Estela Tapia Delgadillo

Expediente 473/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
473/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
26/05/2023

Partes del expediente

  • Estela Tapia Delgadillo

Actuaciones

  1. Principal

    MESA III. Vista la certificación de cuenta de la que se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que refiere el artículo 98, en relación con el 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, sin que el promovente del juicio de amparo haya interpuesto recurso de queja, conforme al diverso numeral 99 de la citada legislación, en contra del auto de once de abril de dos mil veintitrés, por el que se desechó la demanda de amparo promovida por *****, por propio derecho y en su carácter de Tesorera Municipal de Ayala, Morelos; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2º, se declara que dicho auto ha quedado firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. Consecuentemente, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. [...] Notifíquese.

  2. Principal

    MESA III. Vista la demanda de amparo promovida por ********************, por propio derecho y en su carácter de ********************, contra actos de la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos y otras autoridades; regístrese en el libro de gobierno de juicios de amparo bajo el expediente 473/2023, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y fórmese expediente impreso y electrónico. DESECHAMIENTO En esas condiciones, de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito que conozca del juicio de amparo deberá examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano; lo que es así, porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. [...] Así, el juicio de amparo es un medio extraordinario, a través del cual se controla la constitucionalidad de actos o leyes, de tal suerte que la jurisdiccional ordinaria debe agotarse previamente. En ese orden, en el caso debe precisarse que la parte quejosa señala como acto reclamado la resolución de veinticinco de octubre de dos mil veintidós, en que se le impuso como medida de apremio por la Sala responsable una multa de sesenta unidades de medida y actualización, en autos del expediente administrativo ******. Sin embargo, se advierte que la parte quejosa, previo a acudir al juicio de amparo indirecto, debió agotar el recurso de reconsideración ante la propia Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos que conoce del expediente de origen. Para sustentar lo anterior, debe tenerse presente que el artículo 104 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos establece: "Artículo 104. El recurso de reconsideración procede en contra de las providencias o acuerdos que dicte la propia Sala." Sin que de cualquier otro precepto de la citada normativa se advierta la improcedencia del indicado medio de impugnación contra el acuerdo que, en específico, determine la imposición de medidas de apremio para hacer cumplir sus determinaciones. En ese orden de ideas, la demanda de amparo es de notoria improcedencia, toda vez que previamente al ejercicio de la acción constitucional, la parte impetrante de amparo debió agotar el recurso ordinario, que lo es la reconsideración, mediante el cual puede combatir la determinación de que se duele, el cual tendría por objeto modificar o revocar el auto reclamado. [...] En ese contexto, de las imágenes reproducidas, se advierte que el juicio de amparo ********************, del índice de este órgano jurisdiccional, fue promovido por la misma quejosa ********************, por propio derecho y en su carácter de ********************, en el que también reclamó la resolución de veinticinco de octubre de dos mil veintidós, mediante la cual se le impuso una multa equivalente a sesenta unidades de medida y actualización, dentro de los autos del expediente administrativo *******, y bajo protesta de decir verdad, señaló que tuvo conocimiento de dicha determinación el dos de febrero de dos mil veintitrés; De tal suerte que el plazo de quince días para promover el juicio de amparo que nos ocupa transcurrió del siete al veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, sin contar los días cuatro, cinco, seis, once, doce, dieciocho, diecinueve, veinticinco y veintiséis del mismo mes y año, por ser inhábiles. En consecuencia, toda vez que la parte quejosa promovió su demanda hasta el cuatro de abril de dos mil veintitrés, es inobjetable que el término para promover la acción de tutela constitucional precluyó en su perjuicio, pues se insiste, éste feneció el veintisiete de febrero de este mismo año, por tanto, se concluye que la demanda que ahora nos ocupa fue presentada de manera extemporánea. Así, se tiene la convicción de que la causa de improcedencia aducida es totalmente aplicable al caso concreto, y que aun cuando se admitiera la demanda y se le diera curso legal, al final se adoptaría la misma determinación, luego no hay porqué sustanciar un juicio que a la postre resultara improcedente, en demérito de la obligación de atender al servicio de la administración de justicia con la prontitud que exige el artículo 17 Constitucional, pues al no haberse promovido el juicio dentro del término perentorio al efecto establecido, indefectiblemente se actualiza en la especie la hipótesis de improcedencia en examen y en consecuencia debe reputarse tácitamente consentido el acto reclamado por esta vía constitucional. [...] No obstante lo anterior, se aprecia que el presente juicio de amparo, igualmente es improcedente al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, en relación con la diversa fracción X, de la Ley de Amparo, en virtud de que los actos reclamados, han sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, tal como se verá a continuación. A efecto de evidenciar la actualización de la causa de improcedencia que se anuncia, se precisa que el precepto en cita establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios; (.) XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior.". A manera de preámbulo, cabe destacar que la causa de improcedencia en estudio, tiene como finalidad preservar lo que se denominada cosa juzgada y, evitar la promoción de nuevos juicios constitucionales planteados por los quejosos con idéntico objetivo, y su actualización tiene lugar cuando los actos reclamados fueron o son materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, debiendo concurrir como requisitos: a) Identidad del quejoso; b) Las autoridades responsables; y, c) El acto reclamado. Lo anterior, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, asimismo, el principio de "cosa juzgada", previsto en la causa de improcedencia en estudio, tiene como objeto impedir que en una segunda ocasión se realice el análisis de cuestiones litigiosas que ya fueron motivo de decisión en un amparo, y sobre el particular, debe destacarse que este motivo de improcedencia se refiere no sólo al fondo de la controversia planteada, sino que también puede aplicarse a causas de improcedencia y sobreseimiento respecto de las que, con antelación, el órgano de control constitucional ya hubiere tomado una determinación, porque aun cuando el sobreseimiento no goza, por regla general, de la calidad de cosa juzgada cuando en una sentencia se desestima o se declara fundada alguna causa de improcedencia, este tema adquiere firmeza procesal y no puede ser alegado en un amparo posterior promovido por el mismo quejoso, contra el mismo acto e idénticas autoridades responsables. Precisado lo anterior, se tiene que dichos elementos se encuentran acreditados fehacientemente, lo anterior es así, pues como quedó señalado anteriormente, constituye un hecho notorio que ante este Juzgado Federal se tramitó un diverso juicio de amparo registrado con el número de expediente ********************, promovido por ********************, por propio derecho y en su carácter de ********************, contra las siguientes autoridades y actos reclamados: 1. Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. 2. Dirección General de Recaudación de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos. 3. Notificador y Ejecutor Fiscal adscrito a la Dirección General de Recaudación de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos. De quienes reclamó ". la resolución de 25 de octubre de dos mil veintidós, mediante la cual la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos IMPONE DE FORMA INDEBIDA a la suscrita en carácter de autoridad demandada del Municipio de Ayala, Morelos la medida de apremio consistente en multa equivalente 60 Unidades de Medida y Actualización vigente." Asimismo, constituye un hecho notorio que en dicho juicio constitucional, por acuerdo de dos de marzo de dos mil veintitrés, se desechó la demanda de amparo promovida por ********************, por propio derecho y en su carácter de ********************. al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, determinación que quedó firme por auto de veintidós del mismo mes y año. [...] En consecuencia, resulta que se actualiza la causal de improcedencia invocada, respecto de los actos reclamados en el presente juicio, pues en el caso, como se anticipó, se aprecia que existe el diverso juicio número ********************, del índice de este mismo juzgado, donde se advierte que la demanda de amparo fue promovida por la misma quejosa, contra las mismas autoridades, por los mismos actos y respecto de los cuales ya hubo pronunciamiento, al desecharse la demanda de amparo que dio origen a dicho juicio, el cual quedó firme. En esas condiciones, basta la comparación entre la demanda que dio lugar al juicio de amparo identificado con el expediente número ********************, con la que se provee 473/2023, para advertir que se trata de la misma quejosa, las mismas autoridades responsables y mismos actos reclamados, los cuales ya fueron materia de análisis del diverso controvertido constitucional ********************, el cual se desechó por auto de dos de marzo de este año, determinación que quedó firme en proveído de veintidós del mismo mes y año. En este sentido, es inconcuso que nos encontramos ante la figura de "cosa juzgada", dado que la solicitud de protección constitucional respecto de los actos reclamados motivo de estudio en el juicio de amparo ********************, del índice de este juzgado, se constituye como una determinación elevada a esa categoría, e impide a este órgano constitucional pronunciarse al respecto, dado que constituye un pronunciamiento en torno a los actos combatidos, por tanto, se actualiza dicha figura jurídica en términos del artículo 61, fracción XI, en relación con la diversa X de la Ley de Amparo, al existir un pronunciamiento firme e inamovible, cuyo contenido no puede desconocerse. Esto en razón de que la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, en relación con la diversa fracción X, de la Ley de Amparo, contiene la institución de cosa juzgada, cuyos efectos se verían contrariados si se admitiere una nueva controversia sobre el problema juzgado definitivamente. Atento a lo precedentemente expuesto, se tiene que sustentar criterio diverso, conllevaría aceptar que pudieran promoverse diversos juicios tantas veces como la parte quejosa quisiera, lo que atentaría contra el principio de prontitud de la justicia plasmado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de seguridad jurídica de la cosa juzgada. Siendo indudable entonces, que al existir impugnación de actos que esencialmente ya fueron materia de un juicio de amparo anterior, el juicio de derechos fundamentales propuesto nuevamente resulta improcedente acorde con lo prescrito en la fracción XI, en relación a la X, del artículo 61 de la Ley de Amparo. [...] Por tanto, se desecha de plano la demanda de amparo promovida ********************, por propio derecho y en su carácter de ********************. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que indica en su ocurso de cuenta y por autorizados para tales efectos a las personas que indica, así como a ********************y********************, toda vez que no proporciona los datos de sus cédulas profesionales, ello en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo el cual dispone: "Artículo 12. El quejoso y el tercero interesado podrán autorizar para oír notificaciones en su nombre, a cualquier persona con capacidad legal, quien quedará facultada para interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar su suspensión o diferimiento y realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de los derechos del autorizante, pero no podrá substituir o delegar dichas facultades en un tercero. En las materias civil, mercantil, laboral, tratándose del patrón, administrativa y penal, la persona autorizada, deberá acreditar encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, y deberán proporcionarse los datos correspondientes en el escrito en que se otorgue dicha autorización. Sin embargo, las partes podrán designar personas solamente para oír notificaciones e imponerse de los autos, a cualquier persona con capacidad legal, quien no gozará de las demás facultades a que se refiere el párrafo anterior." CONSULTA DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Asimismo, con fundamento en los artículos 3° de la Ley de Amparo, así como lo dispuesto por el artículo 40 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos por contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se faculta a la Encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y Actuario adscritos, a efecto de que permitan a la ocursante la consulta del expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa, en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, con el nombre de usuario "********************", "********************", "********************", "********************" e "********************". HABILITACIÓN PARA NOTIFICACIONES EN DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo se habilitan días y horas inhábiles al actuario de la adscripción, para la práctica de todas y cada una de las notificaciones que se ordenen en el presente expediente, aún las de carácter personal. HABILITACIÓN A LOS ACTUARIOS PARA EFECTUAR NOTIFICACIONES POR MEDIO DE LISTA En ese mismo sentido, en aras de una administración de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, y de manera adicional a lo estatuido en el numeral 27 de la Ley de la Materia, desde este momento se faculta al actuario de la adscripción, para que en el supuesto de que en este juicio de amparo se ordene una notificación personal y se presente alguna imposibilidad para practicarla, como enunciativa más no limitativamente se precisa: no conozcan a la persona buscada o esté desocupado el inmueble designado, dicha notificación se efectúe (previa razón asentada como soporte), por medio de la lista que se fija en los estrados de este Juzgado Federal; en la inteligencia de que, dicho medio de publicidad será el lugar donde se practiquen las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto la parte interesada señale un nuevo inmueble para tal efecto. Asimismo, se instruye al Actuario Judicial para que los diferimientos que se lleguen a presentar, se practiquen a las partes por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, incluidas a las responsables, toda vez que el artículo 26 de la Ley de Amparo, en su fracción I, prevé expresamente las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo que el juzgador está obligado a comunicarles de manera personal; sin embargo, el diferimiento de la audiencia constitucional no se precisó como uno de esos casos de excepción, de ahí que resulta suficiente que en esos casos se notifique por medio de lista en términos del artículo 29 del ordenamiento legal citado, al actualizarse el supuesto previsto por el artículo 26, fracción III de la ley de la materia. Similar razonamiento se hace en torno a las autoridades señaladas como responsables, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes quejosa y tercero interesada, pues a través de ella se les informa en su domicilio o en el que señalaron para oír y recibir notificaciones, los actos encaminados a la integración del juicio, su resolución y los posteriores; de ahí que si la notificación mediante oficio tiene la misma finalidad que la que se realiza en forma personal a las partes, es incuestionable que debe ajustarse a las directrices precisadas por el legislador invocado por el numeral 26, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que resulta innecesario girar oficio a las autoridades para comunicarles el diferimiento de la audiencia constitucional. EXHORTACIÓN PARA TRAMITAR ASUNTO "EN LÍNEA" De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales cono ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, punto TERCERO que reforma, entre otros, los artículos 251 al 265 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del presente mediante el esquema de juicio en línea. Asimismo, se les conmina para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correo electrónico, teléfono o servicios de mensajería instantánea, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. En este sentido, se hace del conocimiento que, de ser necesario, las comunicaciones no procesales que se realicen, a criterio del órgano jurisdiccional, podrán incorporarse al expediente previa certificación correspondiente, para los efectos legales conducentes. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. EDC

