Esther de los Angeles Ortiz Ordaz

Expediente 349/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 28 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
349/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
28/03/2023

Partes del expediente

  • Esther de los Angeles Ortiz Ordaz

Actuaciones

  1. Principal

    MESA V. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto el recurso de queja a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la citada Ley de Amparo, contra el acuerdo de diez de marzo del año en curso, con el cual se desechó de plano la demanda de amparo. En consecuencia, con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2 de la invocada Ley, se declara que el expresado acuerdo en que se desechó la demanda de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, háganse las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento al artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; se indica que en el presente expediente no se tramitó incidente de suspensión y se ubica dentro del archivo judicial reciente por lo que una vez transcurrido el término de tres años señalado en el inciso d), del citado punto artículo, éste debe ser destruible, toda vez que en el mismo se desechó de plano la demanda de amparo. Finalmente, en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pablo Pérez Pacheco, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, diez de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese a los presentes autos el escrito aclaratorio signado por ********************, con el cual desahoga la prevención efectuada en proveído de seis de marzo del año en curso. Ahora bien, en relación con la demanda de amparo, debe decirse que, con fundamento en el numeral 113 de la Ley de Amparo, resulta procedente desechar de plano la demanda por encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Se estima lo anterior, pues la parte quejosa reclama de las responsables la aprobación, promulgación y publicación del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos y se expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de marzo del año en curso. En ese sentido, esta Juzgadora Federal considera que respecto de dicha norma general reclamada, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos artículos 105, fracción II, y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dichos preceptos establecen lo siguiente: Ley de Amparo Artículo 61. El juicio de Amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes: (.) II. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución. Las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse, dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de publicación de la norma, por: a).- El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en contra de leyes federales; b).- El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes del Senado, en contra de las leyes federales o de tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano; c) El Ejecutivo Federal, por conducto del Consejero Jurídico del Gobierno, en contra de normas generales de carácter federal y de las entidades federativas; d).- El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de alguna de las Legislaturas de las entidades federativas en contra de las leyes expedidas por el propio órgano; e).- (DEROGADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) f) Los partidos políticos con registro ante el Instituto Nacional Electoral, por conducto de sus dirigencias nacionales, en contra de leyes electorales federales o locales; y los partidos políticos con registro en una entidad federativa, a través de sus dirigencias, exclusivamente en contra de leyes electorales expedidas por la Legislatura de la entidad federativa que les otorgó el registro; g) La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra de leyes de carácter federal o de las entidades federativas, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República, que vulneren los derechos humanos consagrados en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea parte. Asimismo, los organismos de protección de los derechos humanos equivalentes en las entidades federativas, en contra de leyes expedidas por las Legislaturas; h) El organismo garante que establece el artículo 6° de esta Constitución en contra de leyes de carácter federal y local, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República, que vulneren el derecho al acceso a la información pública y la protección de datos personales. Asimismo, los organismos garantes equivalentes en las entidades federativas, en contra de leyes expedidas por las Legislaturas locales; e i) El Fiscal General de la República respecto de leyes federales y de las entidades federativas, en materia penal y procesal penal, así como las relacionadas con el ámbito de sus funciones; La única vía para plantear la no conformidad de las leyes electorales a la Constitución es la prevista en este artículo. Las leyes electorales federal y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos noventa días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse, y durante el mismo no podrá haber modificaciones legales fundamentales. Las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia sólo podrán declarar la invalidez de las normas impugnadas, siempre que fueren aprobadas por una mayoría de cuando menos ocho votos. Art. 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Ahora bien, a fin de sustentar lo anterior, es necesario verificar los puntos relevantes del decreto de reforma publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de marzo del año en curso. Por lo que respecta a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales a la cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones, resulta relevante destacar que las modificaciones recaen en el Libro Tercero de dicho compendio normativo en cuyo Título Primero se incluye al Instituto Nacional Electoral, definido como un organismo público autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los partidos políticos nacionales y los ciudadanos y quien contará con los recursos presupuestarios, técnicos, humanos y materiales que requiera para el ejercicio directo de sus facultades y atribuciones. Como punto de partida respecto de las modificaciones a la organización y atribuciones del aludido instituto se incluye la derogación de uno de sus fines consistente en preservar el fortaleciendo del régimen de partidos políticos e igualmente se precisa que para el desempeño de sus actividades, el Instituto contará con un cuerpo de servidores públicos en sus órganos ejecutivos y técnicos, integrados en un Servicio Profesional Electoral Nacional que se regirá por el Estatuto que al efecto apruebe el Consejo General. Asimismo, establece que el patrimonio del Instituto se integrará con los bienes muebles e inmuebles que se destinen al cumplimiento de su objeto y las partidas que anualmente se le señalen expresamente en el Presupuesto de Egresos de la Federación y las demás leyes en la materia a diferencia de la