Esther Flores Salazar
Expediente 856/2015 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 9 actuaciones registradas, la última del 16 de junio de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 856/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 16/06/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- ESTHER FLORES SALAZAR y Otros.
- ANGÉLICA GARCÍA FLORES y Otros.
- Esther Flores Salazar
- Angélica García Flores
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, dieciséis de junio de dos mil quince. Se tiene por recibido el escrito signado por el autorizado del quejoso mediante el cual solicita se requiera a las autoridades responsables el cumplimiento de la sentencia de amparo por las razones que expone; el cual se ordena agregar a los presentes autos para que obre como corresponda. Ahora bien, visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo de los que se advierte que a la fecha las autoridades responsables y superiores jerárquicos no han dado cumplimiento a la sentencia de amparo, no obstante de encontrarse debidamente notificadas y haber transcurrido el término otorgado mediante auto doce de mayo de dos mil quince. Por lo anterior, este juzgado procede en términos del artículo 193, primer párrafo de la Ley de Amparo y el punto IV derivado de la jurisprudencia P./J.54/2014(10a.), señalada en el auto de DOCE DE MAYO DE DOS MIL QUINCE; en el caso existe incumplimiento por parte de la autoridad responsable Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Zacatepec, Morelos (Mario Edgardo Ríos Franco), así como a los superiores jerárquicos de esta última Presidente Municipal de Zacatepec, Morelos (Abdon Toledo Hernández) y al Ayuntamiento de Zacatepec, Morelos, por conducto de los integrantes del Cabildo de dicho Ayuntamiento (Síndico Municipal, Mauricio López Salgado y Regidores Maritza Alondra Marban Álvarez, Felipe Salgado Román, Norma Miriam Peralta Abarca, Eliza Karen Popoca Hernández, Evaristo Salgado de la Paz, Gabriel Salazar Enriquez Y Dominga Valle Placencia); para cumplir con la ejecutoria de amparo, pues no obstante estar notificada del acuerdo por el que se le ordenó cumplir con esa, no ha demostrado haber realizado, por lo menos en parte, aquella prestación que es la esencial para restituir al quejoso en el goce del derecho violado, por lo que no acredita estar en vías de cumplir con la ejecutoria de amparo ni las circunstancias que justifiquen la causa del retraso. En consecuencia, con fundamento en los artículos 193, en relación con los diversos 238 y 258, todos de la Ley de Amparo, este juzgador impone a cada una de las referidas autoridades, una multa a cada uno de los mencionados por la cantidad de cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal (monto mínimo), equivalente a $7,010.00 (siete mil diez pesos 00/100 moneda nacional), considerando que el salario diario vigente en esa zona geográfica es de $70.10, (sesenta pesos 10/100, moneda nacional). Para la ejecución de la multa, gírese oficio al Administrador Local de Recaudación de Cuernavaca, para que dentro del término de tres días hábiles contado a partir del día hábil siguiente al en que surta efectos conforme al artículo 31, fracción II de la Ley de Amparo, la notificación de este auto, informe el resultado de la ejecución de las multas impuestas en el párrafo que antecede. En el entendido de que pueden ser localizadas en el domicilio ubicado en Emiliano Zapata, número 23 colonia Centro de Zacatepec, Morelos. REQUERIMIENTO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Con independencia de lo anterior y en atención al escrito de cuenta mediante el cual solicita el quejoso se requiera de nueva cuenta a la autoriad responsable , conforme a los establecido en el punto IV derivado de la jurisprudencia P./J.54/2014(10a.), señalada en los párrafos que anteceden, que señala que una vez transcurrido el término concedido para el cumplimiento , el Juez deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo y esperar un plazo razonable e improrrogable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de inejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. En mérito de lo anterior, se requiere de nueva cuenta a la Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Zacatepec, Morelos (Mario Edgardo Ríos Franco), para que dentro del término de TRES DÍAS, siguientes a las que reciba el oficio en el que se les transcribe el presente acuerdo, informen a este juzgado sobre el cumplimiento que hayan dado a la ejecutoria de amparo, debiendo remitir las constancias que así lo justifiquen. En el entendido de que el efecto del amparo es para lo siguiente: "Así las cosas, los efectos concesorios del amparo, en torno a la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, en particular respecto de los artículos 94 bis a 94 bis 12, y 119 a 125, en ella contenidos, es para el efecto de que no se le apliquen a la quejosa. En el entendido de que, con motivo de la concesión del amparo, a fin de restituirla en el goce de la garantía individual violada, como lo prevén los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, deberán serle reintegradas las cantidades pagadas por los conceptos explicados, es decir: $42,949.20 (CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 20/100 MONEDA NACIONAL); por concepto de impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, más el cobro de su impuesto adicional en un porcentaje del veinticinco por ciento, a razón de $10,737.30 (DIEZ MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 30/100 MONEDA NACIONAL); $26,896.40 (VEINTISÉIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 40/100; por concepto de impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, más el cobro de su impuesto adicional en un porcentaje del veinticinco por ciento, a razón de $6,724.10 (SEIS MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS 10/100 MONEDA NACIONAL); $84,837.98 (OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 98/100 MONEDA NACIONAL); por concepto de impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, más el cobro de su impuesto adicional en un porcentaje del veinticinco por ciento, a razón de $21,209.49 (VEINTIÚN MIL DOSCIENTOS NUEVE PESOS 49/100 MONEDA NACIONAL); $15,036.47 (QUINCE MIL TREINTA Y SEIS PESOS 47/100 MONEDA NACIONAL); por concepto de impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, más el cobro de su impuesto adicional en un porcentaje del veinticinco por ciento, a razón de $3,759.11 (TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 11/100 MONEDA NACIONAL) $51,073.47 (CINCUENTA Y UN MIL SETENTA Y TRES PESOS 47/100 MONEDA NACIONAL); por concepto de impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, más el cobro de su impuesto adicional en un porcentaje del veinticinco por ciento, a razón de $12,768.36 (DOCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 36/100 MONEDA NACIONAL); $66,982.26 (CINCUENTA Y UN MIL SETENTA Y TRES PESOS 47/100 MONEDA NACIONAL); por concepto de impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, más el cobro de su impuesto adicional en un porcentaje del veinticinco por ciento, a razón de $16,745.56 (DIECISÉIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 56/100 MONEDA NACIONAL); $17,225.65 (DIECISIETE MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS 65/100 MONEDA NACIONAL); por concepto de impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, más el cobro de su impuesto adicional en un porcentaje del veinticinco por ciento, a razón de $4,407.33 (CUATRO MIL CUATROCIENTOS SIETE PESOS 33/100 MONEDA NACIONAL); $7,019.91 (SIETE MIL DIECINUEVE PESOS 91/100 MONEDA NACIONAL); concepto de impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, más el cobro de su impuesto adicional en un porcentaje del veinticinco por ciento, a razón de $1,754.97 (MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 97/100 MONEDA NACIONAL); $17,225.65 (DIECISIETE MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS 65/100 MONEDA NACIONAL); concepto de impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, más el cobro de su impuesto adicional en un porcentaje del veinticinco por ciento, a razón de $4,306.41 (CUATRO MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS 41/100 MONEDA NACIONAL) $15,389.56 (QUINCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 56/100 MONEDA NACIONAL); concepto de impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, más el cobro de su impuesto adicional en un porcentaje del veinticinco por ciento, a razón de $3,465.39 (TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 39/100 MONEDA NACIONAL) $11,824.32 (ONCE MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 32/100 MONEDA NACIONAL); concepto de impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, más el cobro de su impuesto adicional en un porcentaje del veinticinco por ciento, a razón de $2,956.08 (DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 08/100 MONEDA NACIONAL); Es aplicable la Jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Novena Época), identificada con el número P./J. 112/99, consultable en la página 19, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo X, noviembre de 1999, registro número 192846. Así como la Jurisprudencia emitida por el Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Novena Época), identificada con el número 2a./J. 188/2004, consultable en la página 470, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXI, enero de 2005, registro número 179675. Consecuentemente, la autoridad podrá cobrar a la parte quejosa la cantidad mínima que prevé el artículo 77 de la Ley General de Hacienda del Estado, precepto declarado inconstitucional; a razón de un día de salario mínimo general vigente en el Estado" En la inteligencia que de no hacerlo dentro del término señalado, se le impondrá una multa de cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, el que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 258 de la ley de la materia. REQUERIMIENTO AL SUPERIOR JERÁRQUICO DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Bajo ese panorama, se requiere al Presidente Municipal de Zacatepec, Morelos (Abdon Toledo Hernández) y al Ayuntamiento de Zacatepec, Morelos, por conducto de los integrantes del Cabildo de dicho Ayuntamiento (Síndico Municipal, Mauricio López Salgado y Regidores Maritza Alondra Marban Álvarez, Felipe Salgado Román, Norma Miriam Peralta Abarca, Eliza Karen Popoca Hernández, Evaristo