Ester Ramírez Gómez
Expediente 1325/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 19 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1325/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 19/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Director General de la Comisión Nacional de Agua
- Ester Ramírez Gómez
Actuaciones
- Principal
V.- Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa no interpuso el recurso de queja previsto en el artículo 97, fracción I, inciso a), dentro del término previsto en el diverso 98, de la Ley de Amparo, en contra del auto de siete de diciembre de dos mil veintidós, por el que se desechó la demanda de garantías promovida por... por derecho propio; en consecuencia, con fundamento en el artículo 288, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído. Háganse las anotaciones respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y, en el libro de gobierno; asimismo, una vez que se integre el expediente físico derivado del presente asunto y sin ulterior acuerdo, archívese como total y definitivamente concluido. Ahora bien, toda vez que el presente expediente se encuentra dentro de la hipótesis del inciso b), artículo 21, contenido en el capítulo octavo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el cual en lo que interesa dice: ... En tal virtud, este juicio de amparo es susceptible de destrucción, por lo que una vez que transcurra el término de tres años que establece el citado acuerdo, dese cumplimiento y procédase a su destrucción; lo anterior, por no ubicarse en ninguno de los supuestos que regula el artículo 15, capítulo quinto, del referido acuerdo. Por lo anterior, de conformidad con el antepenúltimo párrafo del artículo 21, del citado Acuerdo General, requiérase a la parte quejosa, para que, en el término de noventa días, contados a partir de que surta efectos la legal notificación del presente proveído, comparezca ante este Juzgado de Distrito con identificación oficial vigente, a recoger los documentos que acompañó a su escrito de demanda; apercibida que, de no hacerlo así, podrá ser destruido junto con éste.
- Principal
V.- Agréguese a los autos el escrito de cuenta, signado por la quejosa... por medio del cual, da cumplimiento a la prevención efectuada en proveído de veintiocho de noviembre del año en curso; por tanto, se tiene a la parte quejosa promoviendo el presente juicio de amparo, únicamente respecto del acto atribuido a la Unidad de Riego para el Desarrollo Rural Potrero de la Olla, del Municipio de Apaxco, Estado de México; en ese sentido, se provee: En primer término, es importante precisar que el artículo 113, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, constitucionales, establece que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano sin suspender el acto reclamado. Por tanto, es dable transcribir el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual señala: ... Del precepto de mérito, se advierte la facultad para desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Resulta aplicable por los motivos que la informan, la Jurisprudencia VI.2o. J/290, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 80, Agosto de 1994, Octava Época, página 64, cuyo rubro y texto es: ... En ese tenor del ocurso aclaratorio se advierte que... por propio derecho, reclama de la Unidad de Riego para el Desarrollo Rural Potrero de la Olla, del Municipio de Apaxco, Estado de México, la negativa de entregar vales de riego agrícola para la parcela número... y como consecuencia de ello, la suspensión del suministro del servicio de aguas negras para riego agrícola, no potable, conforme a la concesiónotorgada a la Unidad responsable. En el caso concreto, la suscrita estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 5º, fracción II, aplicado a contrario sensu, de la Ley de Amparo, por las siguientes consideraciones. Los preceptos legales citados establecen: ... Del análisis sistemático de los preceptos transcritos se advierte que la procedencia del juicio de amparo exige que en éste se impugnen actos que provengan de autoridad, entendiéndose por tal aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, pero no sólo que actúe con ese carácter, sino que en forma individualizada, por medio de facultades decisorias y con base en disposiciones legales o de hecho, imponga obligaciones, modifique las existentes o limite los derechos de los particulares, es decir, que trastoque los derechos humanos de éstos. En este punto, cabe destacar que la disposición en estudio no establece una definición clara de lo que debe entenderse por autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, ya que sólo se refiere que es quien dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, esto es, únicamente se mencionan las formas en que la autoridad puede llevar a cabo aquellos actos de los entes u órganos del Estado que pueden ser materia de estudio en el juicio de garantías, pero no especifica las cualidades que debe reunir una autoridad para ser considerada como tal, exclusivamente para efectos de la procedencia del sumario constitucional. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado diversos criterios a fin de dilucidar ese concepto para efectos del juicio de amparo, en términos de la legislación de amparo abrogada, los cuales se invocan por analogía. Al respecto, debe decirse que de acuerdo con los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en interpretación del artículo 11 de la legislación de amparo abrogada, "autoridad responsable" para efectos del juicio de amparo, es la que con fundamento en una ley de orden público ejerce un poder jurídico que de manera unilateral, por sí y ante sí, crea, modifica o extingue situaciones jurídicas concretas en perjuicio de los gobernados, según se corrobora del contenido de la tesis PXXVII/97 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, Febrero de 1997, página 118, con rubro y texto siguientes: ... De lo anterior se tiene que además de los actos que puede llevar a cabo una autoridad según el artículo 5º, fracción II, de la Ley de Amparo (dictar, ordenar, ejecutar o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria), de acuerdo con la definición que sobre el particular se expone en el criterio citado del Máximo Tribunal de la Nación, autoridad es la que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad, pero que indefectiblemente inciden en la esfera de los particulares considerados como tales. Asimismo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación precisó las notas distintivas que debe revestir un órgano o ente para ser considerado como autoridad para efectos del juicio de amparo, en términos de la jurisprudencia 2a./J.164/2011, visible en la página 1089 del Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del contenido literal siguiente: ... Así, del criterio invocado se colige que las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de "supra a subordinación" con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales, ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Ahora bien, como relaciones jurídicas que derivan de la actuación del Estado y sus órganos, existen las siguientes: Las relaciones de coordinación, que son los vínculos que se entablan por una diversidad de causas, entre dos o más personas físicas o morales, en su calidad de gobernados, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por sí, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas en la ley, de tal modo que ambas están en el mismo nivel; de ahí que exista una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de supra a subordinación son las que surgen entre los órganos de autoridad, por una parte y el gobernado, que obedecen al actuar de los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado; entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contenciosoadministrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional el juicio de amparo. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución y los tratados internacionales establecen una serie de derechos fundamentales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad, sin necesidad de acudir a los tribunales, porque con base en disposiciones legales o de hecho, impone obligaciones, modifica las existentes o limita los derechos de los particulares. Dicho de otro modo, en esas relaciones la autoridad desempeña frente al particular los actos propiamente dichos, que tienen como características la unilateralidad, la imperatividad y la coercitividad. Tales actos son unilaterales porque su existencia depende sólo de la voluntad de la autoridad; son imperativos en virtud de que se imponen aun en contra de la voluntad del gobernado, y son coercitivos dado que si no se acatan voluntariamente, se puede lograr su cumplimiento coactivo mediante el uso de la fuerza pública. Lo anterior significa que el calificativo del acto de autoridad involucra a un órgano del Estado constituido por una persona o por un cuerpo colegiado, quien ejecuta ciertos actos en ejercicio del poder de imperio, actos que modifican, crean o extinguen una situación de hecho o de derecho por medio de una decisión, con la ejecución de esa decisión, o bien por ambas. Ahora bien, en el caso, el quejoso se duele de actos relacionados con la suspensión del suministro del servicio de aguas negras para riego agrícola, no potable, conforme a la concesión otorgada a la Unidad de Riego para el Desarrollo Rural Potrero de la Olla, del Municipio de Apaxco, Estado de México, por lo que se evidencia que dicho acto no es atribuido a una autoridad a quien le revista tal carácter para efectos del juicio de amparo. Para robustecer lo anterior, es necesario invocar los numerales 58, 59 y 62 de la Ley de Aguas Nacionales que disponen: ... Así como, el artículo 3° de Ley Agraria, que establece: ... De tales transcripciones se advierte que los productores rurales se podrán asociar entre sí para formar personas morales, con la finalidad de integrar sistemas que puedan proporcionar servicios de agua para riego, constituyendo así una unidad de riego con diversos objetos, como la construcción de obras de infraestructura para riego y su operación en las diferentes modalidades, para prestar el servicio de riego a sus usuarios. Todo ello supervisado por una "Autoridad del Agua", la cual intervendrá en la administración conforme al reglamento establecido para el uso de las aguas de cada unidad de riego; asimismo, también contará con la facultad sancionadora para su uso. En ese sentido, si la promovente de amparo insta esta vía constitucional como usuario integrante de la Unidad de Riego para el Desarrollo Rural Potrero de la Olla, del Municipio de Apaxco, Estado de México, es evidente que tiene el carácter de usuario de la Unidad de Riego convenida libremente, por lo que forma parte de dicha Unidad, de tal manera que las acciones que se deriven de dicho acuerdo de voluntades se acordaron entre particulares sin imperio ni coerción, al contrario con libertad de asociación, por lo que el acto que reclama consistente en la suspensión del servicio del agua para riego agrícola, otorgada a la Unidad de Riego responsable, que dice le fue informado por la Mesa Directiva, no es materia de análisis constitucional, En efecto, la integración, funcionamiento, administración, representación, facultades y obligaciones derivadas del reglamento interno de la Unidad de Riego; no otorga a los miembros de la Mesa Directiva, frente a los usuarios de la Unidad de