Esther Collado Arredondo
Expediente 4201/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 13 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 4201/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 13/06/2023
Partes del expediente
- Esther Collado Arredondo
Actuaciones
- Principal
Ciudad de México, trece de junio de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los autos de los cuales se advierte que por auto de siete de junio de dos mil veintitrés, se reservó acordar lo conducente en cuanto a la orden de archivo de este juicio de amparo, en consecuencia, se levanta la reserva. Archivo del asunto Háganse las anotaciones en el libro de gobierno electrónico y dado que este expediente se encuentra integrado, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, archívese como asunto concluído, previa verificación de la correcta integración electrónica con la totalidad de las constancias que integran el expediente judicial, consideradas como tales las promociones y actuaciones judiciales. Destino del juicio de amparo Por otra parte, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que este expediente es susceptible de destrucción, en razón de que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 20, fracción IV, del mencionado acuerdo general, pues se trata de un expediente en el que se desechó la demanda de amparo, ya que no se ubica en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del acuerdo general invocado, en consecuencia, procédase a su cumplimiento, una vez que haya trascurrido el plazo de tres años que prevé dicho artículo. Asimismo, en atención a lo ordenado en el artículo 34 del capítulo décimo segundo del citado acuerdo, háganse las anotaciones en la carátula del expediente. Devolución de documentos Finalmente, hágase del conocimiento de la quejosa que en caso de haber exhibido documentos que estime relevantes, deberá acudir al local que ocupa este juzgado Federal con identificación oficial vigente dentro del plazo de noventa días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, a recogerlos, en el entendido que de no hacerlo, serán destruidos. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, siete de junio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, al que adjunta el testimonio de la resolución dictada en sesión de veinticinco de mayo de dos mil veintitrés, en el recurso de queja número Q.A. 957/2022 de su estadística y un legajo de copias certificadas del juicio citado al rubro, sin que sea necesario acusar de recibo, toda vez que el tribunal colegiado así lo refirió. Ahora, hágase del conocimiento de la quejosa que el tribunal colegiado, resolvió lo siguiente: "[.] PRIMERO. Es infundado el recurso. SEGUNDO. Por razones diversas, se confirma el auto recurrido. TERCERO. Se desecha la demanda de amparo. [.]" De lo anterior se toma conocimiento para los efectos legales conducentes, háganse las anotaciones en el libro de electrónico. Se reserva archivo Ahora, se tiene como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, que en esta fecha fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, que abroga el diverso publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, por lo que entrará en vigor al día siguiente de su publicación, por tanto, a efecto de acatar los nuevos lineamientos establecidos en dicha normativa, se reserva acordar sobre el archivo de este asunto, hasta en tanto entre en vigor el citado acuerdo. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, catorce de julio de dos mil veintidós. Visto el estado procesal de autos, se advierte que en auto de treinta de mayo de dos mil veintidós, se concedió prorroga por el plazo de diez días al xxxxx, a efecto de que diera cumplimiento a la ejecutoria dictada en autos; sin que a la fecha en que se actúa haya realizado manifestación alguna al respecto, no obstante, haber sido debidamente notificado, tal y como se advierte de la constancia de notificación que obra agregada a los autos. Por tanto, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, así como el 297, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, requiérase al Centro de Investigación y Docencia Económica, Asociación Civil, para que, en el plazo de DIEZ DÍAS, contado a partir de la legal notificación del presente proveído, acredite con documentos fehacientes haber dado cumplimiento a lo determinado por el Alto Tribunal y realice lo siguiente: Deje sin efectos el acto de aplicación de Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos abrogada, y le reintegre a la quejosa las cantidades que le fueron "disminuidas" y "eliminadas" de las remuneraciones que percibía antes de la entrada en vigor de dicha ley. Lo anterior, bajo el apercibimiento que de no desahogar este requerimiento o manifestar su imposibilidad para hacerlo: 1) Se les impondrá una multa de cien a mil unidades de medida y actualización, de conformidad con el artículo 258 