Esther María Correa Collins
Expediente 294/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 2 actuaciones registradas, la última del 16 de junio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 294/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 16/06/2017
Partes del expediente
- Esther María Correa Collins
Actuaciones
- Principal
Ensenada, Baja California, dieciséis de junio de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede, y con fundamento en los numerales 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha quedado firme el acuerdo que desechó la demanda, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en su contra. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo, no existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los puntos decimo y vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese.
- Principal
Ensenada, Baja California, seis de junio de dos mil diecisiete. Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por Edna Collins Ramírez, por propio derecho, y en representación de su menor hija Esther María Correa Collins, contra actos de la siguiente autoridad: Juez del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar, con residencia en esta ciudad. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y en el Libro de Gobierno de este Juzgado, bajo el número 294/2017-II-B. DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación de examinar la demanda de garantías, estudiando en su orden si es procedente o no. Para dictar la improcedencia del juicio es necesario analizar si el acto recamado se sitúa en alguna de las hipótesis a que refiere el artículo 61 ó 63 de la ley de la materia, así como analizar si esa causal es manifiesta e indudable, el primero de los conceptos refiere a que la causa de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara, el segundo, que haya certidumbre y plena convicción que es operante. En el particular existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, respecto del acto reclamado por la parte quejosa, consistente en: El auto de dos de mayo de dos mil diecisiete, dictado en el juicio Ordinario de Divorcio Necesario 948/2012/4a, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar, con residencia esta ciudad, en el cual se ordenó presentar a la menor Esther María Correa Collins, los días martes de cada semana en horario de catorce a quince horas, en las instalaciones en esta ciudad, del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF municipal), a fin de que se lleve a cabo la convivencia provisional supervisada con su progenitor Francisco Correa Sandoval. Lo anterior, pues a juicio de esta juzgadora se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo, 61, de la Ley de Amparo, que señala: "61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. De la cita que antecede se aprecia que la definitividad refiere, a la exigencia de agotar recursos y medios de defensa ordinarios antes de acudir al juicio de amparo indirecto, a fin de modificar, revocar o nulificar el acto impugnado. Ello, ya que al ser el juicio de amparo un medio extraordinario de defensa, no pueden analizarse cuestiones respecto de las cuales la ley común prevea un medio legal ordinario que pueda hacerse valer. Ahora bien, la hipótesis - acto reclamado- sujeta a estudio en el presente juicio, no cumple con la definitividad exigida, en razón que el acto impugnado puede ser modificado, revocado o anulado, a través del medio de defensa ordinario establecido en la norma secundaria, en el caso concreto, el recurso de revocación previsto en el numeral 670, en relación con el diverso 674, fracción III, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California; preceptos que a la letra disponen: "ART. 670.- Los autos que no fueren apelables y los Decretos pueden ser revocados por el Juez que los dicte o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio, salvo que la Ley expresamente disponga que no son recurribles." "ART. 674.- El recurso de apelación tiene por objeto que el superior confirme, revoque o modifique la resolución del inferior. Sólo podrán ser objeto de apelación las siguientes resoluciones de primera instancia: III.- Los autos, cuando expresamente lo disponga este código y también lo fuera la sentencia definitiva, y En efecto, el acto reclamado consistente en el auto de dos de mayo de dos mil diecisiete, dictado en el juicio Ordinario de Divorcio Necesario 948/2012/4a, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar, con residencia esta ciudad, en el cual se ordenó presentar a la menor Esther María Correa Collins, los días martes de cada semana en horario de catorce a quince horas, en las instalaciones en esta ciudad, del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF municipal), a fin de que se lleve a cabo la convivencia provisional supervisada con su progenitor Francisco Correa Sandoval, es dable su impugnación a través del recurso de revocación previsto por el artículo 670, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California, pues la quejosa figura como parte actora en el juicio de origen, en el cual no se ha dictado sentencia definitiva, por lo que se advierte que no le reviste el carácter de tercero extraña a juicio; además, tampoco se desprende que el acto reclamado se ubique en alguno de los supuestos de excepción previstos en los incisos a), b) o c), de la citada fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo. Luego, al advertirse que la promovente del amparo no agotó el recurso de revocación previamente a la promoción del juicio de amparo, a pesar de que se encontraba obligada, en función del principio de definitividad que rige en el mismo, y que consiste precisamente en que con anterioridad a la presentación de la demanda de amparo, se agoten todos los recursos o medios de defensa que la ley otorgue a las partes de un juicio o procedimiento, es que se actualiza la causa de improcedencia en estudio. Sirve de apoyo la Jurisprudencia 1a./J. 113/2013, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Apéndice Diciembre del 2013, del Libro I, Tomo I , Materia Común, Decima Época, visible en la página 350, cuyo rubro y texto es el siguiente: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo." Por lo antes expuesto, y con fundamento en lo establecido por el artículo 113 en relación con el 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo en vigor, se estima procedente DESECHAR DE PLANO la demanda promovida por la quejosa, por resultar notoriamente improcedente. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el indicado en su escrito de demanda, y por autorizados a las personas que menciona en el mismo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente.
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