Esther López Trujillo
Expediente 895/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 10 actuaciones registradas, la última del 1 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 895/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 01/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Esther López Trujillo
- Magistrado de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Morelia, Michoacán, uno de febrero de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, téngase al Magistrado de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, acusando recibo del oficio 1172, mediante el cual se le notificó la determinación de dieciocho de enero de dos mil veintidós y se le devolvieron las constancias que remitió al expediente en que se actúa. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, dieciocho de enero de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia en la que se negó el amparo y protección de la justicia, sin que lo haya realizado; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de depuración dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Igualmente, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de destruirse, ya que se negó la medida cautelar solicitada. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, destrúyanse el juicio y el original del incidente, como lo establecen los artículos 18, 27 y 28 del aludido Acuerdo General. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, contado a partir de esta propia fecha. Finalmente, devuélvanse a la autoridad responsable las constancias que acompañó al presente asunto, toda vez que es innecesaria su retención. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el licenciado Oscar Hernández García, secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, encargado del despacho por vacaciones del titular, con autorización otorgada en oficio CCJ/ST/5333/2021, emitido por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de trece de diciembre de dos mil veintiuno, con apoyo en el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de mayo de 1995 y con apoyo en la jurisprudencia de rubro "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA", quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
VISTOS los autos para dictar sentencia dentro del juicio de amparo 895/2021, promovido por Jesús Maldonado Gallardo y Agustín Maldonado Cruz, apoderados jurídicos de Esther López Trujillo; y, RESULTANDO: Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado ante la autoridad responsable, el veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno, Jesús Maldonado Gallardo y Agustín Maldonado Cruz, apoderados jurídicos de Esther López Trujillo, solicitaron amparo directo contra actos del Magistrado de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en Morelia, Michoacán, por lo que la demanda y sus anexos fue turnada al tribunal colegiado en turno. La parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los contenidos en los artículos 14, 16 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Luego, el ocho de octubre de dos mil veintiuno, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, determinó que la resolución reclamada no se encuentra en alguno de los supuestos de procedencia del amparo directo, por lo que mediante oficio 3770/2021 de la propia fecha, ordenó remitir la demanda y sus anexos al Juez de Distrito en turno, con sede en esta ciudad, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común. Segundo. Trámite de la demanda de amparo. Por razón de turno, correspondió a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán conocer de la demanda de amparo de referencia, por lo que se registró bajo expediente 895/2021 y, en proveído de catorce de octubre de dos mil veintiuno se admitió a trámite; y se otorgó la intervención legal que le corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. De igual forma, se estimó innecesario requerir a la autoridad responsable su informe con justificación, toda vez que ya obra en las constancias que remitió el tribunal colegiado, por lo que se dio vista con el mismo a las partes; asimismo, con fundamento en el artículo 5º, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se convalidó el emplazamiento realizado por la autoridad responsable al tercero interesado, Andrés Ortiz Chávez, en cuanto albacea de la sucesión intestamentaria de Joaquín Ortiz Esquivel, dentro del contradictorio de origen. Finalmente, seguido el juicio por todos sus trámites legales tuvo verificativo la audiencia constitucional con el resultado consignado en el acta que antecede; y ahora se procede a resolver bajo las siguientes CONSIDERACIONES: Primera. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107 de la Ley de Amparo, 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, así como al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, dado que el acto reclamado fue dictado por una autoridad con residencia en el lugar en el que este juzgado ejerce jurisdicción. Segunda. Precisión del acto reclamado. De conformidad con lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se analizará la certeza o inexistencia del acto reclamado, previa fijación del mismo. Al respecto resulta aplicable la tesis aislada P. VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 255, tomo XIX, abril 2004, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, registro 181810, del rubro y texto siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, analizada íntegramente la demanda de conformidad con el citado precepto legal y atendiendo además al criterio mencionado, el acto reclamado consiste en: La sentencia de diecisiete de agosto de dos mil veintiuno, pronunciada dentro del toca número 187/2021, formado con motivo del recurso de apelación que interpuso la quejosa contra la interlocutoria de dos de junio de dos mil veintiuno, dictada dentro del juicio sucesorio intestamentario 375/2020, radicado a bienes de Joaquín Ortiz Esquivel, misma que determinó confirmar la resolución recurrida. Acto que atribuye al Magistrado de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad de Morelia, Michoacán. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia, P./J. 40/2000 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 32, tomo XI, abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, registro 192097, la cual es del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Tercera. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados al Magistrado de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad de Morelia, Michoacán, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado. Lo anterior se corrobora con las pruebas documentales que acompañó a su informe dicha autoridad responsable, consistentes en el original del toca de apelación 187/2021 y testimonio autorizado de las constancias relativas al juicio sucesorio intestamentario 375/2020 [constante de un tomo]. Pruebas con valor pleno en términos del artículo 129, en relación con los diversos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, registro 394182, del tenor literal siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Así también, es aplicable al caso por identidad de razón, la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se publicó en el Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, del Apéndice 2000, al Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, materia común, registro 917812, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Cuarta. Análisis de las causales de improcedencia. Determinada la certeza de los actos reclamados es necesario examinar la procedencia del juicio constitucional, ya que en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia son de estudio preferente, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público. Sin embargo, toda vez que en el presente caso las partes no invocaron causales de improcedencia de la acción constitucional, ni este juzgador la advierte de oficio, se procede a realizar el estudio de la constitucionalidad de la resolución reclamada. Quinta. Estudio de los conceptos de violación. La promovente de amparo, a través de sus apoderados jurídicos, hizo valer los conceptos de violación expuestos en su demanda, mismos que se tienen aquí por reproducidos como si al efecto se transcribieran, en obvio de repeticiones innecesarias, pues este juzgador no se encuentra obligado a hacerlo, acorde con lo dispuesto en la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 58/2010, de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Antes de realizar el estudio de los conceptos de violación aducidos por el quejoso, se considera necesario destacar los siguientes antecedentes: El dos de junio de dos mil veintiuno, la Juez Quinto de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, dictó sentencia interlocutoria en la primera sección del juicio sucesorio intestamentario 375/2020 radicado a bienes de Joaquín Ortiz Esquivel, en la que procedió la apertura de la sucesión legítima radicada por Teresa Guzmán Pantoja; se designó albacea definitivo a Andrés Ortiz Chávez y, respecto de la quejosa Esther López Trujillo, determinó que no acreditó el carácter de concubinato con el de