Esther Paloma Elvira Lopez

Expediente 339/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
339/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
08/04/2022

Partes del expediente

  • Esther Paloma Elvira Lopez

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos; ocho de abril de dos mil veintidós. Visto el estado procesal de autos, se advierte que no fue recurrido el acuerdo de veintiocho de marzo de dos mil veintidós, por el que se desechó la demanda de amparo promovida por ***. Declaración de firmeza. En tal virtud, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en relación con el 97 fracción I, inciso a) y 98 de ésta última, se declara que dicho proveído ha quedado firme para todos sus efectos legales. Archivo y anotaciones. Practíquense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y, en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE EL PRESENTE EXPEDIENTE COMO ASUNTO TOTALMENTE CONCLUIDO. Notifíquese.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos; veintiocho de marzo de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, se tiene por recibido el escrito presentado por ****, mediante el cual, desahoga la prevención formulada por auto de diecisiete de marzo de dos mil veintidós, en el que exhibe copia del oficio ***** de veinticinco de febrero del año en curso. Desechamiento. Ahora bien, en seguimiento a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se examinará, el escrito de demanda y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se desechará de plano sin suspender el acto reclamado. El citado artículo 113 dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Ese artículo impone la obligación al juez de distrito de examinar el escrito de demanda y, de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano; atento a ello, por motivo manifiesto se entiende descubierto, patente y claro, y por indudable aquello que no puede ponerse en duda; esto es, de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualice; de modo que, aún de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, llevaría a la misma convicción de improcedencia. Proceder soportado en el artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Acto reclamado. En el particular la parte quejosa reclama lo siguiente: La orden de notificar, fuera del procedimiento, el oficio numero TM/12/02/2022 de veinticinco de febrero del dos mil veintidós, relativo al pliego de observaciones del área de Tesorería Municipal de Coatetelco, Morelos. Causales de improcedencia. En el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo, el cual, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." Para sostener esa postura, es precisó indicar que de acuerdo con lo que dispone el artículo 6 de la Ley de Amparo, el cual señala que el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o por la ley, entendiéndose por perjuicio, para que proceda la acción de amparo, la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculte a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación; ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico, que la Ley de Amparo toma en cuenta para la procedencia del juicio de amparo. Ahora bien, debe decirse que el acto reclamado, no afecta el interés jurídico de la parte quejosa, en virtud que el pliego de observaciones formulado a la parte quejosa con motivo de una auditoría es un documento mediante el cual se hacen constar los hechos u omisiones que entrañen irregularidad o incumplimiento a las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables, para que la persona revisada los conteste. Por lo que, dicho pliego de observaciones y el requerimiento implicito, no afectan el interés jurídico de la parte quejosa, pues como se vio, son actos en los cuales se dan a conocer a la persona revisada las diversas observaciones e irregularidades detectadas por el Ayuntamiento de Coatetelco, Morelos, y, que si bien, los vicios o irregularidades que dicha autoridad realizara pudieran trascender a la parte quejosa, también lo es que ello se reflejará hasta la determinación relativa (procedimiento administrativo), y será a partir de ésta que la interesada podrá impugnar la sanción, que en su caso se le imponga y controvertir los vicios advertidos. Es aplicable a lo anterior la tesis II. 2º.T.Aux. 23 A, sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado Auxiliar, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, publicada en marzo de 2011, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "INFORME DE RESULTADOS DE AUDITORÍA FINANCIERA EMITIDO POR EL ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INTERPUESTO EN SU CONTRA POR PARTE DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS A QUIENES SE ATRIBUYE LA OMISIÓN DE SOLVENTAR OBSERVACIONES DERIVADAS DE DICHA REVISIÓN. El informe de resultados de la auditoría financiera practicada a un Municipio del Estado de México, es un documento mediante el cual se notifican las observaciones (actos u omisiones que se advirtieron en la auditoría) que no fueron solventadas, y cuyo resultado no es vinculatorio, al ser sólo un antecedente, para probablemente iniciar el procedimiento administrativo de responsabilidad o resarcitorio. En estas condiciones, es improcedente el juicio de amparo contra el mencionado documento emitido por el Órgano Superior de Fiscalización de dicha entidad, por parte de los servidores públicos a quienes se atribuye la omisión de solventar observaciones derivadas de la indicada revisión, al no afectar su interés jurídico, porque las sanciones derivadas de la responsabilidad administrativa en que incurran, se imponen por resolución de las autoridades administrativas correspondientes, previa sustanciación del procedimiento respectivo, en el que se otorgue la garantía de audiencia, y si bien es cierto que los vicios o irregularidades de la auditoría financiera pueden trascender a éste, también lo es que ello se reflejará hasta la determinación relativa, y será a partir de ésta que el interesado podrá impugnar la