Estela Ruiz Fernández
Expediente 133/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 15 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 133/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 22/03/2019
Partes del expediente
- Estela Ruiz Fernández
- Francisco Alberto Solís Ruiz
- Estela Ruiz Fernández y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
HA CAUSADO ESTADO EL PROVEÍDO EN EL QUE SE DECRETÓ EL SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA, EN CONSECUENCIA, SE ORDENA EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE COMO ASUNTO CONCLUIDO, MISMO QUE ES DESTRUIBLE. REQUIÉRASE A LA QUEJOSA QUE COMPAREZCA ANTE ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A RECOGER SUS DOCUMENTOS EXHIBIDOS.
- Incidental
Se ordena el archivo del cuaderno incidental en que se actúa, cuyo original es susceptible de depuración, pues se concedió la medida cautelar, por tanto se considera que tiene valor jurídico.
- Principal
NOTIFICACION POR LISTA AL QUEJOSO. HA CAUSADO ESTADO EL PROVEÍDO EN EL QUE SE DECRETÓ EL SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA, EN CONSECUENCIA, SE ORDENA EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE COMO ASUNTO CONCLUIDO, MISMO QUE ES DESTRUIBLE. REQUIÉRASE A LA QUEJOSA QUE COMPAREZCA ANTE ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A RECOGER SUS DOCUMENTOS EXHIBIDOS.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA AL QUEJOSO: TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, VEINTISÉIS DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado de autos y la certificación secretarial de cuenta, se advierte que el veinticinco de febrero del actual, se tuvo por rendido el informe justificado de la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, mediante el cual anexó copias certificadas de diversas constancias que integran el juicio laboral ******************** de su índice (fojas 46 a 78), en apoyo a su informe de ley; documentales que tienen valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en las cuales se aprecia que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVI, de la Ley de Amparo, que señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVI. Contra actos consumados de modo irreparable; [.]" Del reproducido precepto, atendiendo a su estricta literalidad, se colige que el juicio de amparo es improcedente, en contra de actos consumados de modo irreparable, entendiéndose por éstos, aquéllos cuyos efectos no es posible hacer desaparecer, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la ejecución del acto tildado de violatorio de derechos fundamentales. Así, la interpretación armónica de ese precepto en relación con el diversos 77, fracción I, de la Ley de la materia, lleva a concluir que por actos consumados de modo irreparable debe entenderse aquéllos que han producido todos sus efectos de manera tal, que no es posible restituir al quejoso en el goce del derecho violado, lo cual lleva a estimar improcedente la acción de amparo dado que para el caso en que se otorgara la protección constitucional solicitada, la sentencia respectiva carecería de efectos prácticos, al no ser materialmente posible reparar la violación de que se trate. Cabe señalar que la consumación irreparable de que se habla es de naturaleza material o física, esto es, aquella que por haber producido todas sus consecuencias materiales, hace que la restitución del derecho sustantivo tutelado quede fuera del alcance de los instrumentos jurídicos. En cambio, de reclamarse en el juicio de amparo actos que si bien ya se han ejecutado, el efecto restitutorio de volver las cosas al estado que guardaban se alcanza al quedar sin efecto legal tales actos, o bien aun cuando las consecuencias materiales que produjo pueden restablecerse, debe entenderse que no se surte la causa de improcedencia en análisis. Lo anterior se corrobora al tener presente que el efecto de la sentencia en que se otorgue el amparo, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de derechos, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él deriven; de esa forma, la fracción XVI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, interpretada en sentido contrario, en relación con el indicado artículo 77, fracción I, del propio ordenamiento legal, permite afirmar que el juicio de amparo persigue una finalidad práctica, lo cual condiciona su procedencia a la posibilidad de que la sentencia que en él se dicte pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada. Sostiene lo así expuesto, en lo conducente, la tesis emitida por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "ACTOS CONSUMADOS DE MODO IRREPARABLE. Lo son aquéllos cuyos efectos no es posible hacer desaparecer, volviendo las cosas a su estado anterior. Por tanto, una sentencia no puede ser considerada de tal forma, por ser un acto susceptible de ser reparado a través del juicio constitucional." Así como, a contrario sensu, el criterio aislado sostenido por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que sobre el particular establece: "ACTOS CONSUMADOS. No tienen el carácter de actos consumados, de modo irreparable los que pueden dejarse sin efecto mediante juicio constitucional, cuya finalidad es volver las cosas al estado que tenían antes de la ejecución del acto tildado de violatorio de garantías individuales." Finalmente, la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que lleva por rubro y texto: "EFECTOS DE LA SENTENCIA DE AMPARO. De acuerdo con lo establecido en el artículo 80 de la Ley de Amparo y en la tesis de jurisprudencia número 174, publicada en la página 297 de la Octava Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1975, con el texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. El efecto jurídico de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio constitucional, concediendo el amparo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de garantías, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él se deriven"; y en virtud de que el juicio de garantías debe tener siempre una finalidad práctica y no ser medio para realizar una actividad meramente especulativa, para la procedencia del mismo es menester que la sentencia que en él se dicte, en el supuesto de que sea favorable a la parte quejosa, pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, o cuando sea de carácter negativo (o constituya una abstención) se obligue a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija". Bajo ese contexto, se arriba a la conclusión de que para la actualización de la causal de improcedencia en comento, se requiere que el juicio de amparo se intente en contra de actos consumados de un modo irreparable, entendiéndose por éstos, aquéllos cuyos efectos no es posible hacer desaparecer, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la ejecución del acto tildado de inconstitucional; situación que se estima se configura en el presente caso. Cabe retomar que en el presente juicio de amparo se señalaron como actos reclamados la orden de búsqueda, detención y comparecencia por la fuerza pública, dictado en los autos del juicio de origen ********************, del índice de la junta responsable. Sin embargo, de las constancias remitidas por la autoridad responsable relativas al juicio laboral ********************, se advierte que el once de febrero de dos mil diecinueve, se ejecutó la orden de comparecencia por medio de la fuera pública de los demandados hoy quejoso; remitiendo para acreditar su dicho, copia certificada del oficio ******************** a través del cual el Agente de la Policía Especializada de la Fiscalía General del Estado, le comunica sobre el cumplimiento de la presentación por medio de la fuera pública de los quejosos, así como, con la audiencia de toma de muestras de firmas de dichos quejosos (fojas 62 a 65). De esa forma, la ejecución de los actos reclamados hacen que la orden de presentación por la fuerza pública decretado en perjuicio de los aquí quejosos, constituya un acto consumado de modo irreparable, pues aun concediendo la protección de la Justicia Federal resultaría imposible retrotraer los efectos de su presentación y comparecencia ante la junta responsable. Sirve de apoyo lo anterior la 2a./J. 171/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del epígrafe siguiente: "ARRESTO. SI YA SE EJECUTÓ, EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA, ES IMPROCEDENTE, POR CONSTITUIR UN ACTO CONSUMADO DE MODO IRREPARABLE. De los artículos 73, fracción IX y 80 de la Ley de Amparo se advierte que son actos consumados de modo irreparable los que han producido todos sus efectos, de manera que no es posible restituir al quejoso en el goce de la garantía individual violada, lo cual hace improcedente la acción de amparo porque de otorgarse la protección constitucional, la sentencia carecería de efectos prácticos, por no ser factible restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación. En ese tenor, resulta que esa causa de improcedencia se actualiza cuando se promueve el juicio de amparo contra un arresto que ya se ejecutó, por haberse consumado irreversiblemente la violación a la libertad personal, dado que está fuera del alcance de los instrumentos jurídicos restituir al quejoso en el goce de ese derecho, al ser físicamente imposible reintegrarle la libertad de la que fue privado, sin que el hecho de que sea factible reparar los daños y perjuicios que tal acto pudo ocasionar haga procedente el juicio de garantías, pues al tratarse de un medio de control constitucional a través del cual se protegen las garantías individuales, la sentencia que se dicte tiene como único propósito reparar la violación, sin que puedan deducirse pretensiones de naturaleza distinta a la declaración de inconstitucionalidad de un acto, como podría ser la responsabilidad patrimonial. Lo anterior no prejuzga en cuanto a la legalidad de dicho acto o la responsabilidad que, en su caso, pueda atribuirse a las autoridades que tuvieron participación en el mismo, ni limita el derecho que pudiera asistir al particular para demandar, a través de las vías correspondientes, la reparación de los daños que ese acto le pudo ocasionar." Por tanto, se colige que el presente juicio resulta improcedente, al encontrarse consumado de forma irreparable la medida de apremio consistente en la orden de presentación por la fuera pública decretado en perjuicio de la parte quejosa; dicho en otras palabras, sin prejuzgar sobre las posibles irregularidades u omisiones que se hubieran cometido con la emisión de los actos controvertidos, se estima que tal situación quedó consumada de un modo irreparable. Lo anterior, hace imposible resolver el fondo de la litis constitucional planteada, en razón de que no se puede alcanzar el objeto que persiguió con la promoción del presente juicio, debido a la consumación con todos su efectos de los actos reclamados; es decir, resultaría ocioso examinar la constitucionalidad del arresto, dado que al haberse realizado todos y cada uno de sus efectos y consecuencias, física y materialmente ya no puede ser restituido al estado en que se encontraba antes de las violaciones reclamadas. Cobra vigencia al caso, la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro y texto: "ACTOS CONSUMADOS. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los actos consumados se entienden por la doctrina y la jurisprudencia como aquéllos que han realizado en forma total todos sus efectos, es decir, aquéllos cuya finalidad perseguida se ha obtenido en todas sus consecuencias jurídicas. Para efectos de la procedencia del juicio de amparo los actos consumados, atendiendo a su naturaleza y efectos los podemos clasificar en: a) actos consumados de modo reparable y b) actos consumados de modo irreparable. Los primeros son aquéllos que a pesar de haberse realizado en todos sus efectos y consecuencias pueden ser reparados por medio del juicio constitucional, es decir, que la ejecución o consumación del acto puede ser restituida o reparable al obtenerse una sentencia de amparo favorable (artículo 80 de la Ley de Amparo), de ahí el que proceda el juicio de amparo en contra de actos consumados de modo reparable. En cambio, los actos consumados de modo irreparable son aquéllos que al realizarse en todos y cada uno de sus efectos y consecuencias, física y materialmente ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de las violaciones reclamadas, razón por la cual resulta improcedente el juicio de garantías en términos de la fracción IX del artículo 73 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. En esta tesitura, para determinar si se está en presencia de un acto consumado de modo reparable o irreparable, se debe de atender a los efectos y consecuencias de su ejecución. Así tenemos que los efectos y consecuencias del acto reclamado ya ejecutado no pueden circunscribirse al tiempo o momento de su ejecución para determinar la procedencia del juicio de amparo, porque llegaríamos al extremo de que cualquier acto por el solo hecho del transcurso del tiempo en su realización, por no retrotraerse éste, es un acto consumado de modo irreparable, cuando la restitución del acto ejecutado es factible aun cuando sea en otro tiempo y momento. Esto resulta así, si consideramos que los actos consumados de modo irreparable hacen improcedente el juicio de amparo porque ni física ni materialmente, puede obtenerse la restitución de los actos reclamados. Lo que significa que la naturaleza de los actos consumados para efectos del juicio de amparo debe atender a la reparabilidad física y material de los mismos, es decir, al hecho de que el gobernado pueda gozar jurídica y nuevamente del derecho que tiene tutelado, y que le fue transgredido, igual que antes de las violaciones cometidas, pero no por cuestiones de tiempo o del momento de su ejecución porque el tiempo no rige la materialización física y restituible de los actos ejecutados (actos consumados)." En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVI, de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, pues constituye un caso específico de causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia, por lo que ningún objeto tiene continuar la tramitación del juicio y dar oportunidad a que se ofrezcan pruebas, si el sentido del fallo sería el mismo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia por contradicción de tesis 2ª./J.10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, del Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que señaló: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En tales condiciones, se deja sin efectos la hora y fecha de la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con treinta y seis minutos del quince de marzo de dos mil diecinueve (foja 18 vuelta). NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES.
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