Esther Candia Solano
Expediente 169/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 13 actuaciones registradas, la última del 31 de mayo de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 169/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 31/05/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Esther Candia Solano
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Visto el estado de los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido la resolución de seis de abril de dos mil dieciséis, dictada en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al procedimiento en que se actúa, en términos del numeral 2 de la Ley en Aplicación, se declara que dicha resolución que sobreseyó y negó el amparo y protección de la justicia federal ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno; y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgado de Distrito, se determina: De acuerdo con el punto vigésimo primero fracción IV, del citado acuerdo, el expediente principal transcurrido cinco años a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, es susceptible de ser depurado, porque además de sobreseerse se negó la protección de la Justicia Federal en el juicio, debiendo conservar la demanda y la sentencia respectiva. En términos del punto vigésimo primero, fracción III, del citado acuerdo, debe destruirse el duplicado del incidente de suspensión; por lo que una vez transcurrido el plazo de seis meses establecido en el punto vigésimo del acuerdo procédase a la destrucción del incidente. En ese orden de ideas, conforme al punto vigésimo primero, fracción III, del citado acuerdo el cuaderno original del incidente de suspensión no es destruible, ello en razón de que en resolución interlocutoria de diecinueve de febrero de dos mil dieciséis, concedió la suspensión definitiva en el incidente de suspensión derivado del presente juicio de amparo; asimismo deberá conservarse en el archivo del Juzgado durante tres años y luego transferirse al Centro de Documentación y Análisis, se dejan sin efectos la medida cautelar decretada en el mismo. En términos de los puntos 11, párrafo segundo, 20 y 21 del citado Acuerdo General Conjunto, este expediente no es de relevancia documental, histórica ni jurídica. Finalmente, hágase la devolución de las copias certificadas de la causa penal 188/2015-I, constante de ocho tomos, a su lugar de origen Juzgado Primero Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de los Bravo, con sede en esta ciudad, sin que haya lugar a solicitar el acuse de recibo correspondiente, por no tratarse de autos originales. Notifíquese.
- Principal
RESUELVE.- PRIMERO.- SE SOBRESEE EN EL PRESENTE JUICIO DE GARANTIAS.- SEGUNDO.- LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE A LOS QUEJOSOS.- TERCERO.- PUBLÍQUESE ESTA SENTENCIA.- CUARTO.- CAPTURESE DE INMEDIATO LA PRESENTE SENTENCIA EN EL MÓDULO DE SENTENCIAS.
- Incidental
Visto lo de cuenta, se advierte que las quejosas Esther Candia Solano y Lorena Castro Manzano, han sido omisas en cumplir con los requisitos de efectividad, es decir exhibir la garantía fijada y la obligación de presentarse ante el juez de la causa, a efecto de que se continuara con el procedimiento que se les instruye, en cumplimiento a la suspensión definitiva concedida en diecinueve de febrero de dos mil dieciséis (fojas 27 a 32). Ahora bien, en la interlocutoria de trato, se estimó que la suspensión concedida surtía efectos de inmediato; sin embargo dejaría de surtirlos si las citadas quejosas no acreditaban ante este juzgado federal: Exhibir cada una de las mencionadas quejosas, ante éste juzgado de distrito dentro del término de cinco días la cantidad de dos mil quinientos pesos, fijada en la resolución interlocutoria de diecinueve de febrero de dos mil dieciséis, a fin de garantizar la suspensión definitiva de los actos reclamados; y, Comparecer ante el juez responsable de la causa, a efecto de que rindieran su declaración preparatoria, en relación con los hechos delictuosos que se les imputan, dentro del plazo de tres días a que se refiere el artículo 138, párrafo segundo, de la Ley de Amparo abrogada. Luego, no obstante que como ya se vio, en interlocutoria de diecinueve de febrero de dos mil dieciséis, se impuso a la parte quejosa las obligaciones antes descritas, a fin de que la suspensión definitiva otorgada continuara surtiendo efectos; sin que de autos se advierta que hayan cumplido con dichas obligaciones, conforme a los artículos 122, 124, 124 bis, y demás relativos al capítulo III, Título Segundo de la Ley de Amparo abrogada. Consecuentemente, ante la actitud omisiva de las quejosas Esther Candia Solano y Lorena Castro Manzano, la suspensión concedida en el presente incidente deja de surtir efectos y por ende, queda expedita la facultad de la autoridad responsable Juez Primero de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de los Bravo, con sede en esta ciudad, el ordenar que el acto combatido sea cumplimentado en sus términos. Se aplica la Jurisprudencia 94/2001, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Página 26 del Tomo XIV, Noviembre de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia penal, Novena Época de rubro: "SUSPENSIÓN EN CONTRA DE UNA ORDEN DE APREHENSIÓN. DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 138, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, EL JUEZ DE DISTRITO AL CONCEDERLA GOZA DE LA MÁS AMPLIA FACULTAD PARA IMPONER AL QUEJOSO LA OBLIGACIÓN DE COMPARECER ANTE EL JUEZ DE LA CAUSA PARA RENDIR SU DECLARACIÓN PREPARATORIA, COMO REQUISITO DE EFECTIVIDAD DE ESA MEDIDA. Del criterio sustentado por esta Primera Sala en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 16/97, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, mayo de 1997, página 226, así como de la exposición de motivos de la iniciativa que adicionó un segundo párrafo al artículo 138 de la Ley de Amparo, por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de febrero de mil novecientos noventa y nueve, y de los preceptos de dicha ley que rigen la suspensión del acto reclamado, se desprende que el Juez de amparo cuenta con las más amplias facultades para fijar las medidas de aseguramiento que estime pertinentes cuando conceda la suspensión tratándose de una orden de aprehensión emitida en contra del quejoso, entre ellas, la prevista en el citado párrafo, consistente en su comparecencia ante el Juez de la causa, como requisito para que surta efectos la suspensión concedida; medida que tiene como finalidad que el quejoso sea devuelto a la autoridad responsable en caso de que le sea negado el amparo, que no se sustraiga a la acción de la justicia, y que la concesión de la suspensión no constituya un obstáculo para la continuación del procedimiento penal, en virtud de que de conformidad con lo dispuesto por el primer párrafo del propio artículo 138, dicho procedimiento debe continuar para asegurar un equilibrio entre el interés particular del agraviado que solicita amparo en contra de un acto que afecta su libertad personal y el interés de la sociedad en general. De manera que aun cuando el segundo párrafo del citado precepto, no establece expresamente que la comparecencia del quejoso ante el juzgado de la causa tenga por objeto que rinda su declaración preparatoria, del análisis de los elementos antes citados se advierte que esa es precisamente su finalidad, toda vez que al ser dicha declaración parte de la instrucción, resulta necesaria para la continuación del proceso seguido en contra del quejoso, quien no puede quedar eximido de rendirla por gozar de la suspensión. Lo anterior, sin menoscabo del beneficio que en favor del gobernado prevé la fracción II del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en que no podrá ser obligado a declarar, prerrogativa que puede hacer valer en el momento en que comparezca ante el Juez de la causa, al desahogo de dicha diligencia". Consecuentemente, se ordena comunicar dicha determinación a las autoridades responsables para los efectos legales a que haya lugar. Lo anterior sin perjuicio de que la parte quejosa, demuestre ante esta autoridad jurisdiccional haber cumplido con tales extremos, lo que en su momento se acordará conforme a derecho. Finalmente, en virtud de lo expuesto en párrafos que antecede, glosese a los autos para que obre como legalmente corresponda el oficio de cuenta signado por el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de los Bravo, con sede en esta ciudad.
- Principal
Visto el escrito de cuenta, con fundamento en el artículo 5, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo, téngaseles por apersonándose al presente juicio en su calidad de terceros interesados a Rogelio Antonio Ruano Hernández, Humberto Alarcón Sosa, Eloy Adame Rendón, Sebastián Infante Peláez, Hermilo Urrutia Martínez, Tomás Adame González, Juvencio Isidoro Montalbán Gatica y Cipriano Hilario Serrano, y señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Leona Vicario, número cuarenta, Barrio de San Mateo, de esta ciudad, y como su autorizada para los mismos efectos a Eleazar Salazar Albarrán. Luego, con fundamento en el precepto legal 124 de la Ley de la Materia, téngase por hechas sus manifestaciones y con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de su parte las documentales que acompañan al escrito de cuenta, sin perjuicio de ser relacionadas en la etapa procesal oportuna y ser tomadas en consideración al momento de resolver el presente juicio Sin que haya a emitir pronunciamiento alguno respecto de los demás signantes, en virtud que ellos no tienen reconocido el carácter de terceros interesados en el presente juicio de amparo. Por otra parte, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se aprecia que la parte tercera interesada María Ofelia Ávila Pantaleón, no señaló domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, dentro del término legal que se le otorgó para ello en proveído de ocho de marzo de dos mil dieciséis; por tanto, le surte efectos el apercibimiento inserto en el auto mencionado, y con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, el presente proveído, así como las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, hágansele por medio de lista que se publique en un lugar visible y de fácil acceso de este órgano de control constitucional. En el entendido de que las que tengan el carácter de personal, se harán conforme a las reglas para las notificaciones que no deban ser personales, hasta en tanto señale domicilio para los efectos referidos.
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