Esthela Maria Garcia Zarate

Expediente 603/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 5 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
603/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
05/07/2022

Partes del expediente

  • Esthela Maria Garcia Zarate

Actuaciones

  1. Principal

    Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, cinco de julio de dos mil veintidós. Agrega informe justificado. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a estos autos el informe justificado signado por el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado. Vista. Con su contenido dése vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Pruebas. Por otra parte, con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la autoridad responsable las documentales que anexó a su oficio de cuenta. Actualiza causal de improcedencia. Ahora bien, del informe justificado y anexos remitidos por el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, la suscrita advierte que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVII, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente; [.]." De dicho dispositivo legal se advierte que la improcedencia del juicio de amparo, contra actos emanados de un procedimiento judicial, se actualiza cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento, sin afectar la nueva situación jurídica. Así, tenemos que tal hipótesis se surte, cuando concurren los siguientes elementos: a) Que exista un acto de autoridad emanado de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad se emita un nuevo acto en el mismo procedimiento, con el cual se produzca una nueva situación jurídica; c) Que por virtud de ello, deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones respecto del primer acto, por no poder subsanarse aquellas sin afectar la nueva situación jurídica. d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó y la nueva determinación adoptada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Al respecto, es aplicable la tesis aislada número 2ª.CXI/96, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la foja 219, Tomo IV, Diciembre de 1996, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CAMBIO DE SITUACION JURIDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." Así como la tesis aislada sin número, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 145, Tomo VIII, Septiembre de 1991, Materia Común, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, POR CAMBIO DE SITUACION JURIDICA. CUANDO SE ACTUALIZA. Del texto del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo vigente, se desprende que la acción constitucional es improcedente, cuando se esté en presencia de un acto dictado dentro de un procedimiento, sea éste judicial o administrativo, y con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se produce un acto que trae por resultado el cambio de situación jurídica, de tal manera que no sea posible analizar el acto reclamado sin que al hacerlo se afecte la situación creada por el nuevo acto que no fue reclamado en el juicio, resultando por lo tanto irreparablemente consumadas las violaciones cometidas por el acto reclamado. Esta causa de improcedencia se refiere a la irreparabilidad jurídica, no a la física que hace imposible la restauración de las cosas al estado en que se encontraban con anterioridad a la consumación del acto reclamado. En efecto, tratándose de esta causa de improcedencia, no existe imposibilidad física para reparar las violaciones que hubiera ocasionado el acto reclamado, pero existe un impedimento jurídico para ello, toda vez que, el permitir la destrucción de actos de autoridad que escapan a la litis planteada en el juicio constitucional, cuyo sustento legal no puede valorarse, por no formar parte de la litis en el juicio, y que quizá justifican legalmente la existencia o subsistencia del acto que se reclamó en el amparo, constituiría una extralimitación de la sentencia constitucional al conocer el amparo invalidando como consecuencia, un acto de autoridad cuya legalidad o constitucionalidad no ha sido ni controvertida ni resuelta conforme a derecho, esta es la razón que justifica plenamente la existencia de la causal que analizamos. Es muy importante observar que el elemento principal de este motivo de improcedencia de la acción de amparo, es el cambio de situación jurídica, es decir, la posición de la quejosa frente al orden jurídico derivado de la realización de ciertos actos y de la aplicación de ciertos preceptos a su caso en particular. Ese cambio de situación jurídica, para ser causa de improcedencia debe efectuarse dentro de un procedimiento, judicial o administrativo. Se ha entendido en términos genéricos como una sucesión de actos ligados por un nexo de causalidad, cada uno de los cuales es consecuencia del anterior y presupuesto del siguiente, y aunque usualmente la ilegalidad de uno de ellos produce la insubsistencia de todos los posteriores, esto no sucede cuando se dictan actos, que por su existencia o validez, gozan de autonomía frente a los anteriores, de modo que pueden subsistir con independencia de que los anteriores sean abiertamente ilegales, por lo cual se dice que estos actos con autonomía han cambiado la situación jurídica que existía, produciendo la irreparabilidad jurídica de las violaciones constitucionales que se hayan realizado con anterioridad. También es necesario para que se actualice la causal de improcedencia en estudio, que no pueden examinarse las violaciones alegadas por el quejoso respecto al acto que reclama, sin que al hacerlo se afecte la nueva situación jurídica creada por el acto sobrevenido, esto es, si el tribunal de amparo analiza el acto reclamado y declara fundadas las objeciones del quejoso, tendría que anularlo por efecto de la sentencia protectora, dejando inexistente una parte del procedimiento y subsistiendo el acto autónomo posterior y sus consecuencias, lo que sería lógica y jurídicamente inadmisible, y contrario a la finalidad del juicio de garantías, pues la sentencia de amparo no podría restituir al quejoso en el goce de sus garantías individuales violadas, debiendo en tal caso considerar consumadas en forma irreparable las violaciones sufridas por el quejoso." En la especie, se reclama de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, la omisión de emitir el acuerdo relativo al escrito presentado por la quejosa el veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, a través del cual, por una parte manifestó no ser su deseo ratificar el convenio celebrado el veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, en autos del expediente laboral 05315/2020/1, y por otra, solicitó se designara nueva fecha y hora para llevar a cabo la diligencia de reinstalación; promoción respecto de la cual, a la fecha de presentación de la demanda de amparo, no había recaído acuerdo alguno por parte de la responsable. Por otra parte, de las constancias que el Presidente de la Junta responsable acompaña a su informe de ley, a las cuales se le concede valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2, al tratarse de un documento expedido por funcionario público en ejercicio de sus funciones, se advierte que mediante proveído de veintiuno de junio de dos mil veintidós, emitido en el citado juicio laboral 05315/2020/1, las partes en el juicio de origen celebraron un convenio sujeto a ratificación, mismo que fue aprobado y sancionado por la responsable, elevándolo a la categoría de "laudo consentido por las partes", condenándose a las mismas a estar y pasar por él en todo tiempo, forma y lugar. En ese tenor, se estima que en el caso se actualiza la causa de improcedencia en estudio, al actualizarse los requisitos antes precisados, pues por lo que respecta al a), esto es, que exista un acto de autoridad emanado de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, debe decirse que el acto reclamado se generó dentro del expediente 05315/2020/1, relativo al juicio laboral de la estadística de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado. En lo que toca al requisito precisado en el inciso b), consistente en que con posterioridad se emita un nuevo acto en el procedimiento, con el cual se produzca una nueva situación jurídica, se actualiza en el caso en estudio, pues con fecha veintiuno de junio de dos mil veintidós, la autoridad responsable emitió una nueva determinación a través de la cual aprobó y sancionó el convenio celebrada entre las partes, elevándolo a la categoría de "laudo consentido", condenándose a las mismas a estar y pasar por él en todo tiempo, forma y lugar. De ahí que la omisión recamada dejó de surtir efectos legales propios con motivo de la determinación de veintiuno de junio de dos mil veintidós, dictada en el juicio laboral 05315/2020/1, y por tanto, sustituyó procesalmente al acto reclamado. De lo que se sigue que en el caso se actualice el supuesto previsto en el inciso c), puesto que por virtud de la emisión de dicha determinación (de veintiuno de junio de dos mil veintidós), deben considerarse consumadas irreparablemente las posibles violaciones respecto de la omisión reclamado, ya que no podrían ser subsanadas sin afectar la nueva situación jurídica. De lo que resulta, que este órgano federal se encuentra legalmente imposibilitado para hacer un pronunciamiento con respecto a las violaciones alegadas por la amparista, pues no podría concederse la protección federal solicitada sin afectar la nueva situación jurídica creada por la subsecuente determinación que puso fin al procedimiento de origen, que impera en el expediente del que deriva el acto tildado de inconstitucional. Finalmente, en el caso también se actualiza el elemento previsto en el inciso d), ello pues aun cuando el acto que aquí se reclama resultara inconstitucional, la determinación de veintiuno de junio de dos mil veintidós, subsistiría, al no depender de éste. Sobreseimiento fuera de audiencia. En consecuencia, al haber sobrevenido en el presente juicio de amparo la causa de improcedencia anteriormente analizada, con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el diverso 61, fracción XVII, ambos de la Ley de Amparo, procede sobreseer en este juicio fuera de audiencia constitucional. Es aplicable a la anterior determinación la tesis de Jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a continuación se transcribe: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Sin efectos fecha de audiencia. Por tal motivo, queda sin efecto la audiencia constitucional señalada para las DOCE HORAS DEL TRECE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, en autos del presente juicio de amparo.

