Esther Hernández Fernández
Expediente 342/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 11 actuaciones registradas, la última del 26 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 342/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 26/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Esther Hernández Fernández
- Francisco García Treviño
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
reexpídase el citado oficio al Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial en el Estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad. En consecuencia,
- Principal
Se declara que ha causado ejecutoria la sentencia terminada de engrosar el once de mayo del año en curso, que sobreseyó en el juicio de amparo en que se actúa. Atento a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como concluido.
- Principal
En el juicio de amparo número 342/2022, promovido por Esther Hernández Fernández, se dictó un I9I "VISTOS; los autos, para resolver el juicio de amparo indirecto 342/2022, promovido por Esther Hernández Fernández, y R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito presentado ante este Juzgado Tercero de Distrito el treinta de junio de dos mil veintidós, Esther Hernández Fernández solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y por el acto que a continuación se transcriben: "[.] AUTORIDADES RESPONSABLES: En su carácter de ordenadoras el C. juez segundo de primera instancia del tercer distrito judicial en el estado de Tamaulipas, y como Ejecutoras, a la CENTRAL DE ACTUARIOS: Personal adscrito a los Juzgados de Primera Instancia Civiles del Tercer Distrito Judicial en el Estado. LA NORMA GENERAL, ACTO O OMISIÓN, QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAMA: a).- de las Autoridades responsabl1es señaladas como Ordenadoras: se les reclama el irregular oscuro e improcedente y defectuoso Procedimiento dentro de un juicio civil, en contra de la peticionaria de derechos Humanos Misma que se ventila en el juzgado segundo de primera instancia de lo familiar, del tercer distrito judicial en el estado, en esta ciudad, relativo al bien inmueble ubicado en la calle BOCA NEGRA # 1821, de esta ciudad. b).- De la Autoridad señalada con el carácter de Ejecutora: (CENTRAL DE ACTUARIOS ADSCRITOS A LOS TRIBUNALES FAMILIARES), les reclamó la ilegal, oscura e Improcedente y defectuoso EMPLAZAMIENTO, de algún juicio civil, en contra de la amparista. c).- Además la posible ORDEN DE DESPOSEIMIENTO Y/O LANZAMIENTO LLEVADA A CABO POR LA FUERZA PÚBLICA, del bien inmueble; (mi hogar) ubicado Cito en la calle BOCA NEGRA # 1821., de la colonia viveros, de esta ciudad, misma que tengo con el carácter de posesionaria de buena fe. [.]" Lo anterior por estimar como derechos fundamentales violados en su perjuicio los consagrados en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Federal. SEGUNDO. Mediante proveído de treinta de junio de dos mil veintidós, se registró con el número 342/2022, se admitió a trámite; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le compete; se solicitó a las autoridades responsables Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar y Central de Actuarios, ambas del Tercer Distrito Judicial en el Estado, rindieran su informe justificado y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, misma que, previos diferimientos, se celebró al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Nuevo Laredo, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 33, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; y, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; en específico en su punto de acuerdo cuarto, fracción XIX, segundo párrafo. Ello es así, porque las consecuencias de los actos reclamados tienen ejecución en esta ciudad de Nuevo Laredo, en la que ejerce jurisdicción este Juzgado Tercero de Distrito. SEGUNDO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que impone la obligación de fijar de manera clara y precisa el acto reclamado, se establece que en el presente juicio los actos reclamados, se hacen consistir en: De la Jueza Segunda de Primera Instancia de lo Familiar, con residencia en esta población: ? La orden de desocupación del domicilio ubicado en avenida Bocanegra, número 1821, colonia Viveros, en esta ciudad. De los Actuarios adscritos a la Central de Actuarios del Tercer Distrito Judicial del Estado: ? La omisión y/o defectuoso emplazamiento al juicio civil 356/2020 del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, así como la ejecución de la orden de desocupación del domicilio señalado. TERCERO. ANALISIS DE EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. No es cierta la omisión o deficiente emplazamiento al juicio civil 356/2020 reclamado de los Actuarios adscritos a la Central de Actuarios del Tercer Distrito Judicial del Estado, aun cuando al rendir su informe justificado expresamente señalaran su existencia, pues de las constancias documentales que remitió a requerimiento de este juzgado la diversa autoridad, Jueza Segunda de Primera Instancia de lo Familiar, con residencia en esta población, del expediente 356/2020 relativo al doble juicio sucesorio intestamentario a bienes de los señores Catalino Contreras y/o Catarino Contreras y/o Catarino Contreras García y/o Marina Treviño Guerra de Contreras y/o María Treviño Guerra de Contreras (fojas 33 a 349), con valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, si bien se advierte que no existe emplazamiento practicado en dicho asunto a la aquí quejosa Esther Hernández Fernández, ello obedece a que no era obligación de la autoridad practicar dicha diligencia y por tanto, la omisión es inexistente. En efecto, la autoridad responsable señalada no estaba en condiciones de practicar el emplazamiento al doble juicio sucesorio natural, porque no estaba ordenado en las actuaciones del expediente; además, no resulta a la quejosa legitimación pasiva para ser llamada mediante emplazamiento a contestar alguna demanda, pues no se pierde de vista que el juicio natural es relativo al procedimiento de la doble intestamentaría a bienes de de los señores Catalino Contreras y/o Catarino Contreras y/o Catarino Contreras García y/o Marina Treviño Guerra de Contreras y/o María Treviño Guerra de Contreras, y no a un juicio seguido contra la aquí quejosa o su causante, en el que le resultara la calidad de parte, para que de ese modo hiciera necesario su llamado a través de dicho acto procedimental. Por tanto, al constituir en el caso la falta de emplazamiento una omisión, y como la autoridad a la que se le atribuye no estaba constreñida a su realización, se concluye que tal omisión está justificada y que en consecuencia, tal acto es inexistente para los efectos de este juicio de amparo. Sin que lo anterior implique un estudio de fondo en el que se determine la constitucionalidad del acto, sino una cuestión previa para tener por cierta o no la omisión reclamada. Es de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del rubro y texto siguiente: "ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO. Ante el reclamo de actos de omisión, cuando la autoridad responsable los niegue bajo la justificación de que no estaba en posibilidades de actuar, el juzgador de amparo, en el capítulo de existencia de la sentencia respectiva, debe analizar precisamente este aspecto, es decir, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados; cuestión que no implica el estudio de fondo, pues no involucra el análisis de la constitucionalidad de los actos." Así, y como la parte quejosa no desvirtuó la inexistencia de la omisión reclamada, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo por lo que a dicho acto de autoridad se refiere. Sobre el tema es de apoyo la jurisprudencia número VI.2o J/20, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de rubro y texto: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo."2 Análisis de certeza de actos reclamados. Es cierto el acto reclamado de la Jueza Segunda de Primera Instancia de lo Familiar de esta ciudad, consistente en la orden de desocupación del domicilio ubicado en avenida Bocanegra, número 1821, colonia Viveros, en esta ciudad y su ejecución, lo anterior aun cuando dejó de rendir su informe justificado, porque de conformidad con lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, debe tenerse por cierto, lo que además se corrobora con las documentales valoradas que remitió dicha autoridad a este juzgado. De igual manera, es cierto el acto reclamado de los Actuarios adscritos a la Central de Actuarios, consistente en la ejecución de la señalada orden de desocupación, pues en su informe justificado expresamente aceptaron su existencia [foja 17]. CUARTO. Previo a analizar las causas de improcedencia, conviene precisar los antecedentes más relevantes que dieron origen a los actos reclamados, los cuales se desprenden del expediente 356/2020, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, relativo al doble juicio sucesorio intestamentario a bienes de Catalino Contreras y/o Catarino Contreras y/o Catarino Contreras García y/o Marina Treviño Guerra de Contreras y/o María Treviño Guerra de Contreras, mismos que se enuncian a continuación: 1.- Francisco Treviño Contreras promovió juicio sucesorio intestamentario a bienes de sus padres Catarino Contreras García y Marina y/o María Treviño Guerra de Contreras [fojas 33 a 39]. 2.- En auto de nueve de julio de dos mil veinte, se radicó en los términos solicitados dicha solicitud bajo el expediente número 356/2020, ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar [fojas 57 vuelta y 58]. 3.- Luego, se efectuó la publicación de los edictos ordenados en autos y seguida la secuela procesal, el veintiséis de enero de dos mil veintiuno, se dictó resolución de primera sección que fue aclarada mediante resoluciones de tres y diez de febrero de ese año. En dicha resolución de primera sección, entre otras cuestiones, se designó como albacea definitivo para representar a la doble sucesión intestamentaria al ahora tercero interesado Francisco Contreras Treviño [fojas 175 vuelta a 177; 186 a 189; y 199 a 202]. 4.- Mediante auto de seis de agosto del dos mil veintiuno, se mandó requerir a Esther Hernández Fernández, y a sus causahabientes, a efecto de que dentro del término de cinco días manifestara el carácter por el cual se encuentra en posesión del inmueble ubicado en avenida Bocanegra, número 1821, entre las calles Washington y Guatemala, colonia Victoria, código postal 88070, de esta ciudad. Esto en virtud de que dicho inmueble pertenece al acervo hereditario de dicho juicio sucesorio intestamentario [fojas 242]. 5.- En proveído de veinticinco de agosto de dos mil veintiuno, se mandó requerir a Esther Hernández Fernández, y a sus causahabientes, a efecto de que desocuparan de manera voluntaria dentro del término de cinco días hábiles el bien inmueble citado en el punto que antecede; apercibidos que, en caso de no hacerlo en el plazo concedido, se procedería a su desocupación con auxilio de la fuerza pública y rompimiento de cerraduras, en caso de ser necesario [foja 258]. 6.- El veintidós de junio de dos mil veintidós, en razón de que Esther Hernández Fernández, y sus causahabientes, no dieron cumplimiento voluntario al requerimiento que se les practicara respecto a la entrega del bien inmueble, se hizo efectivo el apercibimiento de ejecución forzosa y se dictó auto en el que se autorizó el lanzamiento a la vía pública con rompimiento de cerraduras y auxilio de la fuerza pública para el caso de ser necesario, para que fuera puesto a disposición de Francisco Contreras Treviño, en su calidad de albacea, quién se encuentra designado para la administración de los bienes [fojas 316 vuelta y 317]. 7.- El treinta de junio de dos mil veintidós se llevó a cabo la diligencia de desposesión ordenada con auxilio de la fuerza pública y se dio posesión del inmueble a Francisco Contreras Treviño, como fue ordenado en el auto de veintidós de ese mes y año [foja 323 vuelta a 325]. Ahora bien, analizar la procedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con el artículo 62 de la ley de la materia. En tal virtud, de oficio, este órgano jurisdiccional estima que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XII, en relación con el 5, fracción I, y 6, estos dos últimos interpretados en sentido contrario, de la Ley de Amparo, que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.]" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. [.]" "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. [.]" De tales preceptos, se desprende que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, que el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa, por lo que sólo el quejoso directamente afectado con alguna determinación jurisdiccional es el que está en aptitud de demandar la protección de la Justicia Federal, ya que la promoción del juicio de amparo exige que la demanda sea suscrita por quien alega sufrir el agravio personal y directo. En el caso, el acto que reclama la parte quejosa en su carácter de tercero extraño en estricto sentido, se hace consistir en la orden de desocupación del inmueble ubicado en avenida Bocanegra, número 1821, colonia Viveros, en esta ciudad; acto el cual, como se vio de los antecedentes narrados, tiene su origen en los acuerdos de veinticinco de agosto de dos mil veintiuno y veintidós de junio de dos mil veintidós, pronunciados dentro del expediente 356/2020, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial del Estado, relativo al juicio sucesorio intestamentario a bienes de Catalino Contreras y/o Catarino Contreras y/o Catarino Contreras García y/o Marina Treviño Guerra de Contreras y/o María Treviño Guerra de Contreras, mediante los que se requirió a Esther Hernández Fernández, y a sus causahabientes, a efecto de que desocuparan de manera voluntaria dentro del término de cinco días hábiles el bien inmueble citado, apercibidos que de no hacerlo en el plazo concedido, se procedería a su desocupación con auxilio de la fuerza pública y rompimiento de cerraduras, en caso de ser necesario; y como no dieron cumplimiento voluntario a la desocupación ordenada, se hizo efectivo el apercibimiento citado y se ordenó el lanzamiento con auxilio de la fuerza pública, lo cual fue cumplimentado mediante diligencia de treinta de junio del año en curso. Sin embargo, a efecto de demostrar su interés jurídico la quejosa no ofreció elementos de convicción demostrativos para tal fin, estimándose que su sólo dicho no es el medio idóneo para acreditar el derecho a poseer el inmueble que reclama. Esto es así, toda vez que cuando la inconforme se ostenta como persona extraña a juicio, como acontece en la especie, es menester que demuestre su derecho a poseer con un título sustentado en alguna figura jurídica o precepto legal que le genere el derecho a poseer, de manera que la parte promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión; sin que ello se demuestre con su dicho y la circunstancia de la ocupación del predio; es así, pues con éstas, a lo sumo se podría acreditar la existencia del acto reclamado y que detenta el inmueble. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la jurisprudencia P./J. 1/2002 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común." Efectivamente, para efectos del presente juicio de amparo, la quejosa Esther Hernández Fernández debió acreditar su interés jurídico con algún título sustentado en alguna figura jurídica o precepto legal que le genere el derecho a poseer, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión y al no haberlo exhibido, carece de dicho interés para instar el presente juicio de amparo. En las relatadas condiciones, es claro que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el 5, fracción I, y 6, todos de la Ley de Amparo; por lo que, se sobresee en el presente juicio de amparo. Sobreseimiento que se extiende al acto de ejecución que se reclama de los Actuarios adscritos a la Central de Actuarios del Tercer Distrito Judicial del Estado, residentes en esta población, toda vez que su actuación no se reclamó por vicios propios sino como consecuencia del acto que se atribuyó a la diversa responsable ordenadora. Apoya lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, que refiere: "AUTORIDAD EJECUTORA. SOBRESEIMIENTO. LE ES EXTENSIVO EL RELATIVO A LA ORDENADORA. Si en un juicio de garantías se sobresee respecto de la autoridad ordenadora del acto reclamado, en el mismo sentido debe de fallarse en lo que toca a la señalada como ejecutora, cuando a ésta no se atribuyen vicios propios de ejecución, porque debiendo sobreseerse en cuanto al acto emanado de la primera, es inconcuso que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución." QUINTO. PUBLICACIÓN DE SENTENCIA. De conformidad con lo establecido en los artículos 6, fracción II, de la Constitución Federal y 68 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los órganos jurisdiccionales deben proteger los datos personales de las partes en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que éstas hagan valer el derecho de oponerse a su publicación, por lo que ante la falta de manifestación expresa de las partes de oponerse a la publicación de sus datos personales, lo que procede es ordenar la publicación de la presente sentencia con supresión de datos personales. Por lo expuesto y fundado, con apoyo, además, en los artículos 63 fracción V, 73, 74, 75 y 217 de la Ley de Amparo, se; R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo 342/2022, promovido por Esther Hernández Fernández. SEGUNDO. Publíquese esta resolución con supresión de datos personales, en términos de lo ordenado en su último considerando. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Judith Alhelí Andrade Villafán, Jueza Tercero de Distrito en el estado de Tamaulipas, con residencia en Nuevo Laredo, hasta hoy once de mayo de dos mil veintitrés, fecha en que lo permitieron las labores de este órgano jurisdiccional, asistida de José Florentino González González, Secretario con quien actúa y da fe."
- Principal
se difiere la audiencia programada para el día de hoy y en su lugar se señalan las doce horas con cuatro minutos del veintisiete de diciembre de dos mil veintidós, para que tenga verificativo la misma. se agrega escrito del tercero interesado, y por autorizados los que menciona en el mismo-4
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