Estela Leal Huerta

Expediente 1053/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 9 actuaciones registradas, la última del 9 de abril de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1053/2017
Año
2017
Actuaciones
9
Última actuación
09/04/2018

Partes del expediente

  • Estela Leal Huerta

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Vista la razón de cuenta que antecede, de la que se advierte que transcurrió el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes recurriera la sentencia que sobreseyó en el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha sentencia ha causado EJECUTORIA, para todos los efectos legales a que haya lugar, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Archívese este expediente como asunto concluido. Asimismo, requiérase a la parte quejosa, a fin de que dentro del término de tres días, contados a partir del siguiente en que quede debidamente notificada del presente proveído, comparezca ante este tribunal federal, debidamente identificada, a fin de que le sea devuelta la copia certificada que exhibió en el presente juicio de amparo, apercibida que de no hacerlo, será destruida conjuntamente con el presente expediente transcurrido el término de ley. Finalmente, con fundamento en lo dispuesto en el Punto Vigésimo del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, el presente expediente es susceptibles de destrucción, transcurrido el plazo fijado en dicho ordenamiento, posterior a la notificación legal del presente proveído, ya que a criterio del suscrito no es de relevancia documental, jurídica e histórica. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    Vista la razón de cuenta que antecede, de la que se advierte que transcurrió el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes recurriera la sentencia que sobreseyó en el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha sentencia ha causado EJECUTORIA, para todos los efectos legales a que haya lugar, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Archívese este expediente como asunto concluido. Asimismo, requiérase a la parte quejosa, a fin de que dentro del término de tres días, contados a partir del siguiente en que quede debidamente notificada del presente proveído, comparezca ante este tribunal federal, debidamente identificada, a fin de que le sea devuelta la copia certificada que exhibió en el presente juicio de amparo, apercibida que de no hacerlo, será destruida conjuntamente con el presente expediente transcurrido el término de ley. Finalmente, con fundamento en lo dispuesto en el Punto Vigésimo del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, el presente expediente es susceptibles de destrucción, transcurrido el plazo fijado en dicho ordenamiento, posterior a la notificación legal del presente proveído, ya que a criterio del suscrito no es de relevancia documental, jurídica e histórica. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. ***

  3. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que no obra constancia de notificación de la sentencia al tercero interesado Organismo Público Descentralizado "Salud de Tlaxcala"; en consecuencia, a fin de evitar mayores dilaciones, remítasele copia autorizada de la sentencia de mérito al tercero interesado antes citado para su debido conocimiento y efectos legales conducentes. Notifíquese y cúmplase.

