Esthela Martínez Iturbide y Otros.

Expediente 1138/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 6 actuaciones registradas, la última del 17 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1138/2021
Año
2021
Actuaciones
6
Última actuación
17/01/2022

Partes del expediente

  • Esthela Martínez Iturbide y Otros.
  • Esthela Martínez Iturbide

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México; diecisiete de enero de dos mil veintidós. APERSONA TERCERA INTERESADA. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por imperativo expreso contenido en el precepto legal 2º de la Ley de Amparo, agréguese únicamente para que obre como corresponda al expediente electrónico y físico una vez que las labores del Juzgado lo permitan para los efectos legales procedentes el escrito firmado por Leticia Hernández García, por medio del cual se apersona al presente juicio en que se actúa, señala domicilio para oír y recibir notificaciones y autoriza a diversas personas; toda vez que por auto de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, se desechó la demanda de amparo, quedando firme el siete de diciembre siguiente ordenando a la vez, el archivo del presente como totalmente concluido, sin que se advierta que la promovente, sea parte en el presente juicio. AUTORIZACIÓN DE ACUERDO. Realícese la autorización previa y definitiva de este auto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y una vez que las labores del juzgado lo permitan, se ordena imprimir y agregar el presente acuerdo al expediente físico a fin de favorecer el trabajo a distancia, como establece el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS COV-2 y los subsecuentes. Cúmplase.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México; siete de diciembre de dos mil veintiuno. CAUSA ESTADO. Vista la certificación secretarial de cuenta, así como el estado procesal que guardan los autos, de los que se advierte que la parte quejosa, no recurrió dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, el acuerdo de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, mediante el cual se desechó la demanda de amparo; con fundamento en lo dispuesto en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia en cita, se declara que dicho proveído ha causado estado. ARCHIVO. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívese como asunto concluido. Ahora bien, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que: 1. El presente asunto es susceptible de destrucción, pues se desechó la demanda de amparo en el presente juicio (artículo 21, inciso b), del acuerdo en cita). 2. A consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 de dicho Acuerdo. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 21 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años contados a partir de la presente orden de archivo, ya que después de este lapso, éste órgano de control constitucional procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Se hace la precisión que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará físicamente al archivo el expediente en que se actúa. Finalmente, una vez que ocurra lo anterior, comisiónese a la Secretaria encargada de la mesa, para que revise y certifique si las constancias de autos coinciden con las del expediente electrónico, en términos del artículo 35 del referido acuerdo. AUTORIZACIÓN DE ACUERDO. Realícese la autorización previa y definitiva de este auto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y una vez que las labores del juzgado lo permitan, se ordena imprimir y agregar el presente acuerdo al expediente físico a fin de favorecer el trabajo a distancia, como establece el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS COV-2 y los subsecuentes. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente Enrique Vázquez Pérez, Juez Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa asistido de Sabrina Melissa Bernal Rosales, Secretaria que autoriza, firma electrónicamente y da fe, sin perjuicio de firmarlo físicamente, debiendo verificar la Secretaria firmante que se glosen las firmas electrónicas del presente proveído. Doy fe.

