Esther Cárdenas Olvera
Expediente 267/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 4 de marzo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 267/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 04/03/2019
Partes del expediente
- Kenia Ariadna Rodríaguez Fentanes, Apoderada Legal de Esther Cárdenas Olvera
- Esther Cárdenas Olvera
Actuaciones
- Principal
Visto el estado procesal de los presentes autos, así como la certificación que antecede y tomando en consideración que la parte quejosa no recurrió el auto de siete de febrero de dos mil diecinueve por el que se determinó desechar la demanda de amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes, se acuerda lo siguiente: Destrúyase el presente expediente, una vez transcurridos cinco años de su archivo, ya que el juicio concluyó con un auto que determinó desechar de plano la demanda de amparo; es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto de referencia. Asimismo, a consideración de este juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. Una vez que transcurra el plazo que refiere el artículo décimo, fracción I, del Acuerdo General en cita, transfiérase al Centro de Documentación y Análisis. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. Devolución de documento(s). No existe en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa que se ubican en el punto segundo, inciso XVIII , del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, en términos del punto vigésimo, último párrafo, del Acuerdo General citado, pues anexó copias certificadas y simples de diversas constancias. Asimismo, se indica a las partes que, en caso de que requiera la devolución de los documentos antes precisados, deberá solicitarlo por escrito a efecto de que se acuerde lo correspondiente. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veinte de febrero de dos mil diecinueve. Notificación por lista. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que mediante auto del ocho de febrero de dos mil diecinueve, se ordenó notificar por lista a la quejosa ***************, el proveído del siete de febrero del año en curso, debido a la imposibilidad del actuario para notificarle personalmente. Sin embargo, a la fecha no obra la notificación del proveído anteriormente mencionado, en consecuencia se ordena notificar por lista que se fija en lugar visible de este órgano de control constitucional, el referido proveído del siete del mes y año en curso. Notifíquese, y cúmplase. San Andrés Cholula, Puebla, siete de febrero de dos mil diecinueve. ? Desechamiento. Radicación de la demanda. Vista la demanda de amparo, fórmese expediente; captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado y regístrese con el número de juicio de amparo 267/2019-III; asimismo, se advierten los siguientes datos: Parte quejosa. ************, en su carácter de apoderada de **************, personalidad que se le reconoce en términos del artículo 10, párrafo segundo, de la Ley de Amparo vigente, con la copia certificada del instrumento doce mil trescientos doce. Tercero interesado. ********** y ************ en su carácter de representantes de Hipotecaria Nacional, sociedad anónima de capital variable, sociedad financiera de objeto limitado Grupo Financiero Bancomer. Autoridades responsables. ************ , Delegado Fiduciaria de BBVA Bancomer, sociedad anónima, Institución Financiera de Banca Múltiple, como causahabiente de Hipotecaria Nacional sociedad anónima de capital variable BBVA, sociedad Financiera de objeto múltiple, entidad rural, grupo financiero BBVA Bancomer división corporativa. Actos reclamados. El procedimiento de ejecución de enajenación extrajudicial del contrato de fideicomiso irrevocable de garantía F/801952, instaurado con motivo del incumplimiento del contrato del referido fideicomiso. Desechamiento. Sentado lo anterior, del análisis integral de la demanda de amparo, es procedente desechar la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones. El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; en relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquel que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción . Asimismo, el Tribunal Constitucional del país, al analizar la expresión manifiesta e indudable, ha sostenido que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre la actualización de la causa de improcedencia, de tal suerte que los actos posteriores del procedimiento sean irrelevantes para confirmar su operatividad y que, además, no exista posibilidad de que la desvirtúen . En el caso, como quedó precisado, la quejosa reclama el procedimiento de ejecución de enajenación extrajudicial del contrato de fideicomiso irrevocable de garantía F/801952, instaurado con motivo del incumplimiento del contrato del referido fideicomiso. Lo anterior pone de manifiesto que en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 