, habida cuenta que toda reposición del procedimiento para subsanar violaciones procesales fundadas implica una dilación del juicio en mayor o menor grado, sin que ello implique violación al principio de justicia pronta" Sin que sea aplicable al presente asunto, la jurisprudencia 1a./J.106/2004 de rubro: "LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO. LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE DEJA INSUBSISTENTE LA SENTENCIA DE PRIMER GRADO Y ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO PARA INTEGRARLO, ES UN ACTO CONTRA EL QUE PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO", en virtud de que ese criterio fue emitido durante la vigencia de la anterior Ley de Amparo, en la que se establecía la existencia de actos de imposible reparación como aquellas violaciones procesales de grado predominante y superior. Ahora, la vigente Ley de Amparo en su numeral 107, fracción V establece que son actos de imposible reparación los que satisfacen dos condiciones: a) La exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso, antes del dictado del fallo definitivo; y, b) Que los derechos afectados materialmente revistan la categoría de "sustantivos", que implican una afectación actual. Hipótesis que no se actualizan en la resolución que repone el procedimiento para integrar el litisconsorcio pasivo necesario, pues, como ya se dijo, con dicha determinación no se priva de la propiedad o posesión en perjuicio del quejoso, ya que únicamente se busca integrar la litis correspondiente a fin de resolver en forma integral la controversia, lo cual puede ser reparable de obtener nuevamente sentencia favorable; de modo que no se está en presencia de un acto cuya ejecución sea de imposible reparación para la procedencia del juicio de amparo indirecto. En las condiciones apuntadas y atendiendo a que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo vigente, el acto reclamado de que se trata no ocasiona una afectación a derechos sustantivos, sino sólo procesales adjetivos, es de considerarse que en el caso concreto el juicio de amparo indirecto que se interpone resulta improcedente, de conformidad con dispuesto por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo; de ahí que, lo procedente es sobreseer; con fundamento en el artículo 63, fracción V, del citado ordenamiento legal. Sobreseimiento que se hace extensivo a la autoridad responsable ejecutora Juez Segundo de Primera Instancia en materia Civil de esta ciudad, al no haberse atribuido vicios propios a su actuación, sino en vía de consecuencia. Es aplicable, la jurisprudencia VI.2o. J/7 sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 690, del tomo II segunda parte, que dice: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios". En virtud del sobreseimiento decretado, no es posible examinar los conceptos de violación planteados por la parte quejosa. ALEGATOS No pasan inadvertidos los alegatos formulados por el agente del Ministerio Público adscrito a este Juzgado de Distrito; sin embargo, este órgano de control constitucional se abstiene de analizar tales asertos, porque no está obligado a pronunciarse al respecto, pues la litis en el juicio de amparo se constriñe a lo expuesto en la demanda de amparo, el informe justificado y los datos observados de las constancias del acto o procedimiento de origen. Es ilustrativa, la jurisprudencia publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, consultable a página 14, que establece: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada con el número 42, en la página 67, de la Octava Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, sostuvo el criterio de que el Juez de Distrito exclusivamente está obligado a examinar la justificación de los conceptos violatorios contenidos en la demanda constitucional, en relación con los fundamentos del acto reclamado y con los aducidos en el informe con justificación; pero, en rigor, no tiene el deber de analizar directamente las argumentaciones que se hagan valer en los alegatos, ya que no lo exigen los artículos 77 y 155 de la Ley de Amparo; este criterio debe seguir prevaleciendo, no obstante que con posterioridad mediante decreto de treinta de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, publicado el dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, se hubiera reformado el artículo 79 de la Ley de Amparo, que faculta a los Tribunales Colegiados de Circuito y a los Jueces de Distrito para corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, así como examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, "así como los demás razonamientos de las partes", a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pues basta el análisis del citado precepto para advertir que no puede estimarse que tal reforma tuvo como finalidad incorporar forzosamente los alegatos dentro de la controversia constitucional, sino que exclusivamente está autorizando la interpretación de la demanda con el objeto de desentrañar la verdadera intención del quejoso, mediante el análisis íntegro de los argumentos contenidos en la misma y de las demás constancias de autos que se encuentren vinculadas con la materia de la litis, como lo son: el acto reclamado, el informe justificado, y las pruebas aportadas, en congruencia con lo dispuesto por los artículos 116, 147 y 149 de la invocada ley, ya que sólo estos planteamientos pueden formar parte de la litis en el juicio constitucional, además, de que atenta la naturaleza de los alegatos, estos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que puedan tener la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, por lo que no puede constituir una obligación para el juzgador entrar al estudio de los razonamientos expresados en esos alegatos." QUINTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. De conformidad con los artículos 1, 5 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, conforme con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales, será considerada como información confidencial, la que no estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello. Por lo que para que este órgano jurisdiccional, en calidad de sujeto obligado, pueda permitir el acceso a dicha información confidencial, se deberá requerir el consentimiento de los particulares titulares de la misma; salvo las excepciones que para tal efecto prevé el diverso numeral 117 de la citada ley. Por tanto, de conformidad con los artículos 118 y 119, en relación con el Tercero Transitorio de la citada ley, la publicación de la presente sentencia es pública a partir del día de hoy, en versión pública, y a través del módulo de captura del Sistema Integral se Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de distrito, conforme a los artículos Primero y Segundo del Acuerdo General 87/2003 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como en la circular 1/2004 de la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos del nombrado Consejo de la Judicatura Federal; al efecto, se ordena al secretario glosar al presente juicio la constancia de captura de la resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Esther Ramírez Hernández, contra los actos reclamados a las autoridades precisadas en la consideración segunda de esta sentencia, por los motivos contenidos en la diversa cuarta de la presente resolución. SEGUNDO. La presente resolución será publicable en términos del considerando último de esta sentencia. Notifíquese.
- Principal
En diecisiete de mayo de dos mil veintidós, el Secretario da cuenta al Juez, con un oficio registrado bajo el folio 6561. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, diecisiete de mayo de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede; en atención al contenido del Acuerdo General 7/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma, adiciona y deroga el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, en relación con el periodo de vigencia y las facultades de la Comisión Especial, se provee lo siguiente: Agréguese a los autos el pedimento que suscribe el Fiscal de la Federación adscrito, mediante el cual formula alegatos en favor de la parte que representa; sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional. Notifíquese y publíquese también en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.
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