Esther Margarita Moreno Morales

Expediente 19/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 5 actuaciones registradas, la última del 5 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
19/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
05/06/2023

Partes del expediente

  • Esther Margarita Moreno Morales
  • Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado. Ciudad.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, cinco de junio de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos, y la certificación de cuenta, de los que se aprecia que ha transcurrido el término de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes promovieran inconformidad contra el acuerdo de dieciocho de abril de dos mil veintitrés, en el que este Juzgado Federal declaró cumplida la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio, sin que a la fecha lo hayan hecho así, no obstante estar legalmente notificadas para ello, como se desprende de las constancias relativas; por tanto, se les tiene consentido dicho acuerdo. Ahora bien, toda vez que el presente juicio se encuentra definitivamente concluido, con fundamento en el artículo 214 de la citada ley ARCHÍVESE el mismo. Por lo anterior, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b) del citado Acuerdo General, el presente asunto es susceptible de ser DEPURADO, por lo que una vez transcurridos tres años, contados a partir de la emisión de este auto, procédase a su depuración y consérvese la demanda, el acuerdo de admisión o el que contenga la suspensión de plano, resoluciones recurridas, sentencia definitiva, ejecutoria de Tribunal Colegiado y del presente auto. En cumplimiento al artículo 18, del Acuerdo General antes citado, se instruye al Actuario Judicial correspondiente, notifique personalmente a las partes el presente acuerdo, para que de considerarlo necesario acudan a este órgano jurisdiccional, dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperar los documentos que hubieren exhibido en el expediente y que consideren de su interés, apercibiéndoles de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. En el entendido para el fedatario judicial que de no poder efectuar la notificación señalada, deberá realizarla a través de lista en los Estrados de este juzgado federal. Con fundamento en el artículo 35 del mencionado Acuerdo General, hágase la indicación en la carátula de este expediente de que será depurable. Por último, se instruye al actuario de la adscripción para que las notificaciones que deban practicarse de manera personal, se desahoguen en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para salvaguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables.

  2. Principal

    Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, dieciocho de abril de dos mil veintitrés. Visto el estado jurídico procesal que guardan los presentes autos de los que se advierte que la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, informó el acatamiento al fallo protector, ello, mediante oficio presentado el veintidós de marzo de dos mil veintitrés, en la oficialía de partes común, misiva que adjuntó copia de las constancias con la que justifica el cumplimiento a la ejecutoria que nos ocupa en el presente juicio. En mérito de lo anterior, el veintitrés de marzo de dos mil veintitrés, este juzgador ordenó dar vista a las partes procesales con el referido oficio y anexos, para que dentro del término de tres días manifestaran lo que a su interés legal conviniera, apercibidas que de no hacer manifestación alguna, este juzgado federal acordaría lo que en derecho correspondiera. Acuerdo que se notificó a la parte quejosa de manera personal, el veinticuatro de marzo del año actual, sin que hiciera manifestación alguna; por lo que con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede resolver, si de acuerdo con las constancias que envió la autoridad responsable, se encuentra cumplido o no el fallo protector, así como verificar si dentro de éste existió exceso o defecto, o si hubiera imposibilidad para cumplirla. Ahora bien, a fin de resolver si en el caso la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo en el presente juicio de amparo, es necesario precisar los efectos para los que se concedió la protección constitucional, siendo los siguientes: ".para que dicte el laudo en el juicio laboral 500/2021, ciñéndose estrictamente a los plazos y términos establecidos.." En cumplimiento al requerimiento hecho por este órgano jurisdiccional, la Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, en oficio número 2878/2023, remitió copia certificada del laudo de trece de marzo de dos mil veintitrés; documentales a las que se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, de conformidad con su artículo 2º, por haber sido emitido por la autoridad responsable en ejercicio de sus funciones. En ese tenor, es incuestionable que la autoridad responsable, se sujetó a los lineamientos vertidos en la ejecutoria pronunciada en el presente juicio de amparo; por tanto, lo que procede es DECLARAR CUMPLIDO el fallo amparador. Ello es así, pues se estima que la ejecutoria de amparo fue cumplida en los precisos términos para los que se otorgó la concesión del amparo, de conformidad con el artículo 77 de la Ley de Amparo, lo cual implica que la autoridad responsable no incurrió en exceso ni defecto en dicho cumplimiento, entendiendo por lo primero cuando la autoridad realiza más acciones de las estrictamente necesarias para cumplir con lo ordenado en la ejecutoria de amparo y, por el contrario, hay defecto, cuando su actuación resulta insuficiente para lograr el cumplimiento ordenado, ya se trate de actos positivos o bien negativos; lo que en la especie no aconteció.

