Estephany Margarita Bailón Gómez

Expediente 934/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guerrero. 8 actuaciones registradas, la última del 13 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
934/2023
Año
2023
Actuaciones
8
Última actuación
13/10/2023

Partes del expediente

  • Estephany Margarita Bailón Gómez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Acapulco, Guerrero, trece de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a los presentes autos la razón actuarial de fecha once de los corrientes, levantada por el fedatario judicial adscrito a este órgano jurisdiccional, de la cual se advierte que no le fue posible emplazar a juicio al tercero interesado Carlos Alberto Pérez Laguna, como se ordenó en proveído de nueve anterior, por las razones que expone. Ahora bien, toda vez que, de autos se advierte un diverso domicilio del tercero de referencia, se ordena a cualquiera de los Actuarios adscritos a este órgano jurisdiccional emplazar a la referida tercero; y con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, hágasele del conocimiento de la interposición de la demanda de amparo, en el domicilio ubicado en Calle Roberto Posada número 1, interior 2B, colonia centro de esta ciudad, con entrega de una copia de la demanda de amparo y del auto admisorio, para que si a sus intereses convinieren comparezcas a deducirlos. En razón de lo anterior, hágase del conocimiento que, se señalaron las diez horas con veinte minutos del veintidós de noviembre de dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese; y personalmente al tercero interesado de referencia.

  2. Principal

    Acapulco, Guerrero, once de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que por acuerdo de nueve del mes y año en curso, se ordenó el emplazamiento del tercero interesado Carlos Alberto Pérez Laguna, para que si a sus intereses conviniere compareciera a deducirlos; ahora bien, tomando en consideración que no ha existido tiempo suficiente para que el actuario de la adscripción realice el emplazamiento correspondiente, la audiencia constitucional programando para el día de hoy se difiere, y para su verificativo se señalan las diez horas con veinte minutos del veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. La determinación anterior encuentra sustento en el criterio contenido en la tesis de jurisprudencia por contradicción número 44 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, editada en la página 85 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, Julio de 1996, registro 200086, que a continuación se cita: "TERCERO PERJUDICADO EN EL JUICIO DE AMPARO. SI NO FUE EMPLAZADO DEBE ORDENARSE LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO, SIN QUE OBSTEN LAS CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES Y MODALIDADES QUE SE IMPONGAN EN LA SENTENCIA QUE CONCEDA EL AMPARO. Tomando en consideración que la falta de emplazamiento o la práctica irregular de dicha formalidad a las partes, en un juicio, constituye la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave, si el tercero perjudicado es parte en el juicio de amparo conforme a lo dispuesto en el artículo 5o., fracción III, de la Ley de Amparo, es inconcuso, que en términos de los artículos 30, 147 y 167 de la propia ley, debe ser legalmente emplazado, y que la omisión a ese respecto, dada su trascendencia en las demás formalidades esenciales del procedimiento, tiene como efecto que el tribunal que conoce del amparo directo o de la revisión, mande reponer el procedimiento o, en su caso, revoque la sentencia dictada en el juicio constitucional y ordene la reposición del procedimiento para que se subsane la referida violación procesal. Ello obedece, en primer lugar, al cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento, cuya observancia ha de exigirse con mayor rigor a los tribunales que constituyen órganos de control constitucional, que también han de respetar la secuencia lógico jurídica que impone todo procedimiento y, además, a la necesidad de que el tercero perjudicado, como parte en el juicio de garantías, esté en posibilidad de ejercer sus derechos procesales. Esto, no solamente como una eficaz defensa de los respectivos intereses de las partes, tanto en el juicio principal como en el incidente de suspensión, en su caso, sino también como una oportunidad para proponer las cuestiones de orden público que pudieran advertirse durante la tramitación correspondiente, cuya legal acreditación determinaría obligadamente el sentido del fallo definitivo que al efecto se pronuncie; para interponer asimismo, los medios de impugnación que contra éste u otras resoluciones procedieran y, de una manera fundamental, para preservar los derechos de quienes puedan verse afectados por el cumplimiento de una sentencia ejecutoria pronunciada en un juicio de amparo, cuya ejecución es indefectible. Por tanto, la determinación del tribunal de considerar innecesario o intrascendente, llamar a juicio al tercero perjudicado cuyo emplazamiento oportuno fue omitido, porque en la sentencia que resuelve el fondo del asunto, se concede el amparo, bien sea por falta de fundamentación y motivación o por cualquiera otra circunstancia, siempre que el fallo sea protector, viola los principios fundamentales del juicio de amparo." Notifíquese