de la Ley de Amparo; 2) Se emitirá el pronunciamiento en el que se determinará por qué a juicio de este juzgador la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, en acatamiento a lo establecido en el párrafo primero del artículo 193 de la Ley de Amparo; y, 3) Se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito y, en su caso, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para seguir el trámite de inejecución, el cual puede culminar con la separación inmediata de su puesto y su consignación ante el juez de distrito competente por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo, con fundamento en los artículos 192, párrafos segundo y tercero, 193, párrafos primero, quinto y sexto, así como último párrafo del numeral 196 de la Ley de Amparo. Con independencia de lo anterior, se hace del conocimiento a la responsable que aun cuando deje de ostentar el cargo que desempeña seguirá siendo responsable del desacato al fallo constitucional durante el tiempo que duró su encargo y, por tal razón, podrá ser consignada en términos de la fracción XVI del precepto 107 constitucional y 198 de la mencionada ley. Resulta aplicable al criterio adoptado la tesis aislada P. VIII/2014 (10a.), con número de registro 2005880, de rubro: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. EL HECHO DE QUE LO HAYA LLEVADO A CABO EL NUEVO TITULAR DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, NO EXIME DE RESPONSABILIDADES AL ANTERIOR QUEINEXCUSABLEMENTE DESACATÓ EL FALLO. El artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé consecuencias de naturaleza excepcional para el servidor público que incumpla una ejecutoria emitida en un juicio de amparo, consistentes en la separación de su cargo así como su consignación ante el Juez de Distrito para que sea juzgado por la desobediencia cometida conforme a lo previsto en la ley penal aplicable en materia federal. Ahora bien, el hecho de que el nuevo titular de la autoridad responsable acredite haber dado cumplimiento al fallo protector, no implica que se condone la contumacia del anterior titular que inexcusablemente entorpeció o retardó el acatamiento de la sentencia de amparo -esto es, aquel cuya conducta revele la intención de eludir dicho cumplimiento-, ni que se le exima de responsabilidades ante el correcto actuar de quien lo relevó en el cargo, pues el efecto de ese cumplimiento se limita únicamente a que no se aplique a éste lo señalado en el citado precepto constitucional. Esto es así, ya que la finalidad de las sanciones aludidas en el referido precepto no es sólo punitiva, sino además, ejemplar y preventiva, por lo que no es dable que queden impunes las conductas de los anteriores servidores públicos tendientes a evadir el debido acatamiento a tales sentencias. Admitir lo contrario, implicaría burlar el riguroso sistema que la Constitución General y la Ley de Amparo establecen para salvaguardar la eficacia de las sentencias de amparo, lo que explica que cuando el titular de una autoridad, cualquiera que sea, haya desacatado una sentencia de amparo, proceda consignarla ante el Juez respectivo para que sea sancionada, independientemente de que ya no ocupe el cargo y de que quien lo suceda cumpla el fallo protector." REQUERIMIENTO AL SUPERIOR JERÁRQUICO Con fundamento en el artículo 192, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se requiere al Consejo Directivo del Centro de Investigación y Docencia Económicas, Asociación Civil, en su calidad de superior jerárquico de la autoridad responsable Centro de Investigación y Docencia Económicas, Asociación Civil, para que dentro del mismo plazo de diez días le ordene a su respectivo subordinado a cumplir la ejecutoria de amparo. Lo anterior, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden en dicho plazo, se le impondrá una multa de cien a mil unidades de medida de actualización, de conformidad con el artículo 258 de la Ley de Amparo, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. En el entendido de que: 1. La autoridad responsable y su superior jerárquico deben cumplir la totalidad de lo requerido en la ejecutoria de amparo en el plazo fijado, pues en términos del artículo 195 de la Ley de Amparo y la jurisprudencia P./J. 60/2014 (10a.) el cumplimiento extemporáneo injustificado no las exime de responsabilidad. 2. Se considerará incumplimiento: a) el retraso por medio de evasivas, lo cual se actualizará cuando las autoridades lleven a cabo actos intrascendentes respecto del cumplimiento del fallo; b) los procedimientos ilegales de las autoridades responsables o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo, entendidos por éstos cuando se lleven a cabo, -so pretexto de generar una condición de determinación de los deberes impuestos en la sentencia de amparo-, procedimientos innecesarios para el cumplimiento de la sentencia constitucional en la medida en que no son condiciones exigibles por el fallo. Lo anterior, tiene fundamento el artículo 193, párrafo segundo, de la Ley de Amparo y la jurisprudencia P./J. 58/2014 (10a.). 