Estela Ortuño Rosas
Expediente 1682/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 6 actuaciones registradas, la última del 13 de junio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1682/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 13/06/2019
Partes del expediente
- Estela Ortuño Rosas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, TRECE DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE. Por recibido el oficio de cuenta, por el cual el Actuario Judicial Adscrito al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, de esta ciudad, remite testimonio certificado de la ejecutoria de treinta de mayo del año en curso, emitida por dicho Tribunal dentro de la queja civil 436/2018, así como los autos originales del juicio de amparo indirecto 1682/2018. Ahora bien, de lo resuelto por el referido Tribunal Colegiado se aprecia, que declaró infundado el recurso de queja interpuesto por la promovente ********************, en contra del auto de catorce de agosto de dos mil dieciocho, a través del cual se desechó por notoriamente improcedente la demanda de amparo, contra actos del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil, con sede en esta ciudad; en consecuencia, acúsese el recibo de estilo. Por otra parte, ya que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se ordena el archivo definitivo de este expediente como totalmente concluido; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo; sin que resulte necesario hacer pronunciamiento respecto del incidente de suspensión por no haberse tramitado. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; y que en el punto vigésimo primero, fracción I, del capítulo quinto, prevé que en los Juzgados de Distrito son susceptibles de destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asunto concluido y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el dicho acuerdo. Ahora bien, se establece que el presente expediente se ubica en la fracción I, señalada en el citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, toda vez que la presente demanda de amparo se desechó, máxime que carece de relevancia documental; por lo tanto, una vez que transcurran más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asunto concluido, es susceptible de destrucción. NOTIFÍQUESE.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, DIEZ DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tiene por recibido el ocurso de cuenta suscrito por el Secretario del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite testimonio de la resolución emitida el veintitrés de agosto del año en curso, en el recurso de queja número 104/2018, relativo al presente sumario constitucional número 180/2018, en la que se aprecia que declaró infundado dicho medio de impugnación interpuesto, por lo que confirmó el auto de catorce de febrero de dos mil dieciocho (fojas 17 a 21), mismo que desechó el juicio de amparo promovido por Celene Lariza Rodríguez Sesate, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar, con sede en esta ciudad; en consecuencia, acúsese el recibo de estilo y háganse las anotaciones correspondientes en el libro relativo. Por otro lado, toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el arábigo 214 de la Ley de Amparo, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Luego, en acatamiento al acuerdo general conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asunto concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos décimo primero, párrafo último y vigésimo segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es destruible. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción I, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues se desechó de plano la demanda de garantías, carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es destruible, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno. Finalmente, agréguese al expediente en que se actúa, el cuaderno de antecedentes correspondiente a partir de la remisión del recurso de queja.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, TRES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tiene por recibido el ocurso firmado por el Coordinador de Instituciones Formadoras de Docentes dependiente de los Servicios de Educación Pública del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, mediante el cual en atención a lo solicitado en proveído de veintiocho de agosto del año en curso, comunica que la información que se le requiere no obra en los archivos de esa dependencia, sino que depende de la Unidad Formadora de Docentes en Educación Básica de la Secretaría de Educación del Estado de Nayarit, a cargo de la Maestra María Guadalupe Tirado Cedano; en consecuencia, agréguese el mismo a los presentes autos para los efectos legales procedentes. En consecuencia, toda vez que en su oportunidad el Director General de Educación Superior para Profesionales de la Educación, con sede en la Ciudad de México, por conducto del Director de Procesos Jurisdiccionales de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Secretaría de Educación Pública (foja 175), indicó en lo que al caso interesa, que la única documental con la que contaba, correspondía al curricular vitae y carta de exposición de motivos del accionante de garantías Felipe Medina Mendoza, la cual fue revisada por el enlace correspondiente en la entidad y de la que derivó que el candidato con número de folio 6365, no contaba con los elementos para demostrar que poseía el nivel de inglés requerido para las necesidades del Programa para el Fortalecimiento del Inglés en Escuelas Normales, debido a lo siguiente: "El candidato presentó una certificación de CENNI 12, el cual de acuerdo con el MCER equivale a B2 y no a C1. De su carga de motivos, se advirtieron diversos errores gramaticales que no demostraban el nivel requerido en la Convocatoria. Y finalmente, a pesar de que en la Convocatoria se solicitó experiencia profesional, el candidato no refirió ejemplos concretos sobre: Participación en congresos, seminarios, conferencias, etc." Luego, toda vez que dicha constancia no fue remitida por el Coordinador de Instituciones Formadoras de Docentes dependiente de los Servicios de Educación Pública del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, en atención a lo informado, a efecto de contar con los elementos necesarios para resolver el presente juicio de garantías, se requiere a la Maestra María Guadalupe Tirado Cedano de la Unidad Formadora de Docentes en Educación Básica de la Secretaría de Educación del Estado de Nayarit, para que de conformidad con lo previsto por el ordinal 75 de la Ley de Amparo, dentro del término de TRES DÍAS, siguientes al en que reciba el presente oficio, remita copias certificadas, completas, legibles y ordenadas de las documentales que tuvo a la vista y que le sirvieron para proceder a concluir en los términos transcritos con anterioridad, toda vez que las mismas resultan necesarias para la resolución del presente amparo. Apercibida que de ser omisa, se hará acreedora a una medida de apremio, consistente en una multa equivalente a cien valores diarios de la unidad de medida y actualización. En el entendido de que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26, apartado B, párrafo sexto y séptimo constitucional en relación con el segundo y tercero transitorio del Decreto que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo, acorde a la fracción I, del numeral 237, en relación con el arábigo 260, fracción II de la Ley de la Materia. Cobra aplicación al respecto por analogía, la jurisprudencia 363, sustentado por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trecientos nueve, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos diecisiete a dos mil, cuyo contenido versa al tenor siguiente: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. "De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto". De igual manera, resulta aplicable por analogía la Tesis I.13o. A. 1.K emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página mil ciento trece, Tomo XIII, Materia Común, Novena Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, abril de dos mil uno, que a la letra señala: "PRUEBAS. LA OBLIGACIÓN DEL JUEZ DE AMPARO DE RECABARLAS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 78 DE LA LEY DE LA MATERIA, NO SE LIMITA A LAS QUE SE HUBIEREN RENDIDO ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, SINO QUE EXISTE OBLIGACIÓN DE RECABAR AQUELLAS QUE SE HAYAN TOMADO EN CUENTA PARA LA EMISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. De la interpretación lógica y sistemática del artículo 78 de la Ley de Amparo, en relación con el 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se desprende que en tratándose de actos que no constituyan resoluciones recaídas a procedimientos en los que los particulares hayan tenido la obligación o la posibilidad de rendir pruebas, la primera disposición citada debe ser entendida como el deber por parte del Juez de Distrito, de recabar todas las pruebas que obren en poder de la responsable y que hayan sido tomadas en cuenta para la emisión del acto reclamado, o bien, aquellas en las que consten los efectos del mismo, sin que lo anterior deba entenderse como una suplencia de la queja, ya que, por un lado, subsiste para el quejoso la carga de la prueba acerca de la existencia del acto reclamado, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, y por otra, una vez que el juzgador cuente con todos los elementos que guarden relación con el acto reclamado, éste deberá analizarse estrictamente a la luz de los conceptos de violación aducidos por la parte quejosa, salvo que se esté en alguno de los supuestos del artículo 76 bis de la ley de la materia. De no ser así, dicha disposición carecería de eficacia legal en todos aquellos casos en los que el acto reclamado no se hubiera emitido con base en pruebas aportadas por el quejoso a la autoridad, dificultando con ello la debida apreciación del acto reclamado, lo cual constituye el propio fin del juicio de garantías".
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTISIETE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el oficio enviado electrónicamente por la Actuaria Judicial del Primero Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, residente en esta ciudad y anexo que se acompaña, consistente en la evidencia criptográfica del archivo magnético del comunicado en cuestión, a través del cual comunica que el referido Órgano Colegiado, admitió el recurso de revisión interpuesto por Felicitas Peña Hernández, dentro del juicio de amparo 2377/2017, registrándolo bajo el número 564/2018, de su índice; en tal virtud, agréguese el oficio de cuenta, para los efectos legales correspondientes.
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