sanción que, en su caso, se le imponga y controvertir los vicios advertidos." A mayor abundamiento, importa precisar que el acto reclamado consistente en el pliego de observaciones que se le requirió mediante oficio *****, de veinticinco de febrero de dos mil veintidós, por parte de la Tesorería del Ayuntamiento de Coatetelco, Morelos, dentro del procedimiento de revisión de la cuenta pública, constituyen actos realizados en preparación para emitir una resolución definitiva, en la cual se deben cumplir diversas formalidades, a efecto de determinar inherentes a la fiscalización de la cuenta pública, lo que permite concluir que estas constituyen un procedimiento seguido en forma de juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, por su contenido en lo conducente, la tesis identificada como 2a. IX-2012 (9a.), sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la novena época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en el libro VII, abril de 2012, tomo 2, en la página 1276, la que por rubro y texto dice: "CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL (ESTADO DE MORELOS). LOS ACTOS INTERMEDIOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE SU REVISIÓN CARECEN DE DEFINITIVIDAD, POR LO QUE NO SON IMPUGNABLES EN CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. El procedimiento de revisión de la cuenta pública municipal presentada por el Municipio al Congreso del Estado de Morelos inicia con su recepción por parte de la Auditoría Superior de Fiscalización y concluye con la presentación del informe del resultado de su revisión, emitido por la Auditoría, a la Mesa Directiva del Congreso. Durante dicho procedimiento la Auditoría lleva a cabo una serie de actos, como la emisión de órdenes de auditoría, los requerimientos de información y la formulación de pliegos de observaciones, con el objeto de arribar a conclusiones respecto del ejercicio de los recursos por parte del ente fiscalizado. Ahora bien, estos actos no revisten carácter definitivo, al constituir actos intermedios en los que se da oportunidad al sujeto fiscalizado de imponerse del procedimiento, hacer las aclaraciones pertinentes y aportar mayores elementos que permitan al órgano de fiscalización llegar a un resultado en el examen de la cuenta pública. En este sentido, es hasta la emisión del informe del resultado de la revisión de la cuenta pública, con que concluye el procedimiento donde, habiendo dado oportunidad al ente fiscalizado de manifestarse en relación con el pliego de observaciones y valorado esas manifestaciones por el Comité de Solventación de la Auditoría Superior de Fiscalización del Estado, se determinan, en definitiva, responsabilidades con motivo de aquellas observaciones no solventadas, y se instruye el inicio de los procedimientos de responsabilidad administrativa contra los funcionarios a quienes se atribuya haber incurrido en irregularidades en el desempeño del cargo. De este modo, al carecer de definitividad tales actos, por formar parte de un procedimiento no concluido, que requiere, por tanto, agotar las etapas que permitan arribar a la resolución que, en su caso, pueda acreditar un principio de afectación susceptible de analizarse en este medio de control constitucional, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción VI del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". En esa medida es claro que el acto que reclama la quejosa fue emitido en un procedimiento seguido en forma de juicio, no ubicándose dichos actos, en forma alguna, en la fracción III, del artículo 107 de la Ley de Amparo, los cuales constituyen determinaciones intermedias no impugnables aún en esta vía. En ese contexto, y en todo caso la parte quejosa deberá promover el juicio de amparo sólo contra la resolución definitiva en la cual podrá impugnar las violaciones cometidas en esta última o las cometidas durante el procedimiento, como en la especie, y siempre y cuando las violaciones la hayan dejado sin defensa o privado de los derechos que la ley le concede. Al caso tiene aplicación la tesis I.1°. A.19 A, sustentada por los Tribunal Colegiados de Circuito, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Junio de 1998, Materia (s) Administrativa, localizable a fojas 728, que al rubro y texto dice: "VIOLACIONES PROCESALES. LAS COMETIDAS EN RESOLUCIONES DE TRÁMITE EN UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO SON IMPUGNABLES EN LA DEMANDA DE AMPARO CONTRA LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA. Si en un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, se comete una violación en una resolución, no definitiva, sino de trámite que deja al agraviado en estado de indefensión o le priva de un derecho que la ley de la materia le otorga, y no es un acto de imposible reparación; la infracción deberá reclamarse junto a las posibles violaciones de fondo que se hubiesen cometido en la resolución que pone fin al procedimiento; por lo que el momento oportuno para impugnar dicho acto será hasta que el procedimiento administrativo culmine y la responsable pronuncie su resolución definitiva". En consecuencia, como dichos actos reclamados emanan de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, los cuales no constituyen una resolución definitiva, sino que son de trámite, por tanto no son actos que dejen al agraviado en estado de indefensión o que lo prive de un derecho que la ley de la materia le otorga, ya que tratándose de actos dentro de un procedimiento, con algunas excepciones es que el juicio constitucional sólo procede hasta la resolución definitiva, en la cual puede alegar violaciones de fondo como de procedimiento, por tanto, como lo establece el artículo 107, fracción III de la Ley de la Materia, cuando el acto reclamado de autoridades distintas de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, emanen de un procedimiento en forma de juicio, el amparo sólo procede en contra de la resolución definitiva. Apoya a lo anterior en vía de orientación la jurisprudencia número 2ª.