  2. Principal

    Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, trece de junio de dos mil veintidós. Estado de autos. Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se desprende que en la constancia de notificación del oficio 14300/2022 dirigido a la autoridad responsable Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, obra un sello de recibido que corresponde a la Agencia del Ministerio Público de la Federación adscrita a la Sección de Amparos de los Juzgados Cuarto, Sexto y Octavo de Distrito en el Estado, sin que exista diversa constancia de entrega del referido oficio a la autoridad a la que iba dirigido, por tanto no se tiene la certeza de que dicho oficio se haya notificado. Regularización. En tal virtud, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al 2° de la Ley de Amparo, se regulariza el procedimiento para notificar inmediatamente el oficio dirigido a la autoridad responsable Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, a efecto de que dentro del término de quince días rinda su informe justificado. Diferimiento. A efecto de dar oportunidad a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se programan las DOCE HORAS DEL TRECE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo la misma.

  3. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, trece de mayo de dos mil veintidós. Estado de autos. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que mediante proveído de tres de mayo del año en curso, se ordenó reenviar el oficio 3140/2021-II, dirigido al Juzgado Sexagésimo Tercero de lo Civil en la Ciudad de México, por el que se le notificaría la determinación de diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno y se solicitó su informe previo Diferimiento de audiencia. En virtud de lo anterior, y para dar margen a que la autoridad responsable sea notificada del citado proveído, se difiere la celebración de la audiencia constitucional programada para el día de hoy, y en su lugar se señalan las DIEZ HORAS CON DOS MINUTOS DEL VEINTE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo la misma, atendiendo a la saturación de la agenda del juzgado. Notifíquese por medio de lista en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.Lo proveyó y firma la licenciada Aracely del Rocío Hernández Castillo, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado Diego Alonso Ávila Veyna, Secretario que autoriza y da fe.

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