  3. Principal

    V I S T O S los autos para resolver el juicio de amparo indirecto número 19/2023-II; promovido por ********************, por conducto de su apoderado legal, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el cuatro de enero de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad; y, turnado en la misma fecha al Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, ********************, por conducto de su apoderado legal, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y acto que a continuación se indican: AUTORIDAD RESPONSABLE: Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, residente en esta ciudad. ACTO RECLAMADO: "LA OMISION DE DICTAR EL LAUDO CORRESPONDIENTE, violando en consecuencia el derecho del quejoso de recibir la impartición de justicia Pronta y Expedita como lo mandata el artículo 17 Constitucional, al no ajustar el procedimiento del presente asunto laboral, en términos de los artículos 115, 116 y demás relativos y aplicables de la citada Ley Burocrática, ya que la misma al ser excesivamente lejana, viola los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." SEGUNDO. Derechos fundamentales violados. En el escrito de demanda se señalaron como derechos fundamentales transgredidos los contenidos en los artículos 1°, 14, 16, 17 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se expusieron los antecedentes y los conceptos de violación que se consideraron pertinentes. TERCERO. Admisión y Trámite. Por auto de seis de enero de dos mil veintitrés, el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad, se declaró incompetente para conocer del juicio de amparo que nos ocupa, al considerar que hubo conocimiento previo (turno) de este órgano jurisdiccional; en acuerdo de once de enero de dos mil veintitrés, se tuvo recibida la demanda de amparo, ordenándose registrar en el libro de gobierno con el número 19/2023, se aceptó la competencia y se admitió a trámite la misma; se requirió a la autoridad señalada como responsable su informe justificado; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le compete, quien formuló el alegato ministerial 42/2023; se emplazó a juicio al tercero interesado; se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previo diferimiento tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 33, 35 y 37 y, de la Ley de Amparo, y el Acuerdo General 3/2013 en relación con el 51/2015, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, porque el acto reclamado es atribuido a una autoridad que actúa dentro del ámbito territorial en que este Juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de litis. Antes de examinar la certeza del acto reclamado, deviene necesario precisar cuál es este de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, realizando para tal efecto un análisis conjunto de la demanda de amparo, que atienda a lo que en ella se pretende desde el punto de vista material de acuerdo a lo que ha sostenido el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diversos criterios de jurisprudencia. Tiene aplicación en este sentido, por analogía de razón la tesis jurisprudencial 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, Abril de 2000, página 32, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Así como la diversa tesis jurisprudencial 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, Abril de 2000, página 32, que dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Así, de acuerdo al análisis integral del escrito de demanda, el acto reclamado se hace consistir en: La omisión de la autoridad responsable en dictar laudo, en el juicio laboral ********************. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Por razón de método debe en principio analizarse si en realidad los actos reclamados existen, es decir, resolver respecto de su certeza; lo anterior, porque de no ser así, resultaría ocioso ocuparse del análisis de cualquier causa de improcedencia o, en su caso del propio estudio de fondo del acto reclamado; en otras palabras, el examen de alguna causa de improcedencia del amparo o de la materia de fondo sometida a la consideración implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ello, el juicio sea procedente contra los mismos. Es aplicable al caso, por identidad de razón, la jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, de rubro y texto: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." Sobre esa tesitura se tiene que es cierto el acto reclamado al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, pues al rendir su informe justificado por conducto de su Presidente, aceptó expresamente la existencia del mismo, manifestación que, para el aspecto que en este considerando interesa, resulta suficiente para tenerlo por cierto. Al efecto, resulta aplicable, por identidad de razón, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." CUARTO. Estudio del fondo. No existiendo la actualización de alguna causal de improcedencia, se procede al análisis del concepto de violación alegado por la parte quejosa, mismo que se tiene por reproducido en este considerando, sin que resulte necesaria su transcripción, atendiendo a lo establecido en los artículos 74, fracción II y 76 de la Ley de Amparo. Encuentra apoyo lo anterior, en la Jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Materia Común, Página 830, de rubro siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." La peticionaria de amparo se duele de la inactividad procesal en que incurre la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, al no dictar el laudo dentro del juicio laboral ********************, transgrediendo con ello la garantía de expedita y eficaz administración de justicia, consagrada en el párrafo segundo del artículo 17 Constitucional. El motivo de inconformidad resulta fundado, en mérito de lo siguiente: Del examen de las constancias allegadas por la autoridad responsable a este juicio constitucional concretamente del proveído que en copia certificada obra a foja cuarenta y cuatro se constata que desde el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, se declaró cerrada la instrucción en el juicio laboral ********************, y como consecuencia ordenó su turno al Presidente de dicho Tribunal, para formular el proyecto de laudo. Documentales a las cuales se otorga valor probatorio pleno, al tenor de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2 de esta última. Sin que a la fecha exista alguna constancia que acredite que haya emitido la determinación correspondiente, vulnerando con su actuar lo establecido en el segundo parágrafo del precepto 17 Constitucional, que establece: "Artículo 17 (.) Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales." Ahora, del análisis del citado precepto constitucional se advierte lo siguiente: a) Un derecho a la jurisdicción que tiene todo gobernado de acudir ante los órganos jurisdiccionales previamente establecidos para el efecto de obtener una resolución sobre una pretensión. b) La obligación por parte de las autoridades jurisdiccionales de conocer, substanciar y resolver los juicios que se diriman ante ellas. c) Que dicha impartición de justicia deberá efectuarse dentro de los plazos previamente establecidos en las leyes adjetivas aplicables al caso, es decir, que tanto los actos procesales que practiquen los órganos jurisdiccionales, como las resoluciones que estos emitan, ya sean acuerdos o sentencias, se deben realizar dentro de los términos establecidos en las legislaciones procesales y de manera completa e imparcial. En efecto, el precepto en análisis pertenece a la especie de las garantías de seguridad jurídica, que en lo atinente, establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, los cuales emitirán sus resoluciones de manera pronta, completa, imparcial y gratuita. Por su parte, el artículo 121 de la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero Número 248, estatuye: "Artículo 121. Recibidas las pruebas y formulados los alegatos de las partes, el presidente del Tribunal formulará proyecto de laudo, que presentará a los otros miembros del Tribunal Laboral en un plazo no mayor de ocho días, para su conocimiento, discusión y aprobación en su caso. Se votará a más tardar dentro de los tres días siguientes." (Énfasis añadido). Lo sostenido en párrafos precedentes, permite establecer que la autoridad en la audiencia en la que se presentaron las pruebas y alegatos de las partes, debió formular proyecto de laudo y darlo a conocer al resto de los integrantes de dicho tribunal laboral en un plazo no mayor de ocho días, para su discusión y aprobación en su caso, y deberá votarse a más tardar dentro de los tres días siguientes de que se haya dado a conocer a los representantes, sin que lo hubiere hecho no obstante de haberse llevado a cabo el cierre de instrucción desde el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, por lo que hasta el día de la emisión de esta sentencia, han transcurrido más de tres meses, sin que el Tribunal laboral responsable dictara el laudo correspondiente en el expediente laboral número ********************, promovido por la aquí quejosa en contra del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero, omisión que, evidentemente se traduce en una violación de las garantías de legalidad y seguridad jurídica que engloba el precepto 17 Constitucional, en perjuicio de la impetrante de amparo, al inobservar la responsable lo que al respecto establece el artículo 121 de la Ley 248 de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado; lo que indudablemente afecta los intereses de la parte quejosa, pues la responsable no ha respetado los plazos y términos que establece la ley de la materia, para que de manera pronta y expedita, administre justicia al trabajador de referencia. Apoya a los razonamientos expresados en parágrafos que anteceden, la Jurisprudencia P./J. 113/2001, sustentada por el Pleno de la honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro siguiente: "JUSTICIA, ACCESO A LA. LA POTESTAD QUE SE OTORGA AL LEGISLADOR EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA FIJAR LOS PLAZOS Y TÉRMINOS CONFORME A LOS CUALES AQUÉLLA SE ADMINISTRARÁ NO ES ILIMITADA, POR LO QUE LOS PRESUPUESTOS O REQUISITOS LEGALES QUE SE ESTABLEZCAN PARA OBTENER ANTE UN TRIBUNAL UNA RESOLUCIÓN SOBRE EL FONDO DE LO PEDIDO DEBEN ENCONTRAR JUSTIFICACIÓN CONSTITUCIONAL." QUINTO. Efectos de la sentencia de amparo. Con fundamento en los artículos 74, fracción V, y 77, fracción II, de la Ley de Amparo, debe precisarse que en virtud de lo relatado en el considerando que antecede, procede otorgar la protección federal solicitada, para que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, respete el derecho de pronta administración de justicia, consagrado en el segundo párrafo del artículo 17 Constitucional, concretamente para que dicte laudo en el juicio laboral ********************, ciñéndose estrictamente a los plazos y en los términos establecidos, en la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero Número 248. SEXTO. Orden de publicación. En otro orden, atento a la inclusión del nombre y datos personales de las partes, por auto de once de enero de dos mil veintitrés, se hizo del conocimiento de las partes lo establecido en los artículos 1°, 3°, 4°, 9° y 113 fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 6º, segundo párrafo, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la precitada Ley, mediante notificación por lista de Estrados publicada el doce de enero de dos mil veintitrés referente a que la información generada, obtenida, adquirida o en posesión de los sujetos obligados en el ámbito federal, es pública, accesible a cualquier persona y solo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada de forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos, 73, 74, 79, 124 y relativos de la Ley de Amparo vigente, se R E S U E L V E : PRIMERO. La Justicia de la Unión AMPARA y PROTEGE a ********************, contra el acto y autoridad señalada en el resultando primero y por las razones precisadas en los puntos considerativos cuarto y quinto de esta resolución. SEGUNDO. Se tiene hecho del conocimiento de las partes que la información generada, obtenida, adquirida o en posesión de los sujetos obligados en el ámbito federal, es publica, accesible a cualquier persona y solo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada de forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial, en términos del considerando sexto de esta sentencia.

  4. Principal

    Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, veintitrés de enero de dos mil veintitrés. Visto el estado de los autos, así como la certificación de cuenta, de los que se advierte que las partes no interpusieron recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente asunto; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del numeral 2° de la ley de la materia, se declara que dicha sentencia que AMPARA Y PROTEGE a la parte quejosa, ha causado EJECUTORIA; háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Por ende, con fundamento en los artículos 107, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de TRES DÍAS HÁBILES, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, se sirva informar a este Juzgado de Distrito sobre el cumplimiento que haya dado a la sentencia dictada en el presente asunto, a efecto de que: ".a) Deje insubsistente el auto de dieciséis de octubre de dos mil diecinueve. b) En su lugar dicte otro en el que siguiendo los lineamientos de esta sentencia, deje insubsistente la multa impuesta a los aquí quejosos Longino Julio Hernández, Patricia Guadalupe Ramírez Bazan e Isidro Remigio Cantú, Coordinadores Propietarios del Consejo Municipal Comunitario de Ayutla de los Libres, al no haberse pronunciado de manera congruente y exhaustiva con el acuerdo de trece de mayo de dos mil diecinueve dictado en autos del juicio laboral 61/2012. c) Dicte otro con libertad de jurisdicción, en el que justifique la decisión que emita en relación al cumplimiento del laudo dictado en el citado juicio de origen, fundando y motivando su nueva determinación, esto es, en caso de imponer la multa de doscientos días con base en la Unidad de Medida y actualización, lo haga tomando en consideración lo señalado por este órgano de control constitucional en este fallo. Dado el sentido del fallo y al haber resultado fundados los motivos de inconformidad analizados, resulta ocioso el estudio de los argumentos propuestos por la parte quejosa identificados con los incisos a y d), por tratarse éstos de mayor beneficio." Por lo que, deberá remitir las constancias que así lo acrediten, apercibida que, de no hacerlo, se le impondrá una multa de cien unidades de medida de actualización, lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los numerales 258 de la Ley de Amparo, en relación con el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones (artículos 26, 41 y 123) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis; además, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado que por tuno corresponda para los efectos a que alude el artículo 193 de la ley de la materia. Es de precisarse, que el término otorgado a la autoridad responsable para el cumplimiento al fallo protector, es el que este órgano jurisdiccional estima prudente para lograr tal fin, mismo que se concede atendiendo a la naturaleza de la violación transgredida, lo anterior, con fundamento en el numeral 192, párrafo cuarto del ordenamiento legal invocado. Ahora bien, puntualícese a la autoridad responsable por conducto de su Presidenta, que el presente requerimiento se formulará por única ocasión, pues si bien el numeral 192 de la Ley de Amparo establece que en el mismo proveído se deberá requerir en términos similares al superior jerárquico, no menos cierto, es que en el presente asunto, en concordancia con la jurisprudencia 2a./J. 36/2011 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, Decima Época, libro IV, enero de dos Mil doce, tomo 4, visible a página tres mil quinientos quince, de rubro: "JUNTAS Y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO.", se establece que la responsable debe ser atendida como un órgano jurisdiccional plenamente autónomo, por tanto, no cuenta con superior jerárquico alguno; dicho criterio no se opone a lo dispuesto en esta nueva ley, acorde a lo indicado en el punto sexto transitorio, por lo que el informar puntualmente y concluir el juicio laboral en los plazos establecidos por la ley laboral, es únicamente responsabilidad de ella. Asimismo, hágase del conocimiento de la autoridad responsable Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado con sede en esta ciudad, que en caso de no dar cumplimiento a lo anterior, de conformidad con el artículo 193 de la Ley de Amparo, no se realizará un requerimiento subsecuente, puesto que al no dar cumplimiento al fallo protector en el plazo razonable estipulado, lo procedente es remitir el expediente a dicho órgano colegiado, con el fin de que se inicie el procedimiento de inejecución respectivo, que podrá derivar en la separación y consignación del funcionario público contumaz ante el Juez de Distrito, sanción que según el artículo 198 de la Ley de Amparo, puede persistir aún en el caso de que se deje el cargo si se acredita que incurrió en responsabilidad al evadir los efectos de la protección constitucional. Finalmente, en cuanto a la valoración de los cuadernos incidentales, efecto de dar cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo General antes citado, acuérdese en ellos lo conducente en relación a su archivo.

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