Esthela Guadalupe Calanche Sanabria
Expediente 1234/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1234/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 28/08/2023
Partes del expediente
- Esthela Guadalupe Calanche Sanabria
Actuaciones
- Principal
VII. De la certificación que antecede, se advierte que el término previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo para interponer recurso de queja contra el auto de once de agosto del año en curso, en el que SE DESECHÓ LA DEMANDA AMPARO, transcurrió sin que la parte quejosa haya hecho valer tal derecho; en consecuencia, con fundamento en el numeral 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria por imperativo expreso del ordinal segundo de la Ley de Amparo, por identidad jurídica, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO para los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones respectivas en los Libros de Control. En términos del artículo 34 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal, ya citado: ARCHÍVESE ESTE ASUNTO COMO CONCLUIDO y dese cumplimiento a las circulares 2/2020 y 8/2023, con la finalidad de que se prepare el acta de destrucción.
- Principal
VII. Se hace efectivo el apercibimiento decretado mediante aviso de catorce de agosto de dos mil veintitrés y se notifica por lista a la parte quejosa el acuerdo de once de agosto del año en curso, que en síntesis dice: Se agrega el oficio con el que el Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, comunica que el asunto quedó registrado con el orden ****, lo cual acredita con la impresión de la boleta respectiva. Téngase por recibido el escrito con el que la quejosa desahoga el requerimiento realizado en auto de ocho de agosto pasado. DESECHAMIENTO En el caso, se advierte que se actualiza la hipótesis de improcedencia del juicio de amparo prevista en el artículo 61, fracción XX, de la ley de la materia, dado que la parte peticionaria del amparo estaba obligada a agotar el principio de definitividad, promoviendo al respecto el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México. El texto de los preceptos transcritos establece la improcedencia del juicio de amparo indirecto en materia administrativa, en el supuesto de que contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar aquél, sin exigir mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva. PROCEDENCIA DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ANTE EL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MÉXICO. Debe destacarse que el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo hace referencia a la no exigencia de mayores requisitos, lo cual significa que si la ley reglamentaria del recurso, juicio o medio de defensa, señala iguales o menores requisitos que los previstos en la ley de la materia para conceder la suspensión definitiva, el principio de definitividad debe regir en ese caso y, por consecuencia, previamente a promover el juicio de amparo la parte quejosa deberá agotar esos medios ordinarios de impugnación. Acto de autoridad administrativa El primero de los requisitos se encuentra satisfecho, ya que el acto reclamado se atribuye a autoridades que por su naturaleza son de carácter administrativo, ya que no forma parte de los tribunales judiciales, administrativos o de trabajo; de ahí que se colme el primer requisito en comento. Procedencia de un medio ordinario de defensa. En relación con el segundo de los requisitos consistente en que contra el acto reclamado proceda un medio ordinario de defensa previsto en la ley formal y material, que pueda tener por objeto, revocar, modificar o confirmar el acto reclamado, éste también se encuentra satisfecho. En ese sentido, debe entenderse que los sujetos afectados por los actos administrativos tienen a su alcance el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México. De igual modo, se tiene que el medio de defensa -juicio contencioso administrativo- procede contra resoluciones administrativas y fiscales que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios o de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, por violaciones cometidas en las mismas. Por consiguiente, es palmario que contra el acto reclamado procede el juicio contencioso administrativo, toda vez que fue realizado por una autoridad del ejecutivo estatal y, con dicho medio ordinario la quejosa se encuentra en condiciones de combatir el acto que aquí reclama; de ahí que se colme el segundo requisito consistente en que exista un juicio, recurso o medio de defensa ordinario. Además, dicho medio de impugnación se encuentra contenido en una ley formal y material, ya que el Código de Procedimientos Administrativos fue emitido por la Legislatura del Estado Libre y Soberano de México. Excepciones al principio. Por otra parte, debe decirse que la parte quejosa tampoco se ubica en alguna excepción al principio de definitividad en materia administrativa, toda vez que si bien puede promoverse en forma inmediata el juicio de amparo, sin agotar los recursos ordinarios o medios de defensa que la ley señale, cuando se reclaman violaciones directas a la Constitución Federal, situación que no acontece en el asunto que se analiza. Además, no se puede dejar al arbitrio de la parte quejosa determinar la procedencia del juicio de amparo con sólo invocar violaciones directas a la Ley Suprema, lo que no puede permitirse en aras de preservar el carácter de medio extraordinario de defensa del juicio de amparo; máxime que las violaciones que alega la parte quejosa pueden ser materia de análisis ante la autoridad administrativa ordinaria. Sobre esa base, se concluye que el justiciable debió agotar el medio ordinario de defensa procedente antes de acudir a la vía constitucional, dado que no se actualizó el supuesto de excepción de la causa de improcedencia anunciada. En esa virtud, si la promovente no acreditó haber agotado previamente a la promoción del juicio de amparo, el juicio contencioso administrativo contemplado en la ley estatal de la materia, por lo que resulta improcedente la acción constitucional intentada por vía de amparo, dada la inobservancia del principio de definitividad en que incurrió, pues mediante la interposición de dicho medio ordinario de defensa estuvo en condiciones de obtener la modificación, revocación o nulificación del acto que combate; máxime que según se ha visto, no se actualiza alguna de las excepciones que para tal efecto existen. PROCEDENCIA DE LA VIA LABORAL. En efecto, la quejosa también se encontraba en aptitud de impugnar la omisión de realizar el pago de su pensión otorgada mediante dictamen ***, por parte del Jefe del Departamento de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios ante el órgano en materia de trabajo competente, con motivo de la naturaleza del derecho que dice le fue vulnerado. Sobre ese punto, es conveniente destacar que si bien, la pensión generadora del derecho que reclama la promovente se generó con motivo de la cotización que se realizó en el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios y, la prestación en cuestión consiste en la omisión de realizar el pago de su pensión otorgada mediante dictamen ***, con motivo de la relación de trabajo que la servidora **** mantuvo con el Estado, de ahí que corresponde la legal competencia al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje. En esa tesitura, se estima que la solicitante de amparo estaba en aptitud de acudir ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje para reclamar la omisión de realizar el pago de su pensión otorgada mediante dictamen ****, por parte del Jefe del Departamento de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios. Por lo tanto, si en la especie la quejosa reclama la omisión de realizar el pago de su pensión otorgada mediante dictamen **** por parte del Jefe del Departamento de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios; el cual, es organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios- de pagar la pensión otorgada, se evidencia que la justiciable estuvo en aptitud de controvertir tal determinación, ya sea a través del juicio contencioso administrativo o mediante la vía laboral a substanciarse ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, precisamente por reclamarse un derecho de seguridad social. CONCLUSIÓN En las condiciones anotadas, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 del citado ordenamiento legal.
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