cujus, por lo que no le corresponde heredar dentro de la citada sucesión. Inconforme con la anterior determinación, los apoderados jurídicos de Esther López Trujillo -aquí quejosa- interpusieron recurso de apelación, del que correspondió conocer al Magistrado de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, quien con fecha diecisiete de agosto de dos mil veintiuno, dentro del toca número 187/2021, dictó resolución en la que confirmó en sus términos la sentencia interlocutoria impugnada; resolución que constituye el acto reclamado en esta instancia constitucional. Al respecto, se advierte que los apoderados jurídicos de la quejosa en el apartado relativo a los conceptos de violación, argumentan esencialmente lo siguiente: Que la resolución reclamada causa agravio a la quejosa porque en el considerando tercero el magistrado responsable calificó de inoperantes sus agravios por falta de razones jurídicas y argumentó que no atacaron las razones por las cuales el juzgador hizo sus determinaciones jurídicas, sin realizar un estudio de fondo de ningún artículo, sólo señaló los numerales 343 y 307 del Código de Procedimientos Civiles del Estado. Aduce también, que la autoridad responsable dijo que la recurrente no expone nada, y repite que los agravios resultaron inoperantes en una parte y en otra más, infundados, confirmando la sentencia recurrida, lo cual hizo sin estudio. Precisado lo anterior, los motivos de disenso aducidos por los quejosos deben calificarse como infundados. Es así porque, del análisis de la resolución reclamada se desprende que -contrario a lo que aducen los peticionarios del amparo- el magistrado responsable sí llevó a cabo el estudio de los agravios formulados por los apelantes y señaló que, en principio, los mismos resultaron inoperantes. Luego, puntualizó que dicha inoperancia quedó de manifiesto porque la recurrente no atacó las razones expuestas por la juez de origen para determinar que Esther López Trujillo no acreditó la relación de concubinato que expresó tener con el de cujus Joaquín Ortiz Esquivel, faltando a la obligación que le impone el artículo 343 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, y al efecto expuso dicha juzgadora que: No se acreditaba el segundo y tercero de los requisitos previstos en el artículo 307 del Código Familiar del Estado, porque no existían pruebas suficientes, eficaces e idóneas de la convivencia en común, en forma constante y permanente, por un período mínimo de dos años, que precedieran inmediatamente a la generación de derechos y obligaciones, ya que: - La constancia suscrita por el Encargado del Orden de la localidad de Unión Progreso, perteneciente al municipio de Charo, Michoacán, de fecha catorce de septiembre de dos mil veinte, firmada por dos testigos, en la que se informaba que Esther López Trujillo vivió en concubinato con Joaquín Ortiz Esquivel desde principios de dos mil dieciocho, en domicilios conocidos de la localidad Unión Progreso, era insuficiente para evidenciar la relación constante de pareja que aducía la compareciente había existido con el de cujus, debido a que: - Los datos que aparecían en ese documento la misma persona solicitante los había proporcionado, siendo un documento expedido a petición suya. - Dicha probanza por sí sola, únicamente generaba una presunción sobre los hechos que contenía, en cuanto a que la quejosa y Joaquín Ortiz Esquivel establecieron diversos domicilios conocidos en dicha localidad, pero de ninguna manera podía, en forma aislada, comprobar que vivieron en concubinato desde principios de enero de dos mil dieciocho. - Y que, por otra parte, compareció el albacea provisional de la sucesión, a manifestar que no podía existir el concubinato que señaló la compareciente dado que no cumplía con el requisito de no tener impedimento legal para contraer matrimonio, ya que había estado casada con Sergio González Gómez, según aparecían las actas de matrimonio expedidas por la Directora del Registro Civil del Estado de Michoacán y de Irapeo, Michoacán, en la cual constaba dicha unión el seis de noviembre de mil novecientos ochenta y nueve; mientras que también agregó copia certificada del acta de matrimonio en la cual constaba la unión matrimonial de Sergio González Gómez y Ma. Luz Ortiz Caballero, en Queréndaro Michoacán, el cuatro de abril de mil novecientos ochenta y tres. Sin embargo, -destacó el magistrado responsable- reiteró la juez natural que Esther López Trujillo había sido omisa en evidenciar el segundo y tercero de los requisitos previstos en el artículo 307 del Código Familiar del Estado, relativos a la relación de concubinato que señaló haber tenido con el de cujus desde principios de enero de dos mil dieciocho, por lo que era innecesario analizar el estado civil que haya tenido en cuanto requisito adicional que menciona tal precepto, correspondiente a encontrarse libres de matrimonio los concubinos, pues de cualquier forma no se actualizó dicha relación de concubinato por falta de las exigencias legales. Luego, después de exponer la síntesis de los agravios expuestos por los recurrentes aquí quejosos, sostuvo la responsable que en tales agravios no se expuso razonamiento lógico jurídico tendente a evidenciar la ilegalidad de la juzgadora en lo relativo a los argumentos antes descritos, relativos a que no se acreditaron el segundo y tercero de los requisitos previstos en el artículo 307 del Código Familiar, porque no existían pruebas suficientes, eficaces e idóneas de la convivencia en común, de forma constante y permanente, por un período mínimo de dos años, que precedieran inmediatamente a la generación de derechos y obligaciones. Asimismo señaló que los motivos de disenso que combaten dichos argumentos de la juez natural, resultan insuficientes para modificar o revocar la resolución impugnada, porque la juez fue clara en resolver que, aun cuando el albacea manifestó que no podía existir el concubinato que adujo Esther López Trujillo con Joaquín Ortiz Esquivel, dado que no se cumplía con el requisito de no tener impedimento legal para contraer matrimonio, lo cierto es que la compareciente había sido omisa en evidenciar el segundo y tercero de los requisitos previstos en el artículo 307 del Código Familiar, por lo que era innecesario analizar su estado civil pues de cualquier forma no se actualiza la relación de concubinato. Por lo anterior, en forma correcta determinó la autoridad responsable que al quedar intocados los aspectos medulares de la resolución impugnada, que no fueron atacados por los apelantes, dicho tribunal se encuentra impedido para entrar al estudio y análisis de cuestiones no rebatidas a través de los agravios, merced a que el recurso de apelación es de estricto derecho y los motivos de inconformidad constituyen la materia y la medida en que ejerce su jurisdicción, por lo que los argumentos de la citada resolución ya resaltados bastan por sí mismos para seguir rigiendo la parte de la sentencia impugnada, al no haberse combatido eficazmente esas razones o consideraciones que la sustentaron. Luego, también adujo el magistrado que los recurrentes no expusieron nada en torno a que -contrario a lo que determinó la juzgadora de origen- sí se acreditaran el segundo y tercero de los requisitos previstos en el artículo 307 del Código Familiar, y porqué sí existían pruebas suficientes, eficaces e idóneas de la convivencia en común con el de cujus, en forma constante y permanente por un período mínimo de dos años, que precedieran inmediatamente a la generación de derechos y obligaciones, o porqué la constancia suscrita por el encargado del orden de la localidad Unión Progreso sí es suficiente para evidenciar dicha relación de pareja. Continuó diciendo el magistrado responsable que -a mayor abundamiento- resulta infundada la inconformidad de la apelante relativa a que la juez natural hizo una incorrecta interpretación del artículo 343 del Código de Procedimientos Civiles, que se aplica cuando existe un litigio, pero que en el caso se trata de un juicio sucesorio y resuelve como si se hubiera pedido petición de herencia y demandado al albacea de la sucesión, por lo que no puede resolver que no acreditó su concubinato ya que el defensor de la masa hereditaria es el albacea y no el juez. Al respecto, dijo la responsable que contrario a lo señalado por la parte apelante, la juez de los autos hizo una correcta interpretación del artículo 343 mencionado, y luego de transcribir dicho precepto legal y el diverso 344 del ordenamiento legal invocado, dijo que los numerales en cita conducen a establecer como principio fundamental, que aquel que afirma está obligado a probar, esto es, el que toma la iniciativa en la contienda judicial, a quien se designa con el nombre de actor, debe probar la existencia del derecho que afirma tener. De ahí que, -acertadamente puntualizó- aquellos principios que rigen para determinar a quién incumbe la carga de la prueba, aplican tanto en los juicios contenciosos como en los sucesorios intestamentarios, por lo que independientemente de las condiciones que deben satisfacerse para el ejercicio de cualquier acción civil, la ley de la materia establece también condiciones para la procedencia de las