norma anterior en donde únicamente se preveía el aludido presupuesto de egresos. En cuanto al mencionado presupuesto, ahora también se establece que el Instituto debe ejercer sus recursos conforme a lo dispuesto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y que no puede destinar ahorros, economías o remanentes presupuestales a la constitución u operación de fideicomisos. Tampoco se le permite contratar seguros de gastos médicos mayores o de separación individualizada, o esquemas similares de contratación, destacándose que, en el caso de presentarse subejercicios, ahorros o remanentes presupuestales, éstos serán reintegrados a la Tesorería de la Federación al concluir el ejercicio fiscal. Por lo que queda prohibido para dicho organismo realizar erogaciones, reasignaciones o crear nuevos programas o proyectos con cargo a ahorros y economías de su presupuesto que tengan por objeto evitar el reintegro de recursos a la Federación. En dicho apartado, también se deroga la atribución del instituto para emitir criterios generales para garantizar el desarrollo de los mecanismos de participación ciudadana. En el segundo capítulo del libro en análisis, se aborda la integración de los órganos centrales encargados del funcionamiento del instituto, donde se elimina a la denominada Junta General Ejecutiva, y la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral. Asimismo, en dicho apartado se establece, de la misma forma que en la legislación derogada, que el Consejo General es el órgano superior de dirección, responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, así como de velar porque los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y paridad de género guíen todas las actividades del Instituto, así como las funciones, organización y facultades de dicho órgano. Sin embargo, ahora se establece que las personas Consejeras del Poder Legislativo serán propuestos en la Cámara de las y los Diputados por los grupos parlamentarios con afiliación de partido en alguna de las Cámaras, que sólo habrá una persona Consejera por cada grupo parlamentario y que dichas personas nombradas como Consejeras del Poder Legislativo concurrirán a las sesiones del Consejo General con voz, pero sin voto, de manera honorífica, por lo que no recibirán recurso público alguno por las funciones que desempeñen con tal carácter por parte del Instituto. Por otro lado, en cuanto a las percepciones económicas de los consejeros del Instituto Nacional Electoral, la norma combatida expresa que recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, misma que no podrá justificar la excepción de especialización o trabajo técnico calificado para rebasar el límite establecido en la fracción II del párrafo segundo del artículo 127 de la Constitución. En diverso numeral además se establece que dicho consejo general, para el desempeño de sus atribuciones y para la supervisión de sus órganos ejecutivos y técnicos, integrará de manera permanente diversas comisiones y que las personas Consejeras Electorales podrán participar hasta en cuatro de las comisiones por un periodo de tres años, cuya presidencia será rotativa en forma anual entre sus integrantes y se deberá renovar a la totalidad de sus integrantes cada tres años. La reforma ahora combatida también deroga fracciones que permitían la fusión de comisiones durante los procesos electorales y la integración de la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, que funcionaban de forma permanente y se conforma por cuatro Consejeras y Consejeros Electorales. Por otro lado, también se establecen las funciones de la Comisión de Administración del mencionado instituto en sustitución de la anterior Junta General Ejecutiva del instituto cuyas funciones se encomiendan previa aprobación de las Direcciones Ejecutivas Correspondientes que se dividen en Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, Dirección Ejecutiva de Organización y Capacitación Electoral, Dirección Ejecutiva de Administración y del Servicio Profesional Electoral Nacional, Dirección Ejecutiva de Organización y Capacitación Electoral en materia de capacitación y educación cívica y la Dirección Ejecutiva Jurídica y de lo Contencioso Electoral. Por otra parte, por lo que corresponde a los órganos locales y auxiliares del Instituto Nacional Electoral, se establece que ahora contará con los siguientes órganos de carácter permanente: a) A nivel local, un órgano local, integrado por tres vocales: de Organización y Capacitación; del Registro Federal de Electores, y Ejecutivo, que se coordinará con los dos anteriores, y b) A nivel distrital, una Oficina Auxiliar a cargo de un Vocal Operativo. Y que durante los procesos electorales, el Instituto contará también con los órganos de carácter temporal de la forma siguiente: a) Un consejo local por entidad federativa, y b) Un consejo distrital por cada distrito electoral. Asimismo se establece que el instituto contará con un órgano local de forma permanente y con las oficinas auxiliares permanentes que se instalarán conforme a los lineamientos ahí precisados, las cuales estarán supervisadas por vocales operativos. Asimismo, se prevé que para los procesos electorales el Instituto contará de manera temporal con consejos locales y con un Consejo Distrital por cada distrito electoral federal. Por otra parte, se establece la manera en la que se integrarán los órganos locales del Instituto Nacional Electoral, el número de vocales que ejercerán sus funciones en ellos y las personas que fungirán como consejeros locales durante los procesos electorales correspondientes y el momento en el que iniciarán sus funciones. En dicho apartado también se eliminan las trescientas juntas distritales ejecutivas que preveía el texto anterior a la reforma y se sustituyen por oficinas auxiliares. En la sección siguiente, se establece la nueva integración de los Consejos Distritales y las facultades de sus integrantes, quienes posterior a la reforma únicamente serán cuatro personas en vez de seis. Ahora bien, continuando con la reseña de la reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se advierten los nuevos lineamientos para la elección de Consejeros del Instituto Nacional Electoral y la comisión encargada del desarrollo, vigilancia y conducción del aludido proceso; así como las causas de remoción del cargo. De igual manera se desarrollan las atribuciones de los Organismos Públicos Locales, quienes ahora tienen la facultad para ordenar la realización de conteos rápidos basados en las actas únicas por elección, en su apartado de escrutinio y cómputo de casilla, a fin de conocer las tendencias de los resultados el día de la jornada electoral, con excepción de los correspondientes a la elección de la persona titular de la gubernatura, de conformidad con los lineamientos emitidos por el Instituto. Por su parte, en el Título Tercero de la Ley reclamada, se advierte respecto a los tribunales electorales locales, que serán los congresos de los estados quienes determinarán en el presupuesto anual las remuneraciones de magistradas y magistrados