  3. Principal

    ESCRITO DE DESAHOGO. Visto lo de cuenta, y con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por imperativo expreso contenido en el precepto legal 2º de la Ley de Amparo, agréguese al expediente electrónico y físico una vez que las labores del Juzgado lo permitan para los efectos legales procedentes, el escrito de cuenta signado por Esthela Martínez Iturbide, por propio derecho y en su calidad de albacea de la sucesión de Saúl Legorreta Fuentes, mediante el cual desahoga el requerimiento formulado en proveído de ocho de noviembre del año en curso. En consecuencia, téngase por cumplida la prevención de que fue objeto y sin efectos el apercibimiento respectivo. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS Ahora bien, del escrito íntegro de demanda se obtiene que la parte quejosa esencialmente reclama: El emplazamiento al juicio ordinario civil 92/2017 del índice del Juzgado Segundo Civil de Tlalnepantla, Estado de México. El auto de seis de octubre de dos mil veintiuno, emitido en el citado expediente, en el que se ordena dar cumplimiento al diverso de diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, a través del cual se turnan los autos para que la parte demandada (aquí quejosa) haga entrega a la actora del bien inmueble adjudicado, esto es, del departamento 302, lote 3, de la vivienda de Interés Social, identificado como departamento 302, del edificio 4, ubicada en el remanente III, sujeto al régimen de propiedad en condominio en el conjunto habitacional denominado Jesús García Lovera, ubicado en la colonia pueblo de San Pedro Totoltepec, Toluca, Estado de México. Tal precisión se realiza, con fundamento en el artículo 74 de la Ley de Amparo, en atención a la obligación del Juez de Distrito de analizar en su integridad la demanda de amparo, buscando qué realmente quiso impugnar el quejoso y no solamente lo que en apariencia indicó. A lo expuesto resulta aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia publicada con el 19, en la página 17, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, cuyos rubro y texto son: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo.". DESECHAMIENTO RESPECTO DEL ACTO MARCADO CON EL NUMERAL 1 (UNO). Ahora bien, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es necesario establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Hecha tal precisión, este órgano jurisdiccional advierte que, en el caso en estudio, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 17 y 18 de dicha legislación, ya que el acto reclamado por la parte quejosa se encuentra consentido tácitamente. En efecto, para dar claridad a esa causa de improcedencia, es necesario reproducir el contenido de los artículos antes mencionados -todos de la Ley de Amparo- los cuales rigen en los términos siguientes: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Luego, los artículos anteriormente citados, establecen las reglas generales para la presentación de la demanda de amparo; esto es, en cuanto a la oportunidad en que debe promoverse. Así, el primer párrafo del artículo 17 de la Ley de Amparo, precisa como regla general que el juicio de amparo debe promoverse dentro del plazo de quince días, contados a partir del día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación practicada al quejoso, del acto o resolución que se combate, pero atendiendo siempre a la legislación que la rija o bien, al día siguiente en que el peticionario de amparo haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución o, en su caso, al día siguiente en que el solicitante de amparo se hubiese ostentado sabedor de los actos tildados de inconstitucionales. Por su parte, las fracciones I, II, III y IV del precitado artículo 17 de la Ley de Amparo, establecen las excepciones a la regla general ya mencionada; a saber: a) Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o bien, el procedimiento de extradición. b) Cuando se impugne la sentencia definitiva condenatoria, en un proceso penal que imponga pena de prisión. c) Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. d) Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales; o bien, en el artículo 15 de la Ley de Amparo. Con base en lo antes expuesto, resulta incuestionable que el acto reclamado en esta instancia no se ubican en ninguna de las hipótesis establecidas en el artículo 17 de la Ley de Amparo, en razón de que no se está impugnando la vigencia de una ley, tampoco actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, deportación, destierro, y mucho menos se trata de aquellos actos prohibidos en el artículo 22 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o bien, por el artículo 15 de la Ley de Amparo; finalmente, con la promoción de este juicio constitucional no se pretende defender o salvaguardar derechos agrarios de los núcleos de población ejidal o comunal. De ahí que, para