Esthela Rodríguez Salinas

Expediente 1715/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 1 actuación registrada, la última del 14 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1715/2018
Año
2018
Actuaciones
1
Última actuación
14/11/2018

Partes del expediente

  • Esthela Rodríguez Salinas

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, catorce de noviembre de dos mil dieciocho. RADICACIÓN. Vista la demanda promovida por ***, por conducto de su apoderado legal ***(personalidad que acredita en términos de la carta poder de nueve de noviembre de dos mil dieciocho), regístrese bajo el número 1715/2018-II-D. Ahora, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo está obligado a examinar el escrito de demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharse de plano. DESECHAMIENTO. En primer lugar, deben analizarse las causas de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. De la lectura del escrito inicial, se advierte que la solicitante del amparo Esthela Rodríguez Salinas, reclama lo siguiente: "IV.- ACTO RECLAMADO: La dilación Procesal por parte de la Autoridad Responsable para señalar fecha de audiencia en tiempo y forma así como las investigaciones de dependientes económicos y la fijación de la convocatoria en el último centro de trabajo de la extinta trabajadora, así como la notificación personal al hoy tercer interesado, relativo al juicio promovido por el suscrito en representación de Esthela Rodríguez Salinas, en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social, radicado ante la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje con residencia en Toluca, Estado de México, con número de expediente 563/2018.". En ese sentido, resulta improcedente el juicio de amparo, en atención a que se actualiza la causa prevista el numeral 61, fracción X, de la ley de la materia que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios.". Del precepto legal en estudio, se advierte que la causa de improcedencia del juicio de amparo se sustenta en la institución de litispendencia, pues parte del supuesto de que existen dos juicios de amparo con identidad de quejoso, autoridades responsables y de actos reclamados, lo cual impide que prospere el asunto promovido con posterioridad y refleja la clara intención del legislador de evitar el trámite simultáneo de dos instancias en contra de un mismo acto, voluntad que resulta acorde con el principio de seguridad jurídica, pues tiende a evitar el dictado de dos resoluciones en un mismo asunto y que pudieran resultar contradictorias. Se dice que hay litispendencia, conforme a la doctrina, cuando un juicio es promovido ante un órgano jurisdiccional y no ha sido resuelto por sentencia ejecutoria, es el litigio pendiente de resolución por el Juzgador. Cuando un litigio está pendiente de solución no puede ser objeto de conocimiento en otro proceso por el mismo o diverso juzgador, porque, como ya se dijo, se podrían dictar sentencias contradictorias, pues dicha circunstancia atentará contra el principio de seguridad jurídica al no justificarse dos procesos sobre el mismo litigio. Al respecto, por identidad de razones, se invoca la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, de rubro y texto siguientes: "LITISPENDENCIA EN MATERIA DE AMPARO. Por imperativo de la fracción III, del artículo 73, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, debe entenderse que la litispendencia en materia de amparo es formal y no material; de ahí, que resulta irrelevante el hecho de que en las demandas de amparo se pudieran haber planteado violaciones constitucionales diferentes, ya que ello no impide la configuración de la causal de improcedencia prevista en la fracción y precepto inicialmente citados, la cual sólo amerita la valoración de la identidad de los elementos formales: quejoso, acto reclamado y autoridad responsable.". Entonces, el juicio de amparo resulta improcedente de acuerdo con la institución de litispendencia, siempre que se actualicen las siguientes hipótesis: a) La norma general o acto que se reclamen sean materia de otro juicio de amparo; b) Ese juicio esté pendiente de resolución; y, c) Ambos juicios de amparo sean promovidos por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el mismo acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Resulta aplicable por identidad de razones, la tesis del entonces Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, cuyo rubro y texto son: "LITISPENDENCIA, INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN III DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Es improcedente, en términos de lo preceptuado por el artículo 73, fracción III, de la Ley de Amparo, el juicio de garantías que se promueve en contra de un acto que fue materia de un diverso juicio de amparo que se encuentra pendiente de resolución en primera o única instancia, o en revisión, si éste se interpone por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, con independencia de las fechas que ostenten las resoluciones tachadas de inconstitucionales, si en ambos casos existe identidad en el fondo sustancial u objeto materia del juicio.". Ahora bien, en el caso, conviene recordar que la parte quejosa promovió demanda de amparo, contra la autoridad y actos siguientes: ACTO RECLAMADO: "IV.- ACTO RECLAMADO: La dilación Procesal por parte de la Autoridad Responsable para señalar fecha de audiencia en tiempo y forma así como las investigaciones de dependientes económicos y la fijación de la convocatoria en el último centro de trabajo de la extinta trabajadora, así como la notificación personal al hoy tercer interesado, relativo al juicio promovido por el suscrito en representación de Esthela Rodríguez Salinas, en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social, radicado ante la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje con residencia en Toluca, Estado de México, con número de expediente 563/2018.". AUTORIDADES RESPONSABLES: . Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje en Toluca, Estado de México. Secretario de Acuerdos de la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje en Toluca, Estado de México. Actuario adscrito a la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje en Toluca, Estado de México. Luego entonces, del índice de este órgano jurisdiccional se advierte la existencia del diverso juicio de amparo 1714/2018-I-D, el cual resulta hecho notorio para este órgano jurisdiccional, de conformidad con lo establecido en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, atendiendo a su numeral 2. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 181729, con el rubro y texto siguientes: "HECHOS NOTORIOS. LOS MINISTROS PUEDEN INVOCAR COMO TALES, LOS EXPEDIENTES Y LAS EJECUTORIAS TANTO DEL PLENO COMO DE LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. De conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo dispuesto por el artículo 2o. de este ordenamiento, resulta válida la invocación de hechos notorios, aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. En ese sentido, es indudable que como los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación integran tanto el Pleno como las Salas de este Alto Tribunal, al resolver los juicios que a cada órgano corresponda, pueden válidamente invocar oficiosamente, como hechos notorios, los expedientes y las ejecutorias de aquéllos, como medios de prueba aptos para fundar una sentencia, sin que sea necesaria la certificación de sus datos o el anexo de tales elementos al sumario, bastando con tenerlos a la vista, pues se trata de una facultad emanada de la ley que puede ser ejercida para resolver la contienda judicial.". De las constancias que integran el referido juicio constitucional, se advierte lo siguiente: La quejosa es Esthela Rodríguez Salinas. La autoridad y actos precisados en el escrito de demanda son: ACTO RECLAMADO: ".La dilación Procesal por parte de la Autoridad Responsable para señalar fecha de audiencia en tiempo y forma así como las investigaciones de dependientes económicos y la fijación de la convocatoria en el último centro de trabajo de la extinta trabajadora, así como la notificación personal al hoy tercer interesado, relativo al juicio promovido por el suscrito en representación de Esthela Rodríguez Salinas, en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social, radicado ante la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje con residencia en Toluca, Estado de México, con número de expediente 563/2018.". AUTORIDADES RESPONSABLES: . 1. Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje en Toluca, Estado de México. 2. Secretario de Acuerdos de la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje en Toluca, Estado de México 3. Actuario adscrito a la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje en Toluca, Estado de México. De ahí, es evidente que en el citado juicio de amparo número 1714/2018-I-D del índice de este órgano jurisdiccional existe identidad en cuanto a la quejosa (Esthela Rodríguez Salinas), autoridades responsables y acto reclamado. En las relatadas circunstancias, al existir motivo manifiesto e indudable de la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción X, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Esthela Rodríguez Salinas, respecto del acto reclamado precisado en líneas anteriores, atento a lo dispuesto en el artículo 62 de la ley de la materia. En el entendido que la parte quejosa sigue teniendo vigente su derecho de defensa respecto de los actos aquí reclamados, pues precisamente al haber sido controvertidos también en el diverso sumario 1714/2018-I-D del propio índice, es evidente que el suscrito analizará la constitucionalidad de los actos que dice le causa perjuicio a sus prerrogativas. Tiene aplicación, en lo conducente, la jurisprudencia P./J. 24/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "LITISPENDENCIA. PARA QUE SE ACTUALICE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013, ES NECESARIO QUE SE HAYAN ADMITIDO LAS DEMANDAS RESPECTIVAS. La causal de improcedencia por litispendencia prevista en el precepto citado, encuentra explicación lógica en la ociosidad que supone tramitar un segundo juicio de amparo cuando el quejoso ya tuvo la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus intereses en uno previo y, por añadidura, en evitar la posibilidad de que se emitan sentencias contradictorias. Consecuentemente, si una de las finalidades de la causal de improcedencia referida es impedir que los Jueces de Distrito se pronuncien en dos ocasiones sobre el mismo problema jurídico, para que se actualice dicha causal es necesario que se hayan admitido las demandas respectivas; de ahí que esos juzgadores deben asegurarse de que, de actualizarse aquélla, el quejoso conserve la oportunidad de defenderse del acto de autoridad a través de alguna de las dos demandas de contenido coincidente, de manera que no se le deje en estado de indefensión por la aplicación recíproca del mismo motivo de improcedencia en uno y otro juicios. Para este fin, la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013 disponía, en su artículo 51, un procedimiento conforme al cual un solo Juez de Distrito debe conocer de los asuntos en cuestión, analizar y valorar con precisión en cuál de los dos expedientes idénticos deba sobreseerse por litispendencia, y a cuál le corresponde superar esta causal para pronunciarse sobre el fondo del asunto e incluso, llegado el caso, también sobreseerlo, pero por motivo legal distinto, así como decidir sobre la imposición de las sanciones que procedan a los responsables de la promoción injustificada de dos juicios, en los casos que así lo ameriten.". Sin que sea el caso ordenar que se certifiquen las constancias relativas al juicio de amparo que se invoca, pues basta con tenerlas a la vista cuando se dicta este acuerdo. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis 2a./J.103/2007, sustentada por al Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 285, del tomo XXV Junio de 2007, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con el epígrafe y texto siguiente: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la tengan a la vista." DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Conforme lo establecido por los numerales 30 y 31 de la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones vía electrónica el usuario "asesor_jesus". En relación a los autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, dígasele que éstos se avalan en términos amplios siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles.

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