Estela Minerva Castañeda Orozco

Expediente 42/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
42/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
22/06/2022

Partes del expediente

  • Estela Minerva Castañeda Orozco

Actuaciones

  1. Principal

    PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; una de las autoridades que ejerce sus funciones dentro de la circunscripción territorial de este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado consiste en: De la Séptima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa: La resolución interlocutoria de dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, dictada en el incidente de cuantificación de diferencias en el juicio contencioso administrativo 4197/14-17-07-3, en la parte considerativa en la cual se negó determinar los incrementos correctos que deben aplicarse a la cuota diaria pensionaria, la determinación de la cuota diaria, así como el cálculo de las diferencias y su correspondiente actualización. Sin que se tenga como autoridad al Subdelegado de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Morelos, toda vez que mediante escrito de aclaratorio de trece de junio de dos mil veintiuno, en cumplimiento a la prevención realizada, la quejosa señaló solamente como responsable a la Séptima Sala Regional Metropolita del Tribunal Superior de Justicia Administrativa, de ahí que se tenga únicamente como autoridad responsable en el presente juicio constitucional a la Sala Regional en mención. TERCERO. Certeza de los actos. Es cierto el acto reclamado a la Séptima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa pues así lo manifestó al rendir su informe justificado. Lo cual se corrobora con las copias certificadas del expediente 4197/14-17-07-3 del cual se advierte la resolución combatida en esta instancia constitucional, las cuales ameritan pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Estudio de los conceptos de violación. Al no existir causales de improcedencia hechas valer por las partes, ni cuya actualización se advierta de oficio por esta juzgadora, se procede al estudio de fondo del asunto. La quejosa, en sus conceptos de violación esencialmente argumenta lo siguiente: - La sala responsable, al dictar la sentencia interlocutoria reclamada, omitió pronunciarse respecto a la parte del agravio donde manifestó la forma en que la demandada debe realizar el cálculo de las diferencias pensionarias adeudadas debidamente actualizadas. - Solamente se limitó a ordenar que la autoridad responsable emitiera de nueva cuenta una resolución para cumplir con la sentencia, pero sin precisar la forma en que debería llevar a cabo la actualización sentenciada, ni establecer los fundamentos en los que se debía apoyar, ni tampoco determinó el estudio del cálculo de la actualización propuesta por la quejosa. - Señalando que ello representa una trasgresión a los principios de congruencia, exhaustividad y legalidad que rigen las resoluciones de esa naturaleza, vulnerando en su perjuicio su derecho fundamental de acceso a la justicia, al no dar respuesta completa al agravio expuesto en la instancia de queja, ni manifestar por qué no se pronunció respecto a la forma en que se debía de calcular la actualización. Son infundados los conceptos de violación. A fin de justificar la calificativa atribuida a los motivos de inconformidad, se hace notar que la Sala responsable, al emitir la sentencia interlocutoria de dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, en el juicio de nulidad 4197/14-17-07-3, realizó un pronunciamiento completo de todos los planteamientos expuestos por la actora-quejosa al interponer el incidente de cuantificación de diferencias. Así, del análisis de las constancias de autos se advierte que la Sala responsable estudió íntegramente el agravio propuesto para demostrar el defectuoso cumplimiento en que incurrió la autoridad demandada al tratar de acatar el fallo de nulidad, relativo a la forma en cómo se debía calcular la actualización de las diferencias resultantes de su pensión, de acuerdo a los incrementos autorizados a los salarios básicos; así como el resultado de dichas operaciones aritméticas. Ahora bien, conforme a lo dispuesto por el 17, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los gobernados tienen el derecho fundamental de acudir a tribunales para hacer valer lo que a su derecho conviene, a través de los medios de defensa previstos en ley, y con ello, propiciar que el Estado dirima la controversia en cuestión, haciendo efectivo, en ese orden de ideas, el derecho de acceso a la impartición de justicia, que debe ser pronta, completa, imparcial y gratuita. En ese orden de ideas, el derecho de acceso efectivo a la justicia, no sólo abarca la potestad del gobernado de exigir que se le administre justicia, sino también que se cumplan debidamente las sentencias dictadas por los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, pues entender dicha prerrogativa