Esther Brito Cienfuegos

Expediente 1111/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 29 actuaciones registradas, la última del 5 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1111/2022
Año
2022
Actuaciones
29
Última actuación
05/07/2023

Partes del expediente

  • Esther Brito Cienfuegos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 29.

  1. Principal

    VII. Naucalpan de Juárez, Estado de México, cinco de julio de dos mil veintitrés. Vistos los oficios de la Magistrada de la Sala Unitaria Civil de Tlalnepantla, Estado de México, no ha lugar a realizar mayor pronunciamiento al respecto, en razón de que mediante determinación del cuatro de julio del año en curso, se acordó lo conducente. Notifíquese vía electrónica a la quejosa y por lista electrónica al tercero interesado **********. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Bernabé Vázquez Pérez, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  2. Principal

    VII. Naucalpan de Juárez, Estado de México, cuatro de julio de dos mil veintitrés. Téngase a la Magistrada de la Sala Unitaria Civil de Tlalnepantla, Estado de México, acusando recibo del oficio por el que se le remitió el toca **********, de su índice, así como dos juegos de copias certificadas del expediente **********, por lo que se deja sin efectos el apercibimiento decretado en autos para el caso de incumplimiento. Ahora bien, visto el estado procesal de autos, dado que este expediente se encuentra concluido y que obran agregadas las constancias de notificación, háganse las anotaciones respectivas y archívese. El cuaderno principal es susceptible de ser conservable, en términos del artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el siete de junio de dos mil veintitrés, en atención a que se negó la protección constitucional. Además de que este asunto no tiene relevancia documental en términos del artículo 15 del aludido Acuerdo General. Notifíquese vía electrónica a la quejosa y por lista electrónica al tercero interesado **********. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Bernabé Vázquez Pérez, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  3. Principal

    VII. Naucalpan de Juárez, Estado de México, diecinueve de junio de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa y la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita interpongan recurso de revisión contra la sentencia terminada de engrosar el treinta y uno de mayo del año en curso, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia que negó el amparo y la protección de la Justicia de la Unión en este juicio, ha causado ejecutoria, lo anterior hágase del conocimiento de las partes. Realícense las anotaciones respectivas. Por otra parte, se advierte que la Sala Unitaria Civil de Tlalnepantla, Estado de México, remitió diversas constancias en apoyo a su informe justificado; en consecuencia, en obvio de dilaciones procesales devuélvanse a su lugar de origen. Solicítese el acuse de recibo correspondiente, bajo el apercibimiento que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá una multa por el equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización; ello con fundamento en lo dispuesto en el artículo 237, fracción I, en relación con el 259, ambos de la Ley de Amparo. Notifíquese vía electrónica a la quejosa y por lista electrónica al tercero interesado **********. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Bernabé Vázquez Pérez, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  4. Principal

    VII. Naucalpan de Juárez, Estado de México, treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés. V I S T O S, para resolver en definitiva, los autos del juicio de amparo 1111/2022-VII y; R E S U L T A N D O: I. Mediante escrito presentado el veintidós de septiembre de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, turnado a este Juzgado el veintisiete del mismo mes y año, ************, por propio derecho, ocurrió a demandar el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra el acto de la Sala Unitaria Civil de Tlalnepantla de Baz, Estado de México. II. Por acuerdo del veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, se admitió la misma; se registró en el libro de gobierno con el número 1111/2022-VII; se solicitó informe justificado a la autoridad señalada como responsable; se ordenó el emplazamiento del tercero interesado; y se dio la intervención correspondiente a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, quien no formuló pedimento alguno. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. El Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo previsto en los artículos 37 de la Ley de Amparo; 48 y 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en virtud de que la autoridad judicial responsable que emitió la resolución reclamada tiene su residencia en la demarcación territorial de este Juzgado de Distrito, en la que se encuentra legalmente facultado para declarar el derecho al caso en particular. SEGUNDO. Conforme a lo que establece el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado en la demanda de amparo, se hace consistir en: La sentencia interlocutoria del treinta de agosto de dos mil veintidós, emitida dentro del toca de apelación número 583/2022, del índice de la Sala Unitaria Civil de Tlalnepantla, Estado de México, la cual resolvió el recurso de apelación interpuesto dentro del juicio ordinario mercantil 532/2013, promovido por la quejosa contra el tercero interesado Sergio Omar Acevedo Morales, tramitado ante el Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, la cual fue publicada en el boletín judicial del treinta y uno de agosto de dos mil veintidós. TERCERO. La Magistrada de la Sala Unitaria Civil de Tlalnepantla, Estado de México, al rendir su informe justificado, aceptó la existencia del acto que se le reclama, por lo cual, se tiene por cierto; esto con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo. Certeza además corroborada con las documentales que remitió la autoridad responsable para acreditar la constitucionalidad del acto reclamado; a las que se les otorga valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, conforme a su precepto 2o., dado que por contener transcripciones realizadas por funcionarios públicos, en ejercicio de sus atribuciones y respecto de diligencias encomendadas por disposición de la ley, adquieren la naturaleza jurídica de pruebas documentales públicas. CUARTO. Las partes legitimadas en este juicio de amparo no alegan causas de improcedencia, ni el suscrito Juzgador advierte que se actualice alguna; por lo tanto, procede el análisis de los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, los cuales se dan por reproducidos, al no existir artículo expreso en la Ley de Amparo, que señale que deba hacerse en la sentencia transcripción de ellos. Para una mejor comprensión del presente fallo, resulta necesario relatar las constancias que obran en autos, relativas al juicio ordinario mercantil 532/2013 y al toca de apelación 583/2022, entre las que destacan: 1. Por escrito presentado ante la Oficialía de Partes de los Juzgados Civiles, Familiares y Penales de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, el veintinueve de mayo de dos mil trece, Ing Hipotecaria, sociedad anónima de capital variable, sociedad financiera de objeto múltiple, entidad no regulada, por conducto de sus apoderados, promovió juicio ordinario mercantil en contra de Sergio Omar Acevedo Morales, a quien le reclamaron diversas prestaciones. 2. De la referida demanda conoció el Juzgado Segundo Civil de Cuautitlán, con residencia en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, quien por proveído del veintinueve de mayo de dos mil trece, la admitió en la vía y forma planteada, la registró con el número de juicio ordinario mercantil 532/2013 y ordenó emplazar al demandado. 3. Emplazado el demandado y seguida la secuela procesal del citado juicio de origen, mediante sentencia definitiva del doce de noviembre de dos mil trece, el juez del conocimiento condenó al aquí demandado entre otras prestaciones a pagar a la moral actora la cantidad de $639,815.51 (seiscientos treinta y nueve mil ochocientos quince pesos 51/100 moneda nacional), así como la cantidad de $4,249.05 (cuatro mil doscientos cuarenta y nueve pesos 05/100 moneda nacional), por concepto de intereses moratorios. 4. Inconforme con la anterior determinación el quejoso interpuso recurso de apelación, del que conoció la Primera Sala Colegiada Civil de Tlalnepantla, Estado de México, quien por resolución del veintidós de enero de dos mil catorce, en el toca 634/2013, confirmó la sentencia impugnada y además, condenó al apelante al pago de las costas judiciales generadas en ambas instancias. 5. Posteriormente, mediante ocurso presentado el veintitrés de junio de dos mil dieciséis en la Oficialía de Partes de Cuautitlán Izcalli del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de México, la quejosa Esther Brito Cienfuegos, solicitó le fuera reconocida su personalidad como nueva acreedora y cesionaria en el juicio natural respecto del inmueble ubicado sobre el lote condominal número dos, de la calle Álamos, número oficial cuatro, condominio cuatro, manzana veintidós, Fraccionamiento Ex Hacienda San Miguel, Cuautitlán Izcalli, Estado de México, con motivo del contrato de cesión de derechos litigiosos y de crédito, cuyo objeto era la cesión del contrato de apertura de crédito para la adquisición de vivienda respecto del mismo, personalidad que por acuerdo del día siguiente le fue reconocida en los términos solicitados, por lo que se le tuvo como parte actora dado el cambio de legitimación en la causa. 6. Mediante ocurso presentado el veintisiete de mayo de dos mil veintidós, la peticionaria del amparo solicitó se señalara día y hora para que tuviera verificativo la diligencia de requerimiento de pago y embargo contra el aquí tercero interesado, respecto de los montos a los cuales había sido condenado, petición que mediante determinación del treinta de mayo de ese mismo año, no se le dio curso por determinar que era improcedente. 7. Inconforme con lo anterior, la agraviada interpuso recurso de apelación contra el proveído citado en el punto que antecede, el cual el juez natural desechó de plano el diez de junio de dos mil veintidós. 8. Nuevamente inconforme, la actora aquí quejosa hizo valer el recurso de revocación contra el proveído de diez de junio de dos mil veintidós, mismo que se admitió el veinte de ese mismo mes y año y fue resuelto el uno de agosto de la misma anualidad, determinando el juez de origen que era fundado el único agravio esgrimido por la recurrente, por lo que revocó el auto recurrido. 9. Posteriormente, el diecinueve de agosto de dos mil veintidós la Sala Unitaria Civil de Tlalnepantla, Estado de México, determinó que el referido recurso había sido interpuesto en tiempo con efecto devolutivo de tramitación inmediata, por lo que lo turnó a la titular de dicha Sala pata su resolución. 10. Por resolución del treinta de agosto de dos mil veintidós, la Sala responsable determinó: "PRIMERO. Han sido infundados los agravios expuestos por Esther Brito Cienfuegos. SEGUNDO. En consecuencia, se confirma el auto impugnado de fecha treinta de mayo del año en curso, dictado por la Jueza Segundo Civil de Distrito Judicial de Cuautitlán, con residencia en Cuautitlán Izcalli, en el expediente 532/2013, relativo al Juicio Ordinario Mercantil promovido inicialmente por Ing. Hipotecaria, Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad no Regulada, ahora su cesionaria apelante, en contra de Sergio Omar Acevedo Morales. TERCERO. No se hace condena en costas en esta instancia.". Esta resolución constituye el acto reclamado. QUINTO. Al no advertirse de oficio causa de improcedencia que en el caso se actualice ni que las partes hagan valer, procede el análisis de los conceptos de violación, los cuales se tienen por reproducidos en obvio de innecesarias repeticiones, al no existir artículo expreso en la Ley de Amparo, que señale que deba hacerse en la sentencia transcripción de ellos. En ese sentido, la quejosa expresa en sus conceptos de violación, que: - La resolución reclamada viola en su perjuicio lo dispuesto en los artículos 1, 14 y 17 de la Constitución Federal, toda vez que la autoridad responsable confunde sus pretensiones, ya que lo que propuso es que ante la falta del domicilio del demandado y una vez agotado el procedimiento establecido en el artículo 1070 del Código de Comercio, se señalara día y hora para que tuviera verificativo la diligencia de requerimiento de pago y embargo en su caso, dentro del local del juzgado del conocimiento, precisamente ante la falta del domicilio del contrario, y que la citación al enjuiciado de dicha diligencia, entonces si se le notificara mediante edictos y que jamás se pretendió ejecutar el requerimiento de pago y embargo mediante edictos. - Aduce que no existe disposición legal que prohíba que el requerimiento de pago y embargo, se puede ejecutar en el local del juzgado del conocimiento, apelando al principio de derecho que reza "lo que no esta prohibido esta permitido". - Refiere que resulta errónea la apreciación de la responsable, en el sentido de que durante la realización del embargo, se tienen que tener a la vista los bienes que se pretenden embargar a fin de constatar su existencia, su titularidad y su valor, toda vez que lo anterior puede acreditarse de otras maneras y no necesariamente teniéndolos a la vista, por lo que no implica la posibilidad de ejecutar el requerimiento aludido dentro del local del juzgado. Ahora, este juzgador considera que los argumentos expresados por la solicitante de amparo, que a manera de conceptos de violación expuso en su demanda de amparo, resultan fundados pero inoperantes. Se afirma lo anterior, ya que si bien es cierto, como lo afirma el quejoso, no existe disposición legal que prohíba que el requerimiento de pago y embargo, se puede ejecutar en el local del juzgado del conocimiento y que durante la realización del embargo, se tienen que tener a la vista los bienes que se pretenden embargar a fin de constatar su existencia, su titularidad y su valor, toda vez que lo anterior puede acreditarse de otras maneras y no necesariamente teniéndolos a la vista, también es verdad, que la diligencia de embargo es precedida por un requerimiento que implica una orden de un tribunal para que la persona requerida haga el pago como en el presente asunto consiste en requerir de pago al demandado Sergio Omar Acevedo Morales, quien fue condenado en la sentencia definitiva del doce de noviembre de dos mil trece y si no realiza el pago es cuando procede el embargo de conformidad con el artículo 1347 del Código de Comercio. Lo anterior da cuenta de la importancia de que las juezas y los jueces mercantiles lleven a cabo una investigación que resulte razonablemente suficiente del domicilio del demandado en caso de que no haya podido localizarse en el que inicialmente hubiera proporcionado la parte actora o ésta manifieste desconocerlo, previo a que se ordene la notificación por edictos, ya que éste al ser un medio de notificación excepcional y de último recurso, se debe entender reservado únicamente para los casos en que tras un esfuerzo de búsqueda del domicilio correcto en el que pueda ser notificado personalmente el demandado, no sea posible ubicarlo, y por ende, se tenga certeza de esa imposibilidad. Ahora bien, es cierto que el artículo 1070, párrafo segundo, del Código de Comercio, en su literalidad sugiere que no sería exigible una investigación más amplia que el envío de un único oficio a una autoridad o institución que cuente con registro de personas, para que sea viable ordenar el emplazamiento por edictos; sin embargo, dicha norma debe ser interpretada en consonancia con el derecho de audiencia tutelado por el artículo 14 constitucional, para entender que allí sólo se alude a una obligación mínima, que no releva a las personas juzgadoras de hacer uso de su prudente arbitrio y facultades para mejor proveer, a efecto de indagar en forma suficiente sobre el domicilio del demandado, bajo un criterio cualitativo, antes de proceder a la notificación por edictos, por lo que deberán determinar el envío de oficios a las autoridades o entidades que tengan bases de datos oficiales en las que sea más probable que toda persona se encuentre registrada, es decir, las más idóneas para la obtención de la información correspondiente al domicilio del demandado, y sólo en caso de que del resultado de dicha investigación se tenga certeza que el domicilio de la persona a notificar efectivamente es incierto o desconocido, entonces se procederá a notificar por medio de edictos, ello con la finalidad de dar seguridad jurídica al desarrollo del proceso y no vulnerar el derecho de audiencia y defensa del demandado; interpretación que resulta acorde a la referida norma constitucional y no contraviene el derecho a una justicia pronta y expedita, el cual, deberá ser garantizado por las y los juzgadores mediante el impulso eficiente que dé celeridad a la investigación, privilegiando así el conocimiento del demandado sobre la pretensión para el efectivo ejercicio de sus derechos y la actuación célere del proceso, a fin de lograr una operatividad eficiente de los derechos fundamentales de acceso a la jurisdicción pronta y expedita, de audiencia y de debido proceso, respecto de un acto procesal tan relevante como es el llamamiento a un juicio. Por lo anterior, la diligencia de embargo no puede llevarse a cabo en el local del juzgado, como lo solicito la actora, aquí quejosa, ya si bien es cierto el embargo, se puede hacer sin tener a la vista los bienes que se pretenden embargar, también lo es que dicho embargo debe hacerse en el domicilio del deudor que fue condenado, toda vez que el recinto jurisdiccional no es domicilio de ninguna de las partes, además el ejecutor debe cerciorarse que en efecto se constituyó en el domicilio del ejecutado y que los bienes susceptibles para embargo son propiedad del deudor salvo prueba en contrario; máxime que la necesidad de ordenar la diligencia de embargo conlleva una negativa previa del ejecutado y en caso de que el enjuiciado no haga el pago de las prestaciones reclamadas o no señale bienes suficientes para garantizarlo, ese derecho se trasladará a la parte actora, aunado a que se busca embargar los bienes de fácil realización a fin de garantizar eficazmente los derechos de las partes, lo que dota de certeza jurídica y facilita los procesos mercantiles, lo cual no cual en el presente asunto no acontecería en los estrados del juzgado de origen. Por ende, dicha medida persigue una finalidad constitucionalmente válida pues busca garantizar que la ejecución en los juicios mercantiles no pierdan la agilidad y sencillez con que fueron ideados por el legislador, evitando que las pretensiones del actor se tornen difíciles o irrealizables; incluyendo el derecho del actor para que valore en el acto mismo de la diligencia de embargo, la facilidad de realización y pronto cobro de los créditos señalados para embargo por la parte demandada y, una vez evaluados, los acepte con el riesgo que ello conlleva. En ese contexto se concluye, que la citación por edictos no aplica para diligencia de embargo, pues dicha diligencia debe realizarse en el domicilio del ejecutado y no en los estrados del juzgado primigenio, al no ser el domicilio de la parte ejecutada. En consecuencia, al haber resultado fundados pero inoperantes los conceptos de violación expresados por el solicitante de amparo, y al no actualizarse en la especie ninguna de las hipótesis que para la suplencia de la queja deficiente establece el artículo 79 de la Ley de Amparo; por ende, se impone negar el amparo y protección de la Justicia Federal. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a*************, por los motivos expuestos en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese y por lista electrónica. Así lo resolvió y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Bernabé Vázquez Pérez, Secretario quien da fe, hasta hoy treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe.

Quedan 25 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México · 9,679 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano