Esther Fabiola Rios Soberanes
Expediente 737/2016 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de noviembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 737/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 07/11/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Esther Fabiola Rios Soberanes
Actuaciones
- Principal
Mazatlán, Sinaloa, siete de noviembre de dos mil dieciséis.Téngase por recibido el escrito signado por el autorizado de la parte quejosa Gustavo Ríos Loera, por el que solicita la devolución de los documentos que anexó a su escrito inicial de demanda.Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo, como lo solicita devuélvase los documentos a los que hace mención, dejando copia certificada de dichas constancias, previa razón que por su recibo se deja en autos.Notifíquese.
- Principal
Mazatlán, Sinaloa, cuatro de noviembre de dos mil dieciséis.Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que transcurrió el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo vigente, sin que la parte quejosa hubiese interpuesto el recurso correspondiente, en contra del proveído de dieciocho de octubre de dos mil dieciséis en el que se desechó la demanda de amparo por notoriamente improcedente.En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, por disposición expresa del artículo 2 de la Ley de Amparo, se declara que el auto en el que se desechó la demanda, HA CAUSADO EJECUTORIA, en virtud de que la parte quejosa no interpuso recurso en contra de dicho proveído que prevé el artículo 97, fracción I, inciso a) de la Ley de la Materia.Por otra parte, advirtiéndose de autos que no existe diligencia pendiente por desahogar; en tal virtud, remítase el presente expediente al archivo definitivo.Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena:1.- Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda, donde no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental.2. Transferir el expediente principal, una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del citado Acuerdo normativo.Notifíquese.
- Principal
Mazatlán, Sinaloa, dieciocho de octubre de dos mil dieciséis. Radicación del Expediente. Se tiene por recibido el escrito de demanda promovido por Esther Fabiola Rios Soberanes. En tal virtud, se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado bajo el número 737/2016 y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). II. Decisión sobre la Litis constitucional propuesta. SE DESECHA DE LA DEMANDA Al respecto el artículo 113 de la Ley de Amparo prescribe: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Este precepto autoriza al órgano jurisdiccional que conozca del amparo, a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da, cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Sentado lo anterior, del escrito de demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama del Director de la Unidad de Medicina Familiar número 45, en esta ciudad y otras autoridades, el acto siguiente: Acto Reclamado. Resolución de trece de septiembre de dos mil dieciséis, emitida por la Coordinadora Delegacional de Atención y Orientación al Derechohabiente de la Delegación Estatal en Sinaloa del Instituto Mexicano del Seguridad Social con sede en la Ciudad de Culiacán Sinaloa, derivada del Recurso de Queja interpuesto ante el Consejo Consultivo Delegacional del Instituto Mexicano del Seguro Social en el Estado de Sinaloa. En relación a ello, en primer término, se estima conveniente precisar que los artículos 61, fracción XX y 62 de la Ley de Amparo, en la parte conducente prevén: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior". En el caso, existe una causa de improcedencia, prevista por el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, la cual descansa bajo el principio de que siendo el amparo un juicio extraordinario, resulta obvio que a éste sólo pueda acudirse cuando previamente se haya agotado el recurso o medio de defensa legal previsto en la ley ordinaria, siempre que sea el idóneo para modificar, revocar o anular el acto que vaya a reclamarse, a efecto de no transgredir el principio de definitividad que rige en el juicio constitucional, ya que de lo contrario se incurriría en el abuso del juicio de amparo. En ese orden de ideas, para que se actualice tal causa de improcedencia, se desprenden las siguientes hipótesis: a) Que se trate de actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; b) Que tales actos deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados; c) Que dichos actos, sean susceptibles de ser suspendidos mediante la interposición del recurso o medio de defensa legal; d) Que la