Estela López Hernández

Expediente 936/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 5 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
936/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
21/11/2023

Partes del expediente

  • Estela López Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    ... Por lo expuesto y con apoyo en lo dispuesto por los artículos 73 al 76 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo número 936/2023-3-B, promovido por **********z, en su calidad de apoderado legal de Es************z, respecto del acto reclamado a la autoridad responsable, precisada en el considerando tercero, por los motivos y fundamentos expuestos en el mismo considerando. Notifíquese por lista de acuerdos; por oficio a la autoridad responsable y a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita.

  2. Principal

    Xalapa-Enríquez, Veracruz, ocho de noviembre de dos mil veintitrés. Ténganse por recibidos los escritos firmados electrónicamente por ********************, apoderado legal de ********************, mediante los cuales, desahoga la vista otorgada en proveído de treinta y uno de octubre del año en curso, con el informe rendido por la Magistrada Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad; y en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase por hechas las manifestaciones que hace a título de alegatos, con los que se dará cuenta al celebrarse la audiencia constitucional. Notifíquese por lista de acuerdos a las partes.

  3. Incidental

    ... Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva que solicita E*****, en su carácter de apoderado legal de Estela López Hernández, contra los actos reclamados a la autoridad precisada en el considerando primero, atento a las consideraciones vertidas en el diverso segundo de la presente resolución. Notifíquese por lista de acuerdos a las partes y por oficio a la autoridad responsable.

  4. Incidental

    Xalapa-Enríquez, Veracruz, a cuatro de octubre de dos mil veintitrés. SE ABRE POR SEPARADO EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN, como se ordenó en el cuaderno principal del juicio de amparo 936/2023-3-B, ... SE SOLICITA INFORME PREVIO. Con fundamento en los artículos 128, 130, 131, 138, 139, 141, 142 y 146 de la Ley de Amparo, solicítese a la autoridad señalada como responsable su informe previo que deberá rendir dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la fecha en que quede legalmente notificada de este proveído, enviándole para el efecto copia simple de la demanda. Lo anterior, sin perjuicio que en caso de omitir la rendición del informe previo solicitado se le aplicará una multa de cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo que establece el artículo 260, fracción I, de la Ley de Amparo. Ahora, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se faculta a la autoridad responsable para que rinda el informe previo que se le solicita: ... PARA LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA INCIDENTAL, se señalan las NUEVE HORAS CON CINCUENTA Y CINCO MINUTOS DEL ONCE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. ACTO RECLAMADO. De análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que el promovente reclama: ... Cabe mencionar que, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 128 de la Ley de Amparo la suspensión se decretará cuando concurran, entre otros, los siguientes requisitos: ... La certeza del acto reclamado, no es un requisito exigido de manera expresa en los preceptos que regulan a dicha institución; sin embargo, ello obedece a que es un presupuesto lógico, pues no tendría ningún caso conceder la suspensión sobre actos inexistentes. La necesidad de que el acto reclamado sea susceptible de ser suspendido, también constituye un presupuesto lógico, pues ningún fin práctico tendría conceder la medida cautelar sobre un acto que por su propia naturaleza no es susceptible de ser suspendido. La exigencia relativa a que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público, es un requisito que a diferencia de los anteriores, sí se encuentra previsto en la ley; y es de tal importancia que la Ley de Amparo, establece los supuestos en los que, desde la sede legislativa, se consideró que la concesión de la suspensión contravendría ese requisito. ... Por su parte, el artículo 147 de la Ley de Amparo, prevé: ... Del precepto reproducido se advierte que, en los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación que habrá de imperar y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del juicio hasta su terminación, pudiendo fijar requisitos de efectividad. Asimismo, que atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, ordenará que todo se mantenga en el estado que guarde y, de ser jurídica y materialmente posible, restablecerá provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado mientras se dicta ejecutoria en el juicio de amparo. En otras palabras, conforme al dispositivo legal invocado, de ser procedente la suspensión, y atendiendo a la naturaleza del acto, el juzgador ordenará que las cosas se mantengan en el estado que guarden y, de ser posible material y jurídicamente, restablecerá provisionalmente al quejoso en el goce de la garantía violada en tanto se falla el juicio en lo principal. Con base en lo anterior, es claro que, en términos del citado artículo 147, atendiendo a cada caso en concreto y sin importar si el acto reclamado tiene carácter positivo o negativo, dado que la norma no hace distinción al respecto, sino con miras únicamente a las implicaciones que pueda tener en la esfera de derechos del agraviado, podrá conceder la suspensión y fijar la situación que habrá de imperar, ordenando que todo se conserve en el estado en que se encuentra y, en su caso, de resultar jurídica y materialmente factible, restablecer de manera provisional a la parte quejosa en el disfrute de la prerrogativa que le fue afectada. En efecto, la redacción del mencionado precepto atiende a un fin garantista, que es acorde con la reforma constitucional de diez de junio de dos mil once, que tuvo como propósito otorgar una protección amplia e integral a los derechos de las personas; de ahí que el legislador, a través de la institución de la suspensión en la forma en que actualmente está regulada en la Ley de Amparo, buscó satisfacer una doble función: por un lado, conservar la materia de la controversia y, por otro, evitar que las personas sufran afectaciones a su esfera jurídica mientras se resuelve el fondo del asunto mediante el restablecimiento provisional del derecho transgredido. De ahí que, la naturaleza de los actos, ya sea positiva, declarativa o negativa, no representa un factor que determine en automático la concesión o negativa de la medida cautelar, pues la locución "atendiendo a la naturaleza del acto reclamado", que refiere el precepto de la Ley de Amparo, debe analizarse en función de las consecuencias que caso a caso pueden producir los actos reclamados, lo que a su vez es determinante para decidir si el efecto de la suspensión debe consistir en el mantenimiento de las cosas en el estado que se encuentran o debe restituirse provisionalmente a la persona en el goce del derecho violado. En estos términos, la naturaleza omisiva de los actos reclamados es relevante para determinar el contenido que adoptará la suspensión, pero no para determinar si la medida cautelar procede o no. Así, lo importante para que la medida cautelar sea material y jurídicamente posible, radica en que los efectos suspensorios puedan actualizarse momento a momento, de modo que la suspensión no coincida exactamente, agote o deje sin materia una eventual sentencia concesora de amparo, pues ser así, la suspensión debe negarse. ... Por tanto, si bien la suspensión puede tener efectos restitutorios, tales efectos de la medida cautelar de suspensión se encuentran condicionados a que dicha restitución en el goce del derecho fundamental que se considera violado sea solo provisional. Esto es, si atento a la naturaleza del acto reclamado la restitución a la parte quejosa en el goce del derecho que considera violado es plena, entonces tal restitución no es procedente por la vía de la suspensión, pues ello implicaría dejar sin materia el juicio de amparo principal, lo que significa que necesariamente la restitución que se pueda hacer valer vía suspensión del acto reclamado sólo puede ser provisional y no plena, dado que ello es materia de la sentencia definitiva que se dicte en el juicio de amparo principal en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo. Así, como en el caso, el efecto de la suspensión consistiría en ordenar a la autoridad responsable que dicte la resolución correspondiente en el expediente laboral ********************, del índice del Tribunal de conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con relación a la admisión de pruebas y desahogo de las mismas. Entonces, resulta inconcuso que de concederse la suspensión, sus efectos, coincidirían exactamente, agotarían o dejarían sin materia una eventual sentencia concesora de amparo. En efecto, de concederse la suspensión se estaría constituyendo en definitiva y no provisionalmente un derecho a la parte quejosa, al obligar a la autoridad a respetar el derecho involucrado y actuar en el sentido que pide el incidentista, lo cual es propio de la resolución del fondo del amparo, acorde al 77, fracción II de la ley de la materia, que regula los efectos de la concesión; que establece que los efectos de la concesión del amparo, cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, será obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir el mismo. De lo anterior, se advierte que de otorgarse la suspensión provisional, la medida cautelar ya tendría efectos restitutorios, de ahí que ninguna consecuencia tendría la sentencia de amparo, aun cuando se negara la protección constitucional o se sobreseyera el juicio ante alguna causal de improcedencia, pues no se podría ordenar que se dejaran insubsistentes actuaciones que materialmente ya se hubieran emitido y ejecutado, en tanto que al haber sido pronunciadas y ejecutadas, formalmente tendrían la categoría de actos consumados; en tanto que, los efectos de ese tipo de sentencias, son la subsistencia de los actos reclamados, no la insubsistencia de actos originados por la suspensión provisional. Por lo antes razonado, se niega la suspensión provisional de los actos reclamados. ASPECTOS PROCESALES. En lo relativo a notificaciones las partes, domicilio y autorizados, consulta electrónica, habilitación de horas y días inhábiles, glosar promociones sin acuerdo, solicitudes subsecuentes de expedición de copias, digitalización de actuaciones e integración de expediente electrónico, depuración y acceso a la información pública, publicidad de la sentencia, supresión de datos; se acuerda en iguales términos que en el auto admisorio emitido en el cuaderno principal, respecto de los cuales resulta ocioso pronunciarse de nueva cuenta, debido a que el expediente en que se actúa deriva de aquél. Notifíquese por lista de acuerdos y por oficio a la autoridad responsable.

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