Esther Guerrero Martínez
Expediente 100/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 100/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 27/11/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Esther Guerrero Martínez
Actuaciones
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede, se advierte que la sentencia de treinta de octubre de dos mil veinte, que negó el amparo y protección de la justicia federal, no fue recurrida dentro del término legal; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte. En cumplimiento al artículo 18, fracción I, inciso b) de la disposición administrativa en cita, el presente expediente es susceptible de depuración, una vez que transcurran tres años -contados a partir de que se ordenó su archivo- puesto que se dictó sentencia en la que se negó el amparo y protección de la justicia de la unión, de lo que deberá conservarse la demanda, en su caso, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto y el presente proveído. Finalmente, al resultar innecesario retener la prueba documental que la autoridad responsable juez Cuarto Civil de Partido con sede en esta ciudad, remitió como sustento de su informe justificado, consistente en copia certificada del juicio especial testamentario número C585/2013 de su índice, devuélvansele; en el entendido que no se hace necesario requerir el acuse de recibo respectivo, dado que este será recabado por conducto del actuario de la adscripción.
- Principal
Vistos los autos, para resolver el juicio de amparo 100/2020; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado el diez de febrero de dos mil veinte (fojas 2 a 5), ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el estado de Guanajuato, con sede en Celaya, Esther Guerrero Martínez, por conducto de su apoderado Oscar Obregón Rabell, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, en contra del acto de la autoridad que a continuación se transcriben: "IV.- NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME: De las responsables señaladas, se reclama básicamente LA ILEGAL RESOLUCIÓN DE FECHA 15 QUINCE DE ENERO DE DOS MIL VEINTE, notificada de manera electrónica el día 16 dieciséis del mismo mes y año, que recayó respecto al Recurso de revocación planteado dentro del Expediente número C-585/2013, del índice del H. Juzgado de Partido Cuarto Civil de esta ciudad de Celaya, Guanajuato, violentando de manera flagrante lo preceptuado por los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que las responsables sin motivo o causa legal alguna se encuentra (sic) dictando un (sic) resolución totalmente incongruente y por lo tanto, ilegal, violentando con esto mi esfera jurídica al dictar una resolución con total falta de garantía de impartición de justicia pronta y expedita, así como violentando el principio de legalidad y congruencia que toda resolución debe contener, creando con esto un total estado de indefensión jurídica y ocasionando un acto de imposible reparación." "III.- SEÑALO COMO AUTORIDADES RESPONSABLES: --- LA C. JUEZ DE PARTIDO CUARTO CIVIL DE ESTA CIUDAD DE CELAYA, GUANAJUATO, con domicilio (.). --- LA C. SECRETARIA DEL JUZGADO DE PARTIDO CUARTO CIVIL DE ESTA CIUDAD DE CELAYA, GUANAJUATO, con domicilio (.)." Acto que consideró violatorio de los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; asimismo, expresó los conceptos de violación que consideró pertinentes. SEGUNDO. Trámite del juicio. Por cuestión de turno correspondió conocer de la demanda de derechos fundamentales al Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en Celaya; mediante proveído de doce de febrero de dos mil veinte (fojas 10 a 12), esta potestad la registró bajo el número 100/2020 y previno a la parte quejosa a fin de que aclarara su ocurso inicial de demanda; tras el cumplimiento con lo prevenido, por auto de veintiocho de febrero del actual año esta potestad desechó parcialmente la demanda por lo que ve a los actos reclamados a la secretaria del Juzgado Cuarto Civil de Parito en esta ciudad; en cambio, admitió a trámite la demanda el acto reclamado a la juez civil señalada como responsable; solicitó el informe justificado a dicha autoridad; reconoció el carácter de parte tercera interesada a la institución bancaria BANCO SANTANDER sociedad anónima, Institución de Banca Múltiple, de quien se ordenó su emplazamiento; dio la intervención que corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y señaló tanto fecha como hora para la celebración de la audiencia constitucional. El cuatro de marzo de dos mil veinte, fue emplazada a este juicio constitucional la parte tercera interesada BANCO SANTANDER sociedad anónima, Institución de Banca Múltiple (foja 233). En data nueve de septiembre de dos mil veinte, a las trece horas con cincuenta minutos inició la audiencia constitucional (foja 280 y vuelta). C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el estado de Guanajuato, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 1, fracción I, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; pues se reclama un acto atribuido a una autoridad judicial residente en esta ciudad, esto es, dentro del ámbito de competencia territorial de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Por cuestión de método, se procede a la fijación del acto reclamado, como está preceptuado en el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, con la finalidad de lograr congruencia entre lo pedido y lo que se resolverá, conforme al criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". De este modo, se establece que en el presente juicio el acto reclamado es: i) La resolución de quince de enero de dos mil veinte, pronunciada en juicio especial sucesorio testamentario C-585/2013, en la que revocó el auto de veintiocho de octubre de dos mil diecinueve, empero denegó la petición de la parte quejosa en el sentido de requerir a la institución bancaria BANCO SANTANDER sociedad anónima, Institución de Banca Múltiple, a fin de que esta deje a disposición -de la hoy quejosa- el numerario existente en las cuentas a nombre de la autora de la sucesión. Acto reclamado a la siguiente autoridad: 1. Jueza Cuarto Civil de Partido, con residencia en esta ciudad. TERCERO. Existencia del acto reclamado. La juez Cuarto Civil de Partido en esta ciudad (fojas 276 y vuelta), aceptó la existencia del acto reclamado; en consecuencia, debe tenerse por cierto el acto impugnado, pues la manifestación de la autoridad responsable constituye una confesión expresa y espontánea con pleno valor probatorio en términos de los artículos 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa del artículo 2°, párrafo segundo, de este último ordenamiento. Cobra aplicación en el caso, la jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se le reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, la certeza del acto reclamado se robustece con la documental que la juez civil responsable acompañó a su informe justificado, consistente en copia certificada del juicio especial civil sucesorio testamentario C585/2013; documental que tiene valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del artículo 2° de este último ordenamiento, al haber sido expedida por funcionario público en ejercicio de sus funciones y tratarse de constancias relativas a un juicio civil tramitado por y ante autoridades judiciales. CUARTO. Antecedentes del acto reclamado. Los antecedentes más destacados de los actos reclamados, cuyos datos se obtienen de las constancias que obran en autos, son los siguientes: 1. Por auto de veinticinco de noviembre de dos mil trece fue radicado ante el Juzgado Cuarto Civil de Partido en esta ciudad el juicio sucesorio testamentario, C585/2013, a bienes de María Martínez Cárdenaz. Ese juicio especial fue iniciado por Rosa y Esther, ambas de apellidos Guerrero Martínez, por conducto de su apoderado Oscar Obregón Rabell (fojas 31 a 33, tomo I cuaderno de pruebas). 2. El cuatro de febrero de dos mil catorce tuvo verificativo la audiencia de lectura de testamento, donde se reconoció como única y universal heredera a Esther Guerrero Martínez y como albacea a Rosa Guerrero Martínez. Esta providencia causó firmeza legal en auto de seis de marzo de dos mil catorce (fojas 59 a 61, tomo I cuaderno de pruebas). 