citada suspensión se otorgue sin exigir mayores requisitos que los que consigna la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva, independiente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley, y e) No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación, sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia; y si la autoridad responsable en el informe justificado señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará esta excepción al principio de definitividad. Lo anterior encuadra en el caso a estudio, toda vez que este Juzgado de Distrito determina que el acto combatido deviene improcedente reclamarlo a través del juicio de amparo indirecto, en razón de que, la quejosa refiere como acto reclamado la resolución de trece de septiembre de dos mil dieciséis, emitida por la Coordinadora Delegacional de Atención y Orientación al Derechohabiente de la Delegación Estatal en Sinaloa del Instituto Mexicano del Seguridad Social con sede en la Ciudad de Culiacán Sinaloa, derivada del Recurso de Queja interpuesto ante el Consejo Consultivo Delegacional del Instituto Mexicano del Seguro Social en el Estado de Sinaloa; respecto del cual, se pone de manifiesto que la solicitante del amparo, no agotó los medios ordinarios de defensa previstos por la ley, esto es, el recurso de inconformidad o el procedimiento contencioso, a que se refieren los artículos 294, 295 y 296 de la Ley del Seguro Social en relación con el 26 del Reglamento para el Trámite y Resoluciones de las Quejas Administrativas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, que señalan: "Artículo 294. Cuando los patrones y demás sujetos obligados, así como los asegurados o sus beneficiarios consideren impugnable algún acto definitivo del Instituto, podrán recurrir en inconformidad, en la forma y términos que establezca el reglamento, o bien proceder en los términos del artículo siguiente. Las resoluciones, acuerdos o liquidaciones del Instituto que no hubiesen sido impugnados en la forma y términos que señale el reglamento correspondiente, se entenderán consentidos." "Artículo 295. Las controversias entre los asegurados o sus beneficiarios y el Instituto sobre las prestaciones que esta Ley otorga, deberán tramitarse ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, en tanto que las que se presenten entre el Instituto y los patrones y demás sujetos obligados, se tramitarán ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa." "Artículo 296. Los derechohabientes podrán interponer ante el Instituto queja administrativa, la cual tendrá la finalidad de conocer las insatisfacciones de los usuarios por actos u omisiones del personal institucional vinculados con la prestación de los servicios médicos, siempre que los mismos no constituyan un acto definitivo impugnable a través del recurso de inconformidad. El procedimiento administrativo de queja deberá agotarse previamente al conocimiento que deba tener otro órgano o autoridad de algún procedimiento administrativo, recurso o instancia jurisdiccional. La resolución de la queja se hará en los términos que establezca el instructivo respectivo." "Artículo 26. La Coordinación General de Atención y Orientación al Derechohabiente, la Dirección Regional o las Delegaciones Regionales, Estatales o del Distrito Federal, en los asuntos que hayan intervenido directamente, según su respectivo ámbito de competencia, notificarán personalmente al quejoso la resolución emitida, a través de las áreas de Atención y Orientación al Derechohabiente, en un plazo no mayor a tres días hábiles contados a partir de la resolución. La resolución de la queja administrativa deberá estar debidamente fundada y motivada y ocuparse de todos los puntos planteados, valorando las pruebas y documentos presentados por el quejoso y los que corran agregados al expediente; los elementos que aportó la investigación y las medidas compensatorias a que tenga derecho y señalará al quejoso que cuenta con un plazo de quince días hábiles contados a partir de la notificación para hacer valer el recurso de inconformidad, de acuerdo a lo previsto en el artículo 294 de la Ley de la materia y su Reglamento." De lo anterior, se advierte que contra algún acto definitivo del Instituto Mexicano del Seguro Social en las controversias que se susciten con los asegurados o sus beneficiarios procede inconformidad, mismo que se tramita en la forma y términos que establece el reglamento; o bien, el procedimiento contencioso ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, mismos que la aquí quejosa, debió haber agotado en su oportunidad, en los cuales, en todo caso, deberá hacer valer las