Esther del Carmen Salazar Murueta
Expediente 287/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 10 actuaciones registradas, la última del 6 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 287/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 06/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- CARLOS MANUEL VELAZQUEZ QUEVEDO (DEFENSOR PARTICULAR) y Otros.
- Esther del Carmen Salazar Murueta
- Comisión de Vigilancia Y Visitaduría del Consejo de la Judicatura del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, seis de junio de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que el uno de junio de dos mil veintiuno, causó estado el sobreseimiento fuera de audiencia emitido el veintiuno de abril del mismo año, en el presente juicio de amparo; por lo que, se ordenó el archivo del expediente en que se actúa por tratarse de un asunto concluido. En ese sentido, ya que resulta innecesario conservar la prueba documental que remitió la autoridad responsable: 1. Jueza de Ejecución de Sentencias Penales del Distrito Judicial de Puebla, terminación 9 (Rosa Gisela Barranco Baños), devuélvasele el anexo I, sin que sea necesario requerir el acuse de recibo toda vez que la citada autoridad responsable se encuentra en el lugar de residencia de este juzgado Federal; por tanto, se instruye al actuario judicial que corresponda entregar el oficio respectivo, para que se cerciore que el acuse de dicha misiva, se haga constar la entrega de la documental descrita. Notifíquese por oficio a la autoridad responsable y cúmplase.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, primero de junio de dos mil veintiuno. AUTO QUEDA FIRME. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido el auto de veintiuno de abril de dos mil veintiuno, mediante el cual se decretó el sobreseimiento en el juicio fuera de la audiencia constitucional, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto de mérito ha quedado firme, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, en su oportunidad, archívese el asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción, cumplidos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General. Se ordena indicar la valoración en la carátula del expediente, con su correspondiente leyenda, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa; por lista al tercero interesado; y, mediante oficio a la autoridad responsable, a la autoridad tercera interesada y al agente del Ministerio Público Federal de la adscripción.Así lo proveyó y firma Horacio Óscar Rosete Mentado, Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, ante el(la) secretario(a) Maribel Pereda Corvera, que autoriza y da fe. Doy fe. [Firma electrónica]. [Firma electrónica]. En la misma fecha, se turnó el expediente a la actuaría. Conste. [Firma electrónica]. El(la) suscrito(a) Secretario(a) del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, doy fe de que la resolución que antecede (y la promoción que le dio origen, en su caso) se agregó al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) y coincide en su totalidad al expediente electrónico e impreso de conformidad con los párrafos quinto y séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 21, 22, 23, 24, 25 y 26 del Acuerdo General 12/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Doy fe.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiuno de abril de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio 10210/2021 signado por la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, mediante el cual informa que por auto de nueve de abril del año en curso, dictado en el juicio de amparo 467/2021, de su índice, se avocó al conocimiento del acto reclamado en la demanda inicial, respecto del cual este órgano jurisdiccional declaró carecer de competencia legal por razón de la materia, consistente en 'la omisión en la administración de justicia pronta y expedita, dentro del procedimiento administrativo marcado con el número 0078/2021' (omisión de dar trámite administrativo a la queja presentada por la parte quejosa), atribuido a la autoridad responsable Comisión de Vigilancia y Visitaduría del Consejo de la Judicatura del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla; de lo que se toma conocimiento, para los efectos legales conducentes. Ahora bien, visto el estado procesal que guarda el expediente en que se actúa y con base en las constancias que lo integran, esta autoridad Federal decreta el sobreseimiento en el presente juicio de amparo fuera de la audiencia constitucional, al advertir, de oficio, que en la especie se actualiza una causal de improcedencia notoria y manifiesta. Se afirma lo anterior, pues de la lectura integral de la demanda de garantías, se advierte que la quejosa ********************, por conducto de su asesor jurídico Carlos Manuel Velázquez Quevedo, reclamó de la Jueza de Ejecución de Sanciones del distrito judicial de Puebla, la omisión de administrar justicia pronta y expedita dentro de la carpeta de ejecución ********************, en la que le asiste el carácter de víctima. En ese tenor, del análisis sistemático de la referida demanda y del informe justificado rendido por la autoridad responsable, se estima que dicho acto se traduce en la omisión de realizar las gestiones necesarias a efecto de que se cumplimente cabalmente la sentencia ejecutoriada dictada por el Juez Segundo de lo Penal de la ciudad de Puebla, dentro de la causa penal ********************, en la que condenó a ********************-aquí tercero interesado- como penalmente responsable en la comisión del delito de lesiones a título de culpa, cometido en agravio de ******************** -aquí quejosa-. Al respecto, al rendir su informe justificado la autoridad responsable negó la existencia del acto reclamado (fojas 71 a 76). Sin embargo, dicha negativa se desvirtúa, ya que para corroborar su aseveración, la responsable remitió copia certificada de la carpeta de ejecución ********************, de su índice (anexo I), que tiene pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia; de la que se advierte que, a la fecha de presentación electrónica de la demanda de amparo -veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, el aquí tercero interesado ********************no había dado cumplimiento a la sentencia ejecutoria dictada en su contra, cuya vigilancia corresponde a la jueza de ejecución responsable; por tanto, la omisión reclamada se tiene como cierta. Cobra aplicación, por analogía, la tesis aislada de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido siguientes: "ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL. DEBE TENERSE POR CIERTA, AUN CUANDO LA NIEGUEN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, SI DEL INFORME RESULTA LO CONTRARIO. Aun cuando las autoridades responsables en sus informes justificados nieguen el acto reclamado, si de los propios informes surgen datos que contradigan su negativa, no