Esther Aguilar Rodríguez
Expediente 1191/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 5 actuaciones registradas, la última del 13 de agosto de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 1191/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 13/08/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Esther Aguilar Rodríguez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
... se desechó la demanda de amparo origen del presente juicio, por lo que, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo en cita, se declara que ha causado estado el referido auto. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente; y, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como concluido. Ahora, en atención a lo dispuesto en los puntos cuarto y décimo, fracción I, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes, en relación con el Manual para la Organización de Archivos Judiciales, vigente a partir del dos mil trece, se decreta que este expediente carece de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos previstos en el último párrafo del punto vigésimo primero, del referido Acuerdo General. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que se desechó la demanda que diera origen al presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en la fracción I del punto Vigésimo Primero del citado Acuerdo, este expediente es susceptible de ser destruido...
- Principal
... EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA, NO ACUDIERON A ESTE ORGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE DEL AUTO DE VEINTINUEVE DE JULIO DE DOS MIL QUINCE, DENTRO DE LOS DOS DIAS HABILES SIGUIENTES AL DEL CITATORIO, SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS EL PROVEÍDO DE REFERENCIA, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: ... Xalapa de Enríquez, Veracruz, veintinueve de julio de dos mil quince. Visto; el estado que guardan los autos del juicio de amparo 1191/2015, formado con motivo de la demanda de amparo promovida por Esther Aguilar Rodríguez, por propio derecho y en representación de su menor hijo, cuya identidad se protege en términos del Protocolo de Actuación para quienes imparten Justicia en casos que afecten a niñas, niños y adolescentes, contra actos del Juez Octavo de Primera Instancia del Distrito Judicial de Xalapa, con sede en esta ciudad, y otras autoridades, por violación a los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14, 16, 17 y 133 Constitucionales; así como el escrito de cuenta, del que se advierte que la quejosa cumplió en tiempo y forma con la prevención formulada por este Juzgado mediante proveído de catorce de julio último. Ahora, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juzgado de Distrito, ante todo examinará la demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano; por lo que, en atención a lo dispuesto por tal precepto, se procede a analizar el escrito que dio origen al presente juicio de amparo. De la lectura de la demanda de amparo y del escrito aclaratorio, se advierte que en este juicio constitucional la promovente reclama: ".EL ACUERDO QUE IMPUGNO EN ESTE JUICIO CONSTITUCIONAL ES EL DE OCHO DE JUNIO DEL 2015 (.), DICTADO EN LOS AUTOS DEL CITADO EXPEDIENTE 699/2015/IV DEL ÍNDICE DEL JUZGADO OCTAVO DE PRIMERA INSTANCIA DE ESTA CIUDAD DE XALAPA, VER., EN CUYO CONTENIDO SE DETERMINA, EL AUTO DE RADICACIÓN DEL REFERIDO ASUNTO PROMOVIDO POR DAVID EFREN GONZÁLEZ POLANCO EN DONDE SE ORDENÓ EL EMPLAZAMIENTO A JUICIO A LA QUEJOSA, EN DONDE SE ME RECLAMAN DIVERSAS PRESTACIONES ILEGALMENTE; Y POR ÚLTIMO, ES INDICAR A QUE EL PRESENTE JUICIO TAMBIÉN SE PROMUEVE EN CONTRA NO SOLO DEL AUTO DE FECHA OCHO DE JUNIO DEL 2015, SI NO DE TODOS Y CADA UNO DE SUS EFECTOS, CONSECUENCIAS O TODO LO QUE SE DERIVE DE ESTE O TENGAN RELACIÓN CON ÉSTE, ADEMÁS DE PROMOVER EL PRESENTE JUICIO CONSTITUCIONAL EN CONTRA DE LA SUPUESTA DILIGENCIA DE FECHA 02 DE JULIO DEL 2015 DENTRO DE LOS AUTOS DEL EXPEDIENTE 699/2015/IV MULTICITADO, YA QUE NUCA (SIC) SE REALIZÓ Y MUCHO MENOS PARTICIPÉ EN ESTA..." Así, los actos reclamados quedan delimitados de la siguiente manera: 1. El acuerdo de radicación de ocho de junio de dos mil quince, dictado en el juicio de guarda y custodia número 699/2015/IV del índice del Juzgado Octavo de Primera Instancia, con sede en esta ciudad, en el que la aquí quejosa es parte demandada. 