Esthela Matínez Iturbide

Expediente 676/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
676/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
23/09/2021

Partes del expediente

  • Esthela Matínez Iturbide
  • Juez Segundo Civil de Primera Instancia de Tlalnepantla, Estado de México

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno. OFICIO Agréguese el oficio signado por la funcionaria adscrita al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez, mediante el cual solicita acuse de recibo de la incompetencia decretada por ese órgano respecto al presente expediente. En tal sentido, acúsese recibo de estilo. DIVERSO OFICIO Intégrese el diverso signado por la funcionaria adscrita al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de México, con sede en Nezahualcóyotl, en el que transcribe el proveído mediante el cual el titular de ese órgano jurisdiccional determinó no aceptar la competencia declinada por este juzgado respecto al presente sumario. Atento a lo anterior, de la revisión de las constancias de autos del juicio de amparo referido, así como de los argumentos vertidos por la autoridad oficiante; con fundamento en el artículo 48 de la ley reglamentaria, este juzgador, conforme a lo expuesto en el acuerdo de diez de mayo del año en curso insiste en declinar la competencia al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de México, con sede en Nezahualcóyotl; pues los argumentos vertidos para no aceptar la competencia no se comparten, por lo siguiente: El juez declinante sostiene de forma toral sus argumentos en que, aduce, se actualiza el supuesto establecido en el artículo 37, de la Ley de Amparo, que determina que cuando el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, será competente el juez de distrito ante el que se presentó la demanda. Sin embargo, y tomando en consideración el propio argumento de la autoridad declinante cuando refiere: ".análisis de la ejecución, se debe llevar a cabo considerando sus consecuencias directas o inmediatas y no las cuestiones mediatas o posteriores que con motivo del él se generen, pues su estudio se efectúa tomando en cuenta lo que de manera directa o inmediata se vincula a éste.". En ese contexto, este juzgado considera actualizada el primer párrafo del artículo en mención que establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Lo anterior es así, ya que el acto reclamado se ejecutó en el municipio de Chalco, Estado de México, conforme a los antecedentes que, bajo protesta de decir verdad, narró la parte quejosa en la demanda que se acuerda; de ahí que el juez competente es aquel que tiene jurisdicción donde se ejecute o haya ejecutado el acto reclamado. A efecto de demostrar tal aserto, se explica: El acto del que se duele la quejosa y la autoridad a la que se lo reclama, son los siguientes: ACTO RECLAMADO La ilegalidad de la diligencia de emplazamiento realizada el veintisiete de febrero de dos mil diecisiete, en el domicilio ubicado en la calle Portal del Agua, manzana doce, lote diecisiete, casa cincuenta y uno, Conjunto Urbano Portal de Chalco, municipio de Chalco, Estado de México y en consecuencia todo lo actuado en el expediente 92/2017 AUTORIDAD RESPONSABLE Juez Segundo Civil de Primera Instancia de Tlalnepantla, Estado de México; Lo anterior es así, ya que la quejosa reclama la ilegalidad de una diligencia de emplazamiento en donde dice, no se