1°, fracción I, y 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, de los que se desprende que la procedencia del juicio de amparo indirecto se encuentra supeditada a que los actos reclamados constituyan actos de autoridad; en efecto, dichos preceptos disponen lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.). II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. De los preceptos legales transcritos, se advierte, por una parte, que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por leyes o actos de "autoridad" que violen derechos humanos de los gobernados y, por otra, que debe considerarse autoridad responsable aquella que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o acto reclamado. Lo anterior pone de manifiesto que el acto de la autoridad constituye un requisito indispensable para la procedencia del juicio de garantías, pues así lo dispone el artículo 1º de la Ley de Amparo, que establece la procedencia del juicio de garantías, contra leyes o actos de autoridad. Al respecto, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que por autoridad responsable, debe considerarse a aquellos entes que con fundamento en una norma legal, emiten actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado, por lo cual, debe analizarse en cada caso, si la autoridad señalada como responsable tiene la facultad para tomar decisiones o emitir resoluciones que afecten la esfera jurídica del quejoso . De conformidad con lo anterior, es factible aseverar que por regla general, el concepto de autoridad debe concebirse por exclusión de los actos de particulares , puesto que la naturaleza, antecedentes y evolución del juicio de amparo apuntan a sostener que éste sólo procede contra actos de autoridad, no así respecto de los realizados entre gobernados. En esas condiciones, la teoría general del derecho establece que las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las que éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas. En este tipo de relaciones se encuentran las reguladas por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas en ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo bilateralidad en el funcionamiento de las mencionadas relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público e interés social; se regulan por el derecho público que también prevé los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos, destaca, en la órbita ordinaria, el procedimiento contencioso administrativo, así como los mecanismos de defensa de derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional, el juicio de amparo. Estas relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por tanto, la Constitución Federal dispone una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, pues el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las cuales actúan en un mismo plano de igualdad superior, por encima de los particulares; regulándose a su vez por el derecho público que prevé mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este rubro las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II, de la Constitución Federal. De lo expuesto pueden advertirse como notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo, las siguientes: a. La existencia de un ente de hecho o de derecho que establezca una relación de supra a subordinación con un particular; b. Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c. Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular, y; d. Que para emitir dichos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales, ni precise del consenso de la voluntad del afectado. En síntesis, será considerada autoridad para efectos del juicio de amparo, la que teniendo las características de órgano público que le dan las normas jurídicas, tiene la potestad de emitir o realizar actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera de los gobernados sin requerir de la voluntad del afectado o aún en contra de ella y, los particulares, cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos de los gobernados en los términos mencionados y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. De igual forma, la Ley de Amparo vigente prevé la posibilidad de incluir a los particulares con la calidad de autoridades responsables; sin embargo, de modo alguno implicó que todos los actos que realicen aquéllos se consideren actos de autoridad, por mucho que sus facultades deriven de una norma general, pues para que así lo sean deben equipararse o ser equivalentes a los que realizan los órganos del Estado en sus funciones de supra a subordinación frente a los gobernados, es decir, que sean unilaterales y obligatorios, con independencia de que el propio ente que los emita pueda lograr su cumplimiento coactivo. Con base en lo expuesto, procede ahora determinar si el acto reclamado, colma tales requisitos, lo que haría procedente su impugnación a través del juicio de amparo. Como quedó precisado, la parte quejosa reclama el procedimiento de ejecución de enajenación extrajudicial del contrato de fideicomiso irrevocable de garantía F/801952, instaurado con motivo del incumplimiento del contrato del referido fideicomiso. De lo anterior se sigue, que si bien el acto fue emitido por ****************, Delegado Fiduciario de BBVA Bancomer, sociedad anónima, Institución Financiera de Banca Múltiple, como causahabiente de Hipotecaria Nacional sociedad anónima de capital variable BBVA, sociedad Financiera de objeto múltiple, entidad rural, grupo financiero BBVA Bancomer división corporativa, en ejercicio de sus facultades administrativas, también es cierto que dicho acto lo realizó a efecto de cumplir el contrato de apertura de crédito simple con interés y garantía hipotecario que suscribieron la parte quejosa y tercera interesada. Al respecto, de las constancias exhibidas por la parte quejosa, se advierte que el doce de marzo de dos mil ocho, Hipotecaria Nacional sociedad anónima de capital variable BBVA, sociedad Financiera de objeto múltiple, entidad rural, grupo financiero BBVA Bancomer división corporativa, otorgó un crédito a la parte quejosa respecto de del inmueble ubicado en la casa marcada con el número Tres mil Seiscientos Once, del retorno Villas del Campanario, fraccionamiento Fuentes de Saint Germain de la ciudad de Cholula, Puebla; documental a la que se concede pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo . En ese orden de ideas, se colige que los actos reclamados no son emitidos con la facultad de imperio que caracteriza a un acto de autoridad, es decir, de supra a subordinación, sino que se emite en un plano de igualdad (coordinación), toda vez que incide en una relación contractual, en el que existe un acuerdo de voluntades entre la Fiduciaria de BBVA Bancomer, sociedad anónima, Institución Financiera de Banca Múltiple, como causahabiente de Hipotecaria Nacional sociedad anónima de capital variable BBVA, sociedad Financiera de objeto múltiple, entidad rural, grupo financiero BBVA Bancomer división corporativa y el particular -parte quejosa -, respecto de la contratación de un crédito, por lo que en el caso particular, el acto que le atribuye a la autoridad responsable, no constituye un acto de autoridad. Por lo que, como ha quedado previamente establecido, el acto emitido por **************, Delegado Fiduciaria de BBVA Bancomer, sociedad anónima, Institución Financiera de Banca Múltiple, como causahabiente de Hipotecaria Nacional sociedad anónima de capital variable BBVA, sociedad Financiera de objeto múltiple, entidad rural, grupo financiero BBVA Bancomer división corporativa, consistente en el inició del procedimiento de ejecución de enajenación extrajudicial del contrato de fideicomiso irrevocable de garantía F/801952, derivada del contrato que celebró con la parte quejosa, acto que no tiene las características de un acto de autoridad, porque deriva de una relación de coordinación entre las partes contratantes, en la que tal organismo no actúa de manera unilateral e imperativa, pues el inicio de tal procediendo fue con motivo del incumplimiento de alguna de ellas -parte quejosa-, no así por mandato de la ley. En ese contexto, debe destacarse que la parte quejosa se encuentra en aptitud de hacer valer la acción ordinaria civil que considere idónea o la que estime conducente acorde con la afectación que afirme resentir, tal como se pactó en el testimonio cien mil ochenta y ocho, de veinticuatro de agosto de dos mil diecisiete, en la parte que interesa: ... Así las cosas, el juicio de amparo es procedente únicamente cuando quien acude a esta vía es por violación a sus derechos fundamentales por autoridades que en uso de sus facultades, emiten, promulguen, ejecuten, extinguen o modifiquen de forma unilateral actos lesivos de su esfera jurídica a través de la afectación de su interés jurídico o de su interés legítimo; es decir, tales actos sólo ocurren en una relación de supra a subordinación, lo que en el caso concreto no acontece. Resulta aplicable la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XCVIII, página 1945 de rubro y texto siguientes: ... Máxime que en tratándose de las relaciones contractuales, es común que se pacte que la parte que se vea perjudicada por el incumplimiento de su contraparte deje de otorgar las prestaciones a su cargo, lo cual se debe a que, por regla general, los contratos se rigen por la voluntad de las partes, así como por la bilateralidad, lo que genera que el incumplimiento de alguna de ellas actualice el derecho de la otra a no cumplir con la obligación a su cargo mientras subsista la falta de cumplimiento del acuerdo de voluntades. Y así estás se encuentran en aptitud de acudir a las instancias que estimen conducentes a efecto de hacer cumplir con las obligaciones y derechos contraídos. Al caso resulta ilustrativa, en lo conducente, la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: ... Por otra parte, cabe decir que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que en el auto inicial no es posible analizar si un acto es de autoridad o no ; sin embargo, en este caso no se requiere hacer un análisis profundo sobre la naturaleza del acto reclamado, lo que pone de manifiesto que sería ocioso tramitar la demanda. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Pleno en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, que establece lo siguiente: ... Consecuentemente, es procedente desechar la demanda de amparo promovida en contra del procedimiento de ejecución de enajenación extrajudicial del contrato de fideicomiso irrevocable de garantía F/801952, instaurado con motivo del incumplimiento del contrato del referido fideicomiso, pues como quedó precisado, su actuación no puede considerarse como un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, de ahí que se actualice la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 1°, fracción I, y 5°, fracción II, de la Ley de Amparo. Domicilio y autorizado. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica la parte quejosa. Autorizado(s). Se tiene como autorizado(s) en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a *************, el cual tiene debidamente registrada(s) su(s) cédula(s) profesional(es) en el Sistema Computarizado de Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Uso de medios electrónicos. ... Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, ocho de febrero de dos mil diecinueve. Razón. Agréguese a los autos la razón actuarial de cuenta, de la que se advierte la imposibilidad del Actuario Judicial adscrito a este Juzgado para notificar personalmente el proveído del siete de febrero de dos mil diecinueve a la quejosa *************, en su carácter de apoderada de *****************, en el domicilio que señaló para tal efecto, por los motivos que expone en la misma. Notificación por lista. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo en vigor, se ordena notificar por lista que se fija en lugar visible de este órgano de control constitucional, el proveído de mérito, así como las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, hasta en tanto, dicha parte realice designación de domicilio para oír y recibir notificaciones. Encuentra apoyo lo anterior, por analogía, en la jurisprudencia número 1a./J. 20/2008, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, Abril de 2008, Materia Común, página 238, de rubro y texto siguiente: "NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL AMPARO. DEBEN REALIZARSE POR LISTA CUANDO NO PUEDAN PRACTICARSE PERSONALMENTE POR NO ENCONTRARSE ALGUIEN EN EL DOMICILIO SEÑALADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. De la interpretación armónica de los artículos 27 a 34 de la Ley de Amparo, se advierte que hay resoluciones -como las que contienen prevenciones y requerimientos- cuya notificación debe practicarse personalmente, y que ante la imposibilidad de dicha práctica, ya sea porque no se señaló domicilio o porque no se esperó al notificador, la regla es que se notifiquen mediante lista. En ese sentido, si bien la Ley indicada no establece cómo debe actuar el órgano jurisdiccional ante la imposibilidad de notificar personalmente un auto en el que se previene a la parte quejosa en el domicilio que designó para oír y recibir notificaciones, cuando el actuario que se constituye en éste, no encuentra a quien debe notificar, ni a sus parientes, empleados domésticos o a alguna persona que viva ahí, debe entenderse que para llevar a cabo la diligencia, la notificación deberá realizarse por lista. Lo anterior, en virtud de que dicha eventualidad puede encuadrarse en los supuestos previstos en la Ley de Amparo, según los cuales, ante la imposibilidad de practicar la notificación personalmente, debe realizarse por lista, con lo cual el órgano jurisdiccional cumple con el cometido de hacer del conocimiento del quejoso la resolución emitida, utilizando las figuras preestablecidas en la Ley mencionada; esto en el entendido de que corresponde al titular del órgano jurisdiccional, a partir de la razón actuarial en la que conste que se llevaron a cabo todas las actuaciones posibles para efectuar la notificación personal, determinar que ello fue imposible y, en consecuencia, se ordenará válidamente que se practique por lista. Además, lo anterior es así porque si la Ley de Amparo prevé una solución al caso planteado, es inconcuso que resulta innecesario acudir a otra normatividad para resolverlo, de ahí que en la especie sea inaplicable supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles. Notifíquese.
- Principal
... Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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