Esther Cruz Nuñez
Expediente 652/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 25 de mayo de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 652/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 25/05/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Esther Cruz Nuñez
Actuaciones
- Principal
MESA V "... Vistos los autos y la certificación precitada; toda vez que en la especie por acuerdo de veintiséis de abril de dos mil dieciséis, se desechó la demanda de amparo en el presente asunto; como esa determinación no fue recurrida por la parte legitimada para hacerlo, a través del recurso de queja y dentro del término de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo vigente; con fundamento en el normativo 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por reenvío del numeral 2° de la Ley citada, se declara que dicho auto ha causado estado. Por otra parte, vista la certificación secretarial de cuenta, archívese el presente asunto como concluido, el cual se estima carece de relevancia documental; por lo que transcurridos más de seis meses, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a su destrucción, ello de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Hágase las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.
- Principal
MESA V "... Agréguese la demanda de garantías promovida por Esther Cruz Núñez, contra actos del Juez de Garantía en Materia Penal del Distrito Judicial de Tlaxiaco, Oaxaca; presentada el veintidós de abril pasado, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, y ayer en este Juzgado; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 652/2016. Ahora, vista la demanda de que se trata, en principio, con fundamento en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, procede examinar si existe motivo notorio, manifiesto e indudable de improcedencia. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el normativo 61 fracción XXIII, en relación con el diverso 107 fracción V, aplicado en sentido contrario de la Ley de Amparo... La interpretación de los preceptos transcritos revela que la improcedencia del juicio de amparo también resulta de alguna disposición tanto Constitucional, como de la propia ley, diversa de las veintidós fracciones del artículo 61 transcrito; que el juicio de amparo biinstancial procede contra actos de imposible reparación, los cuales deben entenderse como aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Previo a explicar la anterior determinación, resulta importante destacar que la quejosa reclama la resolución de quince de abril de dos mil dieciséis, dictada en la causa penal 276/2016 del índice del Juzgado de Garantía en Materia Penal del Distrito Judicial de Tlaxiaco, Oaxaca, mediante la cual declaró procedente la entrevista de once testigos de la fiscalía por parte del defensor particular de los imputados. Partiendo de esa premisa, es necesario ahora recalcar que el artículo 114 fracción IV, de la Ley de Amparo abrogada, establecía que cuando se reclamaran actos de tribunales judiciales emitidos dentro de juicio, el amparo indirecto sería procedente cuando tuviesen sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. La citada disposición legal no señalaba qué debía entenderse por ejecución de imposible reparación. La jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para solventar dicha interrogante, estableció dos criterios orientadores a partir de los cuales se calificaba la procedencia del juicio de amparo contra actos de esa naturaleza. Así, se dijo que un acto dentro del juicio tenía una ejecución irreparable: a) Cuando sus consecuencias afectaran de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se tratara. b) Cuando sus consecuencias afectaran a las partes en grado predominante o superior. Sobre esas reglas se admitía la procedencia del amparo indirecto, esto es, cuando la ejecución de los actos reclamados afectara derechos sustantivos, indicando la jurisprudencia relativa que el juicio constitucional indirecto era procedente, de manera excepcional, aun tratándose de violaciones formales, adjetivas o procesales, porque con dicha resolución se afectaba a las partes en grado predominante o superior pues, de ser fundada, debía reponerse el procedimiento lo que traía como consecuencia retardar la impartición de justicia contrariando así lo dispuesto en el artículo 17 constitucional. Las tesis temáticas sobre los actos que dentro del juicio tienen una ejecución de imposible reparación, son las siguientes...No obstante lo expuesto con antelación, debe decirse que la Ley de Amparo vigente, específicamente en su artículo 107, fracción V, sí establece lo que debe entenderse por un acto en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, como se observa a continuación: ".El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." Del numeral antes invocado se pone de manifiesto que ahora los actos de ejecución irreparable únicamente son aquellos que producen una afectación material a los derechos sustantivos tutelados por la Constitución y los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, de lo que se sigue que ya no hay posibilidad de considerar que dentro de ese concepto se incluyan los actos que producen efectos meramente formales, aun cuando se tratara de una violación procesal en grado predominante o superior que antes establecía la jurisprudencia ya mencionada. En torno a la vigencia de la jurisprudencia sustentada sobre la interpretación de la Ley de Amparo abrogada, el artículo sexto transitorio del decreto de la nueva ley establece que: "La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente ley"; por lo cual, se considera que el texto de la nueva ley no permite la aplicación de la jurisprudencia en comento, en tanto que se opone al texto expreso de lo que debe entenderse por un acto de ejecución irreparable. Bajo ese contexto, para calificar ahora la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de aquéllos actos de "imposible reparación", debe atenderse a los efectos o consecuencias que éstos produzcan, es decir, si la naturaleza de la violación afecta o no materialmente (que se distingue de una afectación formal) un derecho sustantivo protegido (de naturaleza distinta a los derechos adjetivos) por la Constitución y los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En la especie, como se indicó, el acto reclamado se hace consistir en la resolución de quince de abril de dos mil dieciséis, dictada en la causa penal 276/2016 del índice del Juzgado de Garantía en Materia Penal del Distrito Judicial de Tlaxiaco, Oaxaca, mediante la cual declaró procedente la entrevista de once testigos de la fiscalía por parte del defensor particular de los imputados.. En ese sentido, tal acto no afecta de manera cierta e inmediata derechos sustantivos, como enseguida se desarrollará. Se puntualiza que existe una ejecución de imposible reparación si las consecuencias del acto reclamado son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los derechos fundamentales del hombre que tutelan la Constitución y los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, el domicilio, porque esa afectación o sus efectos no se destruyen aun con el hecho de que quien la sufre obtenga una resolución definitiva favorable a sus intereses. Así, cuando la violación aducida repercute en cuestiones de mero trámite durante la sustanciación del juicio del orden común, no se está en el caso de un acto que tenga una ejecución de imposible reparación que genere efectos materiales sobre los derechos sustantivos del gobernado, sino sólo tiene efectos de carácter intraprocesal. De esta suerte, independientemente de que el acto reclamado pueda afectar derechos adjetivos o procesales, lo cierto es que tal circunstancia no determina que cause un gravamen de imposible reparación al quejoso, ya que para ello, como se expuso, se requiere que exista afectación de manera directa e inmediata a derechos sustantivos consagrados en la Carta Magna y los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, tales como la vida, la libertad, la propiedad u otro análogo, lo que en el caso no acontece. Ciertamente, el acto reclamado en esta vía no está en pugna con la existencia de la parte quejosa, con sus propiedades o con la libertad de disposición de sus bienes, ya que dicha resolución de quince de abril de dos mil dieciséis, dictada en la causa penal 276/2016 del índice del Juzgado de Garantía en Materia Penal del Distrito Judicial de Tlaxiaco, Oaxaca, mediante la cual declaró procedente la entrevista de once testigos de la fiscalía por parte del defensor particular de los imputados., no constituye un acto que vulnere derechos sustantivos, sino meramente adjetivos porque los efectos que produce son intraprocesales. Por tanto, como el acto reclamado no repercute en una violación a derechos sustantivos consagrados por la Constitución y los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, la institución quejosa tendrá que esperar a que el Tribunal de origen dicte la sentencia correspondiente, y si ésta le es adversa impugnar dicha violación vía concepto de violación a través del amparo directo o en su caso del amparo adhesivo... En esas condiciones, si el acto reclamado no satisface las condiciones para que sea considerado como un acto dentro del juicio que tenga una ejecución irreparable, entonces, el juicio de amparo indirecto debe reputarse improcedente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 61 fracción XXIII y 107 fracción V, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo y, por ende, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por ESTHER CRUZ NÚÑEZ, por la causa manifiesta e indudable de improcedencia resaltada. Se tiene como domicilio de la parte peticionaria de amparo, para oír y recibir notificaciones, el que indica; y por autorizadas para tal efecto, a las personas que menciona. De conformidad con el numeral 21 párrafo último, de la Ley de Amparo, en obvio de dilaciones procesales, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las notificaciones personales que, en su caso, se ordenen en este expediente. Finalmente, con el objeto de respetar el derecho a la intimidad de las partes al hacerse públicas las sentencias, de conformidad con el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, con apoyo en el precepto 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental, mismo que entró en vigor el cinco de abril de dos mil cuatro, hágaseles saber el derecho que tienen para oponerse a la publicación de sus datos personales, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo; en el entendido de que la unidad administrativa que lo tenga bajo su resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos, tomando en cuenta, si la resolución solicitada, las pruebas o las demás constancias contienen información considerada como reservada en términos de lo previsto en el artículo 13, fracción IV, de la ley antes citada; de ser así, a la versión pública de la sentencia ejecutoria, de las demás resoluciones públicas y, en su caso, de los documentos contenidos en el expediente que no sean reservados o confidenciales, se suprimirán los datos personales de las partes, salvo su nombre, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional respectivo..." NOT. PREVIO CIT.
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