arribar a esa conclusión, es necesario reiterar que el acto combatido en esta vía constitucional consiste en: el emplazamiento al juicio ordinario civil 92/2017 del índice del Juzgado Segundo Civil de Tlalnepantla, Estado de México. De lo expuesto, es válido afirmar que respecto del citado acto reclamado por la parte quejosa, tuvo conocimiento del mismo desde el trece de julio de dos mil veintiuno, fecha en la que se impuso de los autos del juicio 92/2017, del índice del juzgado responsable, pues así lo manifestó expresamente bajo protesta de decir verdad en su demanda, tal como se advierte de lo que se transcribe a continuación: Manifestaciones que deben considerarse como una confesión expresa, lo cual se traduce en una prueba plena de esos hechos, según lo disponen los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los cuales disponen lo siguiente: "Artículo 199. La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ella las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse. II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia, y III. Que sea de hecho propio, o en su caso, del representante o del cedente y concerniente al negocio." "Artículo 200. Los hechos propios de las partes, aseverados en la demanda, en la contestación o en cualquier otro acto del juicio, harán prueba plena en contra de quien los asevere, sin necesidad de ofrecerlos como prueba." Es aplicable a lo anterior, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en las páginas 294 y 295 del Tomo LXXXIX, Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 321664, cuyo rubro y texto son: "AMPARO, CONFESIÓN EN EL. Es indudable que en el juicio de amparo no se admite la prueba de confesión, porque el artículo que la prohíbe, quiere vedar la que se provoca por medio de posiciones; pero esto no quiere decir que no tenga eficacia probatoria la confesión que, de manera espontánea, hagan las partes en sus memoriales y sólo pueda dejarse de considerar eficaz, si hay prueba de mayor fuerza que la desvirtúe.". Bajo esa tesitura, resulta indiscutible que la parte quejosa contaba con el plazo de quince días para presentar su demanda de amparo, conforme a lo establecido en el artículo 17 de la Ley de Amparo, a partir del día siguiente a aquél en que tuvo conocimiento del acto que tilda de inconstitucional (que se analiza en el presente apartado), en términos de lo previsto en el artículo 18 del ordenamiento legal en cita. Se arriba a esta determinación, en principio, porque resulta innegable que el acto de autoridad tildado de inconstitucional, como se ha precisado, no se ubica en ninguno de los supuestos previstos en el artículo 17 de la Ley de Amparo; ya que, se reitera, el solicitante de amparo no está impugnando una norma general autoaplicativa, tampoco actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, deportación, destierro, y mucho menos se trata de aquellos actos prohibidos, enunciados en el artículo 22 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o bien, en el artículo 15 de la Ley de Amparo. A su vez, de acuerdo con el primer párrafo del artículo 17 de la Ley de Amparo, concatenado con el diverso artículo 18 del mismo cuerpo normativo, se insiste, que la parte quejosa contaba con el plazo de quince días para presentar su demanda, a partir del día siguiente en que tuvo conocimiento del acto que reclama. Por tanto, es evidente que el plazo para combatir el acto reclamado, transcurrió en exceso, dado que la peticionaria de amparo, como quedó precisado en párrafos precedentes, tuvo conocimiento del juicio 92/2017 desde el trece de julio de dos mil veintiuno. En esas condiciones, si la demanda de amparo -origen del presente sumario- fue presentada hasta el trece de octubre de dos mil veintiuno, según se advierte del sello de recibo de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez; por ende, resulta irrebatible que se actualiza la causa de improcedencia establecida en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues aquélla se promovió en forma extemporánea; esto es, fuera del término de quince días a que se refiere el artículo 17 del ordenamiento legal en estudio. En el caso, el plazo de quince días con el que contaba para presentar la demanda, empezó a contar al día siguiente hábil de que tuvo conocimiento del acto reclamado, es decir, inició el catorce de julio de dos mil veintiuno y feneció el diecisiete de agosto de la presente anualidad, sin contar los días inhábiles de conformidad con el artículo 19 de la ley de la materia, que excluye los sábados y domingos, así como el periodo vacacional del poder judicial del Estado de México, correspondiente a los días diecinueve a treinta de julio de dos mil veintiuno, como se ejemplifica en el siguiente cuadro. JULIO 2021 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Fecha en que tuvo conocimiento 14 Día uno 15 Día dos 16 Día tres 17 18 19 