3. No basta que el superior jerárquico emita un oficio en el que indique que giró una orden a la autoridad directamente obligada al cumplimiento del fallo protector, para que se consideren colmadas sus obligaciones en la etapa de ejecución de una sentencia protectora de derechos humanos, sino que debe demostrar haber hecho uso de todos los medios a su alcance, incluso de las prevenciones y sanciones, que conforme a las disposiciones aplicables pueda formular e imponer, a fin de constreñirla al debido cumplimiento de las ejecutorias de amparo, pues de lo contrario se hace acreedor a las sanciones previstas en la propia ley, esto es, la imposición de una multa y, en su caso, a la separación del cargo y su consignación ante un Juez de Distrito. Sirve de apoyo a la anterior consideración la jurisprudencia P./J. 60/2014 (10a.), con número de registro 2007912, de rubro: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN LOS CASOS EN QUE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y/O VINCULADAS AL CUMPLIMIENTO LO REALICEN DE MANERA EXTEMPORÁNEA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). En caso de que el órgano de amparo que conozca del procedimiento para el cumplimiento de una sentencia concesoria estime que las autoridades responsables y/o vinculadas a su cumplimiento han incurrido en una actitud evasiva o el uso de procedimientos ilegales que propicien el retardo en su acatamiento y, en consecuencia, remita los autos al órgano correspondiente, Tribunal Colegiado de Circuito o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según sea el caso, debe estimarse que estos órganos están en aptitud de determinar si las autoridades actuaron o no de manera evasiva o a través del uso de procedimientos ilegales que hubieren generado el retardo en el cumplimiento de la sentencia de amparo, o que el cumplimiento se llevó a cabo fuera de los plazos establecidos para tal efecto en la Ley de Amparo, incluso, podrán verificar la legalidad de las multas que se hubieren impuesto, tomando en cuenta si la autoridad responsable y/o vinculada han cumplido con los plazos previstos en la Ley de Amparo o bien adviertan la existencia de una causa justificada para no cumplir en esos términos. Ahora bien, si una vez concluido el plazo otorgado para el cumplimiento de la sentencia de amparo y antes de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva sobre la aplicación de las sanciones previstas en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se presenta el cumplimiento de la sentencia de amparo, dando lugar a que el órgano que concedió el amparo determine que éste se ha acatado, ello no dará lugar a que por ese hecho el asunto quede sin materia, pues de lo contrario se haría nugatorio lo dispuesto en el artículo 195 de la Ley de Amparo, en cuanto a que el incumplimiento extemporáneo no exime de responsabilidad cuando sea injustificado. De este modo, deberá ser valorado por el órgano que corresponda Juez de Distrito, Tribunal Colegiado de Circuito o incluso por la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando los autos estén radicados en ésta, si en el caso existe justificación para el cumplimiento extemporáneo, pues de considerar lo contrario, deben aplicarse las sanciones previstas en el artículo 107, fracción XVI constitucional. Cabe agregar que en el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la determinación sobre la justificación del cumplimiento extemporáneo corresponde, en principio, al Ministro Ponente, el cual con base en la resolución que hubiere causado estado en el sentido de que el fallo constitucional ha quedado cumplido, sin excesos ni defectos, podrá valorar en el dictamen en el que se proponga declarar sin materia el incidente respectivo las causas de justificación de la extemporaneidad. Lo anterior, sin menoscabo de que cuando se estime necesario revocar las multas impuestas en el respectivo procedimiento de ejecución o se considere dudosa la justificación del cumplimiento extemporáneo, la competencia para resolver lo conducente corresponda a las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación." Así como la jurisprudencia P./J. 58/2014 (10a.), con número de registro 2007914, es de rubro: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. SUPUESTOS EN LOS CUALES SE ACTUALIZA UN RETRASO CON MOTIVO DE LAS EVASIVAS O PROCEDIMIENTOS ILEGALES DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y/O VINCULADA AL CUMPLIMIENTO, QUE JUSTIFICA IMPONER A ÉSTAS UNAMULTA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 193 DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). En términos del citado precepto legal, se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. En atención a lo anterior, en los casos en que las autoridades pretendan