  3. Principal

    Acapulco, Guerrero, nueve de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el informe justificado rendido por el Juez Quinto de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, con residencia en esta ciudad, y anexo que acompaña; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, déjense a la vista de las partes por el término de ocho días, para que manifiesten lo que a su interés convenga. Con las documentales que acompaña, fórmese un tomo de pruebas por separado, para el mejor manejo de las mismas. De igual forma, se levanta la reserva ordenada en proveído de once de septiembre anterior, toda vez que se aprecia que le resulta el carácter de tercero interesad a Carlos Alberto Pérez Laguna, en términos de lo dispuesto por el arábigo 5º, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo. Ahora bien, se ordena a cualquiera de los Actuarios adscritos a este órgano jurisdiccional emplazar a la referida tercero; y con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, hágasele del conocimiento de la interposición de la demanda de amparo, en el domicilio ubicado en Calle Hidalgo número 10, edificio Muller segundo piso, despacho 206, colonia centro de esta ciudad, con entrega de una copia de la demanda de amparo y del auto admisorio, para que si a sus intereses convinieren comparezcas a deducirlos. En razón de lo anterior, hágase del conocimiento que, se señalaron las ONCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL ONCE DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO para la celebración de la audiencia constitucional. Por otra parte, y toda vez que la parte quejosa, hace consistir el acto reclamado en: La negativa a conceder la MEDIDA CAUTELAR PROVISIONAL, consistente en la custodia física, y por consiguiente, el depósito de mi menor hija FÁTIMA YAROBI PERÉZ BAILÓN, al lugar de residencia que habitaba junto con la quejosa, dentro del juicio 443- 1/2022, del índice del Juzgado Quinto de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, con residencia en esta ciudad. Por lo anterior, conforme a la teleología de las normas que establecen la institución de la suplencia de la queja deficiente en materia de amparo, a los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a los Tratados Internacionales suscritos por el Estado Mexicano que buscan proteger en toda su amplitud los intereses de menores de edad, aplicando siempre en su beneficio la suplencia de la deficiencia de la queja, con independencia de los derechos cuestionados y de quien o quienes promuevan el juicio de amparo o interpongan los recursos que la ley de la materia prevé, la que debe operar -suplencia- desde la demanda (el escrito) hasta la ejecución de sentencia incluyendo omisiones en la demanda, insuficiencia de conceptos de violación y de agravios, recabar pruebas de manera oficiosa, esto es, en todos los actos que integran el desarrollo del juicio de garantías, para con ello lograr el bienestar del menor de edad. En efecto, de la lectura de los artículos 1º, 4º constitucionales, 9, 10 y 12 de la Convención Sobre los Derechos del Niño, 41 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, se advierte que los menores son titulares del derecho, entre otros, de convivencia con ambos progenitores, así como del derecho de participar en los procedimientos que los atañen. Razón por la cual, el juzgador debe realizar un escrutinio estricto de los conceptos de violación a fin de valorar los que estén directamente relacionados con los intereses jurídicos del menor e inclusive suplir la deficiencia de la queja o nombrarle un representante especial en términos del artículo 8 de la Ley de Amparo, ya que de otra manera se podría utilizar la legitimación procesal del niño para que quien ejerza su representación introduzca temas ajenos al superior interés de éste. Por lo anterior, toda vez que en este asunto se encuentran en juego derechos de un menor, y en este caso, la sociedad y el Estado tienen interés en que esos derechos sean protegidos conforme al artículo 4o. constitucional; como puede estar de por medio, directa o indirectamente, la afectación a la esfera jurídica y de derechos humanos de un menor de edad, sin que para ello sea determinante la naturaleza de los derechos