realizó conforme a la ley, ya que no era su domicilio en donde habitaba ni su esposo fallecido ni ella. Por tanto, lo que será motivo de estudio en este juicio constitucional es el ilegal emplazamiento a la quejosa y su representado en el domicilio ubicado en calle Portal del Agua, manzana doce, lote diecisiete, casa cincuenta y uno, Conjunto Urbano Portal de Chalco, municipio de Chalco, Estado de México, que se encuentra fuera de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. En consecuencia, es evidente que el acto reclamado tuvo ejecución en esa jurisdicción, actualizando el supuesto establecido en el primer párrafo del artículo 37; de la Ley de Amparo, respecto a la competencia del juicio biinstancial. De ahí que el juez competente es aquel que tiene jurisdicción donde deba ejecutarse el acto reclamado o se haya empezado a ejecutar. Asimismo, el juez declinante al considerar actualizado el supuesto de que el acto reclamado puede tener ejecución en la jurisdicción de este órgano, realiza un juicio anticipado, suponiendo que se concederá el amparo a la quejosa dejando insubsistente el emplazamiento que reclama y por ese motivo, probablemente se ordenaría una diligencia diversa. Circunstancia que no es jurídicamente posible - realizar un juicio anticipado del resultado del juicio de amparo -, en razón de que los órganos de control constitucional deben ceñirse al contenido de la demanda y, la determinación a la que se arribe derivaba de su sustanciación y no de presunciones anticipadas. Aunado a que, en este momento procesal, no existe ningún acto que se continúe ejecutando en la jurisdicción de este juzgado y, estimarlo de esa forma resulta en un juicio de valor totalmente subjetivo consistente en que, en caso de conceder el amparo, probablemente la diligencia de emplazamiento sería en el domicilio que señala la quejosa que habita. Sin embargo, tal circunstancia se dilucidará cuando se dicte sentencia en el juicio de amparo, sin que en este momento se pueda considerar de esa forma; en tal caso, pudiera caerse en el absurdo jurídico de considerar de facto que la quejosa podrá señalar un domicilio fuera de la jurisdicción de este juzgado o en cualquier otro lugar para la diligencia de emplazamiento y, con esa base decretar la competencia. En tales condiciones, lo único cierto es que la quejosa estima se realizó ilegalmente una diligencia de emplazamiento, la cual tuvo verificativo en la jurisdicción del juzgado declinante, sin que exista acto que continúe su ejecución en la de este órgano, como lo estima el promovente. De ahí que al estimarse que este juzgado no tiene competencia legal para resolver el presente juicio, acorde con lo anteriormente expuesto y con lo establecido en el artículo 37 de la Ley de Amparo, se plantea el conflicto competencial, debiéndose remitir el juicio de amparo en cuestión al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, con sede en Toluca, Estado de México, en turno, a efecto que resuelva lo que en derecho corresponda. Comuníquese lo anterior al Juez Sexto de Distrito en el Estado de México, con sede en Nezahualcóyotl, para los efectos legales conducentes. Notifíquese; por oficio a la Oficina de Correspondencia Común adscrita a los Tribunales Colegiados en Materia Civil del Segundo Circuito, con sede en Toluca, Estado de México y al Juez Sexto de Distrito en el Estado de México, con sede en Nezahualcóyotl.

  2. Principal

    Agréguese la certificación signada por el secretario de la adscripción, en donde hace constar la comparecencia de la quejosa a efecto de ratificar la firma y el contenido de su escrito de demanda. En tal sentido, se tiene por desahogada la prevención realizada en contra de la compareciente y se determina: Este Juzgado de Distrito carece de competencia legal para conocer del juicio de amparo, de conformidad con las consideraciones que a continuación se exponen.

  3. Principal

    Vista la demanda de amparo que supuestamente promueve Esthela Martínez Iturbide, por propio derecho y en su carácter de albacea de la sucesión de Saúl Legorreta Fuentes, con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, regístrese bajo el número 676/2021-VII. ACTO RECLAMADO La falta de emplazamiento y en consecuencia todo lo actuado en el expediente 92/2017. AUTORIDAD RESPONSABLE Juez Segundo Civil de Primera Instancia de Tlalnepantla, Estado de México; PREVENCIÓN Ahora, del análisis integral del ocurso de referencia, se advierten inconsistencias en su forma, que impiden a este órgano federal resolver lo que en derecho corresponde, lo cual tendrá que desahogar en el presente sumario. Por tanto, previo a acordar lo conducente respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, con fundamento en los artículos 108, 112 y 114, fracción I, de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa para que en la fecha que se le fije para la comparecencia, satisfaga los requisitos que establece el numeral 108 de la legislación de la materia, es decir: Comparezca en este juzgado y, debidamente identificada, ratifique tanto la firma, como el contenido del ocurso de cuenta. Lo anterior, en razón de que de una comparación del escrito de cuenta y la copia de su credencial de elector que exhibe, sin necesidad de ser experto en la materia, se advierte una evidente diferencia entre las firmas, supuestamente, plasmadas por esa parte, en ambos documentos. Sustenta lo anterior la jurisprudencia emitida por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 207437, tesis 3ª. 24, visible en la página 385 del Tomo III, Primera Parte, Enero-Junio de 1989 del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "FIRMA NOTORIAMENTE DISTINTA DE LA QUE YA OBRA EN AUTOS, DEBEN MANDARSE RECONOCER LAS FIRMAS DISCREPANTES Y DICTAR EL ACUERDO QUE LEGALMENTE CORRESPONDA. Cuando un escrito presente una firma que sea notoriamente distinta de la que ya obra en autos, debe mandarse reconocerlas, con fundamento en el artículo 30 de la Ley de Amparo, advirtiendo al ocursante de los delitos en que incurren quienes declaran con falsedad ante la autoridad judicial, así como del contenido del artículo 211 de la Ley de Amparo y después se dictará el acuerdo que corresponda, con vista a la propia diligencia de reconocimiento. Es importante distinguir que la firma notoriamente diferente, no equivale a la falta de firma, pues ambas son hipótesis distintas.". Asimismo, cobra aplicación, por identidad jurídica la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, registro 2013565, tesis IV.3º.C5 K (10ª.), visible en la página 2512, Libro 38, Enero de 2017, Tomo IV de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO Y SU AMPLIACIÓN. CUANDO EL REQUERIMIENTO CONSISTE EN QUE EL QUEJOSO COMPAREZCA A MANIFESTAR, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, SI LA RÚBRICA QUE LAS CALZA SON DE SU PUÑO Y LETRA, Y NO SOBRE ALGÚN DEFECTO U OMISIÓN, NO PUEDE INTERRUMPIRSE O PRORROGARSE EL PLAZO CONCEDIDO. Si el juzgador estima que las firmas estampadas en la demanda de amparo y su ampliación, son notoriamente distintas a las que obran en el expediente de donde derivan, tiene la facultad de prevenir al quejoso a efecto de que dentro del término de tres días comparezca a reconocerlas, so pena de que, de no hacerlo, se desechará su petición de conformidad con el artículo 114, segundo párrafo, de la Ley de Amparo; en ese orden, no es jurídicamente posible ni que se interrumpa ni prorrogue dicho plazo, toda vez que si el auto de requerimiento fue claro y específico en indicar que compareciera a manifestar, bajo protesta de decir verdad, si las rúbricas que calzaban la demanda de amparo y la del escrito de ampliación fueron puestas del puño y letra del quejoso (acto personalísimo) y no así, sobre algún defecto u omisión en el escrito de demanda, que diera lugar a la emisión de un acuerdo en el que se señalara algún incumplimiento, pues el requerimiento fue específico, la ratificación de las firmas de la demanda y su ampliación; de lo que se concluye que es un supuesto distinto al que refiere la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 106/2003, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVIII, noviembre de 2003, página 133, de rubro: "AMPARO. ACLARACIÓN DE DEMANDA. SI LA PROMOCIÓN DE CUMPLIMIENTO SE PRESENTA ANTES DEL TÉRMINO, EL JUEZ DEBE ACORDAR SI SE ACATÓ LA PREVENCIÓN, SEÑALANDO, EN SU CASO, LAS OMISIONES, PARA DAR OPORTUNIDAD AL PROMOVENTE DE SUBSANARLAS, PERO DENTRO DE AQUEL TÉRMINO.", ya que el requerimiento no versó sobre defectos u omisiones de la demanda de amparo, sino a una cuestión esencial como es la manifestación de la voluntad y, por ello, el a quo no debía emitir ningún acuerdo, respecto del escrito por el que se pretendió cumplir el requerimiento, sino atender a lo que inquirió, como es, la ratificación de las firmas de la demanda de amparo y su ampliación.". Para tal efecto, en caso de existir duda sobre la ratificación y las diversas firmas que obran en autos, el suscrito juzgador podrá ordenar de oficio la prueba pericial en materia de grafoscopía y caligrafía y según el resultado, acordará lo que legalmente corresponda. Apoya la anterior consideración la jurisprudencia III.2o.C. J/17, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XVI, Septiembre de 2002, Página 1269, de la Novena Época, cuyo rubro y texto a continuación se citan: "FIRMA, PARA DETERMINAR SU AUTENTICIDAD SE REQUIERE PRUEBA PERICIAL GRAFOSCÓPICA. Para determinar en un procedimiento judicial si la firma impugnada de falsa es o no original de una persona (autógrafa), no basta la simple comparación con otra atribuida a la misma mano que realice el juzgador, sino que es necesario llevar a cabo la verificación de su falsedad o autenticidad mediante prueba pericial grafoscópica que se aporte al sumario, ya que aunque la diferencia en la forma pudiera resaltarse con una mera observación superficial, mediante la prueba señalada se puede determinar si fue estampada por la persona a quien se considera autora, o bien, por otra distinta. ". APERCIBIMIENTO Apercibida que de no cumplir con el desahogo de la prevención que se le formula, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114, párrafo penúltimo de la legislación de la materia, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. De la misma manera, se hace del conocimiento de la promovente que puede incurrir en delito, con penas hasta de privación de la libertad, en caso de realizar manifestaciones falsas u omita las que le consten, a efecto de obtener una ventaja procesal. Esto de conformidad con el contenido del artículo 261, de la Ley de Amparo, que a la letra dice: Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y II. Al quejoso o tercero interesado, a su abogado o a ambos, si en el juicio de amparo presenten testigos o documentos falsos. FECHA PARA RATIFICACIÓN En ese tenor, se señalan las OCHO HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL TREINTA DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO, a fin de que comparezca ante esta potestad, debidamente identificada a manifestar lo que en su derecho convenga. SE COMISIONA ACTUARIO JUDICIAL Ahora, en virtud de que la notificación del presente acuerdo se hará mediante las listas que se publican en los estrados de este juzgado, se comisiona al actuario judicial de la adscripción a fin de que deje a disposición de la quejosa, en el área de vigilancia del edificio en donde se encuentra este juzgado, el "Acuse de confirmación de cita" para su ingreso a este órgano judicial. DOMICILIO A solicitud de la quejosa, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), y el diverso 29, de la Ley de Amparo, se tienen las listas que se publican en los estrados de este juzgado para que la parte quejosa oiga y reciba todo tipo de notificaciones, aun las que ameriten ser personales; sin menoscabo de que posteriormente señale uno diverso dentro del área conurbada de este juzgado, esto es, Toluca o Metepec. CONSULTA DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se faculta a las partes emplear para la consulta del expediente los medios electrónicos a que alude la circular 12/2009, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. AUTORIZADOS Con relación a los autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo; dígase que éstos se avalan en términos amplios, siempre y cuando cuenten con su registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. GRATUIDAD DEL SERVICIO Se recuerda a las partes que de conformidad con lo que dispone el artículo 17 constitucional, todos los servicios que presta este juzgado de distrito son gratuitos. TRANSPARENCIA Con fundamento en los artículos 1 y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 1 y 21 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, así como 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el seis de febrero de dos mil catorce, en el Diario Oficial de la Federación; se hace del conocimiento de las partes que en todo tratamiento de datos personales en el presente asunto deberá de ponderar la existencia o no del consentimiento inequívoco de su titular para su publicación, otorgado por escrito, en forma libre, expresa e informada, con las excepciones previstas en los numerales en cita, en el entendido que de no hacerlo, se publicará la resolución que se dicte con la supresión de datos conforme a los lineamientos mencionados. Notifíquese.

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