acreditar el cumplimiento de la sentencia de amparo -pero no cuando han sido omisas al respecto-, el Juez de Distrito o el Tribunal Colegiado de Circuito, según sea el caso, deberá considerar si la actuación de la autoridad responsable o vinculada al cumplimiento implica un actuar evasivo respecto del incumplimiento de la sentencia de amparo o si se han efectuado procedimientos ilegales que retarden su cumplimiento, cuyo objetivo consista en no cumplir con el mandato federal, pues sólo en esos supuestos deberá imponerse la multa correspondiente y continuar con el procedimiento de inejecución, mediante el envío de los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, para que en el momento procesal oportuno, en caso de que proceda, se determine la destitución del cargo y, posteriormente, la consignación de las autoridades contumaces. Así, el incumplimiento por medio de evasivas se actualizará cuando las autoridades responsables o vinculadas lleven a cabo actos intrascendentes respecto del cumplimiento del fallo, lo que, en todo momento, deberá analizarse en función tanto de los efectos plasmados en la sentencia de amparo, como, y especialmente, del requerimiento de su cumplimiento, pues en la medida en que éstos se encuentren claramente determinados, podrán imponerse las sanciones aplicables por el incumplimiento del fallo protector. Debe entenderse que se retrasa el cumplimiento de la sentencia de amparo por medio de procedimientos ilegales, cuando se lleven a cabo, so pretexto de generar una condición de determinación de los deberes impuestos en la sentencia de amparo, procedimientos innecesarios para el cumplimiento de la sentencia constitucional en la medida en que no son condiciones exigibles por el fallo. En términos de lo anterior, debe considerarse que si una autoridad responsable o vinculada, según sea el caso, propone el cumplimiento de la sentencia de amparo y ello no satisface al órgano jurisdiccional -pero éste no advierte una actitud evasiva o la práctica de procedimientos ilegales que generen retraso en el cumplimiento de la sentencia-, se deberá requerir de nueva cuenta el cumplimiento de la sentencia de amparo especificando qué debe realizar la autoridad responsable y/o vinculada al cumplimiento y las razones por las que el acto con el que la autoridad pretendía cumplir no satisfacen esta condición, sin que ello dé lugar a la imposición de una multa o al envío de los autos al órgano jurisdiccional competente (Tribunal Colegiado de Circuito o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda) para continuar el trámite respectivo, pues esto último sólo ocurrirá cuando se advierta que se actualiza alguna o ambas de las condiciones apuntadas -actos evasivos o la práctica de procedimientos ilegales- que retardan el cumplimiento de la sentencia de amparo, tal y como se establece en el artículo 196 de la ley de la materia. De igual manera, cuando las autoridades judiciales de amparo adviertan que existe exceso o defecto en el cumplimiento de la sentencia de amparo y que por ello no puede tenerse como cumplida tal y como lo ordena el artículo 196 de la Ley de Amparo, ello tampoco da lugar a que se continúe con el trámite de inejecución que eventualmente puede concluir con la aplicación de las sanciones (pecuniaria, separación del cargo y consignación ante un Juez penal), sino que se deberá requerir a la autoridad para que subsane dicha deficiencia (exceso y defecto) y exprese con claridad la razón por la que se considera que existe un cumplimiento excesivo o defectuoso." Y el criterio jurisprudencial I.9o.A. J/3 (10a.), con número de registro 2005830, de rubro y texto: "CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. CONFORME AL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE LA MATERIA, NO BASTA QUE EL SUPERIOR JERÁRQUICO EMITA UN OFICIO EN EL QUE INDIQUE QUE GIRÓ UNA ORDEN A LA AUTORIDAD DIRECTAMENTE OBLIGADA, SINO QUE DEBE DEMOSTRAR HABER HECHO USO DE TODOS LOS MEDIOS A SU ALCANCE, INCLUSO PREVENCIONES Y SANCIONES, PUES DE LO CONTRARIO SE HACE ACREEDOR A LA IMPOSICIÓN DE UNA MULTA Y, EN SU CASO, A LA SEPARACIÓN DEL CARGO Y SU CONSIGNACIÓN ANTE UN JUEZ DE DISTRITO. Dentro de la Ley de Amparo, en particular en su artículo 192, se establecieron mecanismos necesarios para que las ejecutorias en la materia sean puntualmente cumplidas, entre ellos, que el órgano judicial al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable también lo hará respecto del superior jerárquico de aquélla, para que le instruya cumplir con la sentencia, bajo el apercibimiento de que, de no hacerlo, se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados en la propia ley, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades que su subordinada. En este sentido, acorde con los criterios que sobre el tema ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no basta que el superior jerárquico emita un oficio en el que