fundamental sin esta última nota distintiva, sería tanto como sólo salvaguardar un aspecto formal, dejando indefensos a los gobernados ante los actos arbitrarios de las autoridades cometidos en la ejecución de las sentencias, ya sea por acción u omisión, tal como lo instituye el inciso c), del número 2, del artículo 25, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 192/2007, de rubro: ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES." En ese tenor, se concluye que el derecho fundamental de acceso a la justicia no sólo vela porque los gobernados puedan hacer valer sus controversias ante tribunales expeditos, previamente establecidos, sino también porque las determinaciones de dichos órganos resolutores se ejecuten, pues de no existir ese derecho (obligación para las autoridades), no podría otorgárseles seguridad jurídica. También resulta conveniente precisar que es obligación de las Salas pertenecientes al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, examinar todos los puntos controvertidos en el juicio; por lo tanto, para que la resolución correspondiente se ajuste derecho debe respetar los principios de congruencia y de exhaustividad, y para cumplirlos es necesario el pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los agravios propuestos por el promovente. Bajo ese contexto, el artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, prevé el principio de congruencia que rige a las sentencias del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, al establecer que aquéllas se fundarán en derecho y resolverán sobre la pretensión del actor que se deduzca de su demanda. De lo anterior, se advierte el principio de congruencia el cual rige en las sentencias emitidas por órganos jurisdiccionales consiste en que éstas sean adecuadas no sólo consigo mismas, sino también con la controversia que las partes plantean, lo cual estriba al resolverse dicho conflicto se haga atendiendo a lo esbozado por las personas que se involucraron en el proceso jurisdiccional, sin omitir nada ni añadir cuestiones las cuales no se hicieron valer, ni contener consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos. Ahora bien, del incidente de cuantificación de diferencias interpuesto por la parte actora en el juicio de nulidad 4197/14-17-07-3, se advierte que los motivos de inconformidad ahí expuestos, fueron los siguientes: En sentencia definitiva de dieciséis de junio de dos mil catorce, se condenó a la demandada a incrementar la pensión de la quejosa en términos del artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente en la fecha en que se le otorgó la pensión por jubilación y a pagar las diferencias que se generaron. La autoridad responsable ha sido omisa en dar completo cumplimiento a la sentencia definitiva; dado que hasta el día de hoy no ha nivelado la pensión de la solicitante de amparo en términos del tercer párrafo del artículo 57 de la Ley del ordenamiento legal antes invocado. Se plantea la planilla de liquidación correspondiente al cálculo de las diferencias generadas por la falta de incremento en la cuota diaria de la actora al mismo tiempo y en la misma proporción en que aumentaron los sueldos de los trabajadores activos, los cuales serían desglosados en una prueba pericial en materia de contabilidad. Si bien a los incrementos de la cuota diaria de pensión, es aplicable el numeral 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado vigente al momento que se jubiló la peticionaria de amparo, también es cierto, que atendiendo a lo previsto en el diverso artículo 57, fracción I, inciso c) de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, la autoridad no puede privar al incidentista de lo ya obtenido. La autoridad deberá aplicar los incrementos ordenados en sentencia hasta el momento en que se cumpla la resolución y en lo sucesivo continuar incrementando la pensión. Por su parte, en la resolución interlocutoria reclamada, se advierte que la sala responsable determinó: Asiste la razón a la actora cuando afirma que el Instituto demandado no ha incrementado debidamente su cuota pensionaria conforme a lo ordenado en la sentencia definitiva de dieciséis de junio de dos mil catorce. Al emitir el oficio SP/DPSHT/459/2016 de diecisiete de marzo de dos mil dieciséis, la autoridad demandada no consideró correctamente para todos los años, los porcentajes de incremento autorizados a los salarios básicos de los trabajadores en activo de las dos plazas que ocupaba la aquí quejosa al momento de pensionarse. Algunos de los porcentajes de aumento tienen su sustento en la información contenida en los oficios SP/DPSHT/459/2016 de diecisiete de marzo de dos mil dieciséis y DTyDO/OJ/0156/2015 de dos de septiembre de dos mil quince, pero no están indicados por años calendario completos. La autoridad demandada fue omisa en acreditar que cuantificó debidamente las diferencias que se adeudan a la peticionaria de amparo por concepto del ajuste pensionario, al no demostrar que incrementó correctamente la pensión en todos los años, pues desde julio y hasta diciembre de mil novecientos ochenta y siete, así como desde mil novecientos ochenta y nueve, hasta dos mil catorce, pretende aplicar porcentajes de aumento de los cuales no se advierte que considere los diversos porcentajes de incremento que fueron autorizados a los salarios básicos de las dos plazas que ocupó la solicitante de amparo antes de pensionarse. Por lo que corresponde a dos mil quince y dos mil dieciséis, la autoridad demandada no cumplió con la carga probatoria, dado que no se advierte que haya exhibido alguna probanza relativa a precisar cuáles son los porcentajes de incremento que fueron autorizados para los salarios de dichas anualidades. En consecuencia requirió a la autoridad demandada, a fin de que acreditara haber dado cumplimiento a lo ordenado en sentencia definitiva de dieciséis de junio de dos mil catorce, para lo cual debe allegarse de medios de prueba idóneos donde se advierta los porcentajes de incremento y demostrar que los aplicó en las mencionadas anualidades referidas en los párrafos que anteceden, sin dejar de aplicar algún parámetro previamente otorgado a la quejosa que le reporte mayor beneficio que el que legalmente corresponda. De igual forma, al no cumplirse debidamente con el fallo definitivo, la autoridad demandada al emitir el nuevo acto deberá estudiar y exponer los incrementos correspondientes a la pensión de la quejosa desde mil novecientos ochenta y siete, hasta la fecha en que se emita el nuevo acto. Señaló que no concedía valor probatorio al dictamen contable ofertado por la quejosa, ya que si bien expresaba operaciones aritméticas con las cuales demostraba la aplicación de diversos porcentajes de incremento a la cuota pensionaria, no tomaba en consideración los porcentajes de incrementos efectivamente aplicados en cada periodo objeto del análisis en el oficio SP/DPSHT/459/2016 de diecisiete de marzo de dos mil dieciséis. Máxime que los porcentajes de aumento de los salarios básicos se deben calcular por separado y no en conjunto, además de dichos porcentajes estuvieron vigentes solamente unos meses y no durante la totalidad de cada año, de ahí que no sirvan de sustento para concluir si la cuota está debida o indebidamente cuantificada. En lo concerniente al periodo comprendido desde dos mil quince, hasta la fecha de la emisión de la interlocutoria combatida, no se cuenta con elementos de convicción que permitan conocer cuáles son los porcentajes de incremento autorizados a los salarios básicos que deban aplicarse a la pensión de la solicitante de amparo, motivo por el cual está jurídicamente impedida para realizar la completa cuantificación de las diferencias por cubrir a la demandante. Concluyó que al no haberse aumento correctamente la pensión de la quejosa, de conformidad con lo establecido en la sentencia definitiva de quince de junio de dos mil catorce, en relación con lo previsto en el artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad Social y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado vigente hasta el cuatro de enero de mil novecientos noventa y tres, ni demostrarse que se hubiesen cuantificado debidamente las diferencias adeudadas a consecuencia del ajuste pensionario ordenado en dicha sentencia definitiva, resultó fundado el incidente de cuantificación de diferencias. Motivo por el cual ordenó a la autoridad demandada emitir un nuevo acto debidamente fundado y motivado, en el que acredite el cálculo correcta y efectivamente de las diferencias correspondientes a dicha cuota pensionaria en cada una de las respectivas anualidades desde su otorgamiento, esto es, desde el uno de junio de mil novecientos ochenta y siete, en los términos antes expuestos, y pormenorice debidamente todas y cada una de las operaciones aritméticas realizadas a efecto de verificar la debida aplicación de los referidos aumentos que corresponden a la pensión de la demandante, sin desconocer los incrementos ya aplicados y reconocidos en mayor beneficio a la aludida cuota pensionaria y, en el cual, señale qué elementos y porcentajes de incremento respecto de las dos plazas que ocupó la actora antes de pensionarse, tomó en cuenta para calcular y aumentar correctamente la pensión. Establecido lo anterior, en el caso, se advierte que -contrario a lo manifestado por la parte quejosa- fue correcto el actuar de la Sala responsable al resolver el incidente de cuantificación de diferencias, dado que expuso las consideraciones para tener por no cumplida la sentencia definitiva emitida el dieciséis de junio de dos mil catorce, respecto de la cuantificación de las diferencias que se adeudan a la aquí quejosa por concepto de ajuste pensionario. Esto es así, toda vez que la Sala responsable estableció que para el incremento de la pensión, la autoridad demandada debía tomar en consideración lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad Social y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado vigente hasta el cuatro de enero de mil novecientos noventa y tres, hasta el momento en que se cumpla la sentencia definitiva. Si bien, la Sala responsable adujo que no contaba con elementos de convicción que permitieran conocer cuáles eran los porcentajes de incremento que se había autorizado en el salario básico; lo cierto es que requirió a la demandada para que se allegara de todos los elementos que permitan dilucidar los porcentajes de incrementos en cada una de las anualidades desde que fue otorgada la pensión (uno de junio de mil novecientos ochenta y siete) a la fecha pormenorizando debidamente cada operación aritmética, sin desconocer los incrementos ya aplicados y reconocidos en mayor beneficio a la aquí quejosa. En otras palabras, ante la insuficiencia probatoria a cargo de las partes en el incidente, la Sala responsable se encontró legal y materialmente impedida para precisar por sí mimos los incrementos pensionarios que deben otorgarse, en cumplimiento a la sentencia interlocutoria; en tanto no cabe que reconozca y defina un derecho subjetivo sin contar con los elementos demostrativos suficientes para ello. En ese contexto, una vez que la autoridad demandada obtenga la información completa y realice las operaciones aritméticas para establecer los incrementos de la pensión, la Sala responsable estará en posibilidad de analizar tales aspectos. Bajo ese tenor, de la resolución combatida se advierte que la responsable fue exhaustiva en dar respuesta a todos y cada uno de los motivos propuestos por la quejosa respecto al cumplimiento del fallo anulatorio propuesto por la demandada. En consecuencia, al resultar infundados los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa, se impone negar el amparo y protección de la Justicia Federal. Finalmente, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo y el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en aplicación supletoria al diverso 2 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles a efecto de que el Actuario adscrito, lleve a cabo las notificaciones a las partes en el presente juicio; lo anterior, a efecto de propiciar el adecuado y ágil despacho de los asuntos. Por lo expuesto y fundado se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Estela Minerva Castañeda Orozco, por las razones señaladas en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, el día de hoy veintidós de junio de dos mil veintidós, en que las labores de este juzgado lo permitieron, ante el Secretario Jorge Manuel Díaz Carranza que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a cuatro de febrero de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para los efectos legales a los que haya lugar, el escrito signado por Eder Sánchez Brito, autorizado del tercero interesado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, mediante el cual, realiza diversas manifestaciones objetando el dictamen pericial en materia de caligrafía y grafoscopía rendido por Celia Teresa Galicia García, misma que fue designada por la parte quejosa. En atención al contenido del escrito de mérito, se tienen por hechas las manifestaciones que vierte la parte promovente y de las que se hará relación en el momento procesal oportuno. ESTADO DE AUTOS Por otra parte, visto el estado procesal que guarda el juicio de amparo 847/2019-II, del que se advierte que se encuentra transcurriendo el termino otorgado a la experta oficial Rebeca Murillo Muñoz, para rendir el dictamen pericial encomendado en autos. SE DIFIERE AUDIENCIA Por tanto, para dar tiempo a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose en su lugar las ONCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL DIECISIETE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo. Ello en atención a que conforme al artículo 124 de la Ley de Amparo no se exige la presencia de las partes lo que permite la celebración de la audiencia constitucional y la reanudación del juicio; lo cual incluso favorece la protección de su salud ante la emergencia sanitaria ya indicada. En caso de que alguna de las partes manifieste que requiere estar presente en el desahogo de dicha diligencia como lo establece el mencionado Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se utilizará la videoconferencia como regla general para su desahogo, sin la presencia física de las personas en este recinto judicial; y de ser así, deberán hacerlo del conocimiento a este juzgado de manera expresa dentro del término de tres días contado a partir de que surta efectos la notificación del presente acuerdo, proporcionando un correo electrónico, para realizar las gestiones necesarias ante Dirección General de Tecnologías de la Información del Consejo de la Judicatura Federal, a través de la Coordinadora Técnica Administrativa de la adscripción, para que proporcione los elementos técnicos necesarios para establecer el enlace simultáneo de imágenes y sonidos y sean citadas las partes para su debido desahogo. Bajo apercibimiento que de no realizar manifestación alguna se celebrará la audiencia de ley en la fecha y hora indicada, privilegiando en todo momento el trabajo a distancia. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veinte de enero de dos mil veintidós. Se tiene por recibido el oficio proveniente del Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, mediante el cual en cumplimiento a la determinación de cinco de enero de dos mil veintidós, emitida en los autos del expediente auxiliar 309/2021, formado con motivo del amparo indirecto 832/2021; remite el citado cuaderno de amparo que contiene el original de la demanda de amparo promovida por ESTELA MINERVA CASTAÑEDA OROZCO, ello, en virtud de que declaró carecer de competencia legal para conocer y resolver el asunto en cuestión, por los motivos expuestos en citado acuerdo. RADICACIÓN DE DEMANDA. En mérito de lo anterior, acúsese el recibo de estilo correspondiente, asimismo, infórmese al Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, que este Juzgado de Distrito acepta la competencia planteada y se avoca al conocimiento de la demanda de amparo promovida por ESTELA MINERVA CASTAÑEDA OROZCO, contra actos de la Séptima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y otra, fórmese el cuaderno respectivo y regístrese bajo el expediente número 42/2022-II. SE HOMOLOGAN ACTUACIONES Consecuentemente, se homologan las actuaciones realizadas en el citado juicio de amparo; asimismo, comuníquese a las partes que las promociones relativas al juicio de amparo 832/2021, del índice del Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, deberán ser dirigidas al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con el número de amparo 42/2022-II. Bajo ese contexto, para una mejor integración del asunto, solicítese al titular del Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, de no haber inconveniente alguno, permita o habilite a este juzgado el acceso al expediente electrónico relacionado al amparo 832/2021. DETERMINACIÓN SOBRE EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Toda vez que de autos se advierte que el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, ordenó la apertura de los cuadernos incidentales, solicítese que de no tener inconveniente alguno, los remita a este órgano jurisdiccional debidamente integrados. SE REQUIEREN CONSTANCIAS QUE SE HAYAN ANEXADO A INFORMES JUSTIFICADOS Asimismo, en términos del artículo 75 de la Ley de Amparo, se solicita al Juez de Amparo declinante remita cualquier constancia o cuaderno de pruebas que obren por separado y que se haya formado como complemento del informe justificado rendido por las responsables. SOLICITUD DE INFORME A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Sin que haya lugar a requerir su informe justificado a la autoridad señalada como responsable, toda vez que de las actuaciones allegadas por el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, se advierte que éstos ya obran agregados y se dio vista a las partes con su contenido. SEÑALAMIENTO DE FECHA PARA LA CONTINUACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Se señalan las NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para la continuación de la audiencia constitucional, sin la asistencia de las partes. Data que se señala, en razón de la alta carga de trabajo generada con motivo de la suspensión de labores de los órganos jurisdiccionales a virtud del fenómeno de salud pública originado por el COVID-19, así como su reanudación en los términos apuntados. Ello en atención a que conforme al artículo 124 de la Ley de Amparo no se exige la presencia de las partes lo que permite la continuación de la audiencia constitucional y la reanudación del juicio; lo cual incluso favorece la protección de su salud ante la emergencia sanitaria ya indicada. En caso de que alguna de las partes manifieste que requiere estar presente en el desahogo de dicha diligencia como lo establece el mencionado Acuerdo General 21/2020, se utilizará la videoconferencia como regla general para su desahogo, sin la presencia física de las personas en este recinto judicial; y de ser así, deberán hacerlo del conocimiento a este juzgado de manera expresa dentro del término de tres días contado a partir de que surta efectos la notificación del presente acuerdo, proporcionando un correo electrónico, para realizar las gestiones necesarias ante Dirección General de Tecnologías de la Información del Consejo de la Judicatura Federal, a través de la Coordinadora Técnica Administrativa de la adscripción, para que proporcione los elementos técnicos necesarios para establecer el enlace simultáneo de imágenes y sonidos y sean citadas las partes para su debido desahogo. Bajo apercibimiento que de no realizar manifestación alguna se celebrará la audiencia de ley en la fecha y hora indicada, privilegiando en todo momento el trabajo a