Esther Arechiga Villafaña

Expediente 1244/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 5 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1244/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
22/03/2023

Partes del expediente

  • Esther Arechiga Villafaña

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintidós de marzo de dos mil veintitrés. Se agrega oficio. Agréguense a los autos el oficio y anexo de cuenta que remite el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito; en atención a su contenido, se provee: Téngase recibido el testimonio de la ejecutoria pronunciada en el recurso de queja 510/2022. Se acusa recibo. Acúsese recibo, háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo y notifíquese a las partes el contenido de la resolución que se acompaña al oficio de cuenta, de la que se advierte que se declaró infundado el recurso de queja de que se trata. Archivo. En consecuencia, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Valoración. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que se desechó la demanda constitucional, este expediente es susceptible de destrucción, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, como lo estipula el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita; destrucción que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado del presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º fracción II del citado Acuerdo General. Notifíquese.

  2. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintisiete de octubre de dos mil veintidós. Téngase recibido y agréguese a los autos para que surta los efectos legales a que haya lugar, el oficio de cuenta, del que se advierte que la Superioridad acusa recibo de las constancias remitidas por este juzgado y que se admitió el recurso de queja interpuesto contra el auto por el que se desechó la demanda de amparo, el cual fue registrado con el expediente 510/2022. Notifíquese.

  3. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, trece de octubre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el ocurso de cuenta signado por Esther Arechiga Villafaña quien dice comparecer en representación de sus menores hijas de identidad reservada con iniciales M.P.A y R.P.A., y tres copias que se acompañan, por el que interpone recurso de queja contra el proveído que desechó de plano la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 101 de la ley de la materia, hágase del conocimiento de la Superioridad que es cierto que este juzgado emitió la determinación recurrida. Con fundamento en el artículo 100 de la Ley de Amparo, remítase al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, en turno, copia certificada de la totalidad de constancias que integran el presente expediente, así como el original del escrito de expresión de agravios y una copia de éste para el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a dicho órgano colegiado e infórmese sobre la materia de la queja. Notifíquese.