es de tomársele en cuenta, debiendo darse por cierto el acto reclamado." De igual forma, resulta aplicable, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y tenor siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." No obstante, de las referidas constancias remitidas por la autoridad responsable en apoyo a su informe de ley, también se advierte que en diligencias llevadas a cabo el nueve de abril del año en curso, tanto la agraviada -aquí quejosa- ******************** (acompañada de su asesor jurídico), como el sentenciado ********************-aquí tercero interesado-, comparecieron ante dicha juzgadora por las razones siguientes: a) La agraviada -aquí quejosa- manifestó que en esa fecha le fue entregado el cheque número ********************librado a su favor por Afirme Seguros Afirme, S.A. de C.V. Afirme Grupo Financiero, por la cantidad de ********************(********************, moneda nacional), que ampara el pago por conceptos de reparación del daño moral ($********************, moneda nacional) y por indemnización del orden económico ($********************, moneda nacional); a los que fue condenado a pagar el multicitado sentenciado en el proceso ******************** del índice del Juzgado Segundo de lo Penal de la ciudad de Puebla; cantidades que recibió de conformidad, adhiriéndose a lo manifestado su asesor jurídico (fojas 66 a 69 del anexo I). b) El sentenciado -aquí tercero interesado- se acogió al beneficio de conmutación de la pena y exhibir la cantidad exigida para ello (fojas 70 a 73 del anexo I). En consecuencia de lo anterior, en la misma fecha, la jueza de ejecución responsable tuvo al sentenciado ********************dando cumplimiento a la sentencia ejecutoriada impuesta en la causa penal ******************** del índice del Juzgado Segundo de lo Penal de la ciudad de Puebla, amonestando al enjuiciado para su no reincidencia. En tales condiciones, en la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, que dispone: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" El precepto reproducido prevé como causa de improcedencia del juicio de garantías, la cesación de efectos del acto que se combate por la vía constitucional, entendiéndose por tal, la destrucción de todos los efectos del acto reclamado en forma total o incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí alguna huella. Por tanto, de lo antes narrado, se advierte que han cesado los efectos del acto reclamado consistente en la omisión de realizar las gestiones necesarias a efecto de que se cumplimente cabalmente la sentencia ejecutoriada dictada por el Juez Segundo de lo Penal de la ciudad de Puebla, dentro de la causa penal ********************, en la que condenó a ********************-aquí tercero interesado- como penalmente responsable en la comisión del delito de lesiones a título de culpa, cometido en agravio de ******************** -aquí quejosa-; al haberse cumplido en sus términos dicho fallo el nueve de abril pasado. Por tanto, han quedado destruidos todos los efectos del acto reclamado, en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la existencia de la omisión reclamada, como si se hubiera otorgado el amparo, al habérsele restituido a la parte quejosa en el goce de los derechos fundamentales transgredidos. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización, rubro y texto son: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual forma, ilustra lo anterior la jurisprudencia 2a./J.9/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En las relatadas condiciones, al haberse actualizado la causa de improcedencia analizada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, en relación con el diverso numeral 61, fracción XXI, ambos de la ley de la materia, se decreta el sobreseimiento del presente juicio de amparo fuera de la audiencia constitucional. Cabe indicar que la causal invocada de ninguna manera podría ser desvirtuada con prueba alguna que pudieran rendir las partes, y el resultado del fallo, aun celebrando la audiencia constitucional, tendría que ser emitido siempre en el mismo sentido; además, tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 10/2003 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En virtud de lo expuesto, se deja sin efectos la hora y fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo, es decir, las doce horas con seis minutos del treinta de abril de dos mil veintiuno; comuníquese lo anterior a las partes y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa; personalmente al tercero interesado; y, mediante oficio a la autoridad responsable, a la autoridad tercera interesada y al agente del Ministerio Público Federal de la adscripción.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, diecinueve de abril de dos mil veintiuno. I. ESTADO PROCESAL. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que mediante proveído de treinta de marzo del año en curso, este Juzgado Federal declaró carecer de competencia legal por razón de materia para conocer del acto reclamado consistente en 'la omisión en la administración de justicia pronta y expedita, dentro del procedimiento administrativo marcado con el número 0078/2021' (omisión de dar trámite administrativo a la queja presentada por la parte quejosa), atribuido a la autoridad responsable Comisión de Vigilancia y Visitaduría del Consejo de la Judicatura del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla; por lo que, se declinó competencia, al Juzgado de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla, en turno, para conocer de dicho asunto, sin que a la fecha se tenga conocimiento de su determinación al respecto. Sin embargo, de una consulta al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE por sus siglas), se advierte como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, que el órgano de control constitucional al que le correspondió conocer del asunto es el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, dentro del juicio de amparo 467/2021 de su índice. En consecuencia, a efecto de que este juzgado de Distrito esté en condiciones de acordar lo que conforme a derecho corresponda, se le solicita al homólogo Federal, que de no tener inconveniente legal alguno, a la brevedad posible, informe si aceptó o no la competencia legal de que se trata, conforme a lo estatuido en el citado artículo 48 de la Ley de Amparo. II. DIFERIMIENTO ANTICIPADO. En tales condiciones, para dar margen a lo anterior la audiencia constitucional que se encuentra señalada para celebrarse a las diez horas con cincuenta minutos del veintidós de abril de dos mil veintiuno, se difiere anticipadamente, y se señala como nueva fecha para su celebración las doce horas con seis minutos del treinta de abril de dos mil veintiuno. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa; por oficio al homólogo Federal; y, por lista a las demás partes.
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