electorales por el desempeño de sus funciones, cuyas características no acreditan la excepción de especialización o trabajo técnico calificado para rebasar el límite establecido en la fracción II, del párrafo segundo del artículo 127 de la Constitución. Y que la coordinación de actividades entre el Instituto y los Organismos Públicos Locales estará a cargo de la Comisión de Organización y Capacitación Electoral y de la persona Consejera Presidenta de cada Organismo Público Local, a través de la Dirección Ejecutiva de Organización y Capacitación Electoral. Por otro lado, en el título sexto de dicho cuerpo normativo se modifican las reglas de organización y funcionamiento del Servicio Profesional Electoral Nacional, se establece las personas que lo integrarán, los sistemas en los que será aplicable a efecto de regular el ingreso y permanencia de las personas servidoras públicas en el Instituto y en los Organismos Públicos Locales. Por otro lado se modificó el funcionamiento e integración de las comisiones de vigilancia del instituto para convertirlos en órganos de vigilancia conformados por la Comisión Nacional de Vigilancia, las Comisiones Locales de Vigilancia y las Comisiones Distritales de Vigilancia, dentro de sus respectivos ámbitos de competencia. Y se modificaron diversos lineamientos en cuanto a las prerrogativas de los partidos políticos y la forma en la que el Instituto ejercerá sus facultades para la regulación en materia de radio y televisión de las campañas y promoción de los partidos políticos. Se traslada a la Dirección Ejecutiva de Fiscalización de la Comisión de Fiscalización del Instituto en sustitución de la Unidad Técnica de Fiscalización de la Comisión de Fiscalización, la facultad de recepción y revisión integral de los informes que presenten los partidos políticos respecto del origen, monto, destino y aplicación de los recursos que reciban por cualquier tipo de financiamiento, así como investigar lo relacionado con las quejas y procedimientos oficiosos en materia de rendición de cuentas de los partidos políticos Asimismo, se determina que ahora corresponderá al Consejo General del instituto emitir las características de la documentación y materiales electorales para los procesos electorales federales y locales, y será el responsable de la revisión y supervisión de los diseños de la documentación y producción de los materiales electorales para las elecciones federales y locales. Por otro lado se establece que ahora corresponderá al Instituto realizar y asumir los conteos rápidos de los resultados de las elecciones de las gubernaturas de las entidades federativas. En el tema relativo a los actos preparatorios de las elecciones federales se adiciona la regla relativa a que la autoridad administrativa electoral y la autoridad jurisdiccional en ningún caso podrán emitir nuevos criterios, lineamientos o acuerdos que modifiquen las reglas del proceso electoral una vez que haya iniciado. Y en cuanto a los procesos de selección de candidatos a cargos de elección popular y las precampañas electorales, se establecen los parámetros a seguir para tal efecto, así como los límites a los gastos de campaña y las sanciones en caso de incumplimiento en términos de dicha ley. De igual manera se modifican los términos y fechas para el sorteo y elección de las mesas directivas de casilla los Procedimientos para la Integración y Ubicación de Mesas Directivas de Casilla. Por otro lado se prevén las reglas y pautas a efecto de que las personas diputadas y senadoras del congreso de la unión sean electas para un segundo periodo inmediato al que ejercen al momento de la elección y las pautas que deberán llevarse el día de la celebración de elecciones y cómo deberán actuar los ciudadanos encargados de las casillas colocadas para tal efecto. Ahora, en cuanto al título relativo a la jornada electoral, resulta relevante reseñar que se modifica el tipo de acta que ahora se trata de una única por elección, por cada cargo a elegir a nivel federal y local y que contendrá los datos comunes a todas las elecciones, lo relativo a la jornada y al escrutinio y cómputo. En el mismo apartado se prevén también las modalidades de sufragio respecto de personas en prisión preventiva, discapacidad permanente o en estado de postración; así como las reglas a seguir en cuanto al día de la elección y los supuestos que puedan ocurrir durante la votación hasta la conclusión de la jornada. Posterior a ello se prevé el mecanismo relativo a los actos posteriores correspondientes a los cómputos y la declaración de validez de la votación en la casilla correspondiente. Asimismo, se establece que el Programa de Resultados Electorales Preliminares es el mecanismo de información electoral previsto en la ley encargado de proveer los resultados preliminares y no definitivos, de carácter estrictamente informativo a través de la captura, digitalización y publicación de los datos plasmados en las actas únicas por la elección en su apartado de escrutinio y cómputo de las casillas que se reciben en los centros de acopio y transmisión de datos autorizados por el Instituto. Luego de lo cual se establece el mecanismo para el conteo de los votos, el término con el que cuenta el Tribunal Electoral para la resolución de impugnaciones respecto al procedimiento electoral y el procedimiento para la votación de mexicanos en el extranjero. Por otra parte, también se modifica la organización y desarrollo de la elección respecto de las candidaturas independientes, la cual quedará a cargo de las direcciones ejecutivas, los consejos y órganos locales, los consejos distritales, y las oficinas y órganos auxiliares que correspondan y también se modifican los lineamientos para ser nombrado candidato a puestos de elección popular, así como sus derechos y obligaciones. Finalmente, se reformó el título relativo a las faltas electorales y su sanción por parte del Instituto, así como el trámite a seguir, los órganos competentes para su resolución y las sanciones aplicables a los candidatos infractores. Ahora bien, en la demanda de amparo la parte quejosa señala que acude a esta instancia constitucional a efecto de defender sus derechos político-electorales que tienen el rango de derechos fundamentales, bajo la consideración de que las reformas al sistema electoral en cuanto a la organización estructural, modificación en las atribuciones y ejercicio de procedimientos del Instituto Nacional Electoral, afectan su derecho humano a la democracia y en específico, al voto auténtico, así como a la participación política y a la conformación de autoridades electorales. También alega, que el decreto reclamado, vulnera los principios constitucionales de seguridad jurídica, debido proceso, fundamentación y motivación y que provengan de autoridad competente, todo ello, incidiendo en el derecho al voto auténtico, así como la participación ciudadana en las decisiones para el pleno y efectivo ejercicio de la democracia. Lo anterior, bajo la consideración de que las reducciones en cuanto al personal que integra el aludido organismo autónomo podrían reducir su alcance y eficiencia, así como que posibilitarían que aumente la ausencia de funcionarios de casilla y que, con motivo de ello, se imposibilite el derecho al voto. Que se invade la esfera competencial del Instituto Nacional Electoral, pues lo priva Constitucionalmente de autorregularse, al imponer una modificación estructural a su Servicio Profesional Electoral Nacional, esto es, nombrar servidores para desempeñar funciones de alta especialización, así como de suprimir plazas, aunado al hecho que mutila áreas sustantivas del organismo electoral. Así, la parte quejosa considera que el derecho a la democracia participativa, efectiva y práctica le permite comparecer al presente juicio de control constitucional al cual considera un medio idóneo para la defensa de ese derecho fundamental. En ese sentido, una vez analizada en su integridad la demanda de amparo en contraposición con la reforma señalada como acto reclamado, puede asegurarse que la parte quejosa pretende instar la acción constitucional con base en supuestos que considera afectan de manera real e inmediata sus derechos fundamentales. Sin embargo, esa sola percepción de riesgo en la afectación de sus derechos fundamentales no basta para ello, pues si bien se advierte a través de la reforma una modificación sustancial en la organización y composición del Instituto Nacional Electoral, lo cierto es que no es posible asegurar que esos cambios efectivamente afectan un derecho sustantivo en este momento y que con ello se actualice el supuesto de procedencia del juicio de amparo. Y esto se afirma sin desconocer acerca del entorno político y panorama electoral que actualmente existen en el país, pero de forma alguna dicha situación puede generar que se ignoren los presupuestos procesales y se conceda legitimación a quien busca la defensa de las instituciones democráticas por eso solo hecho. Así, ante la mera presunción de una afectación a su esfera jurídica de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico es que no se actualiza el supuesto de procedencia a que se refiere el artículo 107 constitucional en su primera fracción, sino que, en todo caso el análisis que de dicha reforma puede realizarse tendrá que ser a través de la acciones de inconstitucionalidad, que tienen por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y la Constitución. Esto es así, pues la intención del Constituyente Permanente al establecer las acciones de inconstitucionalidad fue la de instituir un procedimiento mediante el cual se pudiera confrontar una norma de carácter general con la Constitución y que la sentencia que se dictara tuviera efectos generales, a diferencia de lo que sucede con el juicio de amparo, en el que la sentencia sólo tiene efectos para las partes. De ahí que no puede aceptarse la procedencia del amparo ante la sola expedición de una norma y la presunción de las afectaciones particulares que su aplicación podrá generar a partir de los cambios organizacionales que implica al interior del Instituto Nacional Electoral, al no existir precepto alguno en el decreto de origen que prevea por sí mismo el impedimento a los ciudadanos para participar en las elecciones o afectar la certeza de los cómputos respectivos a través de medidas ilegales. En esta situación y con base en los efectos que actualmente produce la norma reclamada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 y 19, fracción VIII, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 1o. de la misma ley y con la fracción II del artículo 105 constitucional, contra ella únicamente proceden en este momento las acciones de inconstitucionalidad que las partes facultadas para ello puedan interponer ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No se soslaya para afirmar lo anterior que la parte quejosa indique que existieron violaciones que impidieron su participación activa en el proceso legislativo que dio origen a la norma reclamada, pues ni si quiera se conoció la iniciativa de reforma presentada; sin embargo, la expectativa de justiciabilidad de un derecho político electoral a través del juicio de amparo indirecto, no es eficiente en el caso para hacer efectivo su derecho de participar activamente en la conformación del decreto reclamado, es decir, a participar en el proceso deliberativo al no darle a conocer la iniciativa que se presentó. Esto se afirma sin soslayar la ejecutoria de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el amparo en revisión 25/2021, donde se analizó la procedencia del amparo, aun cuando se controvierta una decisión proveniente del Congreso de la Unión, tratándose de actos u omisiones distintos a la emisión de una norma, desde el enfoque del derecho a la ciudadanía a participar en asuntos específicos del Estado, virtud del derecho a la democracia. Sin embargo, en dicha resolución la Corte señaló que este acceso efectivo al debate legislativo en pro o en contra de la aprobación de normas generales no implica soslayar el análisis de los motivos de improcedencia del juicio de amparo. Por lo que si en el caso concreto, la norma que ahora se combate no implica una prohibición o restricción a los derechos políticos electorales como derechos fundamentales sino que esa restricción a la libertad democrática se hace derivar de suposiciones en cuanto a lo que implicarán los ajustes que con ella se realicen en el Instituto Nacional Electoral, es claro que la acción de amparo intentada no colma los requisitos de procedencia para su trámite. Esto se afirma, pues será hasta el momento en el que, en su caso, se materialicen actos administrativos que restrinjan los derechos electorales de la parte quejosa de forma singular o como parte de una colectividad, que podrá acudir a la instancia correspondiente en su defensa ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sin que esto implique dejar a la parte quejosa sin acceso a un recurso judicial efectivo, pues debe recordarse que, derivado de la condena parcial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al Estado mexicano por el caso Castañeda Gutman vs. México por no contar con un mecanismo efectivo para tutelar derechos políticos, en dos mil siete se reformó la constitución para establecer expresamente la facultad del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de realizar control difuso de constitucionalidad. En esa misma reforma se formalizó también que se podían conocer actos partidistas vía juicio para la protección de los derechos político-electorales. Por lo que, la obligación del estado mexicano de generar condiciones y mecanismos óptimos para que dichos derechos políticos puedan ser ejercidos de forma efectiva está cubierta con el aludido juicio de protección, que es un mecanismo de control constitucional de los actos u omisiones de las autoridades electorales a fin de tutelar los derechos político-electorales de la ciudadanía y los derechos humanos vinculados a estos, previsto en el artículo 99, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con el que el Estado Mexicano cumple con su deber constitucional y convencional de brindar un recurso judicial efectivo, en relación a actos en esa materia Así, los efectos de un juicio de esta naturaleza pueden ser múltiples, desde confirmar el acto o resolución impugnado; revocar y/o modificar el acto o resolución para restituir a la ciudadanía en el ejercicio y goce de sus derechos; incluso, en el caso de omisiones, para el efecto reconocer el derecho vulnerado y reparar las afectaciones causadas por ella. Por lo cual se considera que esta determinación no implica indefensión a la parte quejosa y tampoco la deja a merced de la voluntad de las autoridades sino que con ella se privilegia el debido proceso y se procura que los controles que se insten en relación con la norma ahora reclamada sigan los correctos cauces legales a través de cada uno de los medios de control previstos para ello y con motivo de la promoción de las personas legitimadas para ello en cada instancia. Asimismo, no pasa desapercibido el carácter de persona integrante de pueblos y comunidades indígenas con el que se auto percibe la peticionaria de amparo, sin embargo dicha cualidad no implica, como se ha dicho en párrafos precedentes de esta resolución, la supresión de requisito de procedencia en su favor para la promoción del juicio de amparo, puesto que no se advierte que la norma general reclamada tenga por objeto suprimir derechos electorales o restringir su acceso a los procedimientos democráticos sino que solamente se encamina a modificar la organización del órgano autónomo encargado de su celebración; lo que, en su caso, corresponderá defender al aludido instituto o a los servidores públicos con facultades para ello a través los procedimientos judiciales que corresponda a cada uno de ellos. Como corolario de lo anterior, se impone destacar además que el decreto combatido consta de treinta artículos transitorios que implican el cumplimiento de diversos parámetros y creación de órganos para la total aplicación de las normas reformadas. Así, se señala que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral identificará la normativa que se deberá adecuar conforme a aludido decreto, para garantizar que, antes del inicio del proceso electoral 2023-2024, haya emitido la necesaria para proveer el cumplimiento de lo dispuesto en las reformas. También, se prevé que a más tardar, en abril del presente año, el Consejo General identificará las medidas, adecuaciones administrativas y el costo que implicará la reestructuración orgánica del Instituto para el cumplimiento de las disposiciones establecidas en el decreto, y planificará su ejecución para que, a más tardar se haya concluido con ellas el uno de agosto de dos mil veintitrés. Y por último se prevé que será hasta el mes de mayo del presente año que el Consejo General tomará opinión de los órganos desconcentrados con relación al perfil y competencias idóneas de los vocales operativos, con el fin de que, a más tardar el uno de junio siguiente, se tenga concluido el diseño del proceso de evaluación de los actuales vocales de las Juntas Distritales para determinar de entre ellos, quiénes ocuparán el cargo de vocal operativo en las oficinas auxiliares que se instalarán con motivo de la entrada en vigor del mencionado decreto; así como que a más tardar el quince de agosto de dos mil veintitrés, deberán quedar instalados los órganos locales y las oficinas auxiliares para operar en los siguientes procesos electorales. Es por todo lo anterior que, se reitera, el decreto señalado como acto reclamado no trasciende a la esfera jurídica de la parte quejosa en lo particular ni como integrante de una comunidad en una especial situación ante el orden jurídico y que, por tanto, sea viable su impugnación mediante el juicio de amparo indirecto; de ahí que, en concepto de la suscrita, el amparo debe ser declarado improcedente ante la manifiesta e indudable causal actualizada que incluso admitiendo el juicio lo tornaría improcedente al ser patente que al momento de su presentación únicamente existían presunciones de afectación a sus derechos político-electorales basados en actos que, en su caso, serán consecuencia de los ajustes generados con motivo de esta reforma hacia el interior del Instituto Nacional Electoral y que, conforme a la normativa aplicable serán combatibles a través del juicio electoral. Sirve de apoyo a las consideraciones expuestas con antelación la tesis de jurisprudencia P./J. 22/99, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital: 194283, que señala: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SÓLO PROCEDE CONTRA NORMAS GENERALES QUE TENGAN EL CARÁCTER DE LEYES O DE TRATADOS INTERNACIONALES. Del análisis y la interpretación de la fracción II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que: a) Si las acciones de inconstitucionalidad tienen por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y la Constitución, entonces sólo son procedentes contra normas de carácter general; b) En el propio precepto se habla sólo de leyes y tratados internacionales entendidos como normas de carácter general. Consecuentemente, las acciones de inconstitucionalidad proceden contra normas de carácter general, pero no contra cualquiera de éstas, sino sólo contra aquellas que tengan el carácter de leyes, o bien, de tratados internacionales. En iguales términos, la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, tratándose de acciones de inconstitucionalidad, se refiere únicamente a normas generales, leyes y tratados internacionales; por lo tanto, también debe concluirse que prevé la procedencia de las acciones de inconstitucionalidad exclusivamente en contra de esas normas. La intención del Constituyente Permanente, al establecer las acciones de inconstitucionalidad, fue la de instituir un procedimiento mediante el cual se pudiera confrontar una norma de carácter general con la Constitución y que la sentencia que se dictara tuviera efectos generales, a diferencia de lo que sucede con el juicio de amparo, en el que la sentencia sólo tiene efectos para las partes. No puede aceptarse su procedencia contra normas diversas, ya que en tales casos, por la propia naturaleza del acto combatido, la sentencia no tiene efectos generales, sino relativos. Por ello, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 y 19, fracción VIII, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 1o. de la misma ley y con la fracción II del artículo 105 constitucional, las acciones de inconstitucionalidad sólo son procedentes contra normas de carácter general, es decir leyes o tratados, y son improcedentes en contra de actos que no tengan tal carácter. Así como, la diversa tesis de jurisprudencia 2a./J. 11/2023 (11a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2026054, que a la letra indica: DERECHO A LA CONSULTA PREVIA. EL DEBER DE LLEVARLA A CABO SE ACTUALIZA ANTE LA MERA POSIBILIDAD DE QUE LA DECISIÓN ESTATAL AFECTE O INCIDA DE MANERA DIRECTA O DIFERENCIADA A LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS, SIN QUE RESULTE EXIGIBLE LA ACREDITACIÓN DEL DAÑO Y SU IMPACTO SIGNIFICATIVO. Hechos: Una comunidad indígena promovió amparo indirecto contra la Manifestación de Impacto Ambiental emitida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con base en la cual se autorizó el proyecto de construcción y operación de una planta de amoniaco en la misma bahía en que se encuentran asentados los miembros de tal comunidad. La autoridad responsable señaló que tal proyecto no constituye un peligro o perjuicio ambiental significativo, por lo cual era innecesario que se realizara una consulta previa. Correspondió a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación conocer del amparo en revisión. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el derecho humano a la consulta previa, libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe, debe realizarse ante la mera posibilidad de afectación o incidencia en los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, sin que resulte exigible acreditar el daño ni su impacto significativo. Justificación: Conforme al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, así como al corpus iuris de los pueblos indígenas y tribales, el deber de realizar una consulta previa no depende de la demostración de una afectación real a sus derechos, sino de la susceptibilidad de que puedan llegar a dañarse, pues uno de los objetos del procedimiento es determinar si los intereses de los pueblos indígenas serán perjudicados. Es decir, más allá del "grado de afectación" que pudiese tener una determinada decisión estatal, lo relevante es tener en cuenta que, si ésta es susceptible de impactar o ser resentida por las comunidades indígenas de manera directa o diferenciada al resto de la población, resultará necesario garantizar su participación. Tan es así, que este Tribunal Constitucional no sólo ha ordenado que se celebren tales consultas cuando el actuar estatal apareje posibles perjuicios, sino incluso cuando pueda aparejar ciertos beneficios para esas poblaciones -pues la determinación de si algo es verdaderamente benéfico para tales comunidades forma parte del objetivo de la consulta previa-. Por ende, el nivel de impacto o magnitud de la afectación es una cuestión que debe valorarse no para determinar la procedencia de la consulta -basta para ello la probable afectación o incidencia-, sino para determinar si en el proceso consultivo es suficiente con tomar en cuenta las opiniones de la comunidad indígena o, por el contrario, si resulta necesario obtener su consentimiento -cuando la decisión estatal les afecte en forma directa y significativa-. En el entendido de que la exigencia de consentimiento no confiere a los pueblos y las comunidades indígenas un poder de veto, sino que más bien establece la necesidad de elaborar procedimientos de consulta con el fin de hacer todo lo posible por lograr el consenso de todas las partes interesadas. Y la tesis P. LX/2008, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro electrónico 168997, donde se sostuvo lo siguiente: AMPARO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE IMPUGNAN NORMAS, ACTOS O RESOLUCIONES DE CONTENIDO MATERIALMENTE ELECTORAL O QUE VERSEN SOBRE DERECHOS POLÍTICOS. De la interpretación de la fracción VII del artículo 73 de la Ley de Amparo, que establece la improcedencia del juicio de garantías contra resoluciones o declaraciones de los organismos y autoridades en materia electoral, así como de los artículos 41, 94, 99, 103 y 105, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que contienen, por un lado, el sistema integral de justicia en materia electoral, que permite impugnar leyes electorales vía acción de inconstitucionalidad, así como los actos o resoluciones en materia electoral ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y, por el otro, el juicio de amparo como una garantía constitucional procesal que tiene por objeto la protección o salvaguarda de los derechos fundamentales de los individuos frente a los actos de autoridad o las leyes, se concluye que la improcedencia del juicio de amparo no surge sólo por el hecho de que la norma reclamada se contenga en un ordenamiento cuya denominación sea electoral, o porque el acto o resolución provenga de una autoridad formalmente electoral, ni mucho menos de lo argumentado en los conceptos de violación de la demanda, sino por el contenido material de la norma, acto o resolución, es decir, es necesario que ese contenido sea electoral o verse sobre derechos políticos, pues en esos supuestos la norma, acto o resolución están sujetos al control constitucional, esto es, a la acción de inconstitucionalidad si se trata de normas generales, o a los medios de impugnación del conocimiento del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el caso de actos o resoluciones. Se exceptúan de lo anterior las resoluciones pronunciadas por el mencionado tribunal en los asuntos de su competencia, contra las cuales el juicio de amparo siempre es improcedente, independientemente del contenido material de dichas resoluciones, aun cuando no verse estrictamente sobre materia electoral, ya que en este caso la improcedencia deriva del artículo 99 constitucional, conforme al cual las resoluciones dictadas por el citado Tribunal en los asuntos de su competencia son definitivas e inatacables. Por otro lado, la parte quejosa solicita acceso y consulta al expediente electrónico, así como notificaciones a través de esa vía, a un diverso usuario del señalado con anterioridad. En tal virtud, toda vez que consta que el nombre de usuario "********************", que proporciona el ocursante, se encuentra registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; en consecuencia, con apoyo en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se acuerda de conformidad su solicitud, por lo que se autoriza el acceso y consulta del expediente electrónico del presente juicio, a la parte quejosa a través de los citados usuarios, quedando facultados para promover en el juicio con el propio nombre de usuario. Asimismo, toda vez que existe solicitud expresa de la parte quejosa por conducto de su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, para recibir notificaciones vía electrónica, en consecuencia, de conformidad con el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo y los artículos 39 y 55 párrafos segundo y tercero del citado Acuerdo General 12/2020, se ordena realizar a la parte quejosa las notificaciones en las que se realice algún requerimiento o su naturaleza lo amerite vía electrónica, en el entendido que se realizarán a través del portal de servicios electrónicos del Poder Judicial de la Federación, por medio de la cuenta electrónica antes mencionada, es decir, con el nombre de usuario " ********************", pues las demás se realizarán por lista. Hágase lo anterior del conocimiento del oficial administrativo del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para los efectos legales conducentes. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pablo Pérez Pacheco, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.

  3. Principal

    MESA V. Agréguese a los presentes autos el escrito presentado vía electrónica por ********************, autorizado de la parte quejosa únicamente para oír y recibir notificaciones, con motivo de que no se encuentra registrado en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales, el cual contiene la evidencia criptográfica correspondiente, mediante el cual pretende cumplir con la prevención efectuada mediante proveído de seis de marzo del año en curso. Cabe recordar que, en el citado auto se formuló una prevención a la parte quejosa en los siguientes términos: " se previene a la parte promovente, para que dentro del término de cinco días, siguientes a aquél en que se notifique el presente proveído, bajo protesta de decir verdad, cumpla con lo siguiente: a) Cuál es el acto que en concreto reclama del Secretario de Gobernación; y, b) Precise cuál es el cargo que ostenta dentro de los órganos ejecutivos y técnicos del Instituto Nacional Electoral o a qué junta Distrital pertenece, cuya eliminación se la atribuye a la norma combatida " En el caso como se precisó, la prevención fue desahogada por el autorizado de la parte quejosa, con las limitaciones que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo; sin embargo, dicho ocursante no cuenta con legitimación procesal en el presente juicio para comparecer en nombre y representación de la quejosa, pues no tiene las facultades para realizar lo anterior, con motivo de que no se encuentra registrado en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales, por esa razón, únicamente se le autorizó en este juicio de amparo, para oír y recibir notificaciones en proveído de seis de marzo del año en curso, de ahí que no se encuentre facultado para realizar solicitudes en este asunto. Sirve de apoyo a lo anterior por analogía, la jurisprudencia número 1a./J. 37/2011, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 68, Novena Época, Materia Común, Tomo XXXIII, junio de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 161,909, cuyos texto y rubro son los siguientes: "AUTORIZADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN LOS TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. CARECE DE ATRIBUCIONES PARA AMPLIAR LA DEMANDA. Conforme a ese precepto legal, el agraviado o el tercero perjudicado pueden autorizar a cualquier persona con capacidad legal para oír notificaciones en su nombre, quien podrá interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar la suspensión o su diferimiento, pedir la emisión de sentencia para evitar la caducidad o sobreseimiento por inactividad procesal y realizar los actos necesarios para defender los derechos del autorizante. En las materias civil, mercantil o administrativa, la persona autorizada conforme a la primera parte de ese párrafo, deberá acreditar encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de abogado. Sin embargo, la disposición no faculta al autorizado a realizar cualquier acto en nombre del quejoso o de su representante, ya que su actuación depende de las reglas regulatorias del juicio de garantías, como lo es el principio de instancia de parte agraviada, previsto en los artículos 107 de la Constitución Federal y 4o. de la Ley de Amparo. En esas condiciones, si el ejercicio de la acción de amparo exige que la demanda sea suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, esto es, por el titular de la acción, excepción hecha de los supuestos normativos establecidos en los artículos 6o., 15, 17 y 123, fracción II, de la Ley de Amparo; se pone en evidencia que su ampliación también debe contar con la firma autógrafa del quejoso, o en su caso, de su representante legal y no puede ser sustituida por aquellos autorizados para atender procesalmente el juicio de garantías, por tener facultades únicamente para realizar actos posteriores a la promoción del juicio de garantías o de su ampliación, ajenas a cuestiones que deban provenir directamente de la voluntad del interesado e influyen en la configuración de la litis constitucional, como el señalamiento de nuevas autoridades responsables y actos reclamados, así como la formulación de conceptos de violación. Lo anterior se justifica además, en que la ampliación de demanda constituye el ejercicio de una acción nueva, la cual origina la rendición de informes justificados o previos, y que se integra a la controversia sometida a consideración del órgano jurisdiccional." En atención a lo antes expuesto, no se tiene por cumplida la prevención realizada en el citado proveído de seis de marzo del año en curso. En consecuencia, resérvese proveer lo conducente hasta en tanto precluya el término otorgado en autos para el cumplimiento de la prevención de referencia, en el entendido que la presentación del escrito de cuenta interrumpió el mismo, por lo cual continuará su computo a partir de que surta efectos la legal notificación del presente acuerdo. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la tesis III.2º.A.38 K sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativo del Tercer Circuito, visible en la página 1323, Tomo XXI, Abril de 2005, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro en Ius Intranet 178830, Novena Época, Materia Común, cuyo rubro es el siguiente: "ACLARACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 146 DE LA LEY RELATIVA SE INTERRUMPE CON LA PRESENTACIÓN DEL ESCRITO CORRESPONDIENTE Y HASTA EN TANTO SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DEL ACUERDO QUE LE RECAIGA". En mérito de lo anterior, se reitera el apercibimiento realizado en proveído de seis de marzo del año en curso. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pablo Pérez Pacheco, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.

  4. Principal

    MESA V.********************Vista la demanda de amparo interpuesta vía electrónica por ********************, contra el acto que reclama del Congreso de la Unión, y de otras autoridades; por tanto, se acuerda: Fórmese el expediente respectivo, dese de alta y regístrese con el número 349/2023-V.********************Ahora bien, el artículo 114 de la Ley de Amparo señala que cuando se advierta alguna irregularidad en el escrito de demanda, se mandará requerir a la promovente para que la aclare, señalando con precisión en el auto, las deficiencias, irregularidades u omisiones que deba corregirse.********************Con base en lo anterior, de la lectura del escrito de demanda de amparo, se advierte que la quejosa señaló como autoridades responsables: ****************************************Congreso de la Unión;********************Presidente de la República;********************Secretario de Gobernación, y;********************Director del Diario Oficial de la Federación.****************************************Así mismo, de dicho libelo se desprende que reclamó del Congreso de la Unión, la aprobación de las reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos y la Ley General de Sistemas de Impugnación en Materia Electoral.********************Por otro lado, del Presidente de la República y del Director del Diario Oficial de la Federación, reclama la promulgación y publicación del decreto por el cual se reforman las leyes en comento.********************Sin embargo, no se advierte cuál es el acto que reclama del Secretario de Gobernación.********************En otro aspecto, en su concepto de violación identificado como "tercero" y denominado "Violación al Derecho al Trabajo", la agraviada refiere que la reforma reclamada conculca sus derechos humanos laborales y su membresía del SPEN (Servicio Profesional Electoral Nacional), particularmente en cuanto a sus derechos humanos laborales adquiridos, pues se elimina su centro laboral y su plaza del Servicio Profesional.********************También menciona, que mediante concurso público llegó a formar parte del Servicio Profesional Electoral Nacional, membresía que otorga la Constitución a aquéllos trabajadores especialistas en materia electoral y que tiene como característica la permanencia y estabilidad en el empleo, pero con la entrada en vigor de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se vulnera su derecho al trabajo, aunado al hecho que de conformidad con los artículos 5º, 41 y 123, apartado B, Constitucional, y 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la legislación reclamada no contempla el lugar donde se reubicaría su plaza.********************Sin embargo, de la relatoría que realizó de los antecedentes del acto reclamado no se advierte que haya precisado cuál es el cargo que ostenta dentro de los órganos ejecutivos y técnicos del Instituto Nacional Electoral o a qué junta Distrital pertenece.********************Con base en lo relatado, este órgano de control constitucional se encuentra imposibilitado para determinar en un primer momento, cuál es el acto que en concreto reclama por esta vía al Secretario de Gobernación; así mismo, no precisa cuál es el cargo que ostenta dentro de los órganos ejecutivos y técnicos del Instituto Nacional Electoral o a qué junta Distrital pertenece, cuya eliminación se la atribuye a la norma combatida.********************Siendo que lo anterior, constituye una irregularidad que impide la admisión de la demanda de que se trata; por tanto, con fundamento en el artículo 108, fracción IV, en relación con el diverso numeral 114, fracciones I y IV, ambos de la Ley de Amparo, prevéngase al citado promovente de amparo, para que dentro del término de cinco días hábiles, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, bajo protesta de decir verdad, manifieste:********************a) Cuál es el acto que en concreto reclama del Secretario de Gobernación; y,********************b) Precise cuál es el cargo que ostenta dentro de los órganos ejecutivos y técnicos del Instituto Nacional Electoral o a qué junta Distrital pertenece, cuya eliminación se la atribuye a la norma combatida.********************Con el apercibimiento, que de no cumplir con el requerimiento hecho en el inciso a), dentro del término señalado, se tramitará la demanda de amparo, sin tener como autoridad responsable al Secretario de Gobernación; y en relación con el punto b), se tendrá por no presentada con fundamento en el numeral 114, penúltimo párrafo de la Ley de Amparo.********************Por otra parte, téngase como domicilio de la parte quejosa, para oír y recibir notificaciones, el indicado para tal efecto en su demanda; y como su autorizado, a la persona expresamente designada, pero con las limitaciones que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo, hasta en tanto se encuentren inscritas en el Registro Nacional de Cédulas Profesionales. ********************Asimismo, la parte quejosa solicita acceso y consulta al expediente electrónico, así como notificaciones a través de esa vía.********************En tal virtud, toda vez que consta que el nombre de usuario ******************** que proporciona el ocursante, se encuentra registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; en consecuencia, con apoyo en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se acuerda de conformidad su solicitud, por lo que se autoriza el acceso y consulta del expediente electrónico del presente juicio, a la parte quejosa a través de los citados usuarios, quedando facultados para promover en el juicio con el propio nombre de usuario.********************Asimismo, toda vez que existe solicitud expresa de la parte quejosa por conducto de su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, para recibir notificaciones vía electrónica, en consecuencia, de conformidad con el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo y los artículos 39 y 55 párrafos segundo y tercero del citado Acuerdo General 12/2020, se ordena realizar a la parte quejosa las notificaciones en las que se realice algún requerimiento o su naturaleza lo amerite vía electrónica, en el entendido que se realizarán a través del portal de servicios electrónicos del Poder Judicial de la Federación, por medio de la cuenta electrónica antes mencionada, es decir, con el nombre de usuario ******************** pues las demás se realizarán por lista.********************Hágase lo anterior del conocimiento del oficial administrativo del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para los efectos legales conducentes.********************Por otro lado, no ha lugar a acceder a su solicitud de expedir copias certificadas de este proveído; toda vez que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y 3º, fracción III del Acuerdo General 12/2020 del propio Pleno que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo, a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente consta únicamente en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente impreso, por lo que ésta actuación al ser emitida posterior a dicha fecha, no obra en el expediente impreso y sólo obra en el electrónico;********************Sin perjuicio de lo anterior, de conformidad con el Acuerdo General 12/2020 se hace saber al promovente, que se encuentra en aptitud de acceder al expediente electrónico e imprimir las constancias que requiera, y las que cuenten con evidencia criptográfica tendrán el mismo valor probatorio que el de una copia certificada.********************Finalmente, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario de la adscripción, para que en caso de ser necesario, realice las notificaciones inherentes a este juicio en días y horas inhábiles.********************Notifíquese personalmente.********************Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, asistido por Pablo Pérez Pacheco, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.

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