acciones en particular. Como apoyo al argumento anterior, citó el criterio del rubro "ACCIÓN. ESUDIO OFICIOSO DE SU IMPROCEDENCIA". A continuación, sostuvo la responsable que la juez natural sólo podía declarar herederos a quienes demostraran tener legitimación activa para ello, a la luz del artículo 1035 del código adjetivo civil, es decir, a quienes hubieren justificado su parentesco con el autor de la sucesión, o, como en el caso de concubinato, la existencia de la unión de hecho entre la recurrente y el autor de la herencia, en la que voluntariamente hubieren decidido tener una vida en común de manera constante y permanente, para que aquella tuviera derecho a la sucesión. Sin embargo, la juzgadora natural determinó que la apelante no ofreció medio de prueba idóneo en ese sentido, lo cual no fue revertido al margen de que sea correcto o no, al no haberse combatido eficazmente la consideración que sustentó la sentencia impugnada. Por otro lado, sostuvo también el tribunal de alzada que la declaratoria de herederos depende de que se acredite el derecho respectivo, más allá de la conducta que asuman el resto de los presuntos herederos, es decir, de que controviertan o no el posible derecho de alguno de ellos, puesto que ese derecho ingresa al campo del orden público desde el momento en que la ley regula quiénes pueden heredar; aunado a que el cumplimiento de esos requisitos no depende de si se actúa en un juicio propiamente contencioso, pues aunque formalmente el juicio sucesorio no tenga esa calidad, lo cierto es que la ley civil e instrumental de la materia establecen los elementos esenciales para la declaratoria de herederos, como lo es el acreditar el derecho respectivo. Al respecto, invocó la jurisprudencia de rubro "SUCESIÓN LEGÍTIMA. LOS PARIENTES COLATERALES DENTRO DEL CUARTO GRADO PUEDEN ACREDITAR EL ENTRONCAMIENTO CON LAS ACTAS DEL REGISTRO CIVIL QUE TENGAN A SU ALCANCE O CON LAS PUREBAS QUE LEGALMENTE SEAN POSIBLES". Finalmente, respecto al agravio relativo a que el albacea se limitó a señalar que no podía existir el concubinato de su padre con Esther López Trujillo, el magistrado responsable lo calificó de inoperante, porque la juez natural sustentó su determinación de no declarar como heredera de la sucesión a Esther López Trujillo derivado de que no había acreditado la relación de concubinato que expresó tener con el de cujus, por haber sido omisa en evidenciar el segundo y tercero de los requisitos previstos en el artículo 307 del Código Familiar, resaltando que era innecesario analizar el estado civil que haya tenido, quedando así evidenciado que no sustentó la resolución combatida en esas consideraciones relativas a que no reunía los requisitos legales por encontrarse unida en matrimonio con diversa persona, de modo que la apelante atacó consideraciones que no fueron expresadas en la sentencia reclamada. El anterior argumento lo apoyó en la jurisprudencia del rubro "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SON INOPERANTES CUANDO COMBATEN CONSIDERACIONES NO EXPRESADAS EN LA SENTENCIA RECLAMADA". Bajo el anterior panorama, y en oposición a lo que argumentan los apoderados jurídicos de la quejosa, es evidente que el magistrado responsable sí realizó un estudio de fondo de las cuestiones planteadas en la apelación. Además, los peticionarios del amparo no exponen razonamiento alguno tendente a exponer, cómo o de qué manera la autoridad responsable omitió realizar el estudio de los agravios expuestos en la apelación, cuál es la interpretación que, en su concepto, debió darse a los artículos invocados para sustentar dicho fallo, o por qué son desacertados los argumentos que expuso la responsable para sustentar su fallo, por lo que en esas condiciones no es factible realizar el análisis correspondiente. Es decir, los motivos de inconformidad de los promoventes del amparo constituyen afirmaciones genéricas en el sentido de que el magistrado responsable omitió hacer un estudio del fondo del asunto, lo cual, como quedó evidenciado en los párrafos que anteceden, es erróneo; de ahí lo infundado de sus conceptos de violación. De suerte que, en ese estado de cosas, este juzgador de amparo considera apegada a derecho la decisión del magistrado responsable de confirmar en sus términos la interlocutoria de primer grado. Sin que resulte procedente -como lo piden los impetrantes del amparo- suplir la deficiencia de la queja, toda vez que no se actualiza ninguno de los supuestos establecidos en el artículo 79 de la Ley de Amparo que amerite suplir su deficiencia, el cual establece: "Artículo 79. La autoridad que conozca del juicio de amparo deberá suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios, en los casos siguientes: I. En cualquier materia, cuando el acto reclamado se funde en normas generales que han sido consideradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los Plenos de Circuito. La jurisprudencia de los Plenos de Circuito sólo obligará a suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios a los juzgados y tribunales del circuito correspondientes; II. En favor de los menores o incapaces, o en aquellos casos en que se afecte el orden y desarrollo de la familia; III. En materia penal: a) En favor del inculpado o sentenciado; y b) En favor del ofendido o víctima en los casos en que tenga el carácter de quejoso o adherente; IV. En materia agraria: a) En los casos a que se refiere la fracción III del artículo 17 de esta Ley; y b) En favor de los ejidatarios y comuneros en particular, cuando el acto reclamado afecte sus bienes o derechos agrarios. En estos casos deberá suplirse la deficiencia de la queja y la de exposiciones, comparecencias y alegatos, así como en los recursos que los mismos interpongan con motivo de dichos juicios; V. En materia laboral, en favor del trabajador, con independencia de que la relación entre empleador y empleado esté regulada por el derecho laboral o por el derecho administrativo; VI. En otras materias, cuando se advierta que ha habido en contra del quejoso o del particular recurrente una violación evidente de la ley que lo haya dejado sin defensa por afectar los derechos previstos en el artículo 1o de esta Ley. En este caso la suplencia sólo operará en lo que se refiere a la controversia en el amparo, sin poder afectar situaciones procesales resueltas en el procedimiento en el que se dictó la resolución reclamada; y VII. En cualquier materia, en favor de quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para su defensa en el juicio. En los casos de las fracciones I, II, III, IV, V y VII de este artículo la suplencia se dará aún ante la ausencia de conceptos de violación o agravios. En estos casos solo se expresará en las sentencias cuando la suplencia derive de un beneficio. La suplencia de la queja por violaciones procesales o formales sólo podrá operar cuando se advierta que en el acto reclamado no existe algún vicio de fondo". Del contenido de dicho numeral se advierte que los impetrantes del juicio de amparo no se encuentran en alguno de los casos en los que la ley de la materia autoriza la suplencia, por lo que este juzgador está impedido para hacerlo. Ello, porque el acto reclamado no se funda en normas generales que han sido consideradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los Plenos de Circuito; la parte quejosa no es menor o incapaz ni se afecta el orden y desarrollo de la familia; tampoco tiene el carácter de inculpada, sentenciada, ofendida o víctima; no es ejidataria ni comunera; y, no es trabajadora. Además, no se advierte que ha habido en contra de la quejosa una violación evidente de la ley que la hubiere dejado sin defensa por afectar los derechos previstos en el artículo primero de la Ley de Amparo; tampoco acredita que por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentre en clara desventaja social para su defensa en el juicio. En las relatadas circunstancias, ante lo infundado de los conceptos de violación aducidos y no advertirse deficiencia alguna que deba suplirse de oficio, procede negar la protección de la Justicia Federal solicitada. Sexta. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73, 74, 75, 76 y 77 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: Primero. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Esther López Trujillo, por conducto de sus apoderados jurídicos Jesús Maldonado Gallardo y Agustín Maldonado Cruz, contra el acto y autoridad precisados en la consideración segunda; y, por los motivos expuestos en la diversa quinta de la presente resolución. Segundo. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en la última consideración. Notifíquese personalmente, y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy veinte de diciembre de dos mil veintiuno, en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa asistido de la licenciada Alejandra Álvarez Calderón, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Se notifica a la parte quejosa por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el sistema del SISE, el proveído y/o resolución de veinte de diciembre de dos mil veintiuno, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo.
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