Inicia periodo vacacional 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Termina periodo vacacional 31 AGOSTO 2021 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 1 2 Día cuatro 3 Día cinco 4 Día seis 5 Día siete 6 Día ocho 7 8 9 Día nueve 10 Día diez 11 Día once 12 Día doce 13 Día trece 14 15 16 Día catorce 17 Día quince último par interponer demanda 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 De lo que se advierte que ha transcurrido en exceso el plazo para promover la presente demanda, pues la misma fue presentada hasta el trece de octubre del año en curso, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez; de ahí que, resulta incuestionable que se actualiza la causa de improcedencia establecida en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues aquélla se promovió en forma extemporánea; esto es, fuera del término de quince días a que se refiere el artículo 17 del ordenamiento legal en estudio, en relación con el diverso artículo 18 de la legislación de amparo, por las razones anteriormente expuestas. Es aplicable la jurisprudencia 14, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 11, del Tomo VI, Parte Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del año mil novecientos noventa y cinco, Quinta Época, materia común, con número de registro 393970, que establece: "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil, y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala.". Por tales motivos, al haberse actualizado la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos preceptos legales 17 y 18 de dicha legislación, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Esthela Martínez Iturbide, por propio derecho y en su calidad de albacea de la sucesión de Saúl Legorreta Fuentes, contra actos del Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, por notoriamente improcedente, respecto al acto señalado con el arábigo uno. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA RESPECTO DEL ACTO MARCADO CON EL NUMERAL 2 (DOS). En consecuencia a lo anterior, esto es, que ha resultado improcedente el juicio de amparo respecto del emplazamiento al juicio natural, se precisa que, en cuanto al acto precisado en el arábigo dos, éste se emitió en la etapa de ejecución de sentencia en el juicio ordinario civil 92/2017 del índice del Juez responsable, el cual no puede considerarse como la última actuación en dicha etapa de ejecución. Lo anterior se considera así porque nuestro máximo Tribunal ha establecido que el significado de la expresión "última resolución" es aquélla en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para su cumplimiento, lo cual, no es el caso que nos ocupa, ya que el proveído que se combate no cumple con esa exigencia. Subrayado lo anterior, en atención a lo expuesto por la parte quejosa en su escrito de demanda y ocurso aclaratorio, se concluye que el acto que reclama forma parte del procedimiento de ejecución de sentencia, ya que de lo que se duele medularmente, como ya se dijo, es del auto de seis de octubre de dos mil veintiuno, emitido en el citado expediente, en el que se ordena dar cumplimiento al diverso de diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, a través del cual se turnan los autos para que la parte demandada (aquí quejosa) haga entrega a la actora del bien inmueble adjudicado, esto es, del departamento 302, lote 3, de la vivienda de Interés Social, identificado como departamento 302, del edificio 4, ubicada en el remanente III, sujeto al régimen de propiedad en condominio en el conjunto habitacional denominado Jesús García Lovera, ubicado en la colonia pueblo de San Pedro Totoltepec, Toluca, Estado de México. Por lo anterior se advierte la actualización de la hipótesis normativa contenida en el artículo 113 de la Ley de Amparo que da lugar a su desechamiento de plano, en virtud de que se evidencia la causa de improcedencia prevista en el dispositivo 107, fracción IV, del ordenamiento citado en relación con el 61, fracción XXIII, del mismo los cuales establecen: "Artículo 61: El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107: El amparo indirecto procede: . IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución.". Del artículo transcrito en segundo término se advierte que cuando se trata de actos dictados en la etapa de ejecución de sentencia, el juicio de garantías sólo podrá interponerse contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, debiéndose entender por ésta la que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. El fin perseguido por dicha norma es el de no entorpecer el procedimiento de cumplimiento de sentencias definitivas, al ser una cuestión de orden público, dado que la sociedad está interesada en que prevalezca el estado de derecho mediante el íntegro acatamiento de las resoluciones de los tribunales. Por ello, el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo implícitamente contempla que el juicio de amparo no puede ser un medio legal para entorpecer los procedimientos de ejecución ya que, estimar lo contrario, contravendría el espíritu del artículo 17 constitucional que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia de manera pronta, completa e imparcial. Por lo anterior, es dable establecer que aquella norma, armonizada con el texto del artículo 17 constitucional, persigue que no se paralice el cumplimiento de las sentencias definitivas dictadas por los tribunales, poniendo de manifiesto que el interés general de la sociedad de que se cumplan dichas resoluciones está por encima al particular que pretende evitarlo. En ese sentido, se advierte que en el juicio del cual emana el acto reclamado la parte quejosa es parte (demandada) y en dicho procedimiento se dictó sentencia, la cual se encuentra en la etapa de ejecución de la misma, ya que de la narración de los antecedentes del acto combatido, la promovente manifiesta que en fecha trece de julio de dos mil veintiuno, acudió en compañía de su abogado y se impuso de los autos del juicio 92/2017, y con fecha ocho de octubre de la presente anualidad interpuso recurso de revocación contra el auto de seis de octubre anterior, el cual se inadmitió por improcedente; aunado a ello, como se adelantó, al resultar improcedente el juicio de amparo por el emplazamiento al juicio natural, tal acto reclamado (auto de seis de octubre del año en curso) no es procedente para efectos del juicio de amparo como lo pretende la parte quejosa, esto es, que respecto del mismo se admitida la demanda al ostentarse como tercera extraña por equiparación, pues como se precisó con antelación, el emplazamiento combatido resultó extemporáneo. De lo cual debe considerarse que el proveído reclamado está encaminado al cumplimiento de la sentencia emitida en el juicio ordinario civil 92/2017 del índice del Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México; por ende, al ser una actuación realizada en ejecución de la misma queda regida por las disposiciones a que se refiere el artículo 107, fracción IV, de la ley de la materia antes transcrito, es decir, no puede analizarse en el juicio de amparo indirecto por no tratarse de la última resolución dictada en el procedimiento respectivo; se insiste, aquélla que tenga por cumplida la sentencia en comento o declare la imposibilidad para ello. En otras palabras, el auto que por esta vía combate la parte quejosa reviste el carácter de intermedio, pues no se advierte que se haya dictado auto en que se tenga por cumplida la sentencia, por lo que será seguido de otros actos procesales encaminados a tener por cumplida dicha sentencia dictada en el procedimiento de origen; de modo tal, que las violaciones que hayan podido cometerse en esa etapa, de ser el caso, podrían plantearse en el juicio que se promueva en contra de la resolución que ponga fin al procedimiento de ejecución. Esto es, cuando se trata de actos dictados después de concluido el juicio, debe atenderse a si el acto reclamado constituye o no la última resolución, que como se ha visto en forma genérica, es la que declara cumplida la sentencia o convenio o que establece la imposibilidad para ello. La determinación efectuada por la autoridad responsable, que reclama la parte quejosa va encaminada a la ejecución de la sentencia en el juicio de origen, y la misma no puede ser considerada la última resolución dictada en tal procedimiento, pues el Juez responsable únicamente continúa con la ejecución de la sentencia dictada en el juicio ordinario civil 92/2017 del índice del juzgado de origen, por lo que es claro que el multicitado auto de seis de octubre anterior, no constituye la última resolución con la que culmina el procedimiento de ejecución en el juicio de origen; por ende, se actualiza la causal en análisis y, en consecuencia, se impone desechar de plano la demanda de amparo, con apoyo en los artículos 107, fracción IV, en relación con el 61, fracción XXIII, de la Ley de la materia. Se cita por analogía la tesis aislada (común) I.8o.C.22 K (10a.), sustentada por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 2115, Tomo IV, Enero de 2018, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA LAS RESOLUCIONES QUE TIENDEN A OBSTACULIZARLA. El propósito de la Ley de Amparo, la razón que la inspira, al establecer en su artículo 107, fracción IV, que en tratándose de ejecución de sentencia el amparo sólo podrá promoverse contra la última resolución, y excluir, por ende, la procedencia del juicio constitucional contra las violaciones que anteriormente se hayan cometido durante ese mismo procedimiento, no es otro que el de impedir el abuso del amparo, evitar que se obstruya el curso del procedimiento, porque de otra suerte sería imposible llegar a culminar la ejecución de las sentencias. Siendo ésa la intención de la norma, es claro que en ésta no pueden quedar comprendidas las resoluciones que tiendan a negar, obstaculizar, entorpecer o retardar la ejecución, porque esto implicaría un fraude a la ley, en el que se incurre cuando so pretexto de respetar la letra se viola su espíritu. Por tanto, si en un caso la resolución reclamada tiende a obstaculizar o dificultar la ejecución de la sentencia, debe concluirse que no se está en la hipótesis de improcedencia del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo.". Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 31, Tomo XIII, Abril de 2001 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que establece: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente.". También es aplicable la jurisprudencia VI.2o. J/27, visible en la página 435, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: II, Septiembre de 1995, Novena Época, sustentada por el otrora Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que a la letra dice: "EJECUCIÓN DE SENTENCIAS. AMPARO IMPROCEDENTE. Si el acto reclamado consiste en una resolución dictada en ejecución de una sentencia y la cual no es la última en el procedimiento de ejecución, el juicio de garantías debe estimarse improcedente, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo." Con base en las anteriores consideraciones, se concluye que el juicio de amparo es improcedente, pues como ya se precisó, el acto reclamado no constituye la última resolución del procedimiento de ejecución de sentencia, por lo que se actualiza la causal en análisis y, en consecuencia, se impone desechar de plano la demanda de amparo respecto del acto marcado con el numeral dos, con apoyo en los artículos 107, fracción IV, en relación con el 61, fracción XXIII, y 113 de la ley de la materia. AUTORIZACIÓN DE ACUERDO. Realícese la autorización previa y definitiva de este auto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y una vez que las labores del juzgado lo permitan, se ordena imprimir y agregar el presente acuerdo al expediente físico a fin de favorecer el trabajo a distancia, como establece el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS COV-2 y los subsecuentes. Notifíquese personalmente por lista a la parte quejosa.

  4. Principal

    PRETENDE DESAHOGAR PREVENCIÓN. Visto lo de cuenta, y con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por imperativo expreso contenido en el precepto legal 2º de la Ley de Amparo, agréguese al expediente electrónico y físico una vez que las labores del Juzgado lo permitan para los efectos legales procedentes, el escrito de cuenta signado por Esthela Martínez Iturbide, por propio derecho y ostentándose como albacea de la sucesión Saúl Legorreta Fuentes, mediante el cual, en atención a la prevención de ocho de noviembre del año en curso, respecto al primer punto, pretender acreditar su personalidad como albacea de la citada sucesión con copia simple de la escritura nueve mil doscientos sesenta y tres, de catorce de abril de dos mil veintiuno, pasada ante la fe del Notario Público ciento cuarenta y cuatro del Estado de México y, exhibe la minuta en la que solicitó a la autoridad responsable copia certificada del citado instrumento notarial. De igual forma, en atención al punto segundo de la referida prevención, transcribe el proveído dictado el diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, en el juicio 92/2017. SUBSISTE PREVENCIÓN. No obstante lo anterior, se determina que subsiste la prevención formulada en actuaciones, pues si bien, desahoga el punto dos, no da cumplimiento al requerimiento uno, ya que el documento con el que pretende acreditar su personalidad como albacea de la sucesión Saúl Legorreta Fuentes, lo exhibe en copia simple, no así en copia certificada u original como le fue requerido, por tanto, carecen de valor probatorio. Es aplicable la jurisprudencia, consultable en la página quinientos diez, Tomo III, relativo al mes de mayo de mil novecientos noventa y seis, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "DOCUMENTOS OFRECIDOS EN FOTOCOPIAS SIMPLES, VALOR PROBATORIO DE. No se puede otorgar valor probatorio aun cuando no hayan sido objetadas en cuanto a su autenticidad, las copias simples de un documento, pues al no tratarse de una copia certificada, no es posible presumir su conocimiento, pues dichas probanzas por sí solas, y dada su naturaleza, no son susceptibles de producir convicción plena sobre la veracidad de su contenido, por la facilidad con la que se pueden confeccionar, por ello, es menester adminicularlas con algún otro medio que robustezca su fuerza probatoria, razón por la que sólo tienen el carácter de indicio al no haber sido perfeccionadas.". En ese sentido, se reitera que subsiste la prevención formulada el ocho del mes y año en curso y se hace del conocimiento que deberá desahogar la prevención en los términos precisados en el punto uno. Se precisa a la parte quejosa que le restan tres días de los cinco que le fueron concedidos para satisfacer la prevención formulada, en virtud de que fue notificada de aquélla el once de noviembre de dos mil veintiuno por medio de lista, surtiendo efectos el doce siguiente, y fue hasta el diecisiete de los actuales, que depositó el ocurso que se atiende en el buzón judicial. Se apercibe a la promovente que para el caso de no desahogar en sus términos el requerimiento precisado, se le hará efectivo el apercibimiento con el cual se le conminó en la prevención de que se trata. Es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 39/2012 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 400, del Tomo I, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de mayo de dos mil doce, Décima Época, con número de registro 2000702, que establece: "ACLARACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO. EL AUTO QUE RECAE A LA PROMOCIÓN DEL QUEJOSO PRESENTADA ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO CONCEDIDO PARA HACERLA, PERO SIN CUMPLIR CON LAS PREVENCIONES IMPUESTAS, DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE. Cuando la quejosa presenta su escrito de aclaración de demanda de amparo en el primero o segundo de los tres días que integran el plazo previsto en el artículo 146 de la Ley de Amparo, pero sin cumplir con las prevenciones impuestas, el juez de distrito debe emitir un acuerdo en el que determine que no las acató, señalando las omisiones en que incurrió para darle oportunidad de subsanarlas dentro del mismo término, el cual se interrumpe con la presentación del ocurso aclaratorio, y se reanuda al día siguiente al en que surta efectos la notificación de ese auto, la cual debe realizarse personalmente, conforme al primer párrafo del artículo 30 de la ley de la materia, con el fin de asegurar el conocimiento fehaciente y oportuno de dichas razones por el agraviado y evitar que se vuelva nugatorio su derecho a subsanar las deficiencias detectadas cuando aún está en tiempo para hacerlo.". Igualmente, es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 106/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 133, del Tomo XVIII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de noviembre de dos mil tres, Novena Época, con número de registro 182896, que establece: "AMPARO. ACLARACIÓN DE DEMANDA. SI LA PROMOCIÓN DE CUMPLIMIENTO SE PRESENTA ANTES DEL TÉRMINO, EL JUEZ DEBE ACORDAR SI SE ACATÓ LA PREVENCIÓN, SEÑALANDO, EN SU CASO, LAS OMISIONES, PARA DAR OPORTUNIDAD AL PROMOVENTE DE SUBSANARLAS, PERO DENTRO DE AQUEL TÉRMINO. De conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está facultado para mandar aclarar el escrito inicial de demanda cuando advierta alguna irregularidad, se haya omitido alguno de los requisitos a que se refiere el artículo 116 de la ley citada, no se haya indicado con precisión el acto reclamado o no se hayan exhibido las copias correspondientes a que alude el artículo 120 de dicho ordenamiento, debiendo precisar en el auto relativo las irregularidades o deficiencias advertidas, a fin de requerir al promovente para que en el término de tres días las subsane. Ahora bien, si se toma en cuenta que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la mencionada ley, según su artículo 2o., todas las promociones deberán acordarse a más tardar al día siguiente de presentadas, y en atención al principio de justicia pronta y expedita consignado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el de economía procesal, es indudable que cuando el quejoso en el primer o segundo de los tres días señalados en el referido artículo 146, presenta un escrito mediante el cual pretende cumplir con la prevención que le fue impuesta, el Juez debe emitir un acuerdo en el que tenga por presentado dicho escrito y admita la demanda si se satisfizo lo ordenado, o bien, en caso de no cumplir con tal requerimiento, señale las omisiones o defectos que aún subsistan para darle oportunidad de subsanarlos antes del vencimiento de esos tres días, ello en razón de que dicho término se le otorga en su beneficio. De no actuar así, se impediría al promovente enterarse de las razones por las cuales no está cumpliendo cabalmente con la prevención que le fue formulada, pese a estar en posibilidad temporal de aclarar su escrito de demanda.". AUTORIZACIÓN DE ACUERDO. Realícese la autorización previa y definitiva de este auto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y una vez que las labores del juzgado lo permitan, se ordena imprimir y agregar el presente acuerdo al expediente físico a fin de favorecer el trabajo a distancia, como establece el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS COV-2 y los subsecuentes. Notifíquese; y personalmente por lista a la promovente.

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