Estela Ruth Ofelia Hoyos Barrena
Expediente 1323/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Hidalgo. 2 actuaciones registradas, la última del 18 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1323/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 18/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Estela Ruth Ofelia Hoyos Barrena
Actuaciones
- Principal
(5) Visto el estado de autos, de los cuales se advierte que feneció el plazo concedido a las autoridades responsables Secretaría de Bienestar, Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios de la Secretaría de Bienestar, y de la Dirección General para la Validación de Beneficiarios, por conducto de su delegado el Subdirector de Amparos y Asuntos Especiales de la Secretaría de Bienestar, en auto de quince de junio de dos mil veintitrés, a efecto de que dieran cumplimiento a la ejecutoria de amparo; sin que hubieran realizado ello. En consecuencia, dado el incumplimiento de las citadas responsables, se hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de quince de junio de dos mil veintitrés, por lo que se les impone una multa a cada uno por el equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización prevista en el artículo 26, apartado B, párrafos sexto y séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, equivalente a ********************, tomando en consideración que la Unidad de Medida y Actualización prevista en el artículo 26, apartado B, párrafos sexto y séptimo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente en el país a partir del uno de febrero de dos mil veintidós, tiene un valor de ********************, las que se mandarán hacer efectivas una vez que quede firme el presente proveído. No obstante, con fundamento en el artículo 192, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se requiere nuevamente a las autoridades responsables Secretaría de Bienestar, Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios de la Secretaría de Bienestar, y de la Dirección General para la Validación de Beneficiarios, por conducto de su delegado el Subdirector de Amparos y Asuntos Especiales de la Secretaría de Bienestar, para que de manera inmediata 1] se resuelva con libertad de jurisdicción el expediente administrativo ********************/2022 del índice de la Delegación de Programas para el Desarrollo de Hidalgo, en la que determine si autoriza o no la incorporación de la quejosa ******************** al Programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente en el ejercicio fiscal dos mil veintidós, y, en caso de autorizarlo, ordene a quien corresponda realice el registro respectivo; asimismo, le notifiqué personalmente a la quejosa la determinación que recaiga; y, 2] para que en el ámbito de sus facultades, las autoridades responsables realicen las gestiones necesarias a fin de que se emita la aludida resolución de que se trata; en el entendido que al informe correspondiente deberá acompañar copia certificada por duplicado de las constancias que acrediten su dicho. Con apercibimiento que de no hacerlo dentro del plazo concedido, se les impondrá a una multa de ciento cincuenta veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, equivalente ***, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado en turno para que continúe con el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación; lo anterior, con apoyo en los artículos 192, 193 y 258 de la Ley de Amparo. Por otra parte, con fundamento en el artículo 195 de la Ley de Amparo, se hace del conocimiento de las autoridades responsables que el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no exime de la responsabilidad correspondiente, pero podría tomarse en consideración como atenuante de la sanción penal. De igual forma, con apoyo en el artículo 193, párrafo segundo de la Ley de Amparo, se informa a las autoridades responsables que se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales. En el entendido que la responsabilidad a que se hace referencia en líneas precedentes, es la que deriva de la comisión del delito previsto en el artículo 267, fracción I, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, que establece: "Artículo 267. Se impondrá pena de cinco a diez años de prisión y multa de cien a mil días, en su caso destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos a la autoridad que dolosamente: I. Incumpla una sentencia de amparo o no la haga cumplir. (.)". Asimismo, se comunica a las autoridades responsables que no obstante llegaran a dejar el cargo durante la tramitación del procedimiento de ejecución del fallo protector, la responsabilidad derivada de su incumplimiento subsiste en términos de los artículos 193, párrafo primero y 269 de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior la jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y texto son: "Época: Décima Época Registro: 2007918 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I Materia(s): Común Tesis: P./J. 54/2014 (10a.) Página: 19 PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo."
- Principal
(7) Visto el contenido de la certificación que antecede y tomando en consideración que en los presentes cuadernos incidentales no existe diligencia pendiente, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como totalmente concluido. En cumplimiento a lo establecido en el numeral 20, fracción III, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que este expediente es susceptible de destrucción al haberse negado la medida cautelar, dentro de los tres años siguientes a la emisión de este auto, debiéndose hacer las anotaciones en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Luego, en observancia el artículo 19, fracción II, inciso a), del instrumento normativo en referencia, se determina que el duplicado del incidente de suspensión, es susceptible de destrucción dentro de los treinta días siguientes a que haya transcurrido los seis meses siguientes a la emisión de este auto.
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