alegaciones que como conceptos de violación formula en el presente juicio; sin embargo, de su escrito de demanda y anexo, se advierte que omitió promover los citados medios de defensa. Encuentra apoyo a lo anterior, en lo substancial la Jurisprudencia 509, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice 1917-Septiembre 2011, Página: 557, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Cuarta Sección - Partes en el juicio de amparo, Materia(s): Administrativa, Novena Época, con Registro: 1002575, que a la letra dice: "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CUANDO RESUELVE EL RECURSO DE INCONFORMIDAD INTERPUESTO CONTRA LA DETERMINACIÓN DE LA INSTANCIA DE QUEJA ADMINISTRATIVA, EN LA QUE SE RECLAMÓ EL REEMBOLSO DE GASTOS MÉDICOS EXTRAINSTITUCIONALES. Conforme a los artículos 251, fracción XXXIV, de la Ley del Seguro Social, 1, 2, 3, 6, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25 y 29 del Reglamento del Recurso de Inconformidad, el Instituto Mexicano del Seguro Social, por sí o a través de sus órganos competentes, está facultado para conocer y resolver el recurso de inconformidad establecido en el artículo 294 de la Ley citada, cuyo trámite, disposiciones aplicables, ante quien se interpone, plazo para ello y pruebas que pueden ofrecerse, están previstos en las indicadas disposiciones, en las que se precisa que aquel recurso culminará con la emisión de una resolución no sujeta a regla especial alguna, pero que deberá ocuparse de todos los motivos de impugnación hechos valer por el inconforme, decidir sobre las pretensiones deducidas, analizar las pruebas recabadas, expresar los fundamentos jurídicos en que se apoyen los puntos decisorios y que será ejecutable, características que son propias de los actos de un ente investido de potestad pública cuyo ejercicio es irrenunciable y que, por ende, emite actos administrativos decisorios identificados como actos de autoridad al crear, modificar o extinguir, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera jurídica del inconforme, dictados de manera unilateral, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales y sin el consenso de la voluntad del afectado, pues éste solamente interpone el recurso y el organismo público descentralizado lo resuelve con plenitud de atribuciones como medio de control interno de la legalidad de sus propios actos. En ese tenor, cuando el Instituto Mexicano del Seguro Social decide el recurso de inconformidad interpuesto contra un acto definitivo mediante el cual niega el reembolso de gastos médicos extrainstitucionales, como lo es la determinación de la instancia de queja administrativa prevista en el artículo 296 de la indicada Ley, regulada por su instructivo respectivo, se origina una relación de naturaleza administrativa de supra a subordinación, en la que el interesado como gobernado se somete al imperio del Instituto, quien ante él adquiere el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo, independientemente de que conforme al principio de definitividad, para acudir a aquél, debiera agotarse previamente otro medio de defensa. Y, en lo conducente, la tesis I.7o.A.767 A , emitida por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Localizable a página 1195, del Tomo XXXIII, Mayo de 2011, correspondiente a la Novena Época, con registro 162117, del rubro y texto siguiente: "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. CONTRA SU RESOLUCIÓN DICTADA EN EL RECURSO DE INCONFORMIDAD DERIVADO DE LA DETERMINACIÓN DE LA INSTANCIA DE QUEJA EN LA QUE SE RECLAMÓ EL REEMBOLSO DE GASTOS MÉDICOS EXTRAINSTITUCIONALES, DEBE PROMOVERSE EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, PREVIO AL AMPARO, AUN CUANDO AQUÉLLA SE FUNDE EN LA LEY DEL SEGURO SOCIAL. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 129/2008, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVIII, septiembre de 2008, página 224, de rubro: 'INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CUANDO RESUELVE EL RECURSO DE INCONFORMIDAD INTERPUESTO CONTRA LA DETERMINACIÓN DE LA INSTANCIA DE QUEJA ADMINISTRATIVA, EN LA QUE SE RECLAMÓ EL REEMBOLSO DE GASTOS MÉDICOS EXTRAINSTITUCIONALES.', sostuvo que cuando un particular plantee la acción de reembolso de gastos médicos extrainstitucionales directamente ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, primero mediante queja administrativa y luego a través del recurso de inconformidad, tal circunstancia indica que decidió someterse al imperio del referido organismo y lo obligó a resolver la instancia planteada, razón por la que contra la resolución emitida por éste al conocer de tal medio de defensa, procede el juicio de garantías, en tanto que dicho acto proviene de una autoridad administrativa, independientemente de que conforme al principio de definitividad deba agotarse previamente otro medio de defensa. Por su parte, el artículo 14, fracción XI, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa establece que ese órgano jurisdiccional conocerá de los juicios promovidos contra las resoluciones emitidas por autoridades administrativas que pongan fin a una instancia en los términos de la citada legislación; hipótesis normativa que se surte tratándose de la resolución recaída al señalado recurso de inconformidad. Por tanto, contra la resolución del Instituto Mexicano del Seguro Social dictada en el recurso de inconformidad, derivado de la determinación de la instancia de queja en la que se reclamó el reembolso de los mencionados gastos médicos, debe promoverse el juicio contencioso administrativo, previo al amparo, a fin de observar el principio de definitividad, sin que impida adoptar esa postura la circunstancia de que la resolución al recurso de mérito se funde en la Ley del Seguro Social, en razón de que conforme a su artículo 5, el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene el carácter de organismo público descentralizado y, por tanto, dicha determinación debe entenderse pronunciada en términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, atento a que el segundo párrafo de su artículo 1 señala: "El presente ordenamiento también se aplicará a los organismos descentralizados de la administración pública federal paraestatal respecto a sus actos de autoridad ..." Por tanto, la falta de promoción oportuna de tales medios de defensa respecto de la resolución reclamada, no es de ejercicio potestativo, sino que previo a acudir al amparo debe agotarse en contra de la resolución que ahora reclama y de no hacerse así ello torna improcedente el juicio de garantías, lo anterior tomando en consideración que los recursos ordinarios mencionados tienen como objeto que el acto reclamado pueda ser, modificado, revocado o nulificado. Es pertinente precisar que la obligación por parte de la quejosa, de no agotar los medios de defensas previstos en las leyes ordinarias, antes de acudir al juicio constitucional, se actualiza cuando en la ley del acto reclamado no se prevé la suspensión del acto impugnado, o cuando previéndose, se exija mayores requisitos que los señalados en la Ley de Amparo. Sin embargo, el artículo 14, fracción XVI del Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, disponen: "Artículo 14. El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: (.) XVI. Las señaladas en las demás leyes como competencia del Tribunal." Asimismo, el artículo 2o., de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, establece: "Artículo 2o.- El juicio contencioso administrativo federal, procede contra las resoluciones administrativas definitivas que establece la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Asimismo, procede dicho juicio contra los actos administrativos, Decretos y Acuerdos de carácter general, diversos a los Reglamentos, cuando sean autoaplicativos o cuando el interesado los controvierta en unión del primer acto de aplicación. Las autoridades de la Administración Pública Federal, tendrán acción para controvertir una resolución administrativa favorable a un particular cuando estime que es contraria a la ley". De lo anterior se advierte que puede acudir ante Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa a demandar la resolución que reclama en el presente juicio de amparo, esto es, tiene a su alcance el procedimiento contencioso administrativo para impugnar los actos que reclama en el presente juicio de amparo. Por su parte, el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, dispone: "Artículo 28.- La solicitud de suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado, presentado por el actor o su representante legal, se tramitará y resolverá, de conformidad con las reglas siguientes: I. Se concederá siempre que: a) No se afecte el interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público, y b) Sean de difícil reparación los daños o perjuicios que se causen al solicitante con la ejecución del acto impugnado. II. Para el otorgamiento de la suspensión deberán satisfacerse los siguientes requisitos: a) Tratándose de la suspensión de actos de determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones, aprovechamientos y otros créditos fiscales, se concederá la suspensión, la que surtirá sus efectos si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables. Al otorgar la suspensión, se podrá reducir el monto de la garantía, en los siguientes casos: 1. Si el monto de los créditos excediere la capacidad económica del solicitante, y 2. Si se tratara de tercero distinto al sujeto obligado de manera directa o solidaria al pago del crédito. b) En los casos en que la suspensión pudiera causar daños o perjuicios a terceros, se concederá si el solicitante otorga garantía bastante para reparar el daño o indemnizar el perjuicio que con ella se cause, si éste no obtiene sentencia favorable. En caso de afectaciones no estimables en dinero, de proceder la suspensión, se fijará discrecionalmente el importe de la garantía. La suspensión a la que se refiere este inciso quedará sin efecto, si previa resolución del Magistrado Instructor, el tercero otorga a su vez contragarantía para restituir las cosas al estado que guardaban antes de la notificación del acto impugnado al solicitante y a pagar los daños y perjuicios que se le hayan ocasionado, si finalmente la sentencia definitiva que se dicte fuere favorable a sus pretensiones, así como el costo de la garantía que este último hubiere otorgado. No procede admitir la contragarantía si, de ejecutarse el acto, quedare sin materia el juicio. c) En los demás casos, se concederá determinando la situación en que habrán de quedar las cosas, así como las medidas pertinentes para preservar la materia del juicio principal, hasta que se pronuncie sentencia firme. d) El monto de la garantía y contragarantía será fijado por el Magistrado Instructor o quien lo supla. III. El procedimiento será: a) La solicitud podrá ser formulada en la demanda o en escrito diverso presentado ante la Sala en que se encuentre radicado el juicio, en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia firme. b) Se tramitará por cuerda separada, bajo la responsabilidad del Magistrado Instructor. c) El Magistrado Instructor deberá conceder o negar la suspensión provisional de la ejecución, a más tardar dentro del día hábil siguiente a la presentación de la solicitud. d) El Magistrado Instructor requerirá a la autoridad demandada un informe relativo a la suspensión definitiva, el que se deberá rendir en el término de tres días. Vencido el término, con el informe o sin él, el Magistrado resolverá lo que corresponda, dentro de los tres días siguientes. IV. Mientras no se dicte sentencia firme en el juicio, el Magistrado Instructor podrá modificar o revocar la resolución que haya concedido o negado la suspensión definitiva, cuando ocurra un hecho superveniente que lo justifique. V. Cuando el solicitante de la suspensión obtenga sentencia favorable firme, el Magistrado Instructor ordenará la cancelación o liberación de la garantía otorgada. En caso de que la sentencia firme le sea desfavorable, a petición de la contraparte o en su caso, del tercero, y previo acreditamiento de que se causaron perjuicios o se sufrieron daños, la Sala ordenará hacer efectiva la garantía otorgada ante la autoridad". De la anterior trascripción se advierte, que en contra del acto reclamado a las autoridades responsables procede, en su oportunidad, el juicio contencioso administrativo, además que la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, no exige mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva en la Ley de Amparo. Apoya lo anterior, el criterio del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, visible en la página 1783, Libro XIII, Tomo 3, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de septiembre de 2012, Décima Época, que a la letra dice: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO INDIRECTO, EN RAZÓN DE QUE EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NO EXIGE MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO QUE LOS ESTABLECIDOS EN LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 10 DE MARZO DE 2011).- Con la redacción del artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, antes de su reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 2010, los actos impugnables en el juicio contencioso administrativo eran susceptibles de atacarse vía juicio de amparo, sin necesidad de agotar previamente aquél. Sin embargo, a partir del 10 de marzo de 2011 en que entró en vigor esa modificación, dicho numeral ya no prevé mayores requisitos que la Ley de Amparo para suspender la ejecución de los actos impugnados, pues incluso los requerimientos básicamente son los mismos, ya que la suspensión puede solicitarse en cualquier tiempo; se concederá siempre que no se afecte el interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, y sean de difícil reparación los daños o perjuicios que puedan causarse con la ejecución; de ocasionarse