Estela Tapia Delgadillo
Expediente 1478/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 6 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1478/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 28/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Estela Tapia Delgadillo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Incidental
V I S T O S para resolver, sobre la suspensión definitiva en el incidente relativo al juicio de amparo número 1478/2023; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Autoridades responsables y actos reclamados. ******************** por propio de derecho y en su carácter de Tesorera Municipal del Ayuntamiento de Ayala, Morelos, reclama de las autoridades responsables los siguientes actos: Autoridades responsablesActos reclamadosTercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos:La resolución emitida el quince de mayo de dos mil veintitrés, mediante la cual se impone a la quejosa una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, determinación dictada en el expediente administrativo ********************, del índice de la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, así como la falta de notificación de dicha multa Dirección General de Recaudación de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del estado de Morelos: El cumplimiento de la multa precisada en el cuadro anterior, actuación que generó el mandamiento de ejecución número ********************, de fecha tres de octubre de dos mil veintitrés. Notificador y Ejecutor Fiscal adscrito a la Dirección General de Recaudación dependiente de la Coordinación de Política de Ingresos La actuación consistente en la ejecución del requerimiento de pago ********************, de fecha tres de octubre de dos mil veintitrés, el cual fue notificado en una oficina diversa del Municipio de Ayala, Morelos, el día seis de octubre de dos mil veintitrés. Por otra parte, del libelo inicial se advierte que la parte quejosa solicita la suspensión del acto reclamado para los siguientes efectos. ".para que no realice el cobro del requerimiento de pago ******************** de 03 de octubre de 2023, derivado de la imposición de la multa por parte del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos a la suscrita en mi carácter de Tesorera Municipal de Ayala, Morelos, hasta en tanto se resuelva la suspensión definitiva y que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan, hasta que se resuelva el fondo del presente juicio de amparo." (sic) SEGUNDO. Trámite del incidente de suspensión. Como se ordenó en el cuaderno principal, por auto de treinta y uno de octubre de este año, se proveyó sobre la suspensión provisional; se solicitó a las autoridades responsables rindieran su informe previo y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia incidental, la que se celebró al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Informes previos. Las autoridades responsables antes citadas, al rendir su informe previo, aceptaron la existencia de los actos que se les reclaman. SEGUNDO. Estudio de la procedencia de la medida cautelar. En ese sentido, se procede al estudio para determinar su en el caso debe concederse o no la suspensión definitiva de los actos reclamados. Primero, resulta importante destacar que la finalidad de suspensión en el amparo, en esencia, en conservar la materia de la litis y evitar al quejoso la materialización de daños irreparables. Por lo que hace al tema relativo a conservar la materia del juicio, esta busca que a través de la paralización de los actos reclamados, que no se ejecuten éstos en lo que el juicio de amparo es resuelto en forma definitiva. Por su parte, el evitar causar daños irreparables al quejoso, está relacionado con lo previsto en el artículo 61, fracción XVI, de la Ley de Amparo, conforme el cual, cuando el acto reclamado se haya consumado de modo irreparable, el juicio deberá ser sobreseído, lo que se traduce en la existencia de una imposibilidad técnica para abordar el estudio del asunto. Es decir, la finalidad en comento busca indirectamente conservar la materia del juicio y, directamente, la producción de efectos nocivos mayores en la esfera jurídica del quejoso. Dicho lo anterior, el quejoso podrá solicitar la suspensión de los actos reclamados, a condición de que se cumpla con lo previsto en el artículo 128 del citado ordenamiento legal, el cual en esencia establece lo siguiente: El quejoso solicite la suspensión de los actos reclamados. Que dicha suspensión no se traduzca o implique perjuicio del interés social y contravenga disposiciones de orden público. Además, Junto con el cumplimiento de esos requisitos, para otorgar la medida cautelar debe atenderse a la apariencia del buen derecho y al peligro en la demora. Es decir, la primera atañe a la posibilidad que tiene el quejoso de obtener una sentencia favorable a sus intereses y la segunda refiere al peligro que implicaría negar la suspensión frente a la posibilidad real de otorgarse el amparo. De esta forma, además de verificar que se satisfagan los requisitos previstos en el artículo 128 de la Ley de Amparo, el juzgador debe hacer una apreciación provisional de la inconstitucionalidad reclamada con el fin de determinar o anticipar la probabilidad de otorgar el amparo solicitado y, de ser el caso, conceder la medida cautelar sin menoscabar los requisitos previstos en el artículo 128 mencionado. Ahora, la modalidad de la suspensión que se analiza -definitiva- permite que con los elementos aportados en la demanda de amparo (manifestaciones y pruebas), y una vez que las autoridades rindieron su informe previo, el órgano de amparo pueda pronunciarse sobre la procedencia de la medida de forma definitiva, hasta en tanto sea resuelto el juicio de amparo en lo principal. De esta forma, es el órgano de amparo quien debe fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomar las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta su conclusión, lo cual implica que el legislador reconoció la potestad del órgano de amparo para pronunciarse sobre los actos materia de la suspensión, así como de los efectos de tal medida, al margen de que el quejoso identifique los efectos que habrá de producir la suspensión. Con base en lo anterior, este juzgador considera pertinente analizar el contenido del numeral 139 de la Ley de Amparo, el cual a continuación se transcribe para pronta referencia: "Artículo 139. En los casos en que proceda la suspensión conforme a los artículos 128 y 131 de esta Ley, si hubiere peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado con perjuicios de difícil reparación para el quejoso, el órgano jurisdiccional, con la presentación de la demanda, deberá ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guarden hasta que se notifique a la autoridad responsable la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva, tomando las medidas que estime convenientes para que no se defrauden derechos de tercero y se eviten perjuicios a los interesados, hasta donde sea posible, ni quede sin materia el juicio de amparo." Del precepto en estudio, se destaca que en los casos en que proceda la suspensión, si hubiere peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado, con perjuicios de difícil reparación para el quejoso, el órgano jurisdiccional deberá ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guardan hasta que se notifique a las autoridades responsables, el auto en que quede firme la resolución que se dicte en el juicio de amparo. En ese contexto normativo, con apoyo en los artículos 128 y 139 de la Ley de Amparo, se concede a la parte quejosa la suspensión definitiva del acto reclamado consistente en el auto de quince de mayo de dos mil veintitrés, dictado dentro del expediente ********************, del índice de la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, en el que se impuso al quejoso una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, para el único efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan y como consecuencia, no se haga efectivo el cobro de la multa impuesta en el procedimiento administrativo aludido, identificado bajo el número ******************** de 03 de octubre de 2023, del índice de la Coordinación Política de Ingresos de la Secretaria de Hacienda del Estado de Morelos, hasta en tanto cause ejecutoria la sentencia que se dicte en el juicio de amparo en lo principal. Esta suspensión surte sus efectos de inmediato, sin embargo, su efectividad queda sujeta a que la parte quejosa garantice el interés fiscal ante la Dirección General de Recaudación, de la Subsecretaría de Ingresos, dependiente de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos, por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables, en los términos previsto por el artículo 135 de la Ley de Amparo. Se concede a la parte quejosa el plazo de cinco días hábiles, para que compruebe ante este Juzgado de Distrito, que garantizó ante la autoridad exactora responsable el crédito fiscal materia de la suspensión del acto reclamado, como ya se dijo, en cualquiera de las formas establecidas en la legislación fiscal aplicable. Se estiman aplicables, en lo conducente, las jurisprudencias y tesis que llevan por rubro y texto, los siguientes: "MULTAS ADMINISTRATIVAS. AL CONSTITUIR APROVECHAMIENTOS QUE ADQUIEREN LA NATURALEZA DE CRÉDITOS FISCALES, EN LA SUSPENSIÓN CONTRA SU COBRO DEBE GARANTIZARSE EL INTERÉS FISCAL, CONFORME AL ARTÍCULO 135 DE LA LEY DE AMPARO. El primer párrafo del precepto citado dispone que cuando el amparo se solicite contra actos relativos a determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones o créditos de naturaleza fiscal, podrá concederse discrecionalmente la suspensión del acto reclamado, la que surtirá efectos si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad exactora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables. Ahora bien, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las jurisprudencias 2a./J. 148/2005, de rubro: "MULTAS ADMINISTRATIVAS NO FISCALES. PARA QUE SURTA EFECTOS LA SUSPENSIÓN CONTRA SU COBRO, EL QUEJOSO DEBE GARANTIZAR EL INTERÉS FISCAL ANTE LA AUTORIDAD EXACTORA O ACREDITAR HABERLO HECHO." y 2a./J. 138/2008, de rubro: "MULTAS ADMINISTRATIVAS, SON APROVECHAMIENTOS Y LA SUSPENSIÓN CONTRA SU COBRO DEBE GARANTIZARSE CONFORME AL ARTÍCULO 135 DE LA LEY DE AMPARO.", estableció que las multas administrativas constituyen aprovechamientos que adquieren la naturaleza de créditos fiscales, exigibles mediante el procedimiento administrativo de ejecución; por tanto, con independencia de que las multas provengan de infracciones de carácter tributario u ordenamientos administrativos, al constituir créditos que participan de tal naturaleza, en términos de la norma vigente, podrá otorgarse discrecionalmente la suspensión en su contra, la que surtirá efectos si se ha constituido o se constituye garantía del interés fiscal ante la autoridad exactora correspondiente por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables." "SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL AMPARO. CUANDO SE RECLAMA EL COBRO DE CONTRIBUCIONES O CRÉDITOS FISCALES CONFORME A LA LEY DE LA MATERIA VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013, SURTE EFECTOS DE INMEDIATO, Y SU EFECTIVIDAD QUEDA SUJETA A QUE SE GARANTICE EL INTERÉS FISCAL EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 135 DE DICHO ORDENAMIENTO (APLICACIÓN DE LAS JURISPRUDENCIAS P./J. 43/2001 Y 2a./J. 74/2006). Durante la vigencia de la Ley de Amparo abrogada mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la jurisprudencia P./J. 43/2001, de rubro: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. SURTE SUS EFECTOS DESDE LUEGO, SIN QUE PARA ELLO SE REQUIERA DE LA EXHIBICIÓN DE LA GARANTÍA RESPECTIVA.", en la que consideró que de la interpretación armónica de los artículos 125, 130 y 139 de aquel ordenamiento, en atención a la naturaleza, objeto, requisitos de procedencia y efectividad de la suspensión, así como al principio general de derecho que se refiere a que donde existe la misma razón, debe existir la misma disposición, debía concluirse que la suspensión provisional que puede decretarse con la sola presentación de la demanda, cuando exista peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado con notorios perjuicios para el quejoso, surte efectos inmediatamente después de que se concede y no hasta que se exhiba la garantía fijada, porque de lo contrario no se cumpliría con su finalidad de evitar al quejoso perjuicios de difícil reparación, sin que ello implicara que de no exhibirse esa garantía, dejara de surtir efectos. Asimismo, la Segunda Sala del propio Alto Tribunal emitió la jurisprudencia 2a./J. 74/2006, de rubro: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL CUANDO SE RECLAMA EL COBRO DE CONTRIBUCIONES. SURTE SUS EFECTOS DE INMEDIATO, PERO SU EFECTIVIDAD ESTÁ SUJETA A QUE EL QUEJOSO EXHIBA LA GARANTÍA EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS POR EL JUEZ (APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 43/2001).", en la que precisó que el criterio establecido en la jurisprudencia indicada era aplicable también respecto de la garantía contenida en el artículo 135 de la Ley de Amparo, que preveía la suspensión cuando se reclama el cobro de contribuciones, ya que, en primer lugar, en la ejecutoria relativa se señaló que los requisitos de procedencia de la suspensión (a petición de parte) son aquellas condiciones que deben reunirse para que surja la obligación jurisdiccional de concederla y que éstas se establecían en el artículo 124 de dicha ley, mientras que los requisitos de efectividad estaban contenidos en sus diversos preceptos 125, 135, 136 y 139, dependiendo de la naturaleza del acto reclamado, y se constituyen por las condiciones que el quejoso debe llenar para que surta efectos la suspensión concedida; asimismo, que los requisitos de efectividad se referían a la causación de los efectos de la medida, por lo que bien podía acontecer que la suspensión haya sido concedida por estar colmadas las condiciones de su procedencia y que, sin embargo, no operara la paralización o cesación del acto reclamado o de sus consecuencias, por no haberse aún cumplido los requisitos que la ley señala para su efectividad; y que la ratio legis de la garantía prevista en el artículo 135 mencionado tendía a satisfacer los fines relativos a salvaguardar el interés fiscal, que esencialmente se asemejaban a los perseguidos por los artículos 125, 130 y 139 referidos, por lo que de acuerdo con el principio de derecho que establece: "donde existe la misma razón debe regir la misma disposición", los argumentos contenidos en la jurisprudencia inicialmente indicada podían aplicarse en esos casos. Luego, el criterio jurídico contenido en esas tesis de jurisprudencia es aplicable a los casos en que se reclame el cobro de contribuciones o créditos fiscales, tramitados conforme a la Ley de Amparo vigente, en términos de su artículo sexto transitorio, porque no se contrapone con sus disposiciones, ya que su artículo 128 establece requisitos de procedencia de la suspensión a petición del quejoso que debe tomar en cuenta el Juez de Distrito al tomar la decisión correspondiente, en términos similares a los que preveía el artículo 124 de la ley abrogada en sus fracciones I y II; y los artículos 132, 135 y 136 de la ley vigente, instituyen requisitos de efectividad que también resultan similares a los contenidos en los numerales 125, 135 y 139 de la abrogada. Por tanto, la suspensión provisional en este tipo de asuntos surte efectos de inmediato y su efectividad queda sujeta a que se garantice el interés fiscal en términos del artículo 135 de la ley de la materia vigente." "SUSPENSIÓN PROVISIONAL CUANDO SE RECLAMA EL COBRO DE CONTRIBUCIONES. SURTE SUS EFECTOS DE INMEDIATO, PERO SU EFECTIVIDAD ESTÁ SUJETA A QUE EL QUEJOSO EXHIBA LA GARANTÍA EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS POR EL JUEZ (APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 43/2001). El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo la jurisprudencia P./J. 43/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 268, con el rubro: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. SURTE SUS EFECTOS DESDE LUEGO, SIN QUE PARA ELLO SE REQUIERA DE LA EXHIBICIÓN DE LA GARANTÍA RESPECTIVA.", criterio que también es aplicable respecto de la garantía prevista en el artículo 135 de la Ley de Amparo, que prevé la suspensión cuando se reclama el cobro de contribuciones, ya que, en primer lugar, en la ejecutoria de la que derivó la jurisprudencia de mérito, se señaló expresamente que los requisitos de procedencia de la suspensión (a petición de parte) son aquellas condiciones que se deben reunir para que surja la obligación jurisdiccional de conceder la suspensión y que éstas se prevén en el artículo 124 de la Ley de Amparo, mientras que los requisitos de efectividad están contenidos en los artículos 125, 135, 136 y 139 de la misma Ley, dependiendo de la naturaleza del acto reclamado, y se constituyen por las condiciones que el quejoso debe llenar para que surta efectos la suspensión concedida; y que a diferencia de los requisitos de procedencia de la suspensión, los de efectividad se refieren a la causación de los efectos de dicha medida, por lo que bien puede acontecer que la suspensión haya sido concedida por estar colmadas las condiciones de su procedencia y que, sin embargo, no opere la paralización o cesación del acto reclamado o de sus consecuencias, por no haberse aún cumplido los requisitos que la ley señala para su efectividad. En segundo lugar, porque la ratio legis de la garantía prevista en el artículo 135 de la Ley de Amparo tiende a satisfacer los fines relativos a salvaguardar, mediante la garantía, el interés fiscal de la Federación, Estado o Municipio; es decir, garantizar que el quejoso cubrirá el crédito fiscal que combate mediante el juicio de amparo, que esencialmente se asemejan a los perseguidos por los artículos 125, 130 y 139 de la Ley señalada, los cuales se examinan en la ejecutoria de mérito; por tanto, atendiendo al principio de derecho que establece "donde existe la misma razón debe regir la misma disposición", ha de sostenerse válidamente que los argumentos contenidos en la tesis de jurisprudencia, encaminados a determinar que la suspensión provisional surte sus efectos de inmediato y durante el plazo de 5 días que establece el citado artículo 139, para dar oportunidad a que el quejoso exhiba la garantía fijada, a la que se encuentra sujeta su oportunidad, pueden ser aplicados respecto de la suspensión provisional en materia fiscal, cuando se reclama el cobro de contribuciones." "RESOLUCIONES FISCALES. ES PROCEDENTE LA SUSPENSION DEFINITIVA CONTRA LAS CONSECUENCIAS Y EFECTOS DE LAS. Si bien es cierto que contra la emisión de las órdenes de embargo y de las resoluciones fiscales no es procedente el otorgamiento de la suspensión definitiva por tratarse de actos consumados, ya que al emitirse se consuman; también lo es, que no sucede lo mismo con los efectos y consecuencias de tales actos, en razón de que éstos no se consuman, ya que un embargo que ha sido trabado puede considerarse como consumado pero sus efectos ulteriores, como son, por ejemplo el remate y la adjudicación, sí son suspendibles, y respecto de una resolución que determina una obligación fiscal a cargo de un particular, la emisión de la resolución en sí es consumada, pero la consecuencia y efecto de la misma que es su ejecución no, y por tanto, sí puede ser suspendible." En la inteligencia de que esta medida suspensiva no surtirá efecto legal ni material alguno si el acto reclamado ya fue ejecutado totalmente, o si la ejecución deriva del cumplimiento dado a una ejecutoria en cuyo procedimiento la quejosa haya sido oída y vencida; o bien, si deriva del cumplimiento dado a una ejecutoria de amparo. Finalmente, respecto de las copias que solicita de esta determinación, se estima que con el acceso al expediente electrónico en los usuarios del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación que propuso, y que la presente determinación es firmada electrónicamente, dicha parte procesal puede obtener las impresiones que requiera de ésta por medio de la citada consulta, pues de conformidad con fundamento en el artículo 36 del Acuerdo General del pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, éstas se consideran certificadas dado que llevan la evidencia criptográfica que las valida. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 126, 128, 136, 138, 140 y 168 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se concede la suspensión definitiva solicitada por ******************** por propio de derecho y en su carácter de Tesorera Municipal del Ayuntamiento de Ayala, Morelos, respecto de los actos precisados en el resultando primero, por las autoridades y motivos expuestos en el considerando segundo de esta interlocutoria. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa ante Roberto Bravo Vargas, secretario que autoriza y da fe.- DOY FE.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la razón secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en apoyo a su artículo 2°, se ordena agregar a los autos los oficios signados por ********************, presidenta de la Junta Especial número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, mediante el cual remite los informes de autoridad rendidos por el Gerente Jurídico del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores del Estado, lo que tuvo por rendidos mediante proveído de diez de noviembre del año en curso. Asimismo, mediante la siguiente misiva comunica que giró oficio a la Secretaria Auxiliar de Diligencias y Peritajes de la Federal de Conciliación y Arbitraje en la ciudad de México, a efecto de que designe perito tercero en discordia en materias de grafoscopía, documentoscopía caligrafía y dactiloscopia. En consecuencia, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requiere a ********************, Presidenta de la Junta Especial número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, para que en el término de cinco días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, dé cumplimiento a lo siguiente: Informe bajo qué número de comunicación oficial quedó registrado el exhorto ********************, enviado a la Secretaria Auxiliar de Peritajes y Diligencias de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en la Ciudad de México, por el cual solicita designe perito tercero en discordia en materias de grafoscopía, documentoscopía caligrafía y dactiloscopia. Se apercibe a la autoridad responsable que en el caso de ser omisa y de actualizarse dicho supuesto, se le impondrá una multa por la cantidad equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en los artículos 237 fracción I y 258 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación del veintisiete de enero de dos mil dieciséis, toda vez que de no cumplir con lo solicitado, se traducirá en una falta grave, esto es, en un desacato a un mandamiento judicial y que además, retrasa la impartición de justicia de manera trascendente para las partes en el presente juicio de amparo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de María del Rosario García Jiménez, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Incidental
Cuernavaca, Morelos, a veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la razón de cuenta de la Secretaría, téngase por recibido el oficio con anexo signado por el Secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, mediante el cual devuelve los autos originales del juicio de amparo en que se actúa ******************** asimismo, remite el testimonio de la ejecutoria pronunciada en sesión dentro del toca correspondiente al amparo de revisión 543/2022, en el cual en sus puntos resolutivos determinó: ".PRIMERO. Queda firme el sobreseimiento decretado en una parte del considerando cuarto de la sentencia recurrida.SEGUNDO. En la materia sujeta a revisión, se modifica la sentencia recurrida.TERCERO. Se sobresee en el juicio de amparo indirecto de origen, respecto del planteamiento de inconstitucionalidad de los artículos 56 y 57, último párrafo, de la Ley de Servicio civil del Estado de Morelos.CUARTO. La Justicia de la Unión ampara y protege al Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos, contra el decreto número 852, por el que se otorgó pensión por jubilación a la tercera interesada Sara Domínguez Franco, para los efectos que se indican en este fallo.QUINTO. Consérvese el toca en su integridad, porque contiene un criterio que puede llegar a integrar jurisprudencia.". Sin que haya lugar a acusar el recibo correspondiente, ello por el motivo que expone la autoridad oficiante; agréguese el cuaderno de antecedentes respectivo. CON INCIDENTE. Ahora, tomando en consideración que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separado el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurra seis meses a esta fecha, previo cumplimiento del requisito antes citados y con fundamento en el artículo 19, fracción II inciso a) del Acuerdo General mencionado en párrafos que anteceden, procédase a la destrucción del duplicado guardar únicamente el original, mismo, que se ordena agregar a los autos, para que obre como corresponda, el cual al momento de que se mande al archivo el presente juicio se dará cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés. En tal virtud, con fundamento en los numerales 192 y 193 de la Ley de la Materia, requiérase a las autoridades responsables, para que en el término de TRES DÍAS, contados a partir del momento al en que queden notificadas del presente auto, cumplan con la ejecutoria en los términos precisados, informando en ese lapso sobre su cumplimiento, apercibidas que de no hacerlo así en el término que se les concede, el siguiente requerimiento se les hará por conducto de su superior jerárquico, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 194, de la Ley de Amparo, y en su caso remitir el expediente al Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito en Turno o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según sea el caso; por tal motivo, se les hace del conocimiento que dichos órganos al momento de resolver el incidente de inejecución de sentencia que en su caso se formule, están en aptitud de determinar si las autoridades actuaron o no de manera evasiva o a través del uso de procedimientos ilegales que hubieren generado el retardo en el cumplimiento de la sentencia de amparo, es decir, no solo verifican el cabal cumplimiento de la ejecutoria dictada, sino, también si hubo retardo en el cumplimiento de la misma, aplicando a las autoridades responsables las sanciones previstas en el artículo 107, Constitucional, ya que el cumplimiento extemporáneo no exime a las autoridades responsables de su responsabilidad, ni se decretará sin materia el incidente, puesto que en esa etapa se determina si hubo responsabilidad o no en el cumplimiento. En apoyo a lo anterior se cita la jurisprudencia siguiente: Tesis: P./J. 60/2014 (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época 2007912 Pleno Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I Pag. 7 Jurisprudencia (Común) ".CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN LOS CASOS EN QUE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y/O VINCULADAS AL CUMPLIMIENTO LO REALICEN DE MANERA EXTEMPORÁNEA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." ".En caso de que el órgano de amparo que conozca del procedimiento para el cumplimiento de una sentencia concesoria estime que las autoridades responsables y/o vinculadas a su cumplimiento han incurrido en una actitud evasiva o el uso de procedimientos ilegales que propicien el retardo en su acatamiento y, en consecuencia, remita los autos al órgano correspondiente, Tribunal Colegiado de Circuito o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según sea el caso, debe estimarse que estos órganos están en aptitud de determinar si las autoridades actuaron o no de manera evasiva o a través del uso de procedimientos ilegales que hubieren generado el retardo en el cumplimiento de la sentencia de amparo, o que el cumplimiento se llevó a cabo fuera de los plazos establecidos para tal efecto en la Ley de Amparo, incluso, podrán verificar la legalidad de las multas que se hubieren impuesto, tomando en cuenta si la autoridad responsable y/o vinculada han cumplido con los plazos previstos en la Ley de Amparo o bien adviertan la existencia de una causa justificada para no cumplir en esos términos. Ahora bien, si una vez concluido el plazo otorgado para el cumplimiento de la sentencia de amparo y antes de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva sobre la aplicación de las sanciones previstas en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se presenta el cumplimiento de la sentencia de amparo, dando lugar a que el órgano que concedió el amparo determine que éste se ha acatado, ello no dará lugar a que por ese hecho el asunto quede sin materia, pues de lo contrario se haría nugatorio lo dispuesto en el artículo 195 de la Ley de Amparo, en cuanto a que el incumplimiento extemporáneo no exime de responsabilidad cuando sea injustificado. De este modo, deberá ser valorado por el órgano que corresponda Juez de Distrito, Tribunal Colegiado de Circuito o incluso por la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando los autos estén radicados en ésta, si en el caso existe justificación para el cumplimiento extemporáneo, pues de considerar lo contrario, deben aplicarse las sanciones previstas en el artículo 107, fracción XVI constitucional. Cabe agregar que en el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la determinación sobre la justificación del cumplimiento extemporáneo corresponde, en principio, al Ministro Ponente, el cual con base en la resolución que hubiere causado estado en el sentido de que el fallo constitucional ha quedado cumplido, sin excesos ni defectos, podrá valorar en el dictamen en el que se proponga declarar sin materia el incidente respectivo las causas de justificación de la extemporaneidad. Lo anterior, sin menoscabo de que cuando se estime necesario revocar las multas impuestas en el respectivo procedimiento de ejecución o se considere dudosa la justificación del cumplimiento extemporáneo, la competencia para resolver lo conducente corresponda a las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.". Con independencia de lo anterior, se hará efectiva una medida de apremio equivalente a cien días el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los artículos 192 y 258, ambos de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, toda vez que de no cumplir con lo solicitado, se traducirá en una falta grave, esto es, en un desacato a un mandamiento judicial y que además, retrasa la impartición de justicia de manera trascendente para las partes en el presente juicio de amparo; sin perjuicio de que, una vez que este órgano jurisdiccional agote las etapas del procedimiento de ejecución, se remita al Tribunal Colegiado de este circuito, para la continuación del procedimiento de ejecución respectivo. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Roberto Bravo Vargas, Secretario quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que el ocho de septiembre de dos mil veintitrés, el Secretario de Acuerdos del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Dieciocho, remitió de manera digital, el expediente 55/2007 de su índice, por los motivos que ahí expone. En virtud de lo anterior, con fundamento en el ordinal 75 de la Ley de Amparo, requiérase al Magistrado Presidente del Tribunal Unitario Agrario Distrito Dieciocho, para que dentro del término de tres días, siguientes a la notificación del presente proveído, certifique la totalidad de actuaciones que obran dentro del juicio agrario 55/2007, una vez hecho lo anterior, lo envíe de nueva cuenta a este Juzgado. Para ello, y en atención a lo manifestado por la autoridad responsable antes referida, imprímase el expediente 55/2007 y adjúntese al oficio que contenga el presente acuerdo. Cabe señalar, que del expediente escaneado por la autoridad responsable, se advierte una certificación, sin embargo se encuentra firmada de manera física, razón por la cual, al haberse adjuntado de manera digital, la misma carece de validez. En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional, y se fija para su celebración las diez horas con diecisiete minutos del cinco de enero de dos mil veinticuatro. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Erik Calderón Ocampo, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
Quedan 2 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
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