familiares que estén en controversia o el carácter de quien o quienes promuevan el juicio de origen, se estima, dado que quien promueve lo hace en calidad de madre de la menor de edad, justificando tal carácter con el acta de nacimiento que acompañó a su escrito aclaratorio de demanda en copia certificada, y como en el juicio natural se reclaman intereses opuestos a los suyos, la afectación que pudiera causarse a dicha persona con la resolución jurisdiccional que en su caso se dicte en el presente juicio de amparo, por ser la madre del menor que detenta su custodia. Lo anterior provoca que tanto la quejosa (progenitora), como el tercero interesado (padre), estén impedidos para intentar el juicio constitucional a nombre de su hijo, debido justamente a que podrían tener intereses contrarios, sin que para ello sea determinante la naturaleza de los derechos familiares que están en controversia. En consecuencia, de conformidad con la intelección del artículo 8º de la Ley de Amparo, los menores de edad pueden pedir amparo sin la intervención de su legítimo representante siempre y cuando éstos se hallen ausentes, se ignore quien sea, esté impedido o se negare promoverlo. El órgano jurisdiccional, sin perjuicio de dictar las providencias que sean urgentes, le nombrará un representante especial para que intervenga en el juicio, debiendo preferir a un familiar cercano, salvo cuando haya conflicto de intereses, o motivo que justifiquen la designación de persona diversa. Si el menor hubiere cumplido catorce años, podrá hacer la designación de representante en el escrito de demanda. Ahora bien, atendiendo a que se está en el segundo de los supuestos indicados, y el menor no cuenta con los catorce años cumplidos, debe designarse un tutor especial del mismo por quien se promueve el juicio de garantías, sólo para participar con ese carácter en el presente asunto, y para estar en aptitud de hacerlo, requiérase al Delegado del Instituto Federal de la Defensoría Pública en el Estado de Guerrero, residente en este puerto, para que dentro del término de tres días, previsto por el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la citada ley, designe un representante especial del menor de identidad reservada F.Y.P.B., para que de inmediato se apersone en el juicio a aceptar el cargo y asuma los deberes propios de su cargo o manifieste el impedimento legal que tenga para hacerlo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de fecha veintiséis de septiembre de dos mil doce, pendiente de publicarse, cuyos rubro y texto establecen: "MENORES DE EDAD. CUENTAN CON INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO EN CONTRA DE RESOLUCIONES DICTADAS RESPECTO DE SU GUARDA Y CUSTODIA (ESTUDIO CORRESPONDIENTE ANTERIOR A LAS REFORMAS CONSTITUCIONALES AL JUICIO DE AMPARO DE 6 DE JUNIO DE 2011). El interés jurídico es un requisito que exige la Ley de Amparo para acudir al juicio de garantías, que consiste en que el quejoso acredite el referido interés, entendido como la transgresión por parte de una actuación de la autoridad a un derecho legítimamente tutelado por una norma de derecho objetivo. Así, de la lectura conjunta de los artículos 1º, 4º constitucionales, 9, 10 y 12 de la Convención Sobre los Derechos del Niño, 41 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, se advierte que los menores son titulares del derecho, entre otros, de convivencia con ambos progenitores, así como del derecho de participar en los procedimientos que los atañen. Por lo tanto, si en las determinaciones de guarda y custodia se resuelven asuntos en los que están involucrados los derechos de los menores, esencialmente su habitación, convivencia, vigilancia, protección y su cuidado, es inconcuso que el menor cuenta con interés jurídico propio para impugnar en amparo las determinaciones que afecten los derechos de los que es titular. Razón por la cual, el juzgador debe realizar un escrutinio estricto de los conceptos de violación a fin de valorar los que estén directamente relacionados con los intereses jurídicos del menor e inclusive suplir la deficiencia de la queja o nombrarle un representante especial en términos del artículo 6 de la Ley de Amparo, ya que de otra manera se podría utilizar la legitimación procesal del niño para que quien ejerza su representación introduzca temas ajenos a su superior interés.". Asimismo, la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, visible en la página mil novecientos cincuenta y seis, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo treinta y cuatro, julio de dos mil once, con rubro y texto siguiente: "AMPARO PROMOVIDO POR UN MENOR DE EDAD. EL JUEZ DE DISTRITO DEBE CONCRETAR MATERIALMENTE LA DESIGNACIÓN DEL REPRESENTANTE ESPECIAL A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 6o. DE LA LEY DE AMPARO, PARA LOGRAR UNA ADECUADA PROTECCIÓN DE SUS DERECHOS. El Máximo Tribunal del País ha establecido que toda persona, que conforme a la ley esté en pleno ejercicio de sus derechos, puede acudir al juicio de amparo cuando se dé, en su perjuicio, alguno de los supuestos previstos en el artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pero, en el caso de los menores de edad -por regla general-, se encuentran imposibilitados por sí mismos para acudir al juicio de amparo, "al ser la minoría de edad una restricción de su capacidad legal". Sin embargo, también ha considerado que dicha regla tiene una excepción conforme al artículo 6o. de la Ley de Amparo, específicamente, porque el menor de edad puede pedirlo, directa y personalmente, sin la intervención de su legítimo representante cuando se halle ausente o impedido, lo que impone al Juez de Distrito la obligación de designar un representante especial para que intervenga en el juicio, con la aclaración de que si el menor ya hubiese cumplido los catorce años de edad, él mismo podrá hacerla en el escrito de demanda. Tal medida "tiene la evidente finalidad de otorgar asistencia para que el menor tenga una adecuada protección a su persona y patrimonio", según lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la inconformidad 53/2006, por lo que debe concretarse materialmente y colmar la norma atinente a que el menor tenga asistencia para la adecuada protección de sus derechos, habida cuenta de que ese supuesto excepcional sólo está enfocado a la posibilidad de que pueda pedir amparo, mas no a intervenir formalmente en el trámite del juicio.". Y la tesis del Cuarto Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página cuatrocientos sesenta y cinco, tomo cuatro, noviembre de mil novecientos noventa y seis, materia civil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor literal siguiente: "MENOR DE EDAD. REPRESENTACIÓN ESPECIAL EN EL AMPARO (ARTÍCULO 6o. DE LA LEY DE AMPARO). Cuando en un juicio de amparo promovido por un menor de edad, los padres de éste tienen intereses contrarios, porque sostienen una controversia judicial del orden familiar en el juicio de origen, es menester que el Juez designe un representante especial (ajeno a los padres) para que intervenga en el juicio. En efecto, conforme al artículo 6o. de la Ley de Amparo, una vez que el Juez advierte que el representante legítimo o quienes ejercen la patria potestad en favor de un menor, tienen un conflicto de intereses, de modo tal que son contrarios en un juicio con relación a dicho menor, es inconcuso que se encuentran impedidos para ejercer esa representación en el amparo, caso en el cual el Juez Federal debe, inclusive de oficio, nombrarle un representante especial, a efecto de no incurrir en violación a las normas fundamentales que rigen el procedimiento del juicio de amparo, dado que éstas son de orden público. De lo contrario, se le dejaría en estado de indefensión y al fallar el asunto se dictaría una sentencia con la consecuente violación al procedimiento del juicio de amparo, por no haber sido debidamente representado el menor quejoso." Notifíquese; y personalmente al tercero interesado de referencia en la forma indicada. Lo proveyó y firma el licenciado Francisco Octavio Escudero Contreras, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Guerrero, ante la licenciada Antonia Gómez Valverde, Secretaria que autoriza. Doy fe.

  4. Incidental

    ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva solicitada por**********, contra los actos precisados en el resultando primero y autoridades señaladas en el único punto considerativo de la presente interlocutoria. Notifíquese.

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