2. La diligencia de dos de julio del año en curso, mediante la cual, se pretendió notificar a la impetrante del amparo el auto de radicación de mérito. Tomando en cuenta que la naturaleza de los actos reclamados es diversa, el suscrito estima procedente analizarlos por separado, por lo que, por cuanto hace al acto reclamado consistente en el acuerdo de radicación de ocho de junio de dos mil quince, dictado en el juicio civil 699/2015/IV del índice del Juez responsable, resulta conveniente exponer que de acuerdo con el artículo 107 fracción V de la Ley de Amparo vigente, cuando se trata de violaciones cometidas dentro de un procedimiento, por regla general, es procedente el amparo directo, siempre que tales violaciones afecten las defensas del promovente, trascendiendo al resultado del fallo y, como excepción, procede el amparo indirecto ante el Juez de Distrito, cuando los actos en el juicio tengan una ejecución de imposible reparación, o sea, cuando afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por la Constitución, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado la violación a un derecho fundamental. Para sostener lo anterior, se hace necesario transcribir el artículo 107 fracción V de la Ley de Amparo: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (...) V. Contra actos en el juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos lo que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.). De igual manera, debe tomarse en consideración el contenido del artículo 172 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República, que contempla de manera enunciativa, mas no limitativa, cuáles son las violaciones a las leyes del procedimiento, que afectan las defensas del quejoso trascendiendo al resultando del fallo, y que por ello, sólo pueden ser reclamables cuando se recurra en amparo directo la sentencia definitiva que ponga fin al juicio donde se cometieron tales violaciones, momento en el que pueden válidamente invocarse como agravios en los conceptos de violación, para ser objeto de análisis por el tribunal competente. En ese orden de ideas, es evidente que el acuerdo de ocho de junio de dos mil quince, dictado en el juicio de guarda y custodia 699/2015 del índice de la citada responsable, en modo alguno infringe sus derechos sustantivos, ya que al haber ordenado la radicación del citado juicio y ordenar el emplazamiento de la parte demandada, aquí quejosa, no se está en presencia de actos que sean de imposible reparación, sino de actos que tienen efectos meramente procesales, ya que no constituye una determinación que se traduzca en una vulneración a derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano es parte, ya que solamente origina un acto procesal y no litigioso, es decir, es un acto intraprocesal que sólo produce efectos dentro del juicio natural, además de que esa circunstancia no implica, necesariamente, que el fallo que se dicte deba ser contrario a los intereses de la solicitante del amparo. Se cita por sus consideraciones, la tesis aislada 2a. XLVIII/2015 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página mil setenta, Libro 19, Tomo Uno, de Junio de dos mil quince, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor literal siguiente: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO, QUE LOS DEFINE, NO ES CONTRARIO AL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD POR LO QUE SE REFIERE AL DERECHO AL RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. La porción referida no eliminó un derecho ni restringió el nivel de protección alcanzado en la regulación de la Ley de Amparo abrogada, debido a que en ésta no se reconocía expresamente la posibilidad de que dentro de los "actos de imposible reparación" se entendiera a los procesales que afectan en grado predominante o superior, ya que ni siquiera existía disposición alguna que definiera ese concepto para los efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, antes bien constituía un aspecto indeterminado. Y aun cuando la Ley de Amparo vigente, construida bajo un nuevo esquema de protección a los derechos humanos, en su artículo 107, fracción V, define lo que debe entenderse por tal enunciado, ello responde a un rediseño del juicio de amparo que permite al gobernado controvertir, a través de la vía indirecta, únicamente los actos cuya afectación a derechos sustantivos sea inminente, dejando para la directa los actos que impliquen alguna violación procesal, con el fin de consolidar la efectividad de la institución del juicio de amparo y evitar el abuso de su promoción con el consecuente retraso u obstaculización del dictado de la resolución de fondo del asunto de origen." De igual forma, se cita por sus consideraciones, la tesis aislada I.5o.C.8 K emitida por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página mil novecientos cuarenta y siete, Libro 19, Tomo III, de Junio de dos mil quince, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor literal siguiente: "AMPARO CONTRA ACTOS DENTRO DE JUICIO. SÓLO PROCEDE CUANDO EXISTE UNA AFECTACIÓN MATERIAL A DERECHOS SUSTANTIVOS TUTELADOS EN LA CONSTITUCIÓN O EN LOS TRATADOS, Y NO CUANDO SE TRATE DE UNA EVENTUAL VIOLACIÓN FORMAL O INDIRECTA (INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 107 DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE). Cuando en el juicio de amparo se aduce violación a los derechos sustantivos previstos en los artículos 14, 16 y 17 constitucionales, debe considerarse la naturaleza jurisdiccional del acto reclamado, emitido conforme a la regulación procesal y sustantiva correspondientes, por lo que tales derechos no se ven materialmente afectados, como se deduce de la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo. Al establecerse en dicha norma que el juicio de amparo indirecto procede contra actos en juicio, cuyos efectos sean de imposible reparación, y que por éstos debe entenderse a los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Ley Fundamental o tratados en los que el Estado Mexicano sea parte; ello implica que no cualquier afectación a estos derechos es apta o suficiente para justificar la procedencia del amparo, pues debe tratarse de una afectación material o directa. Los derechos fundamentales de audiencia o debido proceso, y de autoridad competente, tratándose de actos materialmente jurisdiccionales, incluso, el de acceso efectivo a la jurisdicción, no son de aplicación y eficacia material inmediata, sino que ello se logra a través de la regulación normativa secundaria, pues es en las codificaciones procesales en las que se detallan y determinan los procedimientos que deben cumplirse para la tutela de los derechos sustantivos de los gobernados, ya que en ellas se contienen la forma y términos en que aquéllos pueden ejercerse. En los actos jurisdiccionales, que derivan de procedimientos legalmente regulados, es posible que la inobservancia de las normas procesales pueda trascender a una afectación de los derechos fundamentales reglamentados en las leyes secundarias; casos en los que se está ante una vulneración al principio de seguridad jurídica y al derecho del gobernado a la legalidad de todo acto autoritario que pueda trascender a su esfera jurídica, en forma de molestia o de privación. La afectación a los derechos humanos previstos en preceptos constitucionales o convencionales, que son la base de la regulación secundaria que los reglamenta o detalla, cuando se trata de actos jurisdiccionales en cuya emisión deban acatarse las normas secundarias, adjetivas o sustantivas correspondientes, no puede darse de manera directa o material, sino cuando se vulnera la legalidad esperada de todo acto de autoridad, de modo que esa violación a derechos humanos previstos en la Constitución o en convenciones internacionales, se da en forma indirecta o formal, al infringirse las normas que de manera inmediata regulan el quehacer de las autoridades jurisdiccionales. Por ello, el juicio de amparo es un medio no sólo para el control de constitucionalidad o de convencionalidad de los actos de autoridad, sino eminentemente de legalidad, pues a través del desacato a la legislación ordinaria, en vía de consecuencia, pueden afectarse alguno o ambos parámetros sobre la regularidad de lo actuado por el Estado a través de actos unilaterales y obligatorios que deben ponderarse para analizar la procedencia del amparo." En consecuencia, si el acto reclamado no constituye un acto de imposible reparación, pues, en todo caso solo afecta derechos adjetivos, los cuales pueden ser reparados si se obtiene una resolución favorable, es inconcuso que es improcedente el juicio de amparo indirecto, actualizándose así la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el 172, fracción XII, ambos de la Ley de Amparo. Ahora, respecto del acto reclamado consistente en la diligencia de dos de julio del año en curso, mediante la cual, se pretendió notificar a la impetrante del amparo el auto de radicación del juicio civil 699/2015 del índice del Juzgado responsable (tal y como ella lo manifestó en su escrito de demanda), el suscrito estima que dicho acto es susceptible de impugnación mediante el incidente de nulidad de notificaciones, previsto por el artículo 90 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, mediante el cual puede modificarse, nulificarse o revocarse el acto que reclama la impetrante de garantías. Al respecto conviene reproducir el contenido del citado artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de la materia, que dispone: LEY DE AMPARO VIGENTE "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII.- Contra resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas..." De lo anterior se evidencia que la fracción y precepto de la Ley de Amparo transcritos, establecen que el juicio de garantías es improcedente contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo respecto de las cuales concede la ley algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, aun cuando la parte agraviada no lo hubiese hecho valer oportunamente, salvo lo que la fracción VII del artículo 107 Constitucional dispone para los terceros extraños; es decir, el primer numeral se refiere a los medios ordinarios de defensa establecidos por la ley a favor de las partes, y que deben agotar o hacer valer antes de intentar el juicio constitucional para cumplir con el principio de definitividad, en tanto que el segundo precepto establece que para los terceros extraños no opera ese principio, porque no siendo parte en el procedimiento de origen es evidente que tampoco pueden hacer uso de aquellos recursos o medios de defensa para lograr su intervención en dicho procedimiento. Tomando en consideración lo expuesto, conviene igualmente reproducir el contenido textual del artículo 90 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz, que a la letra dice: CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE VERACRUZ "Artículo 90. El incidente de nulidad que se promueva por defecto en las notificaciones, se substanciará ante el mismo juez o magistrado que conozca del negocio. Si la parte contraria estuviere conforme, se declarará desde luego la nulidad de lo actuado desde la notificación hecha indebidamente. Si no estuviere conforme, se convocará a una audiencia que tendrá verificativo a más tardar dentro de cinco días, en la que los interesados pueden presentar las pruebas que tuvieren. En la misma audiencia se resolverá lo que procediere en justicia. En el caso de que proceda la nulidad, se impondrá al responsable una multa equivalente, como máximo, a diez días de salario que devengue el servidor público y se le condenará al pago de los gastos y costas." Precepto legal que establece expresamente la procedencia del incidente de nulidad cuando una notificación no se realiza en la forma prescrita por la ley. En ese orden de ideas, es evidente que el acto reclamado que la aquí quejosa hace consistir en la supuesta diligencia de dos de julio de dos mil quince, en la que se le pretendió notificar el referido auto de radicación del juicio de guarda y custodia 699/2015 del índice del Juzgado Octavo de Primera Instancia, en el que es parte demandada, se ubica dentro de la hipótesis prevista por el artículo 90 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz, y por ende, previo al juicio de protección constitucional que intenta, debe ser combatido a través del incidente de nulidad de notificaciones previsto en dicho precepto, a fin de observar el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo. Ello es así, en razón de que, el juicio de amparo es improcedente cuando no se hacen valer previamente a su interposición los medios ordinarios de defensa que establezca la ley que rija el acto, pues entre los principios fundamentales en que se sustenta el juicio constitucional se encuentra el de definitividad, que hace al juicio de amparo un medio extraordinario de defensa, siendo procedente éste cuando se hayan agotado previamente los que la ley haya instituido precisamente para la impugnación del acto que en su caso, el gobernado estime ilegal, salvo los casos de excepción que la Constitución Federal, la Ley de Amparo y la Jurisprudencia establezcan. Por lo que, cabe concluir que la promovente no agotó el medio de impugnación ordinario; esto es, el INCIDENTE DE NULIDAD DE NOTIFICACIONES, previsto por el artículo 90 y demás relativos y aplicables del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, y por lo tanto, inobservó el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, actualizándose la hipótesis prevista por la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente, en razón de que la existencia del incidente de nulidad de que se trata, deja plena certidumbre y convicción de la existencia de la causa de improcedencia que se invoca, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no sería factible obtener una conclusión diversa, independientemente de las pruebas que pudieran allegar las partes. Se cita como apoyo, la Tesis VI.2º. J/343 sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 55, Octava Época, Diciembre de 1994, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de título y texto: "EMPLAZAMIENTO SEÑALADO COMO ACTO RECLAMADO. SOBRESEIMIENTO CUANDO EL JUICIO ORIGINARIO NO HA CONCLUIDO Y EL QUEJOSO ES PARTE EN ESTE. Si bien es cierto, que cuando el amparo se pide precisamente para impugnar la falta de emplazamiento o la ilegalidad del mismo no es procedente sobreseer con base en que existen recursos ordinarios que no se hicieron valer, dado que el hecho de que el quejoso manifieste que no ha sido oído en juicio hace patente la imposibilidad de intentar esos medios de defensa ordinarios; este criterio, que inclusive ha sido sostenido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no es aplicable cuando las constancias de autos permiten advertir, por un lado, que el juicio generador del acto reclamado aún no ha concluido por sentencia definitiva, y por el otro, que el recurrente aparece como demandado en el mismo, de manera que al existir la relación procesal entre actor y demandado, y de que puede intervenir en el procedimiento, por sí o por medio de su representante legal, el afectado con el emplazamiento defectuoso antes de acudir al juicio de garantías tiene que agotar el medio de defensa que le concede el artículo 61 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Puebla, es decir, promover el incidente de nulidad de actuaciones a partir de esa notificación, y de esa manera estar en posibilidad de obtener su nulidad a fin de ser oído y vencido, todo esto, teniendo en cuenta que en el juicio de amparo debe cumplirse con el principio de definitividad; caso distinto sería que además de alegarse ilegalidad en el emplazamiento, ya se hubiera dictado sentencia ejecutoriada, pues en esa hipótesis el afectado no hubiera podido comparecer al juicio por no haber sido citado en términos de ley, en estas circunstancias sí procedería el amparo indirecto sin necesidad de agotar previamente los medios de defensa previstos por la ley." Asimismo, por su idea jurídica se cita la Tesis VI.2º. J/53 sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 351, Octava Época, Julio - Diciembre de 1990, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de título y texto: "EMPLAZAMIENTO, FALTA DE. AMPARO IMPROCEDENTE CUANDO NO EXISTE SENTENCIA Y EL QUEJOSO FIGURA COMO DEMANDADO EN EL JUICIO. Si el peticionario de garantías se enteró del juicio seguido en su contra antes de que se dictara la sentencia de primera instancia, tuvo la obligación de promover el incidente de nulidad de actuaciones a partir de la notificación hecha indebidamente, para lograr que se declarara, en caso de comprobarse la omisión del emplazamiento, la nulidad de las actuaciones posteriores a dicha diligencia, y así entonces contestar la demanda correspondiente y ofrecer sus pruebas, pero si tenía a su alcance un medio de impugnación capaz de nulificar el acto impugnado y no lo hizo valer en el momento que se enteró del juicio, para combatir la supuesta falta de notificación que alega, consintió el acto, perdiendo la oportunidad de reclamar con posterioridad las supuestas violaciones cometidas en su contra." Lo anterior, sin que pase inadvertido que en el presente asunto se encuentre involucrado un menor de edad, y por consiguiente, se esté en posibilidad de vulnerar su esfera jurídica, ello, en razón de que la definitividad es uno de los principios generales que rigen el juicio de amparo, y éste refiere fundamentalmente al alcance de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, y no a la naturaleza de los actos impugnados, por tanto, el interés superior del menor, no constituye una justificación válida para declarar la procedencia del juicio de amparo, ya que ambos son presupuestos distintos y autónomos que deben ser estudiados por separado. En apoyo a lo antes expuesto, se cita la Jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 350, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de título y texto: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo." En las relatadas circunstancias, toda vez que en el caso se actualizan las causales de improcedencia previstas en las fracciones XVIII y XXIII del dispositivo 61, que analizadas junto con el diverso artículo 113 de la Ley de Amparo, conducen a concluir que debe desecharse de plano la demanda de amparo origen de los presentes autos. De lo expuesto, queda plenamente demostrado el motivo notorio e indudable de improcedencia del juicio de garantías que se pretende instaurar, razón por la que, con apoyo en el precitado artículo 113 de la citada ley, se desecha de plano la demanda de amparo que dio origen al juicio de amparo 1191/2015 en que se actúa. Las tesis a que se hace mérito, aun cuando se refieren a la interpretación de la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril del dos mil trece, siguen cobrando vigencia ya que sobre el tema que se analiza en particular, el ordenamiento que regula el juicio de garantías no sufrió modificación que provoque la pérdida de su vigencia, ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del decreto por el que fue expedida la nueva Ley de Amparo. ...
- Principal
... Notifiquese personalmente a la parte promovente...
- Principal
... el oficio signado por la Directora Jurídica de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, mediante el cual dice rendir su informe justificado, sin embargo deberá estarse a lo acordado en proveído de veinticinco de junio del dos mil quince, donde se le tuvo rindiendo su correspondiente informe de ley....
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