Esther Duran Murillo
Expediente 1136/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 5 actuaciones registradas, la última del 19 de febrero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1136/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 19/02/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Esther Duran Murillo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Al no atender el aviso la parte quejosa, por este conducto se procede a notificar el proveído de diecinueve de febrero actual, que en lo conducente dice: ESTADO DE AUTOS. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos a virtud que de la certificación que antecede, se advierte que no fue recurrido dentro del término legal el proveído de veintitrés de enero de dos mil dieciocho, en el cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 81 inciso d), y 86, de la Ley de Amparo, así como el ordinal 356, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la ley de la materia, de conformidad con el numeral 2°, se declara que dicho auto ha causado estado. Se precisa que en la presente ejecutoria el cómputo para interponer el recurso de revisión en cita, únicamente se realiza respecto de la parte quejosa y del agente del ministerio público de la federación adscrito, ya que es inadmisible la revisión intentada en contra de un fallo de sobreseimiento (como en la especie ocurre) por parte de las autoridades responsables, pues éste no les causa ningún perjuicio. En tales condiciones el dictado de sobreseimiento fuera de audiencia si bien puede resultar perjudicial para el quejoso, no así a las responsables, porque no vincula su actuación en algún sentido, y menos aún prejuzga sobre la constitucionalidad del acto reclamado. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis de jurisprudencia XX J/74, consultable en la página 83, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Noviembre de 1994, Materia Común, Octava Época, Instancia de los Tribunales Colegiados de Circuito; del rubro siguiente: AUTORIDAD RESPONSABLE. CARECE DE LEGITIMACION PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISION SI LA SENTENCIA PRONUNCIADA POR EL A QUO NO AFECTA DIRECTAMENTE AL ACTO QUE SE LE RECLAMO. ARCHIVO. Por tanto, se ordena archivar el presente expediente, como asunto concluido, de conformidad con el artículo 214 de la Ley de la Materia. EXPEDIENTE NO ES RELEVANTE. En estricto acatamiento a lo dispuesto por el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, específicamente en los dispositivos vigésimo y vigésimo primero, es de precisarse que este expediente no es de relevancia documental. DESTRUCCIÓN DEL EXPEDIENTE. Toda vez que en el presente juicio se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia, el mismo será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción II del acuerdo citado en el párrafo que antecede. DOCUMENTALES AL DISPOSICIÓN DE LA PARTE QUEJOSA. Por último, dado que la parte quejosa adjuntó documental a su escrito inicial de demanda, requiérasele para que en el término máximo de noventa días, según lo establece el dispositivo Décimo primero, párrafo tercero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, acuda ante este órgano jurisdiccional a que le sean devueltos los mismos, con el apercibimiento que de no hacerlo en el término indicado, dichos documentos seguirán la suerte del expediente principal al que obra agregada. Toda vez que resulta innecesaria la retención de las constancias en copia certificada expediente laboral 212/2016/TCA/CC/IND en un tomo de prueba, remitidas por la presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en Guanajuato, se ordena devolverlas a su lugar de origen, solicitándole el acuse de recibo correspondiente.
