Esther Marahi Torres de León

Expediente 678/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 6 actuaciones registradas, la última del 26 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
678/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
26/10/2022

Partes del expediente

  • Esther Marahi Torres de León

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Incidental

    Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 103 fracción I, 107 de la Constitución General de la República, Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, 138, 140, 144, 146 y 217 de la Ley de Amparo, se; RESUELVE: ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva a .... en contra de los actos reclamados a las autoridades responsables, señalados y precisadas en el resultando primero de esta interlocutoria, por los motivos expuestos en el considerando segundo de esta resolución. Notifíquese.

  2. Incidental

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, veinticinco de octubre de dos mil veintidós. INFORMES PREVIOS. Ténganse recibidos los informes previos rendidos por el Juez Primero Familiar del Sexto Distrito Judicial con sede en esta ciudad y Actuaria Judicial de su adscripción; en tal virtud, agréguense a los presentes autos de conformidad con lo establecido con los artículos 138 y 140 de la Ley de Amparo, sin perjuicio de hacer mención de los mismos en la audiencia incidental respectiva. Notifíquese.

  3. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, diecinueve de octubre de dos mil veintidós. IDENTIFICACIÓN PROMOVENTES Y REGISTRO. Vista la demanda de amparo promovida por .... contra actos del Juez Primero Familiar del Sexto Distrito Judicial con sede en esta ciudad y otras autoridades, por trasgresión que estima de los artículos 1, 4, 14, 16 y 17 Constitucionales. Regístrese su ingreso en el Libro Uno de Juzgado de Registro de Juicios de Amparo que se lleva en este órgano jurisdiccional, bajo el número 678/2022-II-H. ADMISIÓN DE DEMANDA. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1°, 2°, 33, fracción IV, 107, 108, 110, 112, 115 y 117 de la Ley de Amparo, se admite la presente demanda de garantías. RESGUARDO DE IDENTIDAD DE MENORES. Debido a que ... se informa a las partes que a dichos infantes se le considera de identidad protegida en los presentes autos, en la inteligencia que tanto la identidad como los datos personales de los menores debe permanecer reservados en aras de proteger el resguardo de su intimidad, tal y como se previene en los artículos 76, 79, 83, fracción XIII y 86, fracción IV, todos de la Ley General de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, cuya observancia es obligatoria para todo el territorio nacional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1° de la invocada ley, en concordancia con lo previsto en la Ley de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes del Estado de San Luis Potosí, en su preceptos 68, 75, fracción XIII y 78, fracción IV. Por ende, obténgase copia del ocurso de demanda que se provee, suprímanse los datos de identificación de los menores quejosos y déjese como original en el juicio de amparo que nos ocupa, en la inteligencia de que tanto la demanda original como los documentos que contienen datos reservados serán resguardados en el sigilo de la Secretaría como anexo uno. REPRESENTANTE ESPECIAL. Ahora, atento a que figuran como quejosos los menores de edad de iniciales A.D.T. y L.A.D.T., de conformidad con el artículo 8° de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal nombra como su representante especial al asesor jurídico federal que para tal efecto designe el Delegado en San Luis Potosí del Instituto Federal de Defensoría Pública; por ello, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su artículo 2º, requiérase a dicho Delegado, para que dentro del término de tres días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído designe al asesor jurídico, que por turno le corresponda prestar el servicio de representante especial de los menores en comento; asimismo, a fin de que se encuentre en aptitud de determinar lo procedente, remítasele copia simple del escrito de demanda. INTERVENCIÓN AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 107, fracción XV, de la Carta Magna y 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo, téngase como parte en el presente juicio de amparo al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, por lo tanto, con copia de la demanda que se provee, désele la intervención que legalmente le corresponde. APERTURA INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. En mérito de lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 125 de la Ley de Amparo y como lo solicita la parte quejosa, tramítese por separado y duplicado el incidente de suspensión. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En términos de lo establecido en el primer párrafo del artículo 115 de la ley de la materia, se señalan las nueve horas con cuarenta y un minutos del dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Se precisa que, en la fecha y hora indicada, de no existir pendiente trámite alguno, se procederá a levantar el acta correspondiente la cual será firmada por la Juez y la Secretaria en forma autógrafa o electrónica, conforme al esquema de trabajo que se implemente en la indicada data, a la cual podrán comparecer las partes, por escrito, formulando sus alegatos, de manera física o electrónica. Lo anterior, sin perjuicio de que si es su deseo comparecer físicamente al referido acto procesal, deberán manifestarlo con cinco días de anticipación, a efecto de proveer lo relativo a su desahogo, en esa modalidad, generando las citas respectivas para las partes, a efecto de que estén en aptitud de ingresar a este órgano jurisdiccional, o bien, de organizar su desahogo a través del empleo de herramientas tecnológicas (videoconferencia); en el entendido que en caso de no efectuar manifestación alguna, la audiencia de mérito se desahogará sin su presencia. INFORME JUSTIFICADO. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, pídase el informe justificado a las autoridades responsables, el cual podrá ser rendido por escrito o medios magnéticos, dentro de los quince días siguientes contados a partir de que surta efectos la notificación respectiva. De acuerdo con lo preceptuado en el numeral 117, párrafo quinto, de la ley de la materia, requiérase a las autoridades responsables para que al rendir su informe justificado, remitan copia certificada, legible, completa y ordenada en forma secuencial, de las constancias que obran en el expediente de donde deriva el acto reclamado, atento a que son necesarias para resolver el presente asunto, o en su caso, manifiesten el impedimento legal que les asista para no hacerlo. En la inteligencia, de que el informe relativo podrá ser remitido vía electrónica a la dirección de correo 5jdo9cto@correo.cjf.gob.mx. SANCIÓN POR INCUMPLIMIENTO EN LA RENDICIÓN DEL INFORME JUSTIFICADO. Apercibidas que de no rendir el informe justificado, o lo hicieren sin remitir las constancias relativas, amén de que en aquél caso se presumirá cierto el acto aquí reclamado, en términos del párrafo cuarto del citado precepto, se impondrá en su contra una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización al cometerse la falta, de conformidad con lo establecido en los artículos 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo. CAUSAS DE SOBRESEIMIENTO. Así también, requiérase a las autoridades responsables para que al rendir su informe con justificación, informen a este juzgado si tienen conocimiento de algún juicio de amparo que se relacione con el acto que se reclama en el presente juicio, esto es, que haya sido promovido por el mismo quejoso o que derive del idéntico procedimiento del que emana el acto que se reclama. De igual modo, con fundamento en lo establecido en el artículo 64, primer párrafo, de la Ley de Amparo, se requiere a las partes para que tan pronto aparezca una causa de sobreseimiento, lo manifiesten a esta autoridad y, de ser posible, acompañen las constancias que así lo acrediten; apercibidos que no hacerlo, se impondrá en su contra una multa de treinta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización al cometerse la falta, de acuerdo con lo dispuesto en los preceptos legales 238 y 251 del ordenamiento legal en cita. PRUEBAS. De conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa ofreciendo las pruebas documentales que acompaña a su escrito inicial de demanda, así como la instrumental de actuaciones y presuncional legal y humana, las cuales se tienen por admitidas y desahogadas dada su propia y especial naturaleza, mismas que serán tomadas en consideración en el momento procesal oportuno. En ese orden de ideas, hágase el cotejo de las documentales que exhibe con su escrito de demanda, para que se agreguen en el incidente de suspensión; lo anterior, en atención al criterio emitido en la jurisprudencia P./J.71/2010, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es: "PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO Y EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. SU OFRECIMIENTO Y DESAHOGO EN EL SUPUESTO QUE SE OFREZCAN DOCUMENTALES ORIGINALES O EN COPIA CERTIFICADA EN EL CUADERNO PRINCIPAL O EN EL INCIDENTAL CON COPIAS SIMPLES (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 92/97). EMPLAZAMIENTO A LA PARTE TERCERO INTERESADA. Con apoyo en el artículo 5°, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo, se tiene como tercero interesado a ... con domicilio en calle ... Por tanto, túrnese el expediente en que se actúa a la actuaria adscrita a este juzgado, para que se constituya en el domicilio precisado y de conformidad con los artículos 26, fracción I, inciso b), 115 y 116 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia por disposición de su artículo 2, con copia simple de la demanda de amparo y autorizada del presente acuerdo, emplace a la citada parte procesal, diligencia en la que previo cercioramiento de que en ese domicilio puede ser localizado, se asiente la constancia correspondiente y en la misma se le requiera para que dentro del término de tres días, contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, señale persona y domicilio para oír y recibir notificaciones ante este Juzgado Federal, apercibida que en caso de no hacerlo dentro del referido término, las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal se le harán por medio de la lista que se publica en los estrados de este juzgado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, hasta en tanto subsane tal omisión. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. En otro contexto, con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito inicial de demanda y como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los profesionistas que refiere. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA LA PRÁCTICA DE NOTIFICACIONES. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios judiciales adscritos a este órgano jurisdiccional, para que de ser necesario, realicen las notificaciones que deban hacerse en forma personal, en horas y días inhábiles. NOTIFICACIÓN A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Se ordena notificar a las autoridades responsables únicamente aquellas determinaciones que resulten trascendentes dentro del presente sumario constitucional, en términos de lo dispuesto en el artículo 26, fracción II, en relación con la fracción I, inciso k) del aludido precepto, de la Ley de Amparo, así como de acuerdo con el criterio jurisprudencial 2a./J. 176/2012 (10a.), sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS."; lo anterior, sin perjuicio de que las autoridades responsables tienen expedito su derecho para realizar la consulta del expediente, a través de la lista de acuerdos que se publica en el local de este juzgado, así como en el portal de internet del poder judicial de la federación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de la invocada ley. DIGITALIZACIÓN. Con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario responsable para que lleve a cabo la supervisión de la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como de los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema electrónico, a efecto de que tanto el expediente electrónico como el impreso coincidan en su totalidad; de igual modo, se instruye a los actuarios judiciales, analista jurídico SISE (sistema integral de seguimiento de expedientes) y oficiales administrativos que lleven a cabo de manera oportuna la integración del expediente electrónico, conforme al estado procesal de los asuntos, dentro del ámbito de sus respectivas funciones. TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Se hace saber a las partes que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación en veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1, 3, fracciones IX y XVII, 5, 22, fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de esta juzgadora y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de protección de datos personales publicado el diez de octubre de dos mil dieciocho; así como el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, publicado el seis de septiembre de dos mil diecinueve; aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no contravenga las disposiciones señaladas en la legislación en cita. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, el presente expediente está sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 de la última ley en cita; hágase del conocimiento de las partes que, atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, tienen derecho a oponerse a que se publiquen sus datos personales, una vez que se dicte la sentencia o en su caso la resolución que ponga fin al procedimiento en el presente asunto, por lo que, de no hacer manifestación alguna, se entenderá que se oponen a la publicación de sus antecedentes, de conformidad con el artículo 21 de la ley de referencia. Notifíquese.

  4. Incidental

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, diecinueve de octubre de dos mil veintidós. IDENTIFICACIÓN DE PROMOVENTES. En cumplimiento a lo ordenado en auto de esta misma fecha, dictado en el cuaderno principal del juicio de amparo número 678/2022, promovido por ... contra actos del Juez Primero Familiar del Sexto Distrito Judicial con sede en esta ciudad; con dos copias simples de la demanda, tramítese por duplicado y separado el incidente de suspensión. INFORME PREVIO. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 125, 128 y 138 de la Ley de Amparo, con copia simple de la demanda, pídase a las autoridades responsables su informe previo que deberán rendir por duplicado dentro del término de cuarenta y ocho horas, contado a partir del siguiente al en que sean notificadas de este proveído, apercibidas que de ser omisas, se aplicará en su contra una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización al cometerse la falta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 260, fracción I, en relación con el artículo 238, de la citada ley. AUDIENCIA INCIDENTAL. En términos de lo establecido en la fracción II del artículo 138 de la Ley de Amparo, se señalan las nueve horas con treinta y tres minutos del veintiséis de octubre de dos mil veintidós, para que tenga verificativo la audiencia incidental. SUSPENSIÓN PROVISIONAL Y EFECTOS DE SU CONCESIÓN. En principio es menester ponderar el contenido del artículo 4 de la Carta Magna, el cual la cual consagra el interés superior del niño, también previsto en la Convención Sobre los Derechos del Niño, en la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en sus artículos 3, inciso a), y 4, así como en algunas legislaciones que rigen los derechos de los menores en los Estados de la Federación, este principio es concebido como la institución a través de la cual se procura el desarrollo pleno e integral del infante proporcionándole los cuidados y asistencia necesarios para lograrlo, de manera que el interés superior del menor constituye una cuestión de orden público e interés social. Ahora bien, en términos de lo dispuesto por el artículo 147, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, en los casos en que la suspensión sea procedente, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado y siempre que sea jurídica y materialmente posible, tendrá el efecto de restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado, mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo; disposición que se encuentra en estrecha relación con el asomo provisional al fondo del asunto, a fin de determinar la apariencia del buen derecho. En efecto, la fracción X del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que en los casos en que la naturaleza del acto lo permita, los jueces decidirán sobre la suspensión con base en un análisis ponderado sobre la apariencia del buen derecho y el interés social. En este sentido es oportuno tener en cuenta que para otorgar la suspensión de amparo, no solamente debe analizarse lo relativo a si su otorgamiento podría afectar cuestiones de interés social y orden público, sino también lo concerniente a si puede aplicar la figura de la apariencia del buen derecho y peligro en la demora, con efectos restitutorios provisionales. Ello, porque en la Ley de Amparo, como requisitos para otorgar la suspensión y elementos a considerar, dispone: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: ... En ese orden, para otorgar la medida cautelar, el órgano de amparo debe verificar el cumplimiento de los requisitos contenidos en los artículos 128 y 129 en relación con el 138, primer párrafo, de la Ley de Amparo. En lo que es materia de estudio, lo relativo a que su concesión no siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, así como realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y no afectación del interés social o citado orden público, para en su caso, acordar si se concede o niega la suspensión provisional de referencia. Ahora bien, en cuanto a estos conceptos, la Segunda Sala del Alto Tribunal ya ha señalado en su jurisprudencia anterior, que el juzgador debe realizar un estudio simultáneo de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora con la posible afectación que pueda ocasionarse al orden público o al interés social con la suspensión del acto reclamado. Estudio que debe ser concomitante al no ser posible considerar aisladamente que un acto pudiera tener un vicio de inconstitucionalidad sin compararlo de manera inmediata con el orden público que pueda verse afectado con su paralización, y sin haberse satisfecho previamente los demás requisitos legales para el otorgamiento de la medida. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 204/2009 de la Segunda Sala del Máximo Tribunal del país, que señala: "SUSPENSIÓN. PARA DECIDIR SOBRE SU OTORGAMIENTO EL JUZGADOR DEBE PONDERAR SIMULTÁNEAMENTE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO CON EL PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL O AL ORDEN PÚBLICO. .... En ese sentido, se procede al análisis de la factibilidad del otorgamiento de la medida cautelar, tomando en cuenta la naturaleza del acto reclamado, la vulneración al derecho fundamental que con el mismo se pueda causar a la parte quejosa, su trascendencia perjudicial, en su caso, al interés social y al orden público. CUESTIONES RELEVANTES. I. Interés Superior del Niño II. El derecho a la convivencia familiar. I. INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO. El interés superior de la niñez debe ser considerado como un principio regulador de la normativa relativa a los derechos de las niñas y niños que se funda en la dignidad misma del ser humano, a partir de tener como referente las características propias de quienes son infantes, así como en la necesidad de propiciar el desarrollo de éstos, con pleno aprovechamiento de sus potencialidades. Así pues, el interés superior del menor ordena la realización de una interpretación sistemática que tome en cuenta los deberes de protección de los menores y los derechos especiales de éstos previstos en la Constitución, tratados internacionales y leyes de protección de la niñez; de este modo, el principio de interés superior del menor se consagra como criterio orientador fundamental de la actuación judicial. En consonancia con lo anterior, el interés superior del menor conlleva ineludiblemente a que se tomen en cuenta, al emitirse las resoluciones, aspectos que permitan determinar con mayor precisión el ámbito de protección requerida. Por tanto, este principio implica que el desarrollo de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para todas las autoridades del Estado en la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida de los niños y de las niñas. Lo anterior, tiene apoyo en la jurisprudencia 1a./J. 25/2012, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título y contenidos: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU CONCEPTO. ... El artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los párrafos ocho a diez, dispone que los niños y niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud y sano esparcimiento para su desarrollo integral e impone a los ascendientes, tutores y custodios la obligación de velar por la preservación de esos derechos. Los artículos 19 y 20 de la Convención Sobre los Derechos del Niño, establecen que los Estados partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo. Tales medidas de protección comprenderán procedimientos eficaces para el establecimiento de programas sociales con objeto de proporcionar la asistencia necesaria al niño y a quienes cuidan de él, así como para otras formas de prevención y para la identificación, notificación, remisión a una institución, investigación, tratamiento y observación ulterior de los casos descritos de malos tratos al niño y, según corresponda, la intervención judicial. La Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, en sus artículos 1, 3, 11, 23, párrafo segundo, 41, 48 y 49 establecen, en síntesis: que las cuestiones relacionadas con los niños son de orden público, interés social y observancia general. Imponen la obligación de asegurar el pleno desarrollo de los niños, la necesidad prioritaria de su permanencia dentro del seno familiar y los principios básicos que deben atenderse cuando ello no sea posible; el establecimiento de instituciones idóneas para la defensa y representación de los menores, así como la necesidad de escuchar sus opiniones. Uno de los aspectos fundamentales es garantizar a los menores una vida libre de violencia. Ningún abuso ni violación de sus derechos podrá considerarse válido ni justificarse por la exigencia del cumplimiento de sus deberes. Es obligación de madres, padres y toda persona que tenga a su cuidado niñas, niños y adolescentes, protegerlos contra toda forma de maltrato, prejuicio, daño, agresión, abuso, trata y explotación, lo que implica que quienes ejercen la patria potestad o custodia no podrán atentar contra su integridad física o mental ni actuar en menoscabo de su desarrollo. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, al emitir la opinión consultiva OC-17/2002, títulos VII y VIII, relativos al "interés superior del niño" y "deberes de la familia, la sociedad y el Estado", estableció, en los puntos cincuenta y seis y sesenta, que este principio regulador de la normativa de los derechos del niño se funda en la dignidad misma del ser humano, en las características propias de los niños, y en la necesidad de propiciar el desarrollo de éstos, con pleno aprovechamiento de sus potencialidades. En los puntos sesenta y dos, sesenta y cinco, setenta y uno, setenta y tres y setenta y cuatro, establece que la adopción de medidas especiales para la protección del niño corresponde tanto al Estado como a la familia, la comunidad y la sociedad a la que aquél pertenece. En las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de Justicia de Menores Reglas de Beijing, se establece que los Estados miembros deben adoptar medidas concretas y movilizar el máximo los recursos disponibles, para crear condiciones que garanticen al menos una vida significativa en la sociedad y promover su bienestar en la mayor medida posible; proteger su identidad incluso de los medios de comunicación. Mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, se modificó entre otros el artículo 1 constitucional, lo cual implicó un cambio en el paradigma constitucional mexicano pues reconoce a todas las personas el goce de los derechos humanos previstos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte y establece que las normas relativas a esos derechos deberán interpretarse "conforme" con tales ordenamientos y aplicando el principio pro personae, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Asimismo, impone a las autoridades la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, para lo cual deberán prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los mismos, en los términos que establezca la ley. Lo anterior, constituye un mandato de optimización, es decir, que las autoridades deben procurar su realización en la mayor medida posible, para garantizar en el ámbito de sus competencias, la aplicación y respeto de los derechos humanos fundamentales establecidos en la Carta Magna y los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano. II. EL DERECHO A LA CONVIVENCIA FAMILIAR. Respecto al tema que se aborda, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver al amparo en revisión 583/2013, reconoció que la influencia familiar y la vinculación afectiva que el hijo obtiene de cada uno de sus progenitores y familiares con el transcurso del tiempo constituye un elemento esencial para el adecuado desarrollo de su personalidad. En este sentido, indicó que el contexto más apropiado para el óptimo desarrollo de estas relaciones paterno filiales es aquel en el que los progenitores viven una vida en común, en donde ambos satisfacen conjuntamente las necesidades de afecto y cariño del menor. Asimismo, contempló que el Estado debe encontrar mecanismos para garantizar el derecho de los menores a mantener relaciones personales y de trato directo con sus padres de forma regular, asegurando así la continuación de la convivencia familiar, salvo en aquellos casos extraordinarios en los que dicha convivencia sea contraria a sus intereses. Teniendo en consideración lo anterior, exteriorizó que el legislador ha establecido diversas instituciones jurídicas tendientes a salvaguardar el derecho-deber de los progenitores a participar activamente en la crianza y educación de sus hijos menores de edad y, particularmente, asegurar la convivencia regular del menor con ambos progenitores, de forma que sea posible salvaguardar el desarrollo pleno e integral de su personalidad en un contexto de crisis intrafamiliar. Así, la Primera Sala del Alto Tribunal aseveró que ante la existencia de situaciones en donde los desacuerdos personales hacen imposible la convivencia entre los padres, el Estado se encuentra obligado a encontrar mecanismos que garanticen el derecho de los menores de edad a mantener relaciones personales y de trato directo con cada uno de sus padres de forma regular, asegurando así la continuación de la convivencia familiar. El derecho a la convivencia familiar busca asegurar la continuidad de las relaciones personales entre los menores y el progenitor no custodio, sus abuelos y otros parientes o allegados que no ostenta la titularidad de la guarda y custodia y así asegurar la continuación de las relaciones paterno filiales con ambos progenitores de forma regular. Lo anterior, de conformidad con lo conducente en la jurisprudencia sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, Junio de 2011, del rubro y texto siguientes: "DERECHO DE VISITAS Y CONVIVENCIAS. SU PROTECCIÓN ALCANZA EL RANGO DE ORDEN PÚBLICO E INTERÉS SOCIAL. .... Se ha dicho que, la autoridad judicial debe tener en consideración que se trata de un derecho a favor de los menores, independiente a los intereses o derechos de cualquiera de sus padres; y, cualquier decisión judicial que recaiga sobre el derecho de visitas deberá tener como eje rector el principio de interés superior del menor, buscando en todo momento incentivar y preservar la convivencia del grupo familiar. En este sentido, se ha considerado que el ejercicio del derecho de visitas no es absoluto ni está sujeto a la decisión arbitraria de cualquiera persona, sino que, atendiendo a las circunstancias de cada caso concreto, el mencionado derecho podrá estar limitado de forma temporal, espacial e, inclusive, modal; de tal manera que sea posible asegurar el bienestar y la estabilidad emocional del menor involucrado. En efecto, para el desarrollo de las convivencias decretadas el Juez Primero de Primera Instancia Familiar debe tener en consideración además de la edad, necesidades y costumbres del menor involucrado, las circunstancias de tiempo, modo y lugar que considere más adecuadas para el ejercicio del derecho de visitas, velando siempre por el bienestar del menor en cuestión. Lo antes dicho se encuentra contenido en la tesis 1a. CCCVIII/2013 (10a.), de la Primera Sala del Alto Tribunal, cuyo contenido es el siguiente: "RÉGIMEN DE CONVIVENCIA O DERECHO DE VISITAS. ELEMENTOS A LOS QUE HA DE ATENDER EL JUEZ DE LO FAMILIAR AL MOMENTO DE MOTIVAR SU DECISIÓN. ... Es decir, derivado de las particularidades del caso, se considera que la juez debe adoptar medidas más eficaces y benéficas para el desarrollo de éstas en protección a los intereses y derechos del menor. Es así que atendiendo a la directriz bajo la cual se considera que el juez de Distrito debe adoptar medidas más eficaces y benéficas para el desarrollo de éstas en protección a los intereses y derechos del menor. De tal forma, que las decisiones asumidas por los padres de éstos, de ninguna manera deben afectar ni influir en su desarrollo y crecimiento. El punto es, el menor necesita de ambos padres de referencia, y no es recomendable privarlo de la convivencia con ambos por un conflicto no resuelto por éstos. El menor no necesita padres perfectos, sino unos padres con los cuales compartir su desarrollo y, los escasos nexos entre el menor con su madre, así como la conducta reiterada de incumplimiento de los deberes por parte de los padres, perjudican y afectan dicho desarrollo, tanto del custodio como el que no los tiene consigo. Por ende, corresponde al juzgador la tarea primordial e importante de establecer las medidas y lineamientos para garantizar que el régimen de convivencias establecido sea el más viable, funcional, práctico, efectivo y benéfico en protección a los derechos e intereses del menor. En la especie, la parte quejosa señala como acto reclamado la sentencia interlocutoria de trece de octubre de dos mil veintidós, que resuelve el recurso de revocación planteado por la aquí quejoso -misma que acompaña a su demanda de derechos fundamentales-, en la cual lo obliga a presentar a sus menores hijos de iniciales A.D.T. y L.A.D.T., los días jueves en un horario de catorce cuarenta a quince cuarenta horas, en las instalaciones del Juzgado Primero Familiar del Sexto Distrito Judicial con sede en esta ciudad, a efecto de desahogar las diligencias de convivencia entre los menores quejosos y su padre .... En virtud de lo cual, y ante lo expuesto, con fundamento en el artículo 107, fracciones I y X, de la Constitución, en relación con los numerales 129, fracción VIII y 138 de la Ley de Amparo, al encontrarse inmersos los derechos de los menores quejosos respecto a las convivencias con su padre y en aras de proteger su interés superior, se niega la suspensión provisional solicitada, dado que hasta este momento no se advierte que pudiera suscitarse un perjuicio hacia éstos; máxime, que no aportó prueba pertinente que aun de manera indiciaria demostrara sus afirmaciones. Efectivamente, al encontrarse inmersos los derechos de los menores quejosos a la convivencia con su progenitor aquí tercero interesado, en aras de proteger el interés superior de los infantes en cita y dado que hasta este momento no se advierte que pudiera suscitarse un perjuicio hacia éstos, el juzgador deberá proveer lo necesario para que se lleve a cabo la convivencia de los menores con su progenitor en los términos que el juez responsable estime convenientes, atendiendo a las circunstancias que se adviertan de las constancias que integran el juicio de origen y con vista en ellas determine la temporalidad en que podrá llevarse a cabo esa convivencia, así como las medidas de seguridad que también estime aplicables al caso. Lo anterior en el particular cobra relevancia, pues de la mencionada resolución combatida, misma que fue allegada por la propia quejosa, se advierte que el Juez natural tomó en consideración las circunstancias particulares del caso, y al respecto no se desatiende que la impetrante del amparo sostiene que los menores pudieran encontrarse en peligro ante la convivencia con su progenitor y que por ello considera que deben suspenderse las convivencias hasta contar con la valoración psicológica de los Peritos; empero, al respecto debe decirse que el Juzgador del conocimiento se aseguró que dichas convivencias provisionales se realizaran en un ambiente seguro para los menores, pues al efecto estableció que las convivencias se llevarían a cabo en el horario ya indicado, en las instalaciones del propio órgano jurisdiccional, específicamente en el área de convivencias familiares y supervisada por personal autorizado de ese Juzgado, reservando en todo momento la integridad y salvaguarda de los infantes, y levantando el acta pormenorizada de la misma. Luego, las manifestaciones de la quejosa progenitora, no son suficientes para considerar por parte de este órgano jurisdiccional, que se afectan los derechos de los menores quejosos, pues como se dijo, no aportó medio de convicción apto para, al menos de forma indiciaria, acreditaran que los infantes se encuentran en el estado de vulnerabilidad que indica, máxime que, como se expuso en líneas que anteceden, el Juzgador de origen, estableció las directrices oportunas para garantizar que las convivencias se desarrollen en un ambiente de seguridad y vigilancia para los infantes; de ahí que, contrario lo expuesto por la quejosa, este órgano jurisdiccional considera que el actuar del Juzgador natural, hasta este estadio procesal, fue oportuno para garantizar el derecho de los menores a convivir de manera provisional, en un ambiente de seguridad con su progenitor, y además, tomando en consideración la no afectación a sus actividades cotidianas, pues entre otras cosas, incluso se vigiló que no se afecten sus actividades académicas. Con lo anterior, a juicio del suscrito, se protege el derecho de los menores a la convivencia con sus progenitores, bajo el esquema legal ya expuesto en párrafos que anteceden, y a que tienen derechos los infantes, sobre todo en casos como el presente, que existe una separación de los progenitores, pues debe procurarse la sana convivencia con el no custodio, esto, sin poner en riesgo la integridad física, mental o psicológica de los menores. Así, no es el caso otorgar la suspensión con los alcances pretendidos por la quejosa, pues de conformidad con el artículo 4 constitucional, en relación con los diversos 3, numeral 2; 8, numeral1; 9, numerales 1, 2, y 3; 12, numeral1; 18, numerales 1 y 2; así como el 19, numerales 1 y 2, todos de la Convención sobre los Derechos del Niño, los niños tienen derecho, entre otros, a mantener relaciones personales y contacto directo con sus familiares, por lo que de concederse la suspensión en los términos planteados por la disconforme, se vulneraría el derecho con que cuentan los menores quejosos de convivir con su progenitor, en lo que se resuelve en definitiva el juicio de origen, aunado a que hasta este momento procesal no se cuenta con índicos que demuestren que pudieran encontrarse los menores quejosos en situación de peligro. Cobra aplicación, por las razones que la informan, la tesis aislada VII.1o.C.44 C (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, visible en la página 3346, marzo de 2018, tomo IV, Libro 52, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "CONVIVENCIA PROVISIONAL. DEBE OTORGARSE CON LAS RESTRICCIONES ADECUADAS DEL CASO, AUN CUANDO EL MENOR RECHACE CONVIVIR CON SU PROGENITOR NO CUSTODIO, SI NO EXISTE EVIDENCIA DE QUE PUEDA SUSCITARSE ALGÚN PERJUICIO O ABUSO FÍSICO O MENTAL HACIA AQUÉL. .... Medida cautelar que surte efectos desde luego y hasta en tanto se notifique a la responsable la resolución que en definitiva se dicte en este incidente. Sin que tal previsión prejuzgue sobre el fondo del juicio de amparo, ya que tal adelanto es sólo temporal, susceptible de modificarse ya sea en la suspensión definitiva o en la sentencia final del juicio. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia 1a./J. 70/2019 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 286, Libro 73, diciembre de 2019, Tomo I, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro digital: 2021263, que dice: "SUSPENSIÓN. LA NATURALEZA OMISIVA DEL ACTO RECLAMADO NO IMPIDE SU PROCEDENCIA. ....Ahora, como se ordenó en el cuaderno principal del que deriva este incidente, hágase el cotejo de la documental que en original exhibe el quejoso con su escrito de demanda, la cual desde este momento se tiene por admitida y desahogada, dada su propia y especial naturaleza; lo anterior, en atención al criterio contenido en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO Y EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. SU OFRECIMIENTO Y DESAHOGO EN EL SUPUESTO QUE SE OFREZCAN DOCUMENTALES ORIGINALES O EN COPIA CERTIFICADA EN EL CUADERNO PRINCIPAL O EN EL INCIDENTAL CON COPIAS SIMPLES (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 92/97). PRUEBAS. De conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa ofreciendo las pruebas documentales que acompañó a su escrito inicial de demanda, las cuales se tienen por admitidas y desahogadas dada su propia y especial naturaleza, mismas que serán tomadas en consideración en el momento procesal oportuno. NOTIFICACIÓN A LA PARTE TERCERO INTERESADA. Con apoyo en el artículo 5°, fracción III, inciso c), de la Ley de Amparo, se tiene como parte tercero interesada a ... ...de esta ciudad; en consecuencia, se comisiona a la actuaria adscrita a este juzgado, para que notifique el presente acuerdo a la citada parte procesal. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. En otro contexto, con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito inicial de demanda y como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los profesionistas que refiere. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA LA PRÁCTICA DE NOTIFICACIONES. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios judiciales adscritos a este órgano jurisdiccional, para que de ser necesario, realicen las notificaciones que deban hacerse en forma personal, en horas y días inhábiles. NOTIFICACIÓN A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Se ordena notificar a las autoridades responsables únicamente aquellas determinaciones que resulten trascendentes dentro del presente cuaderno incidental, en términos de lo dispuesto en el artículo 26, fracción II, en relación con la fracción I, inciso k) del aludido precepto, de la Ley de Amparo, así como de acuerdo con el criterio jurisprudencial 2a./J. 176/2012 (10a.), sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS."; lo anterior, sin perjuicio de que las autoridades responsables tienen expedito su derecho para realizar la consulta del expediente, a través de la lista de acuerdos que se publica en el local de este juzgado, así como en el portal de internet del poder judicial de la federación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de la invocada ley. Notifíquese.

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