distancia. Sirve de apoyo a la anterior consideración la tesis 1a./J. 36/2009, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXIX, Junio de 2009, página 43, Novena Época, número de registro 167142, de rubro y texto siguiente: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. CUANDO EN UN JUICIO DE AMPARO UN JUEZ SE PRONUNCIA SOBRE LAS PRUEBAS Y ALEGATOS PERO, POR UNA INCOMPETENCIA SUPERVENIENTE, EL ASUNTO SE REMITE A UN JUZGADOR DIVERSO, ATENTO AL PRINCIPIO DE UNIDAD QUE RIGE A AQUÉLLA, ÉSTE DEBE, POR REGLA GENERAL LIMITARSE A RECONOCER LA VALIDEZ DE LAS ETAPAS CELEBRADAS ANTE EL PRIMERO Y DICTAR LA SENTENCIA CORRESPONDIENTE. Los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 155 de la Ley de Amparo, señalan que la audiencia constitucional y la sentencia respectiva habrán de llevarse a cabo en un acto procesal continuo, integrado por etapas establecidas, pero no ordenan que ello ocurra ante el mismo juzgador. Por tanto, cuando en un juicio de amparo un juez conoce de las dos primeras etapas de la audiencia constitucional, esto es, el ofrecimiento y desahogo de las pruebas y la recepción de alegatos, pero por la declaración superveniente de incompetencia el asunto se remite a un juzgador diverso, atento al principio de unidad de la audiencia, por regla general y salvo que advierta irregularidades que subsanar, éste debe limitarse a reconocer la validez de las etapas ya celebradas ante el otro juzgador y dictar la sentencia que en derecho proceda. Ello es así porque la indicada unidad no es subjetiva, es decir, no significa que deba tratarse del mismo juez, sino que es objetiva y material en tanto que implica que se trata de un solo acto procesal cuya validez requiere la celebración de sus tres etapas (pruebas, alegatos y sentencia). Además, dada la naturaleza unilateral del dictado de la sentencia, nada impide que se dicte sin trastocar lo actuado en juicio. Lo anterior se fortalece atento al principio constitucional de justicia pronta y expedita que, aplicado analógicamente al juicio de amparo, conlleva la necesidad de evitar diligencias innecesarias que puedan retrasar ociosamente un procedimiento.". INTERVENCIÓN DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. Dése al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado, la intervención que legalmente corresponde ya que es parte en el presente juicio, conforme al artículo 5, fracción IV, de la ley de la materia. OBLIGACIÓN DE LAS PARTES. Se precisa que la parte quejosa y autoridades responsables, tienen la obligación de comunicar de inmediato a este tribunal de amparo, en cuanto tengan conocimiento de la existencia de alguna causa de sobreseimiento y, de ser posible, acompañar las constancias que la acrediten, en términos de lo dispuesto por el artículo 64 de la Ley de Amparo; apercibidas que de no hacerlo así, con fundamento en la fracción I, del artículo 237 de la Ley de Amparo, se le impondrá multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización. OBLIGACIÓN DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Se indica que de conformidad con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, están obligadas a recibir los oficios que en relación con este juicio se le dirijan, en el entendido que de negarse a recibirlos, bajo la excusa de alguna imprecisión en su denominación que no sea substancial, si no existe duda y resulta evidente la existencia de la autoridad, el actuario hará del conocimiento del encargado de la oficina correspondiente que no obstante esta circunstancia, se tendrá por hecha la notificación. Si a pesar de esto subsiste la negativa, asentará la razón en autos y se tendrá por hecha y la autoridad será responsable de la falta de cumplimiento de la resolución que los propios oficios contengan; en el entendido que podrá hacer la aclaración correspondiente en cuanto a su denominación exacta al rendir su respectivo informe. PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES. El artículo 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, vigente a partir del día siguiente de su publicación, ordena hacer públicas las sentencias que causen estado o ejecutoria; por tanto, con el fin de respetar el derecho a la intimidad de las partes, de conformidad con el artículo 8, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase saber a las partes que con independencia que se opongan o no la publicación de sus datos personales, debe privilegiarse el derecho a su protección, por lo que deberán suprimirse de las versiones públicas, de las resoluciones y sentencias que, en su caso, se llegase a dictar, sus nombres, datos personales e información reservada, lo anterior de conformidad con el párrafo último del artículo 2 transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis. CONSULTA DEL EXPEDIENTE VÍA INTERNET. Se hace saber a las partes que pueden consultar las actuaciones judiciales vía electrónica a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, sin tener que