- Principal
Al no atender el aviso la parte quejosa, por este conducto se procede a notificar el proveído de veintitrés de enero actual, que en lo conducente dice: Visto el oficio signado por la presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en Guanajuato, se le tiene rindiendo informe justificado, conforme al artículo 117 de la ley amparo. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase por ofrecida, exhibida, admitida y desahogada, dada su propia y especial naturaleza la documental, que la autoridad oficiante adjuntó a su oficio de cuenta. Visto el estado procesal que guarda el juicio de amparo en que se actúa, se advierte que mediante escrito presentado el trece de diciembre de dos mil diecisiete, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en Celaya, turnado ese mismo día a este juzgado federal, a quien correspondió conocer por razón de turno, Esther Durán Murillo, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en Guanajuato, mismo que en fecha catorce de diciembre de dos mil diecisiete, se admitió a trámite por el acto que a continuación se indica: ".El acuerdo de fecha 23 de Noviembre del año 2017, donde se ordena el archivo definitivo del expediente..." (foja 2 frente). Mediante el oficio que se acuerda, la autoridad responsable presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en Guanajuato, aceptó la existencia del acto que le fue reclamado, anexando documental en original; informando, en lo que aquí interesa, que: ".PRIMERO.- En primer término este tribunal da cuenta que existen constancias consistentes en comparecencia de entrega de fecha 23 veintitrés de noviembre del año 2017 dos mil diecisiete, copia simple de credencial de elector expedida por el IFE a nombre de la actora *** copia certificada de Instrumento notarial número 31, 744 pasado ante la fe de LIC. *** Notario Público número 09 nueve del partido judicial de Acámbaro, Guanajuato constancias que a la fecha no habían sido agregadas en autos del expediente laboral, por lo que en este momento se ordena su glose al expediente para que surtan sus efectos legales correspondientes. SEGUNDO.- Revisados los autos del expediente se ordena regularizar el procedimiento con fundamento en el artículo 686 de la supletoria Ley Federal del Trabajo la Comparecencia de fecha 23 veintitrés de Noviembre del año 2017 dos mil diecisiete específicamente en donde dice: ".Se ordena el archivo definitivo del expediente como asunto totalmente concluido, dese salida del libro de gobierno y la estadística mensual correspondiente por ser un asunto total y definitivamente concluido.". Debe decir como a continuación se detalla: ".Téngase a la compareciente por recibiendo la cantidad depositada a su favor como pago parcial del Laudo, continuando vigente el curso del procedimiento en el presente juicio.", lo anterior para los efectos legales a que haya lugar quedando inamovible el resto del acuerdo.". Lo que se corrobora precisamente, con la documental que anexa a su oficio de cuenta, a la que se le concede valor probatorio pleno, con apoyo en los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Sentado lo anterior, se arriba a la conclusión de que en relación al acto que ahora se reclama consistente en el acuerdo de veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete, en el que se ordena el archivo del expediente laboral ***, se actualiza de manera indudable y manifiesta, la causal de improcedencia establecida en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, acorde con las razones jurídicas siguientes: El precepto legal y fracción invocados con antelación, literalmente disponen: "ARTICULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: ... XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" La causal de improcedencia prevista en el artículo y fracción mencionados, se actualiza cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto reclamado en la vía de amparo, pero además con su actuación destruye todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular, que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En el caso particular, si el objetivo de la tramitación del presente juicio de amparo, fue para el efecto de analizar la constitucionalidad del acuerdo de veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete, en el que se ordena el archivo del expediente laboral ***, por la responsable presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en Guanajuato. Es claro que, el efecto de tal falta fenece en el momento en que se emitió el acuerdo de diecinueve de enero de dos mil dieciocho, en el que se regularizó el procedimiento y ordenó continuar con el curso del procedimiento en el citado expediente. De lo anterior, se arriba a la conclusión de que al emitirse el proveído de diecinueve de enero de dos mil dieciocho, cesaron los efectos del acto reclamado consistente en el acuerdo de veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete, en el que se ordena el archivo del expediente laboral ***, lo que provoca que jurídicamente no sea posible abordar el estudio del citado acto reclamado. Es aplicable la tesis 2a. XLIX/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VIII, abril de 1988, materia Común, visible a página 242, del siguiente tenor: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". También resulta aplicable la tesis de Jurisprudencia 2a./J.9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VIII, febrero de 1998, consultable en la página 210, del siguiente contenido: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Igualmente, es aplicable la tesis del entonces Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en la Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 91-96 Sexta Parte, página 163, que reza: "PETICIÓN, AMPARO POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE. SOBRESEIMIENTO. Si lo que pretendió la quejosa era que la responsable le resolviera una petición respetando el artículo 8o. constitucional, y esta última lo hizo antes de fallar el juicio de amparo, entonces resulta correcta la sentencia que lo sobreseyó, por haber sobrevenido la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 73, fracción XVI, en relación con el 74, fracción III, de la Ley de Amparo, sin que importe que la petición se haya acordado meses después de formulada la demanda de garantías." Así mismo, es ilustrativa la tesis II.1o.C.T.217K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Segundo Circuito, visible en la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, octubre de 1994, página 313, de rubro y texto siguiente: "INEXISTENCIA Y CESACIÓN DE EFECTOS CUANDO LO RECLAMADO ES LA FALTA DE CONTESTACIÓN A UN ESCRITO. Cuando lo que se reclama es la falta de contestación a un escrito formulado por el gobernado, entonces la inexistencia del acto reclamado provendrá o de que no existe la solicitud, o bien, que antes de interponerse la demanda ya se haya dado la respuesta por escrito a dicha solicitud; en cambio, si a la fecha de presentación de la demanda no se ha dado contestación a la solicitud del gobernado pero tal respuesta se produce con posterioridad, entonces no es dable concluir con la inexistencia del acto reclamado, sino con la improcedencia del juicio porque han cesado los efectos del acto negativo reclamado, en términos del artículo 73 fracción XVI de la Ley de Amparo." Atento al contenido del artículo 17, segundo párrafo, primera parte, Constitucional, resulta innecesario esperar a que llegue la fecha que se encuentra señalada en el juicio en que se actúa para que tenga verificativo la audiencia constitucional y ahí mismo se resuelva sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado. Ello en atención a que con independencia de que sea en este momento o cuando tenga verificativo la audiencia constitucional, el sentido de la determinación tomada no cambiaría, motivo por el cual procede el sobreseimiento apuntado, fuera de la audiencia constitucional. Es aplicable la Jurisprudencia número 10/2003, emitida al resolver la Contradicción de Tesis número 26/2002-PL, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, de fecha siete de febrero del dos mil tres, por unanimidad de votos, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del catorce de febrero del dos mil tres; cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En consecuencia, hágase la anterior circunstancia del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes, haciéndoles saber que por los motivos expuestos, no tendrá verificativo la audiencia constitucional que se encuentra fijada para las nueve horas con cuatro minutos del veintinueve de enero de dos mil dieciocho. Por lo expuesto y fundado en los artículos 61 fracción XXI, 62 fracción V, 73, 74, 75 y 217, aplicables y demás relativos de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO.- SE SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Esther Durán Murillo, de conformidad con las consideraciones expuestas en los párrafos precedentes.
- Principal
RECEPCIÓN DE INFORME JUSTIFICADO. Por recibido el oficio signado por la presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en Guanajuato. En atención a su contenido, y con apoyo en el artículo 117 de la Ley Amparo, ténganse por rendido el INFORME JUSTIFICADO que a su parte corresponde. PRUEBAS. Conforme al artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase por ofrecida, exhibida, admitida y desahogada, dada su propia y especial naturaleza la documental que la autoridad responsable adjuntó a su informe de ley. Con lo anterior, dése vista a las partes para los efectos legales procedentes, sin perjuicio de hacer relación nuevamente al momento del desahogo de la audiencia constitucional. Debido al volumen de las constancias remitidas, con las mismas, se ordena formar un tomo de prueba para mejor manejo del presente expediente.
- Principal
ESTADO DE AUTOS. Vistos los presentes autos se advierte que aún no obra el informe justificado solicitado a la autoridad responsable H. Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en Guanajuato, ni el acuse de recibo del oficio número 17970/2017-II.1, con el que se le requirió. Aunado a que no obra el acuse de recibo por el que se ordenó emplazar al tercero interesado H. Ayuntamiento, con residencia en Acámbaro, Guanajuato, mediante oficio 17969-II.1, de fecha catorce de diciembre actual. DIFERIMIENTO. Por tanto, a fin de dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional programada para el día de hoy y en su lugar se fijan las nueve horas con cuatro minutos del veintinueve de enero de dos mil dieciocho, para que la misma tenga verificativo.
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