daños o perjuicios a terceros se concederá siempre que el solicitante otorgue garantía para reparar el daño o indemnizar los perjuicios que se causen, dando la oportunidad a que el tercero exhiba contragarantía para evitar la suspensión de la ejecución del acto impugnado en nulidad; si se trata de una afectación no estimable en dinero la garantía se fijará discrecionalmente; deberá fijarse la situación en que habrán de quedar las cosas hasta que se dicte sentencia firme, pudiendo revocarse o modificarse la concesión o negativa de la medida cautelar por hecho superveniente. Asimismo, en cuanto a la forma de garantizar un crédito fiscal, se permite que se haga ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables, que conforme al artículo 141 del Código Fiscal de la Federación, comprenden no sólo el depósito en efectivo y el embargo, sino también la prenda, hipoteca, fianza y la obligación solidaria asumida por un tercero, entre otros; además se establece que la garantía o depósito puede reducirse de acuerdo con la capacidad económica del solicitante, o si se trata de tercero distinto al sujeto obligado de manera directa o solidaria al pago del crédito, lo que incluso otorga un mayor beneficio al contribuyente que la Ley de Amparo. Por tanto, los requisitos vigentes previstos para otorgar la medida cautelar en el juicio contencioso administrativo no rebasan los contemplados al respecto en la Ley de Amparo para conceder dicha medida cautelar, por lo que, previo a la promoción del amparo indirecto, debe agotarse aquél, en acatamiento al principio de definitividad". Así también, el criterio sustentado por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en el Distrito Federal, visible en la página 1933, Libro XI, Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de agosto de 2012, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA NO EXIGE MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO, POR LO QUE ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE GARANTÍAS DEBE AGOTARSE EL DE NULIDAD (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL ONCE DE MARZO DE DOS MIL ONCE).- El análisis del principio de definitividad que rige al juicio de amparo, en términos de los artículos 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 73, fracción XV, de la ley de la materia, en relación con el juicio de nulidad que se tramita ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa con base en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, permite establecer que con motivo de la reforma a este último ordenamiento, publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de diciembre de dos mil diez, en vigor a partir del once de marzo de dos mil once, según el artículo segundo transitorio del decreto correspondiente, su artículo 28 no exige mayores requisitos para conceder la suspensión que los previstos en los diversos 124, 125, 130, 131, 135 y 139 de la Ley de Amparo, debido a que ambas leyes son coincidentes en establecer para ello los siguientes: a) Puede solicitarse en cualquier tiempo, hasta antes de que se dicte sentencia; b) A la solicitud deben acompañarse copias tanto de la promoción como de las documentales que se ofrezcan, para correr traslado a las partes; c) Cuando se solicite contra actos que involucren determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones, se concederá previa garantía o depósito; d) La garantía o depósito puede reducirse de acuerdo a la capacidad económica del quejoso, o si se trata de tercero distinto al sujeto obligado, de manera directa al pago del crédito; e) La suspensión se tramita por cuerda separada; f) Se otorga si no se afecta el interés social, no se contravienen disposiciones de orden público, no queda sin materia el juicio, cuando los actos no se hayan consumado irreparablemente y si se causan al demandante daños mayores en caso de no decretarse; g) Se prevé la posibilidad de impugnar el auto que decrete o niegue la suspensión; h) Si la ley del acto no prevé la suspensión ante autoridad ejecutora, dicha medida podrá decretarse y subsistirá mientras no se modifique o revoque y hasta que se emita sentencia firme; i) En tanto no se pronuncie sentencia en el juicio, se podrá modificar o revocar la resolución que decretó o negó la suspensión; j) Si se obtiene sentencia firme favorable, el solicitante de la suspensión podrá recuperar la garantía otorgada, pero si le es desfavorable, se hará efectiva. Aunado a ello, del referido artículo 28 se advierte que no precisa, como lo hace el 124 de la Ley de Amparo, para la procedencia de la suspensión, cuándo se sigue perjuicio al interés social o se contravienen disposiciones de orden público; sin embargo, tal omisión, lejos de erigirse como un requisito mayor para la procedencia de la medida cautelar, constituye una reducción de las condicionantes que para tal efecto se exigen en el juicio de garantías, por lo que resulta de mayor indulgencia la suspensión en el juicio de nulidad. En ese contexto, queda de manifiesto que el mayor grado de requisitos previstos para otorgar la suspensión del acto impugnado apreciado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 56/2007, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, mayo de 2007, página 1103, de rubro: "RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. NO ES NECESARIO AGOTAR EL JUICIO CORRESPONDIENTE, PREVIAMENTE AL AMPARO, AL PREVER EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY QUE RIGE EL JUICIO DE GARANTÍAS.", ha quedado superado con la indicada reforma. Es importante destacar que conforme al artículo 28, fracción III, inciso c), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, el Magistrado instructor deberá conceder o negar la suspensión provisional de la ejecución, a más tardar dentro del día hábil siguiente a la presentación de la solicitud, lo cual es compatible con el previsto por la Ley de Amparo para resolver sobre la suspensión provisional. Por otra parte, si bien es cierto que conforme al inciso d) de la fracción III del citado precepto el Magistrado instructor requerirá a la autoridad demandada un informe relativo a la suspensión definitiva, el que deberá rendir en el término de tres días, vencido el cual, con informe o sin él, aquél resolverá lo que corresponda, dentro de los tres días siguientes, también lo es que los aspectos relativos al envío del informe y el plazo de decisión sólo difieren en que la Ley de Amparo dispone veinticuatro horas para que la autoridad rinda su informe previo, pero el plazo de tres días para resolver, con o sin informe es similar al de setenta y dos horas que establece la legislación de amparo. Aunado a ello, conviene precisar que el plazo otorgado por esta última ley a la autoridad demandada para que rinda su informe, no constituye un requisito de eficacia o de procedencia para el otorgamiento de la suspensión definitiva, en la inteligencia de que, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Constitución General de la República, la restricción sobre los términos de decisión se refiere a la suspensión provisional y no a la definitiva. Por tanto, antes de acudir al amparo debe agotarse el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que es el órgano competente para resolver esa clase de conflictos, en términos de los artículos 14, fracciones XI y XVI, y 15 de su ley orgánica, salvo que se actualice alguna excepción al mencionado principio de definitividad". Como se ve, de las disposiciones anteriores se advierte que para la procedencia de la suspensión del acto reclamado la ley de referencia no exige mayores requisitos que para el mismo efecto establece la Ley de Amparo; por lo que la parte quejosa, como se ha dicho, estaba obligada a agotar el recurso de inconformidad y/o el procedimiento contencioso aludido antes de ocurrir al juicio constitucional, pues de aceptar un criterio distinto daría lugar a la inobservancia del principio de definitividad que rige al juicio de amparo, toda vez que quedaría a criterio de los justiciables el agotar o no los medios de defensas previstos en las leyes ordinarias. En tal virtud, si antes de promover el juicio de garantías, la inconforme no promovió el recurso legal referido (recurso de inconformidad y/o juicio contencioso administrativo), a través de los cuales pudo haber sido modificado, revocado o nulificado el acto reclamado que se examina, es evidente que se actualiza la causa de improcedencia en estudio. En las relatadas condiciones, al surtirse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo; y con apoyo en el artículo 113 de la misma legislación, lo que procede es DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO POR CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en el escrito de demanda, y como sus autorizados en términos del primer párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Gustavo Ríos Loera asimismo, únicamente para oír notificaciones e imponerse de los autos, de conformidad con lo dispuesto en la parte final del segundo párrafo de la citada disposición legal a Yesenia Guadalupe González Zazueta y Esbeidy Berenice González Rivera, por así solicitarlo la parte quejosa en su escrito de demanda. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
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