  4. Principal

    EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Vista la demanda promovida por Esther Aréchiga Villafaña, quien dice comparecer en representación de sus menores hijas de identidad reservada con iniciales M.P.A y R.P.A., personalidad que acredita conforme a las copias certificadas de las actas de nacimiento que exhibe; contra actos del Juez Primero Civil del Segundo Distrito Judicial con sede en Matehuala, San Luis Potosí y otra autoridad; con ocho copias y quince anexos que se acompañan; fórmese el expediente y regístrese con el consecutivo 1244/2022-II. Ahora bien, examinada la demanda, se advierte que es notoria la improcedencia de la acción constitucional y por tanto, de conformidad con lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo, debe desecharse en atención a las siguientes consideraciones: La parte quejosa señala como acto reclamado la sentencia de adjudicación de fecha cinco de septiembre de dos mil veintidós, emitida por el Juez señalado como responsable en el juicio extraordinario civil hipotecario 559/2018, así como su ejecución. En el caso se advierte que se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIV, primer párrafo, en relación con los diversos 17 y 18, todos de la Ley de Amparo. Para el análisis de dicha causa de improcedencia, es necesario transcribir los artículos citados: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [.]. Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. De una interpretación armónica de los dispositivos legales anteriormente transcritos, se desprende que el plazo para la promoción del juicio de amparo es de quince días contados a partir del día siguiente: a) A aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; y, b) A aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. Del numeral 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, se advierte que si no se presenta la demanda de amparo dentro de los plazos previstos por el artículo 17 de la ley de la materia, el acto reclamado se entenderá consentido. Sentado lo anterior, debe decirse que de las manifestaciones vertidas por la promovente en su escrito de demanda, así como de los anexos que exhibe, se desprende que Esther Aréchiga Villafaña y Juan Ramón Pérez Aréchiga, son progenitores de las menores de iniciales R.P.A. y M.P.A. directas quejosas en este asunto. Ahora bien, de la resolución de cinco de septiembre de dos mil veintidós, relativa a la sentencia de adjudicación dictada por el Juez señalado como responsable, en el juicio extraordinario civil hipotecario 559/2018 (que la propia promovente presenta adjunta a su demanda de amparo y que ofrece como prueba) se advierte que CENTRO AGRÍCOLA MAYTE, SOCIEDAD COOPERATIVA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, en su calidad de garante hipotecario Uno, JUAN RAMÓN PÉREZ ARÉCHIGA, en su calidad de garante hipotecario Dos, avalista y obligado solidario y ESTHER ARÉCHIGA VALLAFAÑA, en su calidad de avalista y obligado solidario, son parte demandada en dicho contradictorio de origen. De la propia resolución que se analiza, se desprende en la parte final del resultando único, que el veintisiete de diciembre de dos mil dieciocho, se tuvo a los citados demandados dando contestación en tiempo y forma a la demanda entablada en su contra. De lo narrado, resulta incuestionable que la aquí promovente ESTHER ARÉCHIGA VALLAFAÑA, tuvo conocimiento del indicado juicio por lo menos desde el veintisiete de diciembre de dos mil dieciocho, momento a partir del cual pudo comparecer al juicio natural en defensa de los derechos de sus menores hijas que ahora pretende hacer valer con su demanda de amparo, aduciendo que sus menores hijas tienen la calidad de terceras extrañas al juicio, lo cual es desacertado. Manifestaciones que al haber sido realizadas bajo protesta de decir verdad por la parte quejosa, hacen prueba plena de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en el sentido de que ésta ya tenía conocimiento del juicio natural, tan es así que compareció a dar contestación a la demanda, al igual que el progenitor de dichas menores, desde por lo menos el veintisiete de diciembre de dos mil dieciocho. Ilustra lo anterior la jurisprudencia P./J. 27/96 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, Junio de 1996, página 57, del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA INTERPONERLA (ARTICULO 22, FRACCION III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESION EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVO EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO. El reconocimiento del quejoso vertido en los antecedentes de la demanda de amparo, de que tuvo conocimiento por vía telefónica del procedimiento que motivó los actos reclamados, es suficiente para estimar actualizado el último de los supuestos previstos en el párrafo final de la fracción III del artículo 22 de la Ley de Amparo y, como consecuencia, declarar inaplicable al caso el término de 180 días para la interposición de la demanda de garantías, y procedente el de quince, que como regla general establece el numeral 21 de esa misma Ley. Esto supone que la situación de que el quejoso se manifestó sabedor del procedimiento que haya motivado el acto reclamado, por las consecuencias jurídicas que produce en perjuicio del quejoso, debe estar probado plenamente, debido a que al realizarse ese evento, ocasiona que la acción de amparo no deba ejercerse dentro del término de 180 días de conformidad con el precepto en examen, sino de quince días, lo cual provocará seguramente en todo caso que se actualice la causal de improcedencia contemplada en el artículo 73, fracción XII, en relación con el 21, ambos de la Ley de Amparo. Así, la exigencia de que exista prueba plena de que el quejoso tuvo conocimiento del procedimiento antes del dictado de la sentencia se satisface si existe manifestación expresa del quejoso en ese sentido en la demanda de amparo, pues dicha manifestación constituye una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo". Asimismo es aplicable el criterio con registro 232213, sustentado por el mismo Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época Volumen 193-198, Primera Parte, página 71, de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA PROMOVERLA CUANDO EXISTE MANIFESTACION EXPRESA DE LA FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. INTERPRETACION DEL ARTICULO 21 DE LA LEY DE AMPARO. El artículo 21 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales dispone que el término para la interposición de la demanda de garantías será de quince días que se computará desde el día siguiente al en que se haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiere ostentado sabedor de los mismos. Así pues, si los quejosos en la demanda de garantías expresamente manifiestan "que tuvieron conocimiento pleno del acto reclamado determinado día", como esa confesión hace prueba plena de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria; de ello se sigue que si el Juez de Distrito con base en dicha manifestación, realiza el cómputo del término de la presentación de la demanda y concluye que el amparo resulta improcedente, tal determinación es correcta, sin que sea necesario que exista constancia de la notificación personal del acto reclamado para efectuar el cómputo del término respectivo, debido precisamente a la citada confesión de la parte quejosa respecto a la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado". Por consiguiente, si tuvo conocimiento de los actos reclamados desde el veintidós de octubre de dos mil veinte, el plazo de quince días que prevé la ley para promover el amparo comenzó a computarse el día hábil siguiente, por lo tanto, dicho término ya transcurrió, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 19 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Por tanto, si la promovente presentó su escrito de demanda el veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, según sello de recibido que aparece en la parte superior derecha del escrito de demanda; es claro que transcurrió el plazo de quince días que prevé el artículo 17 de la ley de la materia, lo que genera que el acto que reclama sea un acto consentido tácitamente. Sin que pase desapercibido que por las mismas razones que se han expuesto, se llega a la conclusión que las directas quejosas (menores de edad) hijas de la promovente, no tienen el carácter de terceras extrañas a juicio. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo respecto de dichos actos al surtirse de un modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia puntualizada. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que indica en el proemio de la demanda y como autorizados en términos amplios del artículo 12, del ordenamiento legal en cita, a los profesionistas que refiere en su ocurso de cuenta, quienes cuentan con sus cédulas profesionales registradas en el sistema computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y en términos restringidos del aludido numeral a Juan José Ballesteros Corona, por así solicitarlo. Asimismo, se toma conocimiento del correo electrónico proporcionado por la parte quejosa, a efecto de entablar comunicaciones no procesales. Ahora bien, con apoyo en la Circular 12/2009 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte quejosa el uso de medios electrónicos para imponerse de las presentes actuaciones, previa razón que de tal acto se deje en el presente expediente, para constancia legal, sin necesidad de promoción posterior. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 constitucional y 21, último párrafo, de la citada legislación, atendiendo a la carga de trabajo, al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Notifíquese personalmente.

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