Salgado de la Paz, Gabriel Salazar Enriquez Y Dominga Valle Placencia), en su carácter de superior jerárquico de la autoridad responsable, Tesorero Municipal de Zacatepec , Morelos, para que dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir del momento en que esté notificado de este acuerdo, acredite la orden girada a la citada autoridad responsable, para que ésta cumpla con la ejecutoria de amparo. Se apercibe, en el sentido que de incumplir con este mandato judicial, se le impondrá la multa a que alude el artículo 193 de la Ley de Amparo, que puede ir de los cien a los mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, acorde a lo dispuesto por los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo, con independencia que puede incurrir en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma el licenciado JOSÉ LEOVIGILDO MARTÍNEZ HIDALGO, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Jadilson Alonso Navarro, que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintisiete de mayo de dos mil quince. Se tiene por recibido el oficio signado por el Tesorero Municipal de Cuernavaca, Morelos, mediante el cual, informa el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, haciendo del conocimiento que la quejosa ha realizado el cobro del cheque 0000169 por la cantidad ordenada en la ejecutoria de amparo, anexando copia certificada de las constancias para acreditar lo anterior; agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda. Por otra parte, de autos se advierte que la Subprocuradora de Recurso Administrativos, Consultas y Contencioso Estatal quien firmó en suplencia de la Secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos, por oficio recibido el veintidós de diciembre de dos mil catorce, informó el cumplimiento a la ejecutoria, y para acreditar lo anterior, remitió copia certificada del acuse de recibo del cheque 0036564. En esas condiciones, con el contenido de los oficios de referencia, dése vista a la parte quejosa para los efectos precisados en el artículo 196 de la Ley de Amparo, por el término de tres días, que les serán contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, a fin de que realicen las manifestaciones que estimen oportunas. Apercíbase a la parte quejosa en el sentido de que de no desahogar la vista aquí ordenada, este juzgador dictará resolución fundada y motivada en que declare si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo proveyó y firma el licenciado JOSÉ LEOVIGILDO MARTÍNEZ HIDALGO, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante la secretaria Aletia González Huerta, que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veinte de mayo de dos mil quince. Se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos para que obre como legalmente corresponda y surta sus efectos conducentes, el escrito de la parte quejosa ANGÉLICA GARCÍA FLORES y ESTHER FLORES SALAZAR, mediante el cual amplían su demanda de garantías, señalando como autoridad responsable al Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Regional Zona Metropolitana Licenciado Héctor Barney Carrillo Anzurez, de quien reclaman lo siguiente: "LA OMISIÓN DE ORDENAR LA INVESTIGACIÓN E INDIVIDUALIZACIÓN DE LAS SUSCRITAS EN LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN: SJ01/7726/2014, GENERANDO CON ELLO PRESUNCIÓN DE SUSTRACCIÓN DE ACCIÓN DE LA JUSTICIA Y PODER SOLICITAR ORDEN DE APREHENSIÓN EN NUESTRA CONTRA" En atención a su contenido, se desecha la ampliación de demanda que solicita, toda vez que de su estudio integral se advierten motivos manifiestos e indudables de improcedencia, atendiendo a las siguientes consideraciones: El Código de Procedimientos Penales del Estado de Morelos, en su artículo 226, establece lo siguiente: ".Artículo 226. Control judicial. Las decisiones del Ministerio Público sobre el archivo temporal, abstenerse de investigar y no ejercicio de la acción penal, así como de otras omisiones durante la investigación, en los casos en que no esté satisfecha la reparación del daño, podrán ser impugnadas en queja por la víctima u ofendido ante el juez de control. En este caso, el juez convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en caso de que la resolución impugnada sea la de no ejercicio de la acción penal, al imputado y a su defensor. En caso de incomparecencia a la audiencia por parte de la víctima, el ofendido o sus representantes legales, a pesar de haber sido debidamente citados, el juez de control declarará sin materia la impugnación y confirmará la decisión de archivo temporal, abstenerse de investigar o no ejercicio de la acción penal. El juez podrá dejar sin efecto la decisión del Ministerio Público y ordenarle reabrir la investigación y continuar con la persecución penal, sólo cuando considere que no se está en presencia de los supuestos que la ley establece para disponer alguna de las decisiones mencionadas en el párrafo anterior." Ahora bien, debe resaltarse que de conformidad con el análisis de las consideraciones de iniciativa de la reforma al Código de Procedimientos Penales del Estado de Morelos, se advierte que fue espíritu del Legislador el establecer un medio sencillo y accesible para impugnar las decisiones u omisiones del Ministerio Público, tal como