  4. Principal

    Así lo resolvió y firma el Licenciado Ignacio Manuel Cal y Mayor García, Juez Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, hasta hoy nueve de febrero de dos mil dieciocho, en que lo permitieron las labores del juzgado, ante el Secretario Judicial Jesús Federico Rojas Pesquera, que autoriza.- Doy fe. R E S U L T A N D O : PRIMERO.- Mediante escrito presentado ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala, el catorce de noviembre del año dos mil diecisiete, ESTELA LEAL HUERTA, por propio derecho, promovió demanda de amparo en contra del acto de la autoridad indicada, y que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, de la Ley de Amparo, se hizo consistir en el siguiente: "IV. ACTO RECLAMADO: La omisión de diligenciar conforme a derecho el Auto de Requerimiento de Pago y Embargo, de fecha dieciséis de enero de dos mil diecisiete, dictado por la Autoridad Responsable, ya que únicamente la autoridad responsable se limitó a practicar el requerimiento de pago, dejando de cumplir con su obligación de proceder al embargo, tal y como estaba ordenado en el auto de requerimiento de pago y pago (sic) de fecha dieciséis de enero de dos mil diecisiete." SEGUNDO.- Por razón de turno, tocó conocer del presente juicio de amparo a este órgano constitucional, el cual por acuerdo de fecha quince de noviembre del año dos mil diecisiete, la admitió a trámite, y que se registró con el número 1053/2017; asimismo, se requirió a la autoridad responsable rindiera su informe con justificación, se ordenó emplazar a juicio a la tercero interesada, se dio vista al agente de Ministerio Público de la Federación adscrito, quien no formuló pedimento alguno y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO.- Por auto de veintisiete de diciembre de dos mil diecisiete, se requirió a la quejosa para que dentro del término de tres días manifestara si señalaba como autoridad responsable al Actuario adscrito a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, bajo apercibimiento que de no hacerlo, se resolvería el juicio de amparo únicamente respecto de la autoridad señalada en el ocurso inicial; auto que se notificó oportunamente el ocho de enero de dos mil dieciocho, y surtió efectos el nueve consecutivo; de manera que, el plazo aludido transcurrió del diez al doce de enero del año en curso; sin embargo, la impetrante se abstuvo de realizar manifestación al respecto, no obstante encontrarse oportunamente notificada. En el citado acuerdo (veintisiete de diciembre de dos mil diecisiete), se señaló fecha y hora para el desahogo de la audiencia constitucional, que se verificó al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O : PRIMERO.- Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo previsto por los artículos 103, fracción 1, y 107, fracción VII de la Constitución General de la República, 33, fracción IV, 35, 37, y demás relativos de la Ley de Amparo; 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Acuerdo General 36/2016, aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de veintiséis de mayo de dos mil dieciséis, que modificó el diverso 3/2013, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el quince de febrero de dos mil trece, toda vez que el amparo se promueve contra actos que se atribuyen a autoridades circunscritas a la jurisdicción de este Juzgado. SEGUNDO.- Oportunidad de la demanda. La demanda de amparo que dio origen al presente juicio de derechos fundamentales se presentó oportunamente, atento a que la quejosa manifestó bajo protesta de decir verdad, que tuvo conocimiento del acto reclamado el día veintisiete de octubre de dos mil diecisiete, y la fecha de recepción de la demanda en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala es del día catorce de noviembre de dos mil diecisiete, esto es, se presentó dentro del plazo legal de quince días que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo, descontando los días inhábiles. TERCERO.- Precisión del acto reclamado. Previo a abordar lo relativo a la certeza o inexistencia del acto reclamado, resulta necesario precisar cuál es éste, en términos de lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que debe señalarse que para tales efectos se analiza en su integridad la demanda de amparo, atendiendo a la jurisprudencia 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, correspondiente al mes de abril de dos mil, página 32, que expresa: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Así, el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone: "Artículo 74.- Las sentencias deben contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;.". De la transcripción anterior se desprende que, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación, debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso, con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir la parte quejosa y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Al caso concreto, es aplicable el criterio contenido en la tesis VI/2004, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, correspondiente al mes de abril de dos mil cuatro, página 255, cuya literalidad indica: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En cumplimiento a lo anterior, de la lectura cabal de la demanda de amparo y de las constancias de autos se advierte, que el acto reclamado por la quejosa en esta vía, esencialmente consiste en: la diligencia de requerimiento de pago y/o embargo, realizada el veintiséis de octubre de dos mil diecisiete, en cumplimiento a lo ordenado en proveído de dieciséis de enero de dos mil diecisiete, emitido dentro del juicio laboral ordinario C.D.T. 521/2011-3 del índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado. Lo anterior, atento a los principios de congruencia y exhaustividad que rigen las sentencias de amparo. Sirve de sustento jurídico, la jurisprudencia 55/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VIII, correspondiente al mes de agosto de mil novecientos noventa y ocho, página 227, con el rubro y texto siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo." CUARTO.