Estela Montoya Martínez

Expediente 776/2017 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 3 de octubre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
776/2017
Año
2017
Actuaciones
4
Última actuación
03/10/2017

Partes del expediente

  • Estela Montoya Martínez

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, a tres de octubre de dos mil diecisiete. Vistas la constancia y certificación que anteceden, se advierte que no se recurrió el auto por el que se desechó la demanda; en consecuencia, con fundamento en los numerales 98 de la legislación reglamentaria, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley en cita, se declara que ha causado estado dicho acuerdo. En tal virtud, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con apoyo en el diverso 214 de la ley de la materia, interpretado en sentido contrario, en su oportunidad envíese al archivo. En cumplimiento al punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, toda vez que se desechó la demanda, en autos no constan documentos originales y que este expediente carece de relevancia documental, de conformidad con los puntos cuarto y décimo del acuerdo general en cita, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente y una vez que transcurra el plazo de tres años que estipulan tales disposiciones, transfiérase el expediente en que se actúa a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la inteligencia que es susceptible de destrucción por encontrarse en la hipótesis a que se refiere la fracción I, del punto vigésimo primero del referido acuerdo.

  2. Principal

    . Cúmplase.

  3. Principal

    Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c de la Ley de Amparo, se notifica por medio de lista a la parte quejosa el auto de siete de septiembre de dos mil diecisiete, que en lo conducente dice: "Ciudad de México, a siete de septiembre de dos mil diecisiete. Vista la demanda promovida por Estela Montoya Martinez, contra actos del procurador General de la República, y otras autoridades, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno bajo el orden 776/2017. Como punto de partida, del contenido del escrito de demanda destaca que la quejosa reclama los siguientes actos: a) Del procurador mencionado, la emisión de la orden verbal o escrita de emitir la aprobación de incompetencia por fuero, en la averiguación previa AP/PGR/TAMPS-FF/REY-I/4938/2015; b) Del delegado en Reynosa de la Procuraduría General de la República, la aprobación de incompetencia por fuero en la referida indagatoria; la omisión de ordenar que se realicen las diligencias respectivas solicitadas por la peticionaria de amparo en el escrito de denuncia; y la omisión de ordenar se determine dicha investigación; y c) Del agente del Ministerio Público de la Federación, titular de la Primera Agencia Investigadora de la subdelegación en Reynosa de la Delegación en Tamaulipas de la Procuraduría aludida, la ejecución material del acuerdo de incompetencia por fuero en la indagatoria precisada; la omisión de realizar las diligencias respectivas solicitadas por la justiciable en el escrito de denuncia; y la omisión de determinar la averiguación previa de que se trata. De lo anterior, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, este juzgado considera que debe desecharse de plano la demanda, al actualizarse diversas causales de improcedencia que se analizarán enseguida. Así, en vinculación con los actos reclamados respectivamente de las autoridades destacadas, consistentes en la orden y aprobación de incompetencia en la indagatoria referida, así como su ejecución, señaladas en primer término en los incisos anteriores, se patentiza la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XII, de la ley de la materia, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; .". Dicho ello, es válido establecer que tales actos no afectan el interés jurídico de la parte quejosa en los términos establecidos en el artículo 5°, fracción I, del ordenamiento invocado. En efecto, de la interpretación sistemática del dispositivo anotado, se aprecia que la legitimación para promover el amparo se limitó a quienes aducen ser titulares de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo y que con motivo de la ley, acto u omisión reclamados se produzca una afectación real y actual en su esfera jurídica. En otras palabras, sólo quien se vea afectado en su esfera jurídica derivado de la ley, acto u omisión reclamada es quien se encuentra legitimado para instar la acción constitucional de amparo (sea como persona en sí misma considerada o como miembro de una colectividad con interés legítimo). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha diferenciado el interés jurídico del legítimo, acorde con sus elementos estructurales, criterio que se plasmó en la tesis 2a.LXXX/2013 (10a.), localizable en la página 1854 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXIV, Septiembre de 2013, Tomo 3, de rubro: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS". Bajo esas consideraciones, es evidente que la orden y aprobación de incompetencia en la indagatoria señalada, así como su ejecución, reclamadas de las referidas autoridades federales, no afectan el interés jurídico de la parte quejosa, en tanto no constituyen actos definitivos para efectos del juicio de amparo. Siendo que, en su caso, la que provoca agravio a la esfera jurídica de la inconforme, es aquella determinación en que la autoridad correspondiente a la que se declinó competencia, haya aceptado el conocimiento del asunto. En este último punto, acorde con las constancias que integran el diverso controvertido 144/2016 de este juzgado, que se tienen a la vista por constituir un hecho notorio en términos del numeral 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley reglamentaria, se obtiene que mediante determinación de dieciséis de mayo de dos mil dieciséis, el segundo subprocurador General de Justicia del Estado de Tamaulipas, aceptó la competencia declinada, ordenando el envío al delegado Regional de la Procuraduría General de Justicia de dicha entidad federativa, para que este a su vez remitiera la indagatoria al agente del Ministerio Público correspondiente; en el entendido que la quejosa se impuso del contenido de tal decisión al surtir efectos mediante lista de acuerdos, el proveído de veinte de mayo siguiente; de ahí que pueda considerarse que es esta resolución y no las que impugna, la que causa perjuicio a su esfera jurídica. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Tomo I, agosto de 2015, cuyo rubro establece: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)". Por lo que hace a los restantes actos, esto es, las omisiones impugnadas de las autoridades precisadas, se considera actualizada la diversa causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el numeral 5°, fracción II, párrafo primero, de la ley de la materia, que en ese orden, disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: . II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. .". Bajo este marco jurídico, es claro que los Tribunales de la Federación conocen de los juicios de amparo contra normas generales, actos u omisiones de las autoridades que violen derechos humanos y las garantías otorgadas para su protección; esto es, para la procedencia del juicio de amparo indirecto, es necesario que el ente del Estado contra el que se sigue el juicio, con independencia de su naturaleza formal, dicte, ordene, ejecute, o trate de ejecutar una norma de carácter general o un acto que crea, modifique o extinga situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, o bien, omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. En relación con lo que debe entenderse por autoridad responsable, resulta aplicable la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1089 del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, septiembre de 2011, de rubro: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS". Anterior criterio del que se advierte que con el propósito de distinguir a una autoridad para efecto del juicio de amparo, deben considerarse los siguientes aspectos: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular, o bien, que omita aquellos que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. En ese sentido, se precisa que las relaciones de supra a subordinación son aquellas que se entablan entre gobernantes y gobernados, reguladas por el derecho público para dilucidar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado y los sujetos frente a los cuales actúa con imperio aquél. Este tipo de relaciones se caracteriza por la unilateralidad de quien tiene la capacidad de incidir en la esfera jurídica del otro y, por ello, la Constitución establece una serie de derechos fundamentales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Luego, es fundamental que el órgano de control constitucional, al conocer de un reclamo de ese tipo, analice y determine si la naturaleza de la relación existente entre el empleado de una dependencia de gobierno y dicha entidad es de esa clase, pues el amparo sólo podrá ser intentado contra un genuino acto de "autoridad", lo que en la especie no acontece por las siguientes consideraciones. Si bien los entes señalados gozan del imperium que les faculta para emitir actos de decisión, en el caso específico, en que se encuentra acreditado que la averiguación previa ya no se encuentra en el ámbito de su competencia, es evidente que las conductas omisivas impugnadas ya no les son atribuibles a ellas, porque con independencia de que en determinado momento se hubiesen abstenido de actuar, actualmente, desde luego con motivo de la incompetencia de que se trata, no gozan ya de facultades que permitan establecer que se encuentran obligadas a actuar en función de las atribuciones que expresamente son conferidas por la ley, en relación con la pretensión de la quejosa. En tales circunstancias, como se adelantó, con fundamento en el artículo 113, en vinculación con el numeral 61, fracciones XII y XXIII, y 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, se desecha por notoriamente improcedente la demanda de amparo. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado, y únicamente para dicho fin, a las personas mencionadas, en razón de que no se proporcionaron los datos correspondientes que acrediten que se encuentran legalmente autorizadas para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado. De conformidad con el arábigo 21, párrafo tercero, de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse; en la inteligencia que de no ser posible su diligenciación por causas atribuibles a la parte que corresponda, se llevarán a cabo por medio de lista, como lo prevé el artículo 27 de la ley señalada, sin necesidad de posterior acuerdo.

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