  3. Principal

    MESA I.- Se tiene por recibido el oficio de ***, en su carácter de perito oficial en materia de grafoscopía y documentoscopía, por medio del cual solicita se pongan a la vista en original documentos que contengan firmas originales, autógrafas, coetáneas, suficientes y contemporáneas, a la firma dubitada de dos mil seis; asimismo, solicita que se amplié el termino para emitir el dictamen pericial encomendado, hasta en tanto se obtengan los elementos indicados. Atento a lo anterior, dígase a la perito oficiante que mediante auto de catorce de abril de dos mil veintitrés, se requirió al Juzgado de Paz de Cuernavaca, Morelos, para que dentro del término de tres días, informe a este Juzgado Federal, si cuenta con documentos oficiales que contengan la firma autógrafa del entonces Juez de Paz *****, con sello oficial del juzgado, correspondientes al año dos mil seis; y, de ser así, informe el día y la hora en que pueda darle acceso a los peritos, a los documentos en cuestión, para que dichos expertos se impongan de las constancias relativas, a fin de obtener mayores elementos para la rendición de su dictamen pericial. Por lo que, una vez que la autoridad requerida dé respuesta al requerimiento realizado, se otorgará a los peritos un nuevo término prudente para que rindan su dictamen correspondiente. Por otra parte, se tiene por recibido el escrito de ***, por medio del cual exhibe el original de la documental publica consistente en el Acta de Protesta de Ley como Juez de Paz Municipal del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos realizada a ***, de dieciséis de noviembre de dos mil seis. En consecuencia, con fundamento en al artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, dese vista a la perito oficial y al perito de la parte quejosa, por el término de tres días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la legal notificación del presente proveído, a efecto de que se imponga de su contenido, a efecto de contar con elementos para rendir su respectivo dictamen. Lo anterior, hágase del conocimiento a ***, por conducto del Director Regional de Servicios Periciales Zona Metropolitana, así como al experto ****, por conducto de la parte quejosa. JRL

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