indique que giró una orden a la autoridad directamente obligada al cumplimiento del fallo protector, para que se consideren colmadas sus obligaciones en la etapa de ejecución de una sentencia protectora de derechos humanos, sino que debe demostrar haber hecho uso de todos los medios a su alcance, incluso de las prevenciones y sanciones, que conforme a las disposiciones aplicables pueda formular e imponer, a fin de constreñirla al debido cumplimiento de las ejecutorias de amparo, pues de lo contrario se hace acreedor a las sanciones previstas en la propia ley, esto es, la imposición de una multa y, en su caso, a la separación del cargo y su consignación ante un Juez de Distrito." Notifíquese; en términos de lo dispuesto por Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
- Principal
Ciudad de México, veinticuatro de junio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el escrito con folio 14035 presentado por********************, perito oficial en materia de contabilidad, quien en desahogo al requerimiento formulado en autos, presenta su conformidad y la cotización de sus honorarios para estar en aptitud de rendir su dictamen derivado de la prueba pericial en materia de contabilidad, y al efecto desglosa las cantidades de conformidad con al Arancel para el pago de honorarios y gastos de las personas que pueden fungir como peritos ante los órganos del Poder Judicial de la Federación, así como al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para el ejercicio dos mil veintiuno, aprobado y publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de diciembre de dos mil veinte, que regula la integración de la Lista de personas que pueden fungir como peritos ante los órganos del Poder Judicial de la Federación. Por lo antes expuesto anteriormente, en términos de los dispuesto por el artículo 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del artículo 2, requiérase a la experta en materia contable, para que en el plazo de tres días, se presente en el local de este órgano jurisdiccional a fin de aceptar y protestar el cargo que se le confiere como perito oficial. Se le apercibe a la profesionista que de no cumplir con este requerimiento, se le impondrá una multa de cien días del valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, equivalente al que tiene el salario mínimo general vigente en todo el país; lo anterior, con apoyo en los artículos 237, fracción I, 238 y 259 de la ley de la materia; 26, apartado B, último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, segundo transitorio por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo y 23, fracción XX Bis del Reglamento Interior del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 6, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órgano Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus COVID-19, que establece que cuando sea el titular del órgano jurisdiccional quien cite físicamente a las partes para una comparecencia o para el desahogo de un requerimiento será el propio órgano jurisdiccional quien genere la cita respectiva desde la modalidad del programa "Agenda OJ", este órgano jurisdiccional no señala fecha y hora en específico ni genera el código QR a fin de que el perito comparezca al local de este Juzgado de Distrito; por tanto, notifíquese personalmente a********************, quien deberá agendar su cita a través de la página del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con el objeto de obtener su código QR para acudir a las instalaciones de este órgano jurisdiccional. En el entendido, que deberá hacerlo dentro plazo señalado, a partir de la legal notificación del presente acuerdo. En caso de que, no le sea posible generar el código QR, podrá llamar al teléfono (55) 5133 8100 Extensión 1073 para que le generen el código referido. No obstante de conformidad con lo establecido en los Acuerdos Generales 21/2020 y 1/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, es limitado el acceso al personal y a los visitantes el acceso a todas las instalaciones de los órganos jurisdiccionales. En razón de lo anterior, con el objeto de respetar el derecho de las partes en el juicio en que se actúa, con fundamento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes; por otra parte, el artículo 6°, tercer párrafo y apartado B, fracción I, que reconoce la obligación del Estado de garantizar el derecho de acceso universal, equitativo, asequible y oportuno a las tecnologías de la información y comunicación; finalmente, el artículo 81, fracción XVIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, faculta al Consejo de la Judicatura Federal para emitir normatividad y los criterios para modernizar sus estructuras, sistemas y procedimientos administrativos, tanto internos como de servicios al público. Considerando que la impartición de justicia es el principal servicio público que presta el Poder Judicial de la Federación. Así, es