Estela Rojas Ortega

Expediente 88/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 32 actuaciones registradas, la última del 10 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
88/2023
Año
2023
Actuaciones
32
Última actuación
10/11/2023

Partes del expediente

  • Estela Rojas Ortega
  • Estela Rojas Ortega y Otros.
  • Juzgado Quinto Familiar del Distrito Judicial del Centro, en el Estado de Oaxaca

Actuaciones

Las 4 más recientes de 32.

  1. Incidental

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de noviembre de dos mil veintitrés. Archivo. Visto el estado de autos se advierte que ya se dictó la interlocutoria en este incidente, asimismo que en nueve de noviembre de dos mil veintitrés, se ordenó el archivo del juicio de amparo al que pertenece; en consecuencia, se ordena el archivo del presente cuaderno incidental como asunto concluido. Con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, que entró en vigor al día siguiente; en específico su artículo 34 (Orden de archivo), este Órgano Jurisdiccional determina la valoración respectiva en términos del artículo 20, fracción III (El original del cuaderno relativo al incidente de suspensión en amparo siempre que la medida cautelar se haya negado respeto de todos los actos reclamados), por lo tanto: a) No tiene relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del Acuerdo citado. b) Es destruible; y c) Transcurridos tres años de ordenado el archivo, transfiérase al depósito documental que, para tal efecto designe el Área coordinadora de archivos. Téngase a la Secretaria haciendo constar que en el presente asunto no obran documentos originales, conforme a la certificación de cuenta. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere la Ley de Amparo en su artículo 86, sin que la parte quejosa haya recurrido el proveído de veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés, mediante el cual, se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; por tanto, se declara que el mismo ha causado estado, para los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. En virtud de lo anterior, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, que entró en vigor al día siguiente; en específico su artículo 34 (Orden de archivo), se determina la valoración respectiva en términos del artículo 20, fracción II, (Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido), por lo tanto: No tiene relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del Acuerdo citado; Es susceptible de destrucción; Transcurridos tres años de ordenado el archivo, dentro de los treinta días siguientes se deberá destruir este expediente; y Terminado el proceso de destrucción, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Téngase la Secretaria haciendo constar que en el presente asunto no obran documentos originales, conforme a la certificación de cuenta. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Tribunal Colegiado remite Recursos. Agréguense los oficios de cuenta remitidos por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa de este Decimotercer Circuito, con sede en Oaxaca de Juárez, al que acompaña: Testimonio de la ejecutoria de veintidós de septiembre de dos mil veintitrés, dictada en el recurso de queja 167/2023 del índice de ese Tribunal, acúsese recibo. Testimonio de la ejecutoria de trece de septiembre de dos mil veintitrés, dictada en el recurso de queja 185/2023 del índice de ese Tribunal, acúsese recibo. Ahora bien, toda vez que el referido Tribunal Colegiado declaró infundados los medios de impugnación de que se trata interpuestos por la tercera interesada Jessica Denise Betanzos Gutiérrez, por sí y en representación de la menor con iniciales S.V.S.B.; hágase del conocimiento de las partes dicha determinación, para los efectos legales correspondientes. Se reanuda procedimiento. Toda vez que en diecinueve de abril de dos mil veintitrés, se decretó la suspensión del presente asunto hasta en tanto el Tribunal de Alzada resolviera el citado recurso de queja 167/2023 y posteriormente el 185/2023, dado que los mismos se declararon infundados, se ordena la reanudación del procedimiento en el presente juicio. Se levanta reserva. Ahora, en proveído de cuatro de mayo pasado, se reservó acordar el oficio y anexo remitidos por la Juez Quinto Familiar del Centro, Oaxaca, mediante el cual refiere que rinde informe justificado relativo a la ampliación de la demanda; por tanto, se tiene a la referida autoridad responsable rindiendo informe justificado en relación a la ampliación de la demanda, y remitiendo las constancias relacionadas, mismas que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza. De igual forma, en veintidós de junio último, se reservó acordar el oficio de la autoridad responsable Juez Quinto Familiar del Centro, mediante el cual informa que en diligencia de catorce de junio de dos mil veintitrés, se llevó a cabo la ratificación de convenio entre el aquí quejoso Eduardo Alfonso Solana Meixueiro y la tercera interesada Jessica Denise Betanzos Gutiérrez, lo que acredita con las copias certificadas que adjunta, mismas que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza. Estado de los autos. Visto el estado de los autos, se advierte que en esencia, los actos reclamados en el presente juicio de amparo son los siguientes: La falta de emplazamiento al juicio de alimentos que se sigue en contra del señor Eduardo Alfonso Solana Meixueiro, bajo el expediente número 437/2021, del Juzgado Quinto Familiar del Distrito Judicial del Centro. El acuerdo de fecha 12 de diciembre del año 2022, a través del cual, se fija y ordena requerir el pago a Eduardo Alfonso Solana Meixueiro, de una pensión alimenticia provisional a favor de la menor identificada con las iniciales S. V. S. B., equivalente a un salario mínimo y medio diario por cada día que compone el mes, dentro del expediente 437/2021, del Juzgado Quinto Familiar del Distrito Judicial del Centro. La falta de aplicación del principio de proporcionalidad en materia de alimentos en la fijación de la pensión alimenticia provisional dentro del acuerdo de fecha 12 de diciembre del año 2022 en el expediente 437/2021, del Juzgado Quinto Familiar del Distrito Judicial del Centro; y la omisión de contemplar y valorar la existencia de diversos acreedores alimentarios, en este caso, mis hijos E. A. y E. S. ambos de apellidos S. R., así como mi cónyuge Estela Rojas Ortega. La ejecución del acuerdo de fecha 12 de diciembre del año 2022, y todas y cada una de las notificaciones realizadas por la Actuaria adscrita al Juzgado Quinto Familiar del Distrito Judicial del Centro, en el expediente 437/2021. .Acuerdo de fecha ocho de noviembre del año dos mil veintiuno, dictado dentro del expediente 437/2021 por la Jueza Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro en el Estado de Oaxaca, a través del cual, en términos de los artículos 110 y 112 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado comisionó a la actuaria judicial correspondiente, para emplazar a Eduardo Alfonso Solana Meixueiro para que dentro del plazo de nueve días dé contestación a la demanda instaurada en su contra. . Diligencia de Notificación, correr traslado y emplazamiento por cédula al demandado Eduardo Alfonso Solana Meixueiro, levantada en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, siendo las 11:30 horas del once de enero del año dos mil veintidós, dentro del expediente 437/2021 del Juzgado Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro en el Estado de Oaxaca por la C. Aracely Mendoza Mendoza -documental que obra en el informe justificado rendido por la Juez Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro y que fue publicado el quince de febrero de dos mil veintitrés. .Cita de espera de fecha 10 de enero del año 2022, levantada a las 14:30 horas, dentro del expediente 437/2021 del Juzgado Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro en el Estado de Oaxaca, por la C. Aracely Mendoza, . Diligencia de notificación, correr traslado y emplazamiento por cédula al demandado Eduardo Alfonso Solana Meixueiro, levantada en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, siendo las 11:30 horas del 11 de enero del año 2022, dentro del expediente 437/2021 del Juzgado Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro en el Estado de Oaxaca, por la C. Aracely Mendoza. Estudio socioeconómico de fecha 31 de enero del año 2022, dentro del expediente 437/2021 del Juzgado Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro en el Estado de Oaxaca, emitido por la C. Stephani Pèrez Garcìa, . Reclamo además las consecuencias y efectos de los actos reclamados en la presente ampliación y enumerados del 1 al 5. La discusión, aprobación, expedición, promulgación, órdenes de publicación, circulación, observación y debido cumplimiento del Decreto número 1588, aprobado por la LXIII Legislatura del 18 de septiembre del 2018, publicado en el Periódico Oficial número 45 Octava Sección de fecha 10 de noviembre de 2018 por cuanto al artículo 69 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca. La inconstitucionalidad del Decreto número 1588, aprobado por la LXIII Legislatura del 18 de septiembre del 2018, publicado en el Periódico Oficial número 45 Octava Sección de fecha 10 de noviembre de 2018 por cuanto al artículo 69 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca." Acuerdo de fecha diecisiete de marzo de dos mil veintitrés, dictado dentro del expediente 437/2021 por la Juez Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro en el Estado de Oaxaca, en el que se ordenó la inscripción de Eduardo Alfonso Solana Meixueiro al Registro de Deudores Alimentarios Morosos; así como las consecuencias y efectos del mismo. Sobreseimiento fuera de audiencia. Del análisis de las constancias de autos se desprende la materialización del sobreseimiento en el presente juicio de amparo por las razones que a continuación se precisarán. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo que conforme a lo dispuesto por la Ley de Amparo, el legislador previó la posibilidad de que durante la tramitación del juicio de amparo sobreviniera alguna causal de improcedencia de las previstas en la legislación invocada, de manera que cuando una de estas causales sea notoria y manifiesta y que no pueda ser desvirtuada mediante ningún medio probatorio, es posible decretar el sobreseimiento fuera de la fecha señalada para la audiencia constitucional, pues de no hacerlo, retardaría la impartición de la justicia. Lo anterior se desprende de la jurisprudencia por contradicción 2a. /J. 10/2003, registro 184572 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, del Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En la especie, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del numeral 61 de la Ley de Amparo, que refiere: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)." La cesación de efectos se actualiza cuando el acto de autoridad deja de producir sus consecuencias sin condición alguna y, por ende, de afectar al gobernado en su esfera jurídica, sea porque la autoridad lo deroga o revoca, restituyendo a la parte quejosa en el goce del derecho vulnerado, como si se hubiera otorgado el amparo. Ilustra lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo IX, junio de 1999, página 38, con registro 193758, intitulada: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Para estimar actualizada la causa de improcedencia invocada, es indispensable que concurran los siguientes extremos: a) Un acto u omisión de autoridad que se considere lesivo de derechos fundamentales y que motive la promoción de la demanda de amparo en su contra; y, b) Que respecto del mismo, se actualice cualquiera de los siguientes supuestos: 1. Un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, que deje insubsistente, en forma permanente, el que es materia del juicio de amparo; 2. Una situación que destruya, en forma definitiva, el acto que se reclama, restituyendo a la parte quejosa en el goce de sus derechos fundamentales violados; 3. Una situación de hecho que sobrevenga durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que, en su caso, llegare a pronunciarse. El primer requisito se encuentra acreditado, pues la parte quejosa estima como actos lesivos a sus derechos fundamentales: La falta de emplazamiento al juicio de alimentos que se sigue en contra del señor Eduardo Alfonso Solana Meixueiro, bajo el expediente número 437/2021, del Juzgado Quinto Familiar del Distrito Judicial del Centro. El acuerdo de fecha 12 de diciembre del año 2022, a través del cual, se fija y ordena requerir el pago a Eduardo Alfonso Solana Meixueiro, de una pensión alimenticia provisional a favor de la menor identificada con las iniciales S. V. S. B., equivalente a un salario mínimo y medio diario por cada día que compone el mes, dentro del expediente 437/2021, del Juzgado Quinto Familiar del Distrito Judicial del Centro. La falta de aplicación del principio de proporcionalidad en materia de alimentos en la fijación de la pensión alimenticia provisional dentro del acuerdo de fecha 12 de diciembre del año 2022 en el expediente 437/2021, del Juzgado Quinto Familiar del Distrito Judicial del Centro; y la omisión de contemplar y valorar la existencia de diversos acreedores alimentarios, en este caso, mis hijos E. A. y E. S. ambos de apellidos S. R., así como mi cónyuge Estela Rojas Ortega. La ejecución del acuerdo de fecha 12 de diciembre del año 2022, y todas y cada una de las notificaciones realizadas por la Actuaria adscrita al Juzgado Quinto Familiar del Distrito Judicial del Centro, en el expediente 437/2021. .Acuerdo de fecha ocho de noviembre del año dos mil veintiuno, dictado dentro del expediente 437/2021 por la Jueza Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro en el Estado de Oaxaca, a través del cual, en términos de los artículos 110 y 112 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado comisionó a la actuaria judicial correspondiente, para emplazar a Eduardo Alfonso Solana Meixueiro para que dentro del plazo de nueve días dé contestación a la demanda instaurada en su contra. . Diligencia de Notificación, correr traslado y emplazamiento por cédula al demandado Eduardo Alfonso Solana Meixueiro, levantada en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, siendo las 11:30 horas del once de enero del año dos mil veintidós, dentro del expediente 437/2021 del Juzgado Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro en el Estado de Oaxaca por la C. Aracely Mendoza Mendoza -documental que obra en el informe justificado rendido por la Juez Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro y que fue publicado el quince de febrero de dos mil veintitrés. .Cita de espera de fecha 10 de enero del año 2022, levantada a las 14:30 horas, dentro del expediente 437/2021 del Juzgado Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro en el Estado de Oaxaca, por la C. Aracely Mendoza, . Diligencia de notificación, correr traslado y emplazamiento por cédula al demandado Eduardo Alfonso Solana Meixueiro, levantada en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, siendo las 11:30 horas del 11 de enero del año 2022, dentro del expediente 437/2021 del Juzgado Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro en el Estado de Oaxaca, por la C. Aracely Mendoza. Estudio socioeconómico de fecha 31 de enero del año 2022, dentro del expediente 437/2021 del Juzgado Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro en el Estado de Oaxaca, emitido por la C. Stephani Pèrez Garcìa, . Reclamo además las consecuencias y efectos de los actos reclamados en la presente ampliación y enumerados del 1 al 5. La discusión, aprobación, expedición, promulgación, órdenes de publicación, circulación, observación y debido cumplimiento del Decreto número 1588, aprobado por la LXIII Legislatura del 18 de septiembre del 2018, publicado en el Periódico Oficial número 45 Octava Sección de fecha 10 de noviembre de 2018 por cuanto al artículo 69 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca. La inconstitucionalidad del Decreto número 1588, aprobado por la LXIII Legislatura del 18 de septiembre del 2018, publicado en el Periódico Oficial número 45 Octava Sección de fecha 10 de noviembre de 2018 por cuanto al artículo 69 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca." Acuerdo de fecha diecisiete de marzo de dos mil veintitrés, dictado dentro del expediente 437/2021 por la Juez Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro en el Estado de Oaxaca, en el que se ordenó la inscripción de Eduardo Alfonso Solana Meixueiro al Registro de Deudores Alimentarios Morosos; así como las consecuencias y efectos del mismo. Por lo que hace al segundo de los extremos necesarios para la configuración de la improcedencia que se analiza, se acredita el señalado en la hipótesis número 2, relativa a una situación que destruya, en forma definitiva, el acto que se reclama, restituyendo a la parte quejosa en el goce de sus derechos fundamentales violado, materia del juicio de amparo. En efecto, de las constancias que en copia certificada remitió la autoridad responsable se advierte lo siguiente: En relación a los actos reclamados señalados del 1 al 10: informa que en diligencia de catorce de junio de dos mil veintitrés, se llevó a cabo la ratificación de convenio entre el aquí quejoso Eduardo Alfonso Solana Meixueiro y la tercera interesada Jessica Denise Betanzos Gutiérrez, manifestando que en ese momento se hizo entrega del primer y segundo pago establecidos en el referido convenio por concepto de pensión alimenticia retroactiva y gastos y costas del juicio de origen; mismo que fue aprobado en forma definitiva y al ser celebrado en una contienda judicial, adquiere la eficacia de una sentencia firme. En relación al acto reclamado señalado con el número 13: De las constancias relativas al acuerdo de diecisiete de abril del año en curso, dictado en el expediente 437/2021, de su índice, en el que se tuvo al aquí quejoso Eduardo Alfonso Solana Meixueiro exhibiendo el certificado de depósito que amparaba la cantidad adeudada en el referido asunto, por lo que se ordenó dejar sin efecto el auto de diecisiete de marzo de la presente anualidad, para su inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, atendiendo a que ya se había puesto al corriente con la pensión provisional adeudada, mismo que fue notificado al quejoso el veintisiete de abril siguiente. Por tanto, es claro que han cesado los efectos de dichos actos reclamados y por ello, procede sobreseer en el juicio de amparo. Ahora, al resultar improcedente el juicio de amparo respecto de los actos reclamados consistentes en el indebido llamamiento a juicio, el cual fue señalado como acto de aplicación del artículo 69 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca, lo procedente es también sobreseer en el presente juicio respecto de la inconstitucionalidad de dicho numeral, que se reclamó al titular del Poder Ejecutivo y al Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, en términos de lo previsto en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)." En efecto, la fracción en comento refiere que el juicio de amparo es improcedente contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior a su vigencia; luego, si en el caso, resultó improcedente el juicio de amparo respecto de dicho acto concreto de aplicación, entonces ese acto desapareció al haber dejado de afectar la esfera jurídica de la parte quejos y por ello no es posible estudiar el numeral cuya aplicación se reclama con motivo de éste. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.5o.C. J/38, registro 210127, sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 26, del tomo 82, octubre de 1994, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de rubro y texto siguientes: "CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES. AMPARO INDIRECTO IMPROCEDENTE CUANDO SE IMPUGNA LA APLICACION DE UNA LEY QUE SE ESTIMA INCONSTITUCIONAL EN UN JUICIO. El juicio de amparo indirecto en el que se impugna la aplicación de una ley por estimarla inconstitucional, es improcedente porque de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 158 de la Ley de Amparo, las cuestiones surgidas dentro de un juicio que no sean de imposible reparación, sobre constitucionalidad de leyes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva o resolución que ponga fin al juicio." Asimismo, sirve de apoyo, la tesis I.4o.C.40 K, registro 165619, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 2008, del tomo XXXI, enero de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "AMPARO CONTRA LEYES APLICADAS EN ACTOS JUDICIALES. PREVALECEN LAS REGLAS DE PROCEDENCIA DEL AMPARO JUDICIAL. La correlación de los artículos 73, fracción XII, párrafos tercero y cuarto, 158 in fine y 166, fracción IV, de la Ley de Amparo, pone en evidencia que el amparo contra leyes con motivo de su aplicación, debe promoverse, por regla general, en la vía de amparo indirecto, dentro de los siguientes quince días al del conocimiento o surtimiento de efectos de la notificación del acto de aplicación o del que resuelva el recurso ordinario interpuesto en su contra, cuando se haya optado por ese camino; pero si se trata de un acto emitido en un juicio, se debe atender a las reglas específicas aplicables para el amparo judicial: a) si el acto de aplicación tiene una ejecución de imposible reparación, inmediatamente en amparo indirecto, y b) si el acto sólo produce efectos intraprocesales, en el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva o resolución que ponga fin al juicio, en los conceptos de violación, conforme lo dispone el último párrafo del artículo 158 de la Ley de Amparo, de modo que, en el primer supuesto en la demanda se reclamará destacadamente la norma general considerada inconstitucional y el acto procesal de su aplicación, y se señalarán como responsables a los órganos legislativos conducentes y a la autoridad aplicadora, y en el segundo, no serán actos reclamados destacadamente, ni la ley estimada inconstitucional por el quejoso ni su acto de aplicación, y los órganos legislativos no tendrán el carácter de autoridades responsables, sino que la impugnación se concretará a hacer valer su inconformidad en los conceptos de violación, y su acogimiento en la sentencia, podrá conducir únicamente a declarar ineficaz el acto de aplicación y a decretar las consecuencias que correspondan al interior del proceso, como, por ejemplo, la reposición del procedimiento." Bajo ese contexto, también resulta aplicable, la jurisprudencia 2a./J. 71/2000, registro 191311, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 235, del tomo XII, Agosto de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada." Bajo esa óptica, respecto de la inconstitucionalidad del artículo 69 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca, procede sobreseer en el juicio de amparo. En las relatadas condiciones, al operar las causales de improcedencia en estudio respecto de los actos reclamados referidos, con fundamento en el artículo 63, fracción V y 61, fracciones XII y XXI, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio. Sin que el hecho de decretar el sobreseimiento fuera de audiencia de este juicio de amparo cause agravio a la quejosa o la prive de defensa, ya que, ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada dicha causa de improcedencia, con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por el Agente del Ministerio Público adscrito a la mesa VIII del Sistema Adversarial, de la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca, mediante el cual solicita que se informe si existe el juicio de amparo 88/2023 promovido por el ciudadano ***, en contra del Juez Quinto Familiar del Estado de Oaxaca, de ser cierto, se informe el estado actual del referido juicio de amparo y se remitan copias cotejadas del mismo, toda vez que la referida información es de importancia para la investigación de probable comisión de un hecho que la ley señala como delito cometido por servidores públicos. En consecuencia, dado que la solicitud la realiza en el ejercicio de sus funciones de investigación de un hecho delictivo concreto, mediante oficio que al efecto se gire, infórmese a la autoridad oficiante, que existe el presente juicio de amparo con número al rubro indicado, que en auto de diecinueve de abril de dos mil veintitrés se suspendió el procedimiento, con motivo de la interposición del recurso de queja hecho valer por la tercero interesada ***, promoviendo por propio derecho y representación de la menor con iniciales ****; asimismo, remítase copia certificada de todo lo actuado en el presente asunto. NOTIFÍQUESE.

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