-J. 22-2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del Tomo XVII, Abril de 2003, Materia (s) Común, visible a fojas 196, del rubro y texto siguiente: "PROCEDIMIENTOS EN FORMA DE JUICIO SEGUIDOS POR AUTORIDADES DISTINTAS DE TRIBUNALES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 114, FRACCIÓN II, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. SU CONCEPTO COMPRENDE TANTO AQUELLOS EN QUE LA AUTORIDAD DIRIME UNA CONTROVERSIA ENTRE PARTES CONTENDIENTES, COMO LOS PROCEDIMIENTOS MEDIANTE LOS QUE LA AUTORIDAD PREPARA SU RESOLUCIÓN DEFINITIVA CON INTERVENCIÓN DEL PARTICULAR. La Ley de Amparo establece que tratándose de actos dentro de un procedimiento, la regla general, con algunas excepciones, es que el juicio constitucional sólo procede hasta la resolución definitiva, ocasión en la cual cabe alegar tanto violaciones de fondo como de procedimiento, sistema que tiene el propósito de armonizar la protección de las garantías constitucionales del gobernado, con la necesidad de asegurar la expeditez de las diligencias procedimentales. Tal es la estructura que dicha Ley adopta en el amparo directo, así como en los procedimientos de ejecución y en los procedimientos de remate, como lo establece en sus artículos 158 y 114, fracción III, respectivamente. Por tanto, al establecer el segundo párrafo de la fracción II del artículo 114 acabado de citar, que cuando el acto reclamado de autoridades distintas de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, emanen de un procedimiento en forma de juicio, el amparo sólo procede en contra de la resolución definitiva, debe interpretarse de manera amplia la expresión "procedimiento en forma de juicio", comprendiendo aquellos en que la autoridad dirime una controversia entre partes contendientes, así como todos los procedimientos en que la autoridad, frente al particular, prepara su resolución definitiva, aunque sólo sea un trámite para cumplir con la garantía de audiencia, pues si en todos ellos se reclaman actos dentro de procedimiento, en todos debe de aplicarse la misma regla, conclusión que es acorde con la interpretación literal de dicho párrafo". Al caso también tiene aplicación la tesis I.1°. A.19 A, sustentada por los Tribunal Colegiados de Circuito, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Junio de 1998, Materia (s) Administrativa, localizable a fojas 728, que al rubro y texto dice: "VIOLACIONES PROCESALES. LAS COMETIDAS EN RESOLUCIONES DE TRÁMITE EN UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO SON IMPUGNABLES EN LA DEMANDA DE AMPARO CONTRA LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA. Si en un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, se comete una violación en una resolución, no definitiva, sino de trámite que deja al agraviado en estado de indefensión o le priva de un derecho que la ley de la materia le otorga, y no es un acto de imposible reparación; la infracción deberá reclamarse junto a las posibles violaciones de fondo que se hubiesen cometido en la resolución que pone fin al procedimiento; por lo que el momento oportuno para impugnar dicho acto será hasta que el procedimiento administrativo culmine y la responsable pronuncie su resolución definitiva". Por tanto, es válido concluir que el amparo sólo puede promoverse en contra de la resolución definitiva dentro del procedimiento de donde emanan los actos reclamados y no contra actos previos, como el que a través de su escrito de demanda combate. No obstante lo anterior, como inicialmente se precisó, dicho pliego de observaciones, así como el requerimiento implícito en el mismo, no afecta los intereses jurídicos de la parte quejosa. En tal virtud, al actualizarse las causales de improcedencia invocadas, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo en trato. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos; diecisiete de marzo de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, se tiene por recibida la demanda de amparo presentada por ******, por propio derecho, contra actos del Presidente del Consejo Municipal Indígena de Coatetelco, Morelos y otras autoridades. Anotaciones en el libro de gobierno. Regístrese en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número 339-2022, y fórmese expediente. Prevención Del estudio integral de la demanda que se provee, se advierte una irregularidad que requiere ser subsanada, a efecto de estar en posibilidad de proveer lo conducente en relación a su escrito de demanda, por lo que con fundamento en el artículo 112, en relación con los ordinales 108 fracciones IV y 114, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, prevéngase a la promovente para que, en el término de cinco días, contado a partir del siguiente al en que le surta efectos la notificación del presente acuerdo, por escrito, bajo protesta de decir verdad, aclare su escrito de demanda en los siguientes términos: Único. En vía de antecedentes del acto reclamado, requiérase a la parte quejosa, para que manifieste el contenido del oficio ***** de fecha veinticinco de febrero de dos mil veintidós, que refiere le fue notificado fuera del procedimiento, o en su caso exhiba copia del mismo, lo anterior, toda vez que del apartado denominado actos que se reclaman lo señala como acto combatido a la autoridad denominada Tesorero Municipal de Coatetelco, Morelos. Lo anterior a efecto de estar en posibilidad de proveer lo conducente en relación a su escrito de demanda, así como para establecer claramente la litis constitucional. Apercibimiento. En consecuencia, se apercibe a la promovente que en caso de no dar cabal cumplimiento a la prevención formulada en la vía, forma y términos establecidos, se procederá de conformidad con el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo; es decir, SE TENDRÁ POR NO PRESENTADA LA DEMANDA DE AMPARO. Consulta de autos mediante cita. **** Notifíquese personalmente a la parte quejosa por lista.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos · 16,661 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano