Esther Guadarrama Tellez

Expediente 1540/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 31 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1540/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
31/10/2023

Partes del expediente

  • Esther Guadarrama Tellez

Actuaciones

  1. Principal

    ... Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México; cuatro de octubre de dos mil veintitrés. Radicación. Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por Esther Guadarrama Téllez, por derecho propio, contra actos del Juez Tercero Civil del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México y otra autoridad. Fórmese expediente físico y electrónico y regístrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes S.I.S.E. con el número 1540/2023-VII. DESECHAMIENTO. Ahora bien, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo es menester establecer que en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes.". En términos de lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 10 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe precisarse que la quejosa ostentándose como tercera extraña, reclama lo siguiente: El ilegal emplazamiento de diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés; y como consecuencia, todo lo actuado en el expediente 453/2023, substanciado por el Juzgado Tercero Civil del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México. Ahora bien, de la precisión del acto reclamado hecha con antelación, procede desechar de plano, pues se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII en relación con el artículo 107 fracción VI, de la Ley de Amparo, atento a las siguientes consideraciones. En efecto, los artículos citados señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas;" De las transcripciones precedentes se advierte que el amparo indirecto procede contra actos ejecutados dentro o fuera de juicio, que afecten a personas extrañas. Ahora bien, para los efectos del juicio de amparo, en términos del artículo 107 fracción VI, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluido en este concepto, como ya se dijo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia 331, publicada en la página 280, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del registro 196932, que dice: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente". Asimismo, debe señalarse que uno de los requisitos fundamentales para estimar que un quejoso tiene la calidad de tercero extraño en estricto sentido es el de que dicho individuo sin ser parte material en un procedimiento resienta una afectación en su esfera jurídica con la ejecución de las resoluciones dictadas en él, lo que en el caso no acontece. En el caso, la quejosa en el juicio que se actúa insta el mismo con el carácter de tercera extraña por equiparación; empero este Juzgado estima que en el presente asunto está plenamente desvirtuada la calidad de tercera extraña por equiparación que dice tener, pues de las propias manifestaciones de su demanda se advierte que se enteró del juicio instaurado en su contra 453/2023, antes de la emisión de la sentencia. Por lo que, al resultar que la quejosa no tiene el carácter de tercera extraña por equiparación al juicio 453/2023, llevado a cabo en su contra, ya que se advierte que tuvo conocimiento del procedimiento de origen seguido en su contra cuando aún no se ha dictado la sentencia, por lo que el amparo en vía indirecta es improcedente porque ya no puede considerarse que se ubique en el supuesto relativo a que la falta de emplazamiento o su ilegalidad le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia 2ª./J.47/2011 (10ª.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de febrero de 2012, visible en la página 1627, Libro V, Tomo 2, Decima Época, número de registro 2000293, que dice: "TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER QUIEN TUVO CONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO NATURAL SEGUIDO EN SU CONTRA, ANTES DE LA EMISIÓN DE LA SENTENCIA. Si el quejoso en el juicio de amparo se ostenta como tercero extraño al juicio por equiparación, pero de autos se advierte que tuvo conocimiento del procedimiento de origen seguido en su contra cuando aún no se había dictado la sentencia respectiva, el amparo en vía indirecta es improcedente porque ya no puede considerarse que se ubique en el supuesto relativo a que la falta de emplazamiento o su ilegalidad le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento, infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese tenor, si aquél tuvo conocimiento del juicio natural y estuvo en posibilidad de agotar los recursos o medios ordinarios de defensa, no se actualiza el supuesto de procedencia del juicio de garantías establecido en el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo." (Lo resaltado en el texto no es de origen). ... En consecuencia, es evidente que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII en relación con el artículo 107 fracción VI, de la Ley de Amparo, al desvirtuarse que no es tercera extraña por equiparación al juicio. Máxime que el ilegal emplazamiento de diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés, del que se dolía la quejosa, constituye una violación procesal respecto de la cual el juicio de amparo resulta improcedente, porque constituye una cuestión de índole procesal que no afecta materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; y, a efecto de evidenciarlo es necesario traer al contexto el contenido de los artículos 61, fracción XXIII, y 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, así como 107, fracción III, inciso b), Constitucional que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. [.]." "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: [.] b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y [.]." De conformidad con los artículos transcritos, el juicio de amparo será improcedente cuando ello derive del incumplimiento de alguna disposición de la Carga Magna o bien, de la propia ley que rige la materia, conforme a la cual, el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos en juicio cuyos efectos que sean de imposible reparación, lo que también dispone el Canon Fundamental, con la precisión de que conforme al precepto de la ley de la materia, el legislador establece que deben considerarse actos de imposible reparación, aquéllos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Resulta conveniente destacar que en relación a este tópico, al resolver la Contradicción de Tesis 377/2013, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito y el Segundo y el Cuarto Tribunales Colegiados, ambos en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la Jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), en la que considera que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer qué debe entenderse por dichos actos; con lo cual legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal precisó que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, que sus consecuencias deberán ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además, que deberían recaer en derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Destacando que a partir de esa interpretación se deducían las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia que se trate de actos "que afecten materialmente derechos" lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Concluyendo que dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de imposible reparación, en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debería prescindirse de la aplicación del criterio de ese Tribunal Pleno, en el que se reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo", ya que al ser emitido a la luz de la Ley de Amparo anterior, hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal. En ese contexto, es evidente que se actualizan en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia en análisis, pues el ilegal emplazamiento de diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés, no produce una afectación material a los derechos sustantivos de la quejosa, toda vez que las consecuencias del acto reclamado, en su caso, ocasionarían una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente trascenderá el resultado del fallo, esto es aun y cuando no se le haya emplazado correctamente, además la sentencia que se emita le puede ser favorable a la quejosa, es decir, no necesariamente trascendería el resultado de la sentencia; por ello, no lesiona derechos sustantivos en forma irreparable. Es aplicable en lo conducente la jurisprudencia 1a./J.54/2011 (9a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 772, del Libro I, Octubre de 2011, Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, con número de registro 160910, que establece: ... Dichas violaciones son impugnables mediante el amparo directo, pues en caso de que la sentencia no le sea favorable existe la posibilidad de que una vez dictada la sentencia definitiva en el juicio natural, se podría hacer valer tal situación como una violación procesal en amparo directo en términos del artículo 171 y 172, fracción XII de la Ley de Amparo que establecen: "Artículo 171. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva y la violación procesal trascienda al resultado del fallo. Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ejidatarios, comuneros, trabajadores, núcleos de población ejidal o comunal, o quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para emprender un juicio, ni en los de naturaleza penal promovidos por el inculpado. Tampoco será exigible el requisito cuando se alegue que, la ley aplicada o que se debió aplicar en el acto procesal, es contrario a la Constitución o a los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: (.) XII. Se trate de casos análogos a los previstos en las fracciones anteriores a juicio de los órganos jurisdiccionales de amparo. (.)." Consecuentemente, por lo expuesto procede desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda de amparo, de conformidad con los preceptos legales señalados. Consulta de Expediente Electrónico. En atención a la certificación de cuenta y toda vez que el usuario que señala el promovente, se encuentra registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE, de conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo, ténganse por autorizado para la consulta vía electrónica del juicio de amparo en que se actúa. Se sugiere que al consultar el expediente electrónico, verifique en todos los campos que aparecen en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; es decir, ya sea como persona física, representante de persona jurídica pública o representante de persona jurídica privada. Correo electrónico y número telefónico. Ahora, por cuanto hace al correo electrónico y número telefónico que proporciona la peticionaria de amparo, no obstante que la Ley de Amparo no contempla las notificaciones por esa vía, ténganse por señalados, ello a fin de poder hacerle del conocimiento las actuaciones trascendentes y/o establecer el contacto respectivo en los casos en que por su trascendencia se estime necesario. Medios electrónicos. En atención a lo establecido con el acuerdo 12/2009, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se le autoriza a la autoridad referida en segundo término el uso de medios electrónicos, así como la toma de fotografías de constancias que obren en el sumario, siempre y cuando no se trate de aquellas que por su naturaleza sean de carácter confidencial o reservadas; en el entendido que el uso de dichas reproducciones serán responsabilidad de quien las obtenga, así como de la persona que otorgue la autorización; por lo que queda expedito el derecho de las partes para oponerse o limitar esta permisión. Domicilio procesal. Como lo solicita el quejoso y de conformidad con lo previsto en los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2° y 29 de la Ley de Amparo, practíquense las notificaciones aun las que deban ser en forma personal, por la lista y colóquese en un espacio de fácil acceso para quienes acudan a este órgano jurisdiccional. Autorizados. En atención a la certificación de cuenta se tiene por autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********************y********************por tener registrada su cedula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y a las restantes personas que se mencionan en el ocurso de cuenta en términos restringidos de dicho numeral, por no contar con la patente para ejercer la profesión de licenciado en derecho en el referido sistema. ... Notifíquese.

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