3. Por acuerdo de trece de mayo de dos mil catorce, a petición de parte interesada, la juez civil responsable ordenó girar oficio a la institución bancaria denominada Banco Santander (México) sociedad anónima, institución de banca múltiple, Grupo Financiero Santander, con domicilio en esta localidad a fin de que informara si la autora de la sucesión tiene contratada con esa institución alguna cuenta bancaria y si a la fecha se encuentra vigente. En cumplimiento a este requerimiento el referido banco respondió, mediante ocurso presentado ante el juzgado de origen el tres de junio de dos mil catorce, que en esa institución se localizó a María Martínez Cárdenaz como titular de la siguientes cuentas: 86469066229 portafolio de inversión, con estado vigente; 72002257559 cuenta plazo pagaré, vigente; y 83500682899 cuenta dólares físicas vigente. Por acuerdo de cinco de junio de dos mil catorce se proveyó sobre dicho comunicado de la institución bancaria (fojas 63 vuelta y 67, tomo I cuaderno de pruebas). 4. El tres de agosto de dos mil dieciséis se dictó sentencia de adjudicación en favor de Esther Guerrero Martínez, en su calidad de única heredera. En esta determinación se adjudicó el numerario de las cuentas bancarias del Banco Santander (México) sociedad anónima, institución de banca múltiple, Grupo Financiero Santander, mencionadas en el punto que antecede (fojas 82 a 83 vuelta, tomo I cuaderno de pruebas). 5. Por acuerdo de trece de octubre de dos mil diecisiete, se declaró la firmeza legal de la sentencia de adjudicación en comento; asimismo, a petición de parte interesada, se giró oficio a la institución bancaria en comento a fin de que hiciera entrega de las cantidades más intereses existentes en las cuentas bancarias a que se ha hecho alusión a favor de la adjudicataria, con apercibimiento de multa para el caso de no hacerlo o de no manifestar el impedimento para cumplir con lo ordenado dentro del plazo legalmente otorgado para ello. Esta determinación se reiteró por acuerdo de treinta y uno de julio de dos mil diecinueve (fojas 90 y 96, tomo I cuaderno de pruebas). 6. Por escrito fechado el ocho de agosto de dos mil diecinueve, Banco Santander México, sociedad anónima, por conducto de Armando Reynoso Estrada expresó al juzgado natural que las cuentas bancarias a que se ha hecho alusión se encuentran canceladas; que por tal motivo es imposible atender su requerimiento. Por acuerdo de quince de agosto siguiente, se proveyó dicho ocurso, ordenando dar vista a la parte adjudicataria (fojas 100 y 101, tomo I cuaderno de pruebas). 7. Por auto de veintidós de agosto de dos mil diecinueve, a petición de parte, se ordenó girar de nueva cuenta oficio a la institución bancaria en comento a fin de que informara si las referidas cuentas estaban a nombre de la autora de la sucesión; si fueron canceladas, el motivo y quién realizó el trámite de cancelación (fojas 104 y 105, tomo I cuaderno de pruebas). 8. En cumplimiento al requerimiento precisado en el punto que precede, Banco Santander México presentó escrito ante el juzgado de origen el doce de septiembre de dos mil diecinueve en el que informó que María Martínez Cárdenaz fue titular de las cuentas bancarias 86469066229, 72002257559 y 83500682899; con relación a la primera, asociada a la 72002257559, fue cancelada el cinco de marzo de dos mil dieciséis por artículo 61 (sic); indicó anexar carta de notificación. También expresó que a la fecha de cancelación la cuenta de inversión 72002257559 registraba un saldo de $39,142.09, el cual fue transferido a la chequera asociada 86469066229; que esta, a la fecha de cancelación, registró un saldo de cero pesos. Que la cuenta 83500682899 tuvo como fecha de cierre veintidós de julio de dos mil dieciséis; cancelación por decisión del cliente. Indicó anexar solicitud de cancelación y que la cotitular lo es Esther Guerrero Martínez; a ese oficio se anexaron diversas documentales (fojas 110 a 163, tomo I cuaderno de pruebas). 9. El diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve, se proveyó la promoción indicada en el punto que antecede y se ordenó dar vista a la parte interesada (fojas 165 y 166, tomo I cuaderno de pruebas). 10. Por acuerdo de veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve, a petición de parte interesada se ordenó girar oficio a la mencionada institución bancaria para lo siguiente: "(.) a efecto de que la chequera asociada 86469066229, derivada de la cancelación de inversión 72002257559 informe a este Tribunal dentro del término legal de 03 tres días, el saldo de la misma y en el mismo plazo haga entrega y quede a disposición de la adjudicataria ESTHER GUERRERO MARTÍNEZ el saldo referido (.)"; con apercibimiento que de no hacerlo o de no expresar el impedimento que tuviera para ello, se le impondría una multa (foja 168 y vuelta, tomo I cuaderno de pruebas). 11. Por escrito presentado ante el juzgado natural el once de octubre de dos mil diecinueve, la institución bancaria, por conducto de su representante legal, informó que la cuenta 86469066229 fue cancelada por solicitud de Esther Guerrero Martínez; que por ello se está en imposibilidad de cumplir con lo ordenado. Para corroborar esto la institución bancaria exhibió copia de la solicitud de cancelación signada por Esther Guerrero Martínez (fojas 180 y 183, tomo I cuaderno de pruebas). 12. Por acuerdo de dieciséis de octubre de dos mil diecinueve, se agregó al sumario natural tanto la promoción como la documental indicadas en el punto que antecede; asimismo, se ordenó dar vista a la parte adjudicataria en el sucesorio natural para los efectos legales conducentes (foja 184 y vuelta, tomo I cuaderno de pruebas). 13. En auto de dieciocho de octubre de dos mil diecinueve, se acordó la promoción presentada el día dieciséis del mes y año en cita por el representante legal de la adjudicataria. En esta promoción solicitó que se hiciera efectivo el "medio de apremio" en contra de la institución bancaria habida cuenta que ha sido omisa en cumplir lo requerido. Asimismo, instó que nuevamente fuera requerida para que cumpla con lo ordenado, en el sentido de que se entreguen a la adjudicataria las cantidades más intereses habidas en las cuentas de la autora de la sucesión. En el referido auto se determinó improcedente lo solicitado en atención a lo informado por la institución bancaria; para mayor claridad se transcribe la parte conducente: "(.) Dígase al ocursante que atendiendo a lo informado por la institución crediticia BANCO SANTANDER (MÉXICO) S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander; en relación a la chequera asociada derivada de la cancelación de inversión 72002257559, resulta improcedente lo solicitado en su escrito de cuenta, por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Código de Procedimientos Civiles, se desecha de plano su escrito de cuenta. --- Notifíquese por lista. (.). Tal determinación fue notificada por lista publicada el veintiuno de octubre de dos mil diecinueve; (fojas 185 a 186 vuelta tomo I cuaderno de pruebas). 14. Por escrito presentado ante la oficialía de partes común a los juzgados civiles, el veintitrés de octubre de dos mil diecinueve, turnado al siguiente día al juzgado de origen, el apoderado de la adjudicataria expresó contestar la vista otorgada en auto de dieciséis de octubre de esa anualidad. En esencia señaló que debe ser desestimada la falaz contestación que la mencionada institución bancaria dio al requerimiento de la juez del conocimiento primario; que por ello deben hacerse efectivos los apercibimientos. Señaló que el banco pretende sorprender al tribunal al omitir cumplir con lo ordenado -la entrega de los fondos correspondientes-. Para sustentar su postura el promovente hizo una reseña de la información otorgada por el banco al expediente judicial e hizo una serie de consideraciones por las que, desde su punto de vista, el banco incumple con lo requerido (foja 187 y 188, tomo I cuaderno de pruebas) 15. En providencia de veintiocho de octubre de dos mil diecinueve, la juez civil responsable determinó que no ha lugar a lo solicitado por la parte promovente hoy quejosa; que debía estarse a lo acordado el dieciocho de octubre de esa anualidad en la que se atendió a la circunstancia que refiere, por lo que desechó de plano su solicitud (foja 189 y vuelta, tomo I cuaderno de pruebas). 16. Inconforme con el acuerdo reseñado en el punto que precede, la adjudicataria, por conducto de su mandatario, interpuso recurso de revocación, el cual fue resuelto por interlocutoria de quince de enero de dos mil veinte en donde señaló revocar el proveído recurrido, pero determinó que es improcedente la petición de la adjudicataria en razón de lo que ha informado la institución bancaria (foja 199 a 201, tomo I cuaderno de pruebas). Esta determinación constituye el acto reclamado en forma destacada en el asunto presente. En la resolución reclamada se declaró fundado el agravio en torno a que no se atendió a la contestación expresada, en tiempo y forma, a la vista otorgada en proveído de dieciséis de octubre de dos mil diecinueve; que lo procedente es revocar el acuerdo impugnado en la parte conducente, por tanto, proveyó sobre la contestación a la vista que la recurrente hoy quejosa expresó al referido auto de dieciséis de octubre actual, mediante escrito presentado ante la oficialía de partes común a los juzgados civiles en data veintitrés de octubre de dos mil diecinueve, turnado al siguiente día al juzgado responsable. Así, en la resolución reclamada se hizo una relación de los requerimientos dirigidos a la institución bancaria y de lo que esta ha respondido a dichos mandatos judiciales, para luego concluir: "(.) Corolario a lo cual, ante lo informado reiteradamente por BANCO SANTANDER, S.A., Institución de Banca Múltiple y sin prueba en contrario, resulta improcedente lo solicitado en su escrito de cuenta, lo anterior con fundamento en los en los artículos 58 y 254 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el estado. --- En mérito de lo expuesto, fundado y con apoyo además en lo dispuesto por los artículos 232, 233, 234, 235 y 358 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato, se R E S U E L V E (.)"; (fojas 199 a 201 vuelta tomo I de pruebas). QUINTO. Análisis de la constitucionalidad del acto reclamado. Los conceptos de violación son inoperantes. Cabe precisar que el presente asunto se resolverá conforme a los planteamientos formulados por la parte quejosa, en razón de que en el caso no se ubica en alguno de los supuestos que establece el artículo 79 de la Ley de Amparo, para que opere en su favor la suplencia de la deficiencia de la queja; por tanto, en el particular será resuelto bajo la perspectiva del principio de estricto derecho. Atentos a la causa de pedir, debe indicarse que del análisis del ocurso constitucional se desprende que la parte quejosa se duele, en síntesis, de que la resolución impugnada violenta los derechos fundamentales de congruencia, legalidad, seguridad jurídica y debido proceso, reconocidos por los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo que precede, aduce la agraviada, en virtud de que se le priva de obtener el numerario, de las cuentas bancarias, que le fue adjudicado en el sucesorio testamentario de origen, en tanto que deniega requerir a la institución bancaria para que entregue a la quejosa los recursos existentes en las cuentas que pertenecieron a la autora de la sucesión. El anterior planteamiento es inoperante. La inoperancia de la causa de pedir estriba en que el acto reclamado constituye, en esencia, una reiteración de un diverso proveído dictado con anterioridad a la resolución que ahora se reclama, y que la parte quejosa consintió implícitamente en razón de que no se inconformó con aquel acuerdo a través de los medios ordinarios o extraordinarios de impugnación correspondientes, lo que indudablemente implica su consentimiento. Para corroborar este aserto es preciso señalar que la función jurisdiccional es una potestad atribuida a órganos del Estado para dirimir contenciones; al mismo tiempo, es un deber impuesto en cuanto a que estos no pueden negarse a administrar justicia, ni a utilizar los mecanismos jurídicos establecidos por el legislador para el ejercicio de la función jurisdiccional. En esa perspectiva, acudir a esta instancia constitucional encuentra sus límites bajo un ejercicio ponderativo en la seguridad jurídica que conlleva un proceso. Esto es así, porque el constituyente otorgó a los órganos legislativos secundarios el poder de establecer los términos y los plazos en los que la función jurisdiccional se debe realizar. Estableció un límite claramente marcado al utilizar la frase "en los plazos y términos que fijen las leyes", la que no solo implica las temporalidades en que se debe hacer la solicitud de jurisdicción, sino que incluye, además, todas las formalidades, requisitos y mecanismos que el legislador prevea para cada clase de procedimiento. Esa facultad del legislador tampoco es absoluta, pues los límites que imponga deben encontrar justificación constitucional, de tal forma que solo pueden imponerse cuando mediante ellos se tienda al logro de un objetivo de mayor jerarquía constitucional. Lo anterior encuentra sustento en el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación inmerso en la tesis LV/2004, emitida por la Primera Sala, visible en la página 511, tomo XIX, mayo de dos mil cuatro, de rubro y texto: "ACCESO A LA JUSTICIA. SÓLO EL LEGISLADOR PUEDE IMPONER PLAZOS Y TÉRMINOS PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE ACCIÓN Y DEFENSA ANTE LOS TRIBUNALES. La reserva de ley establecida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por la que se previene que la impartición de justicia debe darse en los 'plazos y términos que fijen las leyes', responde a la exigencia razonable de ejercer la acción en lapsos determinados, de manera que de no ser respetados podría entenderse caducada, prescrita o precluida la facultad de excitar la actuación de los tribunales. Esto es, la indicada prevención otorga al legislador la facultad para establecer plazos y términos razonables para el ejercicio de los derechos de acción y defensa, pero sólo a él y no a alguna otra autoridad." Ese derecho a la seguridad jurídica reconocido y garantizado en la Carta Magna, se manifiesta como la posibilidad de que los gobernados tengan certeza de que su situación jurídica no será modificada más que por procedimientos regulares, establecidos previamente, es decir, bajo los términos y plazos que determinen las leyes, como lo establece el artículo 17 constitucional. Es de citarse las figuras jurídicas de cosa juzgada, plazo, caducidad, preclusión, entre otras. Con lo expuesto, se puede afirmar que los diversos procedimientos que el legislador prevé para el cumplimiento del derecho de acceder a la justicia existen con la finalidad de garantizar la seguridad jurídica de los gobernados. Lo contrario, se calificaría como un procedimiento anárquico que llevaría a juicios contra normas procesales imperativas, con la consiguiente inseguridad jurídica. En materia procesal, los principios de firmeza de los autos y preclusión, corren paralelos a los diversos de celeridad y seguridad jurídicas, así, los primeros se materializan en forma eficiente con el hecho de que el perjudicado por alguna determinación judicial omita exteriorizar en el momento oportuno su inconformidad. Con motivo de que la rectoría, vigilancia y eficaz sustanciación de los procesos se ha encargado a órganos específicos, resulta claro el que las determinaciones que los tribunales dicten en aras de la debida administración de justicia, aún las de mero trámite, implícitamente cuentan con una facultad imperativa que se puede traducir en beneficio o en detrimento de alguna de las partes. Ello se patentiza si se toma en consideración que, por regla general, las sentencias y demás determinaciones judiciales, en los casos particulares confieren derechos o imponen obligaciones a los contendientes, con independencia de que su emisión sea correcta o no. De ahí que sea válido colegir, que de no actualizarse ambas condiciones (inconformidad y oportunidad), se haría nugatoria la actividad de los órganos jurisdiccionales, pues equivaldría a poner en la incertidumbre el cúmulo de actuaciones que aquellos hubiesen desarrollado, toda vez que las diferentes etapas que integran los procesos, voluntariosamente podrían ser retrotraídas en el tiempo. Más aún, cabe destacar que es precisamente la firmeza de los proveídos judiciales lo que otorga seguridad, no solo a la buena marcha del proceso, sino también al conjunto de pretensiones que sobre él versen, dado que introducen en las partes un aspecto subjetivo de imperatividad relativa a que va a acontecer "algo" forzosamente; tan es así que es una verdad universalmente reconocida la que se encuentra plasmada en la ciencia jurídica, consistente en que a los tribunales judiciales les está vedada la facultad de revocar sus propias determinaciones. En esa medida, aun y cuando eventualmente pudiera asistir razón a la promovente del amparo, lo cierto es que esta instancia constitucional no solo debe ser respetuosa sino promotora del derecho humano a la seguridad jurídica que conlleva un procedimiento reglado por el legislador, aun frente a una eventual vulneración a otros derechos. Ahora, en la especie, de la relatoría de los antecedentes de la decisión reclamada, se advierte que la parte agraviada presentó el dieciséis de octubre de dos mil diecinueve una promoción ante la autoridad responsable, en la que solicitó que se hiciera efectivo el "medio de apremio" en contra de la institución bancaria BANCO SANTANDER sociedad anónima, Institución de Banca Múltiple, toda vez que, en su parecer, ha sido omisa en cumplir lo requerido. Asimismo, solicitó que nuevamente fuera requerida para que cumpla con lo ordenado, en el sentido de que se entregue a la adjudicataria (hoy quejosa) las cantidades -más intereses- habidas en las cuentas bancarias que estuvieron a nombre de la autora de la sucesión (foja 185 vuelta tomo I cuaderno de pruebas). La mencionada promoción, fue despachada por auto de dieciocho de octubre de dos mil diecinueve, donde se determinó improcedente lo solicitado en atención a lo informado por la institución bancaria. Para mayor claridad se transcribe la parte conducente del referido auto: "(.) Dígase al ocursante que atendiendo a lo informado por la institución crediticia BANCO SANTANDER (MÉXICO) S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander; en relación a la chequera asociada derivada de la cancelación de inversión 72002257559, resulta improcedente lo solicitado en su escrito de cuenta, por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Código de Procedimientos Civiles, se desecha de plano su escrito de cuenta. --- Notifíquese por lista. (.). Tal determinación fue notificada por lista publicada el veintiuno de octubre de dos mil diecinueve (foja 186 vuelta tomo I cuaderno de pruebas). Destaca que esta providencia no fue impugnada por la parte quejosa. Por otro lado, en la resolución reclamada se revocó el auto de veintiocho de octubre de dos mil diecinueve, y se proveyó sobre la contestación a la vista que la parte quejosa expresó respecto del acuerdo de dieciséis de octubre de esa anualidad. En la contestación a la vista, la parte quejosa insistió, en esencia, en que se requiera al banco BANCO SANTANDER sociedad anónima, Institución de Banca Múltiple para que haga entrega (a la parte agraviada) del numerario relativo a las cuentas que pertenecieron a la autora de la sucesión. En la resolución reclamada, tras una reseña de antecedentes concernientes a los informes requeridos al banco y proporcionados por este, se determinó: "(.) Corolario a lo cual, ante lo informado reiteradamente por BANCO SANTANDER, S.A., Institución de Banca Múltiple y sin prueba en contrario, resulta improcedente lo solicitado en su escrito de cuenta, lo anterior con fundamento en los en los artículos 58 y 254 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el estado. --- En mérito de lo expuesto, fundado y con apoyo además en lo dispuesto por los artículos 232, 233, 234, 235 y 358 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato, se R E S U E L V E (.)"; (fojas 199 a 201 vuelta tomo I de pruebas). El análisis comparativo de las actuaciones en trato -proveído de dieciocho de octubre de dos mil diecinueve y la resolución reclamada-, permite colegir que contienen la misma decisión, a saber, la negativa a requerir a BANCO SANTANDER sociedad anónima, Institución de Banca Múltiple para que deje a disposición de la quejosa el numerario de las cuentas bancarias que pertenecieron a la autora de la sucesión; ello, se indicó en sendas actuaciones, en atención a lo informado por la institución bancaria. En este orden de ideas, si en el caso presente la parte quejosa omitió interponer medio de impugnación alguno en contra del auto de dieciocho de octubre de dos mil diecinueve, por el cual la juez civil responsable denegó la petición de la agraviada en el sentido de requerir al banco para que le entregara los fondos de las cuentas que pertenecieron a la de cujus; dicha determinación quedó firme, por haber sido consentida. Como consecuencia de ello, se considera que los conceptos de violación dirigidos en contra de la resolución reclamada son inoperantes, porque esta es una reiteración de aquel proveído consentido por la quejosa al omitir impugnarlo. Ciertamente, al no haberse impugnado ese primer auto en que denegó requerir al banco para que entregara el numerario de las cuentas bancarias de referencia, se entiende como consentido y se erige como cosa juzgada. Lo anterior, conlleva necesariamente a un impedimento para atender la causa de pedir, respecto del acto reclamado y la torna inoperante. Es así porque la autoridad de la cosa juzgada radica en la regulación obligatoria e inmutable de las relaciones jurídicas que son sometidas a juicio, de modo que se vuelven definitivos, incontestables e inatacables al vincular a las partes para todo juicio futuro, lo que se traduce en la estabilidad de los actos procesales; en esa medida, la cosa juzgada representa una garantía de seguridad jurídica, porque tiene que llegar un momento en que las determinaciones jurisdiccionales necesariamente sean inimpugnables, en el aspecto formal y externo, y jurídicamente indiscutibles o inmutables en el sentido material o interno; así, la inimpugnabilidad y la indiscutibilidad se condensan en la cosa juzgada material, y redundan en la certeza para el justiciable de que los juicios no se prolongarán indefinidamente. Es cierto que, en principio, la conducta reclamada de la autoridad en el fallo de la revocación, permite entender la negativa para requerir al banco con objeto de que entregue a la agraviada el numerario referido, pero también lo es que la decisión de la responsable en el mismo sentido fue formulada desde un auto dictado previamente -dieciocho de octubre de dos mil diecinueve-; se trata pues de una mera reiteración. No es óbice que en la contestación que la quejosa expresó a la vista del proveído de dieciséis de octubre de dos mil diecinueve, haya abundado sobre algunas consideraciones por las que, en su parecer, el banco ha incumplido con dejarle a disposición los fondos referidos, pues de cualquier manera, de otorgar nuevamente la oportunidad a la quejosa de revivir la controversia sobre una determinación que, en su momento, no fue impugnada, implicaría dejar al arbitrio del particular la promoción de la demanda, pues bastaría con que presentara un escrito en el que hiciera la misma petición con variaciones no sustanciales, para otorgarle una nueva oportunidad de impugnar lo que en su momento no hizo o, inclusive, incurrir en el extremo absurdo de que se pudiera analizar una conducta que ya fue materia de otro juicio. Así, de concederse el amparo, el efecto inevitable sería traer nuevamente a la vida jurídica un tema -negativa por parte de la juez civil responsable para requerir al banco a fin de que deje a disposición de la agraviada el efectivo de las cuentas bancarias que correspondieron a la autora de la sucesión-, que no impugnó oportunamente; de ahí que este juzgador se encuentre impedido para analizar la resolución reclamada, lo que hace inoperantes los conceptos de violación. En apoyo a lo expuesto, por identidad de razón jurídica y en lo conducente, se invoca la jurisprudencia V.1º J/10, visible en la página 367, tomo IV, octubre de mil novecientos noventa y seis y el diverso criterio VI.2o.C. J/172, visible en la página 864, tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, ambas del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que gozan del mismo rubro y texto: "CONCEPTOS DE VIOLACION INOPERANTES. LO SON AQUELLOS EN LOS QUE SE HACEN VALER ARGUMENTOS QUE NO SE HICIERON EN UN AMPARO ANTERIOR. Es inoperante el concepto de violación en el que el quejoso hace valer argumentos, que debió controvertir en un juicio de amparo promovido anteriormente, porque si no lo hizo, es obvio que aun cuando pudiera tener razón en lo que aduce, ya no es permitido en atención a la técnica del juicio de garantías; que lo haga hasta ahora, pues se trata de un aspecto que, por falta de impugnación oportuna, ya no puede ser materia de estudio." Por lo expuesto y fundado se resuelve: ÚNICO. La justicia de la unión no ampara ni protege a xxxxxxxxxx, en contra del acto de la autoridad, que se precisó en el considerando segundo de este fallo, por los motivos expuestos en el último punto considerativo de esta sentencia.
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