acudir al órgano jurisdiccional, únicamente necesitan un nombre de usuario y contraseña o contar con firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación. Para obtener el nombre de usuario, deben registrarse en el sitio de internet http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/ conforme a los pasos que ahí se precisan. RECOMENDACIÓN PARA TRANSITAR HACIA EL ESQUEMA DE JUICIOS EN LÍNEA. Además, para quienes esto sea una posibilidad, se recomienda transitar hacia el esquema de juicios en línea, lo cual se puede hacer incluso en aquellos asuntos que se hayan tramitado físicamente, para lo cual se puede ingresar una promoción solicitando la consulta y notificación electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea. NOTIFICACIÓN DEL AUTO ADMISORIO. Sin que haya lugar a notificar personalmente a la parte quejosa el presente auto, en virtud de que es obligación del promovente de amparo cerciorarse del auto de admisión; aunado a ello, el numeral 26, de la Ley de Amparo, no establece la obligación de notificar personalmente al quejoso el acuerdo de admisión de su demanda, habida cuenta que este tipo de notificación se hace en el emplazamiento del tercero interesado -siempre que exista- y de la primera notificación que deba hacerse a personas distintas de las partes en el juicio, no así al impetrante de amparo. En otro orden de ideas, se instruye al Actuario judicial para que los subsecuentes acuerdos que se lleguen a presentar cuya trascendencia no amerite notificar personalmente, se practiquen a las partes por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado, incluidas las autoridades responsables, toda vez que el artículo 26 de la Ley de Amparo, en la fracción I, prevé expresamente los supuestos en que el Juez está obligado a comunicar por esa vía las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, a manera enunciativa, los diferimientos de la audiencia constitucional no fueron precisados como un caso de excepción, de ahí que resulta suficiente que ese tipo de acuerdos se notifique por medio de lista en términos del artículo 29, de la legislación federal en consulta, al actualizarle el supuesto previsto por el diverso numeral 26, fracción III. Similar razonamiento se hace en torno a las autoridades señaladas como responsables, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes quejosa y tercero interesada, aunado que a través de ella se les informa en su residencia oficial o en el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones, los actos encaminados a la integración del juicio, su resolución y los posteriores, de ahí que si la notificación mediante oficio tiene la misma finalidad que la que se realiza en forma personal a las partes, es incuestionable que deba ajustarse a las directrices precisadas por el legislador invocadas por el numeral 26, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que resulta innecesario girar oficio a las autoridades para comunicarles el diferimiento de la audiencia constitucional. La anterior determinación encuentra sustento en la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.) sustentada por la Segunda Sala visible en la página 1253 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVI, enero de dos mil trece, Tomo 2, correspondiente a la Décima Época, del rubro "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS.". DOMICILIO PROCESAL. Cabe precisar que el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, no acordó de conformidad el domicilio indicado por la parte quejosa, en virtud de que ésta solicitó de manera expresa se realizaran las notificaciones de manera electrónica en el usuario citado; consecuentemente, continúense practicando las notificaciones en la forma en que quedó establecido en el auto de radicación de demanda. PERSONAS AUTORIZADAS. Se tienen por autorizados en los términos precisados en la demanda de amparo, a las personas propuestas. Por último, se hace de su conocimiento que dado que aún no se permite la entrada libre de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, en atención al artículo 21 del mencionado Acuerdo General, las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo; adicionalmente, éstas estarán colocadas en el espacio externo designado para tal efecto en las instalaciones del edificio sede de este Circuito Judicial, para que acudan a consultarla sin contar con una cita previa. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jadilson Alonso Navarro, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por Licencia de la Titular, autorizada por oficio 0320/2022 de doce de enero de dos mil veintidós, suscrito por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, actuando en términos del artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante el Secretario Jorge Manuel Díaz Carranza, que autoriza y da fe.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · 16,416 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano