Esther Espinoza Padilla

Expediente 47/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 12 actuaciones registradas, la última del 23 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
47/2021
Año
2021
Actuaciones
12
Última actuación
23/09/2021

Partes del expediente

  • Esther Espinoza Padilla

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que en proveído de dos de julio de dos mil veintiuno, se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo; consecuentemente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido. Ahora, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por órganos jurisdiccionales, este asunto es susceptible de depuración, dado que en sentencia de diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, en el presente juicio de amparo; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa al archivo reciente. Por otra parte, de conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se precisa que el original del cuaderno de suspensión es susceptible de depuración, motivo por el cual deberá conservarse el proveído y la resolución, respectivamente mediante los cuales se concedió la suspensión provisional y definitiva del acto reclamado, y se retirarán las demás actuaciones del expediente para proceder a su destrucción, y una vez que ; en la inteligencia de que el duplicado del incidente de suspensión relativo es susceptible de destrucción una vez que cuente con más de seis meses de haberse dictado la interlocutoria respectiva, acorde al artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General reseñado. Asimismo, se indica que, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original, por no haberlo exhibido, no se trata de expediente con relevancia documental, puesto que no encuadra en ninguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del referido Acuerdo General, dado que se reclamó ataques a la libertad personal fuera del procedimiento e incomunicación; es decir no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni es relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni materia agraria. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la orden de archivo del presente asunto, con apoyo en los artículos 18, 27, 28 y 29 ambos del Acuerdo General Conjunto citado, por medio de la Administración Regional, previa depuración que este órgano jurisdiccional lleve a cabo, transfiérase a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, lugar en el que se archivará a disposición de juzgado, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto, así como el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y demás documentos a consideración del titular de este órgano jurisdiccional, transferencia que habrá de efectuarse de acuerdo al calendario correspondiente y a petición escrita del titular de este juzgado.

  2. Principal

    Visto los escritos de cuenta presentados en línea firmados por el licenciado Luis Javier Jiménez González, autorizado de la quejosa Esther Espinoza Padilla, mediante los cuales, con el primero desahoga la vista otorgada en auto de veintitrés de junio del presente año, y solicita se tenga por cumplida la ejecutoria dictada en el presente juicio y con el restante solicita autorización para consultar del expediente electrónico; agréguese a los autos para que surtan sus efectos legales conducentes. Atento a lo anterior, este Juzgado de Distrito analiza si se dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obran en autos y los datos aportados por la autoridad responsable allegados al expediente. Es aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243 del Tomo XI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2000, Novena Época, Materia Común, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". De acuerdo a los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, la protección constitucional fue concedida para el efecto de que la autoridad responsable realizara lo siguiente: "Para que el Director del Hospital General número 49 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Los Mochis, Sinaloa: I. De inmediato, lleve a cabo todas aquellas medidas a su alcance que fueran necesarias para garantizar la continuidad del servicio médico y tratamiento en el padecimiento que presenta Esther Espinoza Padilla, atendiendo el estado actual de la quejosa, a efecto de salvaguardar su derecho a la salud; por tanto (en caso de que no se haya agendado o realizado el tratamiento), deberá agendar una cita a la mayor brevedad para el Tratamiento manipulativo osteopático para movilización general de muñeca de la derechohabiente ahora quejosa.". Ahora bien, de autos se advierte que el Director del Hospital General número 49 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Los Mochis, Sinaloa, mediante oficio presentado ante este juzgado el diecisiete de junio de dos mil veintiuno, allegó informó que la quejosa Espinoza Padilla Esther, fue valorada por el servicio de Traumatología y Ortopedia donde se le diagnostico fractura distal izquierdo manejada conservadoramente, fractura consolidada en extensión dorsal, varianza positiva, siendo intervenida quirúrgicamente el veinticinco de febrero del año en curso, el siete de abril de dos mil veintiuno, fue dada de alta del servicio de traumatología y ortopedia, de lo envió constancias. En consecuencia, se puede concluir que se ha restituido a la peticionaria del amparo, en el pleno goce de las garantías violadas, de conformidad con el numeral 77 de la Ley de Amparo, se declara que el fallo protector ha quedado cumplido, sin exceso, ni defecto alguno. Finalmente, con fundamento en los artículos del 93 y 94 del Acuerdo General Conjunto número 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, así como en el artículo 3º de la Ley de Amparo, se concede a los nombres de usuarios: BlancaAlvarez, U70289 y AdanLeon, permiso para consultar el expediente electrónico.

  3. Principal

    Visto el oficio de cuenta suscrito por el Director del Hospital General de Zona No. 49 del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad, con el que informa el cumplimiento dado a la ejecutoria, de lo que remite documentales; por tanto, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 196, de la Ley de Amparo, dese vista a la quejosa, con ese oficio, para que dentro del término de tres días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés convenga, apercibido que de no hacer manifestación alguna, este Juzgado resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable.

  4. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos; con apoyo en el artículo 192 de la Ley, se requiere a la autoridad responsable Director del Hospital General Zona Número 49, del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días, siguientes al en que reciba el oficio en el que se le comunique el presente acuerdo, cumpla con la sentencia ejecutoria de amparo, misma que se concedió para el siguiente efecto: "Para que el Director del Hospital General número 49 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Los Mochis, Sinaloa: I. De inmediato, lleve a cabo todas aquellas medidas a su alcance que fueran necesarias para garantizar la continuidad del servicio médico y tratamiento en el padecimiento que presenta Esther Espinoza Padilla, atendiendo el estado actual de la quejosa, a efecto de salvaguardar su derecho a la salud; por tanto (en caso de que no se haya agendado o realizado el tratamiento), deberá agendar una cita a la mayor brevedad para el Tratamiento manipulativo hosteopático para movilización general de muñeca de la derechohabiente ahora quejosa.". Ahora bien, es importante destacar, que en el caso se trata de ejecutar una sentencia de amparo dictada por un órgano de control constitucional, la que indudablemente debe cumplirse. En razón de lo anterior, se le informa a la autoridad responsable, que el artículo 192, de la Ley de Amparo, que se refiere a la ejecución de las sentencias dictadas en los juicios de garantías no prevén ninguna excepción; por el contrario, se advierte que el espíritu de estas disposiciones legales, es el de que las ejecutorias de amparo deben ser cumplimentadas sin demora por las autoridades responsables y aún las no señaladas como autoridades responsables, pero que están vinculadas con su cumplimiento, pues el restablecimiento de la garantía o garantías violadas, mediante la ejecución de la sentencia de amparo, es una cuestión legal de orden público, que no puede ser aplazada o condicionada a procedimientos ordinarios o situaciones diversas; que estimarlo de otra forma es contrario a los fines del juicio de garantías y altera la jerarquía de las normas jurídicas. En otras palabras, la verdad legal establecida en los fallos de amparo, ineludiblemente impone que no puede alterarse en forma alguna porque tiene el carácter de incontrovertible, ni limitarse en sus efectos por otras cuestiones ajenas; por tanto, su cumplimiento debe ser acatado sin excusa alguna; es decir, la ejecución de una sentencia de amparo no puede retardarse, entorpecerse, aplazarse o suspenderse, bajo ningún concepto, y por ello, no sólo las autoridades que aparecen como responsables en los juicios de garantías están obligadas a cumplir con lo resuelto en el amparo. Es indudable que el proceder de las citadas autoridades responsables, va en contra de lo ordenado por el artículo 17 Constitucional, que establece que la justicia debe ser pronta, completa e imparcial; además, la sentencia ejecutoria de amparo, fue dictada por una autoridad facultada constitucionalmente para ello, y como consecuencia, su acatamiento debe ser obligatorio e inmediato, en la especie, lo más grave y que denota un claro desacato a la sentencia ejecutoria dictada en este juicio. No se omite señalar a esta autoridad, que en caso de incumplimiento de lo ordenado, que es el caso, en su oportunidad y agotado el procedimiento de ley en este tipo de casos, en términos de la fracción XVI del artículo 107 constitucional y de los numerales 192, 193, 198, 237, fracción I y 238 de la Ley de Amparo, a sus integrantes se les aplicará una multa por el equivalente de CIEN VALORES diarios de la Unidad de Medida y Actualización (en el entendido de que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto), en términos de los numerales 237, fracción I y 259, de la Ley de Amparo, en relación con lo establecido por los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto de veintiséis de enero de dos mil dieciséis, publicado el veintisiete siguiente en el Diario Oficial de la Federación, que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, equivalente a $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos moneda nacional), considerando que acorde al índice publicado en el Diario Oficial de la Federación, la unidad de medida es de una medida equivalente a $89.62 (ochenta y nueve pesos 62/100 moneda nacional), en relación con lo establecido por los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto de veintiséis de enero de dos mil dieciséis, publicado el veintisiete siguiente en el Diario Oficial de la Federación, que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo y, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Córrasele traslado con el escrito del autorizado legal de la parte quejosa que fuera recibido el seis de mayo del año en curso.

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