indiscutible que esta facultad normativa modernizadora debe incluir la tramitación de expedientes y el desahogo de diligencias judiciales. Por tanto, tal como lo reconoce el Consejo de la Judicatura Federal, el avance y desarrollo de la infraestructura y servicios de las tecnologías de la información y comunicación son herramientas transversales para el fortalecimiento de la impartición de justicia y la protección de los derechos humanos. Así, con el fin de impartir una justicia pronta y expedita, los órganos jurisdiccionales pueden emplear en sus audiencias y sesiones colegiadas el método alternativo de comunicación denominado "videoconferencia", para garantizar los principios relacionados con el aseguramiento de la presencia de las y los jueces, o magistrados y todos los intervinientes en las salas de audiencia (presencial o virtual), y hacer frente a cualquier contingencia, ya sea por situación de urgencia, emergencia, caso fortuito o fuerza mayor, a cualquiera otra situación que a consideración del titular del órgano jurisdiccional impida o dificulte el desahogo presencial de las audiencias que establezca la Ley, o cuando se procure mejorar el acceso a la justicia para las personas justiciables. En consecuencia, en caso de que la perito oficial ********************, no pueda comparecer físicamente en el local de este órgano jurisdiccional, se autoriza la comparecencia vía electrónica en términos de lo dispuesto por el Acuerdo General 22/2020, así como por el Acuerdo General 12/2020 y su Anexo Técnico emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Y para tal efecto se le requiere para que comparezca vía remota mediante videoconferencia a través de la aplicación "Cisco Webex"; lo anterior para llevar a cabo la aceptación del cargo de perito oficial, por lo que se solicita contar con identificación oficial que pueda ser visible para exhibirla en ese momento. Cabe, precisar que en atención a lo dispuesto por los citados acuerdos 22/2020 y 12/2020 y su Anexo Técnico emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se remitirá la invitación al correo electrónico que al efecto señale; por lo tanto, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, requiérase a la perito oficial ******************** para que en el plazo de tres días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la legal notificación del presente proveído, proporcione una cuenta de correo electrónico, ya sea por escrito o vía electrónica al correo institucional de este órgano jurisdiccional 2jdoaux1cto@correo.cjf.gb.mx. Cuando realice lo anterior, se le remitirá la invitación al correo electrónico proporcionado, para que asista vía remota a la videoconferencia a través de la aplicación "Cisco Webex", en términos del artículo 25 en relación con el diverso 28, ambos del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Una vez enviada la invitación, ésta tendrá el carácter de citatorio y será remitido desde el correo institucional ********************, de la Licenciada Antonia Villanueva Ayala, Coordinadora Técnica Administrativa adscrita a este Juzgado de Distrito. Además, de conformidad con el artículo 17, fracción I, del Acuerdo General 22/2020 del Pleno Consejo de la Judicatura Federal, relativo a las medidas necesarias para reactivar la totalidad de las actividades del Consejo en el contexto de la Contingencia por el virus COVID-19, las partes que intervengan en la diligencia, deberán estar disponible quince minutos antes de la hora programada, a fin de preparar a los intervinientes para la ratificación de mérito y la implementación de la logística operacional. Se hace de su conocimiento que está a su disposición el teléfono antes señalado así como el correo institucional jose.guereca.cardiel@correo.cjf.gob.mx para atender cualquier asunto relacionado con la diligencia señalada en párrafos precedentes. Bajo el apercibimiento que de no proporcionar la cuenta de correo electrónico solicitada, o en el caso de no comparecer físicamente al local de este órgano jurisdiccional o vía videoconferencia para los efectos indicados dentro de los plazos indicados se seguirá con la secuela procesal y se harán efectivos los apercibimientos decretados. Ahora bien visto el escrito con folio 12339 por medio del cual la perito oficial solicita diversas copias para estar en aptitud de rendir su dictamen. En atención a su petición hágasele del conocimiento a la perito******************** que una vez que se desahogue el requerimiento formulado en párrafos que anteceden le serán remitidas las copias solicitadas; lo anterior para que la suscrita cuente con los elementos necesarios para rendir el dictamen que le sea requerido en el momento procesal oportuno. Notifíquese, en términos de lo dispuesto por Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; y personalmente a la perito oficial********************.
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