se desprende de lo siguiente: "Ahora, también en el tema de la impugnación de las resoluciones de no ejercicio de la acción penal y resoluciones equivalentes, se avanza considerablemente respecto a la legislación vigente. Hoy en día, para impugnar una determinación del Procurador General de Justicia de no ejercicio de la acción penal, la víctima u ofendido se ven en la necesidad de acudir al amparo, pues en la legislación procesal vigente no se establece medio de impugnación ante órgano jurisdiccional de este tipo de determinaciones. Ello implica que la impugnación de las mismas se vuelve inaccesible para la gran mayoría de las víctimas u ofendidos, especialmente para las de escasos recursos económicos, pues para nadie es noticia que el amparo se ha vuelto un medio demasiado técnico y, por ende, fuera del alcance de la gran mayoría de la población. En el Nuevo Código se establece un medio sencillo y accesible para impugnar ante órgano jurisdiccional (Juez de garantía), no sólo las decisiones de no ejercicio de la acción penal del Ministerio Público, (sic) sino de resoluciones equivalentes (no inicio de investigación, archivo temporal y ejercicio de algún criterio de oportunidad). De esta manera se cumple también con el mandato implícito del párrafo cuarto del artículo 21 constitucional, consistente en establecer una vía jurisdiccional para impugnar este tipo de determinaciones del Ministerio Público. También cabe destacar que no sólo se conceden a las víctimas u ofendidos, medios para inconformarse ante las citadas resoluciones del Ministerio Público sino para quejarse en contra de la inactividad injustificada del Ministerio Público o su negativa a tomar una determinación teniendo los elementos para ello. Con lo que se espera combatir la práctica de algunos agentes del Ministerio Público de no actuar en la averiguación previa sino 'a instancia' del denunciante o querellante o bien, la de no resolver la averiguación previa para evitar la impugnación de sus resoluciones." Como se puede observar, la legislación aplicable al caso concreto, establece un medio de impugnación, por las decisiones o abstenciones del Ministerio Público, lo que en la especie acontece, ya que, el acto por el que pretende ampliar la demanda de amparo es la abstención del Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Regional Zona Metropolitana Licenciado Héctor Barney Carrillo Anzurez, de integrar la carpeta de investigación SJ01/7726/2014********************por tanto, lo que jurídicamente procede, es la queja establecida en el artículo 226 de la Codificación Penal antes aludida, la cual no ha sido promovida por el peticionario a pesar de que está obligado a hacerlo previamente al juicio de amparo. En consecuencia, como en el caso no se cumple con el principio de definitividad que regula la procedencia del juicio de garantías, es indiscutible que se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, puesto que a través de la queja, se puede obtener la modificación, revocación o nulificación del acto impugnado en este Juzgado Federal. Apoya lo anterior, por analogía y las razones que informa, la tesis XVII.1o.P.A.72 P, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, que dice: "ACCIÓN PENAL. CONTRA LA OMISIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO DE PRONUNCIARSE SOBRE SU EJERCICIO, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE LA MATERIA, SI PREVIAMENTE NO SE AGOTA EL RECURSO DE QUEJA (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA). Las decisiones del Ministerio Público en el Estado de Chihuahua sobre el archivo temporal, la abstención de investigar y no ejercicio de la acción penal, así como de su extinción por perdón u omisiones en la investigación, pueden ser impugnadas por la víctima u ofendido ante el Juez de Garantía, a través del recurso de queja en términos de los artículos 223 y 227 del Código de Procedimientos Penales del Estado. Ahora bien, si a través del amparo se impugna la omisión de la representación social de pronunciarse sobre dicha pretensión punitiva sin agotar el citado recurso, es inconcuso que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, al no haberse agotado el principio de definitividad que rige al juicio de garantías, sin que dicho acto pueda considerarse como una excepción a tal principio pues, de acuerdo con el último numeral, sólo se admiten dos excepciones: a) cuando las leyes que rigen los actos reclamados exijan mayores requisitos que la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva, y b) cuando el acto reclamado carezca de fundamentación, por lo que no puede atenderse una hipótesis ajena." Asimismo la Jurisprudencia 1a. /J. 16/2011 (10a.), visible en la página 41, del Tomo XXXIII, marzo de 2011, de la Primera Sala del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, cuyo rubro y texto es: "ACCIÓN PENAL. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE CONFIRMA SU NO EJERCICIO PROCEDE EL RECURSO DE QUEJA, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE QUINTANA ROO). En términos de la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente, entre otros supuestos, contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos mediante la interposición del recurso o medio de defensa legal, sin que exista obligación de agotar esos recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación. Ahora bien, de los artículos 28 y 29 del Código de Procedimientos Penales para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, se advierte que procede el recurso de queja ante la Sala Constitucional y Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de esa entidad federativa, contra la determinación del Procurador General de Justicia del Estado que confirma el no ejercicio de la acción penal. De ahí que al preverse ese medio de defensa en una ley formal y materialmente, y tener como efecto revocar, modificar o nulificar dicho acto de autoridad, además de no encontrarse en el supuesto de excepción contenido en la citada fracción XV del artículo 73, se impone a la quejosa agotarlo, previo al juicio de amparo, para cumplir con el principio de definitividad que rige su procedencia. Lo anterior es así, en virtud de que la observancia del citado presupuesto de procedencia exige la exclusión de interpretaciones arbitrarias ambiguas, pues de lo contrario se generaría una amplia gama de excepciones ajenas a las establecidas legalmente y contrarias a la excepcionalidad del medio extraordinario de defensa que representa." Así como la Jurisprudencia 1ª./J. 118/2010, visible en la página 17, del Tomo XXXIII, marzo de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es: "ACCIÓN PENAL. MOMENTOS EN QUE PUEDEN IMPUGNARSE EN AMPARO INDIRECTO LAS RESOLUCIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO SOBRE EL NO EJERCICIO O DESISTIMIENTO DE AQUÉLLA (INTERPRETACIÓN DEL RÉGIMEN TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008). De los artículos transitorios del citado decreto, se advierte que cuando alguna legislatura no ha establecido el sistema penal acusatorio dentro de la legislación secundaria correspondiente ni ha emitido la declaratoria que señale expresamente que dicho sistema ha sido incorporado en los ordenamientos, o bien, la declaratoria en que se establezca que ya existían ordenamientos preconstitucionales sobre la materia, como estos aspectos condicionan la vigencia de las reformas y adiciones de mérito, al existir una vacatio legis que no puede exceder el plazo de ocho años dispuesto para ello, el fundamento para reclamar en amparo indirecto las determinaciones de no ejercicio o desistimiento de la acción penal se encuentra en el artículo 21, cuarto párrafo, de la Constitución General de la República, antes de reformarse, pues esas circunstancias hacen que siga surtiendo efectos. En cambio, de haberse cumplido las condiciones para la entrada en vigor de las reformas y adiciones constitucionales, la víctima u ofendido debe impugnar las determinaciones referidas ante el Juez facultado dentro del sistema acusatorio instaurado, en razón de que la intención del Constituyente Permanente fue que en el nuevo esquema procesal el órgano jurisdiccional conozca de esas impugnaciones para controlar su legalidad, y que contra la resolución que se emita al respecto, proceda el juicio de garantías conforme al vigente artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Ley Fundamental." De lo anterior, esta sede constitucional concluye que la interposición de la queja, satisface los requisitos establecidos para estimar la existencia de un medio ordinario de defensa, que el quejoso debió agotar antes de acudir al juicio de amparo, y de esa forma obtener el resarcimiento de los derechos que estima afectados. En efecto, este juzgado sostiene este aserto, con base en que el medio de impugnación en mención, tiene por objeto desaparecer la determinación que lesiona los intereses del quejoso, precisamente porque los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en caso de no obtener resolución favorable se actualiza el medio extraordinario de defensa, que es el juicio de amparo. Tiene aplicación al caso, la tesis del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XV, mayo de dos mil dos, página novecientos dos, que a la letra establece: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión********************de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo proveyó y firma el licenciado JOSÉ LEOVIGILDO MARTÍNEZ HIDALGO, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, quien autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, once de mayo de dos mil quince. Visto el estado procesal que guardan los autos del juicio de amparo, del que se advierte que se dio vista a la parte quejosa y al Agente del Ministerio Público Federal adscrito con las constancias que al efecto allegaron las autoridades responsables Subprocuradora de Recursos Administrativos, Consultas y Contencioso Estatal, en suplencia por ausencia de las Titulares de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos y de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito y Tesorero del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, por el término de tres días para que manifestaran lo que a su derecho correspondiera, con relación al cumplimiento dado al fallo protector y, debidamente notificados, no desahogaron la vista contenida en el citado acuerdo. En consecuencia se procede a resolver si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto o si hay imposibilidad para cumplirla: Por sentencia terminada de engrosar el diecisiete de junio de dos mil catorce, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a MARÍA DOLORES CHÁVEZ MONTALVÁN, respecto del sistema normativo que regula el impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles y el impuesto adicional, previstos en los artículos 94 Bis a 94 Bis-12 y 119 a 125 de la Ley General de Hacienda Municipal para el Estado de Morelos, que se le reclamó al Congreso, Gobernador Constitucional, Secretario de Gobierno y Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad" y, así como respecto al cobro de la cantidad de $70,025.00 (SETENTA MIL VEINTICINCO PESOS 99/100 M.N.); en aplicación de las normas legales citadas, que se reclamó del Tesorero del Ayuntamiento del Municipio de Cuernavaca, Morelos; asimismo, contra el contenido del artículo 77, fraccion II, de la Ley General de Hacienda para el Estado de Morelos, que se le reclamó al Congreso, Gobernador Constitucional, Secretario de Gobierno y Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad" y, así como respecto al cobro de la cantidad de $42,016.00 (CUARENTA Y DOS MIL DIECISÉIS PESOS 00/100 M.N), en aplicación de la norma legal citada, que le reclamó a la Secretaria de Hacienda del Estado de Morelos, Subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Estado de Morelos. Inconforme con dicha resolución EL Tesorero del Municipio de Cuernavaca, Morelos, interpuso recurso de revisión, la cual correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado del Decimoctavo Circuito, en el toca R. A. 251/2014, por lo que en sesión de cuatro de septiembre de dos mil catorce, confirmó la sentencia recurrida y estimó procedente el amparo. Lo que hace que la concesión del amparo solicitado sea en los mismos términos en que fue otorgada por este Juzgado de Distrito. Por auto dictado el doce de septiembre de dos mil catorce, se requirió su cumplimiento a las autoridades responsables. En acatamiento a lo anterior, la Subprocuradora de Recursos Administrativos, Consultas y Contencioso Estatal, en suplencia por ausencia de las Titulares de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos y de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito, por oficio acordado el veintitrés de febrero de dos mil quince, manifestó haber dado cumplimiento al fallo protector; para acreditar lo anterior, exhibió copia certificada del título de crédito 0035099, que se encontraba a disposición de la parte quejosa en las oficinas de la Tesorería General de Estado por la cantidad que hace un total de $41.936.29 (cuarenta y un mil novecientos treinta y seis pesos 29/100 moneda nacional), por concepto de pago improcedente de derechos de inscripción de una escritura pública ante el Registro Público de la Propiedad. Asimismo, el Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, por oficio acordado en la misma fecha, manifestó haber dado cumplimiento al fallo protector; para acreditar lo anterior, exhibió copia certificada del título de crédito 0003225, que se encuentra a disposición de la parte quejosa en las oficinas de la Tesorería por la cantidad que hace un total de $70,025.00, (setenta mil veinticinco pesos 00/100 moneda nacional), por concepto de reintegro del impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles. Documentales que fueron expedidas por la autoridad en ejercicio de sus funciones, por tanto, son documentos a los cuales se les concede pleno valor probatorio en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo dispuesto en su artículo 2°. Consecuentemente, al restituirle a la parte quejosa, el citado monto cobrado por la aplicación de las normas inconstitucionales en este juicio de amparo, la sentencia de amparo HA QUEDADO CUMPLIDA, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo; en consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado y en su oportunidad, archívese el presente asunto como concluido. Sin que sea óbice a lo anterior, que no obre constancia de la que se advierta que la parte quejosa recibió los cheques correspondientes, en virtud de que las autoridades responsables ya pusieron a su disposición los títulos de crédito por dichos conceptos, además dicha situación le fue notificada a la parte quejosa, como se advierte de los presentes autos; por consiguiente sólo bastará que el referido contribuyente comparezca a hacer efectivo el cobro aludido para recuperar la suma que pagó por el citado concepto del impuesto reclamado. Apoya lo anterior la Tesis III.3º.A 52 A, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, Novena Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXI, Mayo de 2005, Página 1455 con número de registro 178468 . En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado y en su oportunidad, archívese el presente asunto como concluido; asimismo, hágase del conocimiento a la parte quejosa este proveído, para los efectos precisados en el 201 de la Ley de Amparo . NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo proveyó y firma JOSÉ LEOVIGILDO MARTÍNEZ HIDALGO, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario COSME ERNESTO CÁRDENAS GÓMEZ, que da fe.
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