Riego, el carácter de autoridad responsable, para los efectos del juicio de amparo, porque las relaciones entre ellos son de coordinación (y no de supra a subordinación); además de que las funciones de dicho órgano, están determinadas en el reglamento que lo creó y, por ello, deben acudir a dilucidar las eventuales controversias que se susciten entre su miembros ante la autoridad competente. Máxime, que para que un acto pueda reputarse proveniente de una autoridad agraria, además de crear, reconocer, modificar o extinguir algún derecho, debe ser imponible y ejecutable aun en contra de la voluntad de los gobernados, lo que en el caso, de los actos de la citada Unidad de Riego no acontece, pues no se advierte en la ley dispositivo alguno que les otorgue esa facultad de imperio, puesto que dicha Unidad se constituyó conforme a lo dispuesto en los artículos 58 y 59 de la Ley de Aguas Nacionales, formaron una Mesa Directiva, integrada por un Presidente, Secretario y Tesorero con suplentes y vocales respectivos, con el propósito de construir y operar su propia infraestructura para prestar el servicio de riego a sus miembros, entre los cuales se encuentra la quejosa. A mayor abundamiento, el reglamento de la Unidad de Riego para el Desarrollo Rural Potrero de la Olla, del Municipio de Apaxco, Estado de México, en su artículo 19 establece: "La Asamblea de Usuarios de la Unidad de Riego, es la máxima autoridad de la Asociación de Usuarios, en la cual se ventilarán y resolverán los problemas y conflictos que se presentan en las actividades de la misma, siendo la Mesa Directiva la encargada de su atención: en caso de que no se solucionen algunos aspectos en el seno de la Asociación de Usuarios, se acudirá al Comité Directivo a la Delegación de la SAGAR en la entidad, como órgano máximo de gobierno. De ahí que, la Unidad de Riego para el Desarrollo Rural Potrero de la Olla, del Municipio de Apaxco, Estado de México, no puede hacer cumplir sus determinaciones en forma coercitiva, por medio de su Mesa Directiva, pues sus acuerdos son obligatorios únicamente para los ejidatarios, no ejecutables contra su voluntad, de manera que se trata de cuestiones entre particulares, sin imperio ni coerción. Resulta aplicable, en lo conducente la tesis XXVII.3o. J/18 (10a.), visible en la página 2184, Libro 16, Marzo de 2015, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro digital 2008595, que establece: ... De lo expuesto, es dable concluir que el acto exclusivamente relacionado con la suspensión del suministro del servicio de aguas negras para riego agrícola, no potable, conforme a la concesión otorgada a la Unidad responsable; para la parcela número... no puede ser considerado como acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que no existe una relación de supra a subordinación entre la Unidad de Riego para el Desarrollo Rural Potrero de la Olla, del Municipio de Apaxco, Estado de México, y el usuario de tal servicio, sino una relación de coordinación entre la empresa suministradora y los particulares, pues la señalada unidad no obra con imperio, característica de los actos de autoridad. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 5°, fracción ll, y 113, de la Ley de Amparo, procede a desechar de plano la demanda de garantías intentada por... Similar criterio adoptó el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, al resolver el recurso de revisión 184/2021; lo que constituye un hecho notorio para quien suscribe; sirve de apoyo en lo conducente, la jurisprudencia P./J. 16/2018 (10a), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, Décima Época, página 10, cuyo rubro y texto es: ...
- Principal
V.- Vista la demanda promovida por... por propio derecho, contra actos del Director General de la Comisión Nacional del Agua y otra autoridad; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno con el número 1325/2022-V. Ahora bien, con fundamento en los artículos 108, fracción II y III, en relación con el diverso 110, 114, fracción I, II y V, de la Ley de Amparo, se previene al ocursante para que dentro del término de cinco días contados a partir del siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, de cumplimiento a lo siguiente: Primero. Deberá indicar el nombre y domicilio de la parte tercero interesada, en virtud de que si bien en el capítulo respectivo, manifestó: "No hay"; sin embargo, la potestad de determinar ese aspecto corresponde a la suscrita y no así a la parte quejosa, además de que es un requisito formal previsto en el artículo 108, de la Ley de Amparo; en el entendido de que, si no lo conoce, así deberá manifestarlo bajo protesta de decir verdad. Lo anterior se considera necesario, en virtud de que pudiera existir diversa persona y/o personas con intereses contrarios a los de la promovente del amparo, toda vez que el acto reclamado deriva de una presunta prestación de servicios, lo que implica la existencia de persona alguna que actúa como su contraparte. Resulta aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia P./J. 4/2020 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 79, Octubre de 2020, Tomo I, página 19, de rubro y texto siguiente: ... Segunda. Deberá precisar qué acto reclama al Director General de la Comisión Nacional del Agua, habida cuenta que si bien, en el apartado respectivo señala la suspensión del servicio de agua negra para riego agrícola, no potable; cierto es, que del mismo señalamiento se advierte que el acto reclamado deriva de una concesión otorgada a la Unidad de riego para el desarrollo rural potrero de la olla. Asimismo, de la narrativa de los antecedentes del acto reclamado, no se advierte la participación del Director General de la Comisión Nacional del Agua, o bien, aquellos actos tendientes en los que haya participado; lo anterior además, tomando en consideración que la Comisión Nacional del Agua, es un ente encargado de la administración de las aguas Nacionales. En ese sentido, es inconcuso que no se advierte el acto que le reclama al Director General de la Comisión Nacional del Agua; lo que resulta necesario para fijar la litis constitucional; por lo que deberá precisar concretamente que acto le atribuye a dicha autoridad dentro de sus respectivas facultades. Apoya a lo anterior, la tesis I.7o.A.100 K, sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, tomo XXIII, abril de dos mil seis, página novecientos noventa, novena época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto señalan: ... Tercero.- Por otra parte, deberá exhibir una copia más de su libelo de cuenta, ya que sólo anexo tres y para la tramitación del presente asunto, se requieren cuatro, para distribuirse de la siguiente manera: dos para las autoridades responsables, una para la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, y una para el incidente de suspensión solicitado. Asimismo, en su caso, las relativas para correr traslado a la parte tercero interesada. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia identificada con la clave 1a./J.106/2005, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ciento setenta, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octubre de dos mil cinco, Novena Época, del tenor literal siguiente: ... Cuarto.- En atención a que los datos que se les requiere, son requisitos esenciales de la demanda, en términos del artículo 108, fracción II y III, en relación con el diverso 110, 114, fracción I, II y V, de la Ley de Amparo, deberá exhibir cuatro copias del escrito en que desahogue la prevención de mérito, para distribuirlas de la siguiente manera: dos para las autoridades responsables, una para la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, y una para el incidente de suspensión solicitado. Asimismo, en su caso, las relativas para correr traslado a la parte tercero interesada. Lo anterior con apoyo en la jurisprudencia número VII/2001, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de veintinueve de marzo de dos mil uno, cuyo texto señala: ... Apercibida que de no cumplir en sus términos la prevención formulada, se procederá de conformidad con lo establecido en el penúltimo párrafo del artículo 114, de la Ley de Amparo, esto es, se tendrá por no presentada la demanda. Por otro lado, se tiene como autorizados de la parte quejosa únicamente para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos, en términos de la parte final del artículo 12 de la Ley de Amparo, a... por no encontrarse registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales; tal y como se advierte de la certificación de cuenta. Sirve de apoyo a lo anterior por los motivos que expone, la tesis I.11o.A.4.A, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Abril de dos mil seis, visible en la página 1188, que es del tenor literal siguiente: ... Ahora bien, toda vez que la parte quejosa señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones el boletín judicial y la lista que se pública en los estrados de este juzgado; respecto del primero de ellos no ha lugar a tenerlo como lugar para tal efecto, en virtud de que no se encuentra contemplado en la ley de la materia, para ese efecto; y por lo que hace al segundo de los citados, de conformidad con el artículo 3° párrafo segundo de la Ley de Amparo, se tiene por hecha su manifestación y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, inciso a), del ordenamiento legal en cita, téngasele como domicilio para oír y recibir notificaciones las listas que se fijan en los estrados de este órgano jurisdiccional, o bien, en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; de conformidad con el artículo 209 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo. Apoya esta consideración por los motivos que expone, la tesis XXII.1º.22K, del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, página mil sesenta y siete, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del tenor siguiente: ... De conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 de la Ley de Amparo y 21, 22 y 24 del Acuerdo General Conjunto 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se instruye a los secretarios y demás personal de este juzgado de Distrito para formar el cuaderno impreso y electrónico del presente asunto. Por tanto, dichos servidores públicos deben digitalizar las constancias de este juicio que se presenten de manera impresa, las cuales deben ser legibles para su consulta por las partes en el expediente electrónico; además, quedan instruidos para imprimir las constancias que se presenten de forma electrónica, para incorporarlas al expediente impreso. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 106 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se instruye a los secretarios del juzgado a efecto de que elaboren la versión pública de la sentencia y/o resolución que al efecto se dicte en este juicio de amparo, con estricto apego a dichos ordenamientos legales y demás normatividad aplicable. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 8º de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en relación con lo que establece el diverso segundo transitorio, párrafo segundo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, indíquese a las partes el derecho que les asiste, hasta antes de dictarse sentencia, para oponerse de manera expresa, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, en la inteligencia de que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique sin supresión de datos.
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