- Existencia del acto reclamado. La autoridad responsable Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, rindió su informe justificado, en los términos que refiere, el cual obra agregados en autos. Al respecto se cita la jurisprudencia 278, publicada en la página 231, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que es del tenor siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO.- Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Lo que se corrobora en especial, con las copias certificadas de todo lo actuado dentro del expediente laboral C.D.T. 521/2011-3, radicado con motivo del conflicto laboral promovido por Estela Leal Huerta, en contra de la Secretaría de Salud del Estado de Tlaxcala y del Organismo Público Descentralizado "Salud de Tlaxcala" y del Hospital Infantil de Tlaxcala, dentro del cual obra el acto de molestia que impugna en esta vía constitucional la peticionaria de amparo; documental pública a la cual se le confiere pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 197 y 202 todos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por así disponerlo el último párrafo, del artículo 2°, de este último ordenamiento legal. Es aplicable al respecto, la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 153, Tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, de la siguiente voz: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." QUINTO.- Análisis causal de improcedencia del juicio de amparo. Previamente al estudio del fondo del asunto, este Tribunal Federal debe analizar, lo aleguen o no las partes, si en el caso se actualiza alguna de las causas de improcedencia del juicio de amparo, toda vez que constituyen una cuestión de orden público y estudio preferente, y además, porque así lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 814, publicada en la página 553, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En el caso, este juzgador de oficio advierte que en el presente juicio de amparo, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 5°, fracción II, y 108, fracción III, todos de la ley de la materia, que establecen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. (.)" "Artículo 5.-. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. (.)" "Artículo 108.- La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; (.)" Ahora bien, del artículo 5° de la Ley de Amparo, se obtiene que las partes en ese juicio de amparo son, entre otras, la autoridad o autoridades responsables, cuyo carácter recae en aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto reclamado, o bien, que omite realizarlo. En ese sentido, la autoridad responsable en el juicio de amparo es el órgano estatal de facto o jure, investido con facultades o poderes de decisión o ejecución, cuyo ejercicio crea, modifica o extingue situaciones generales o concretas de hecho o jurídicas, con trascendencia particular y determinada de una manera imperativa. A ese tenor el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que debe atenderse a la naturaleza del derecho que se defienda por la vía constitucional, para estar en aptitud de determinar qué actuación es la que genera la afectación alegado, y, por tanto, cual es la autoridad que la emitió, en quien deberá recaer el carácter de responsable. De este modo, señaló nuestro más Alto Tribunal, de manera ejemplificativa, si el quejoso, es titular del derecho o bien que debaten actor y demandado en un juicio, sufre el perjuicio desde que se inició el procedimiento sin haber sido emplazado, o haberse realizado el emplazamiento con vicios que le impidieron comparecer a defender sus derechos subsistiendo el perjuicio durante todo el juicio y, en su caso, en la ejecución; en esas condiciones, si todo el procedimiento le causa perjuicio, inclusive la sentencia definitiva y su ejecución (si hasta ahí se llegó), serán autoridades responsables el Juez y, en sus respectivos casos, el actuario, el tribunal de segunda instancia y los ejecutores. Sobre esa base, en el caso, comparece al amparo Estela Leal Huerta y reclama: ? La diligencia de requerimiento de pago y/o embargo, practicada el veintiséis de octubre de dos mil diecisiete, dentro del expediente laboral C.D.T. 521/2011-3, radicado con motivo del conflicto laboral promovido por Estela Leal Huerta, en contra de la Secretaría de Salud del Estado de Tlaxcala y del Organismo Público Descentralizado "Salud de Tlaxcala" y del Hospital Infantil de Tlaxcala. Al efecto, señala como autoridad responsable a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado; sin embargo, de las constancias previamente valoradas, se destaca que en el juicio de origen se llevó a cabo la referida diligencia de requerimiento de pago y/o embargo por conducto del Actuario adscrito a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado; de ahí que, atento a lo establecido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es a ésta autoridad a quien corresponde el carácter de responsable por ser quien realizó la diligencia reclamada. Ahora bien, según aparece de las constancias de autos, por acuerdo de veintisiete de diciembre de dos mil diecisiete, este órgano jurisdiccional requirió a la parte quejosa a fin de que manifestara si señalaba como autoridad responsable al Actuario adscrito a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, al advertirse su participación en los términos precisados, con el apercibimiento que de no otorgarle ese carácter se seguiría el juicio solamente con la autoridad precisada en la demanda (foja 319); acuerdo que se notificó oportunamente el ocho de enero de dos mil dieciocho (foja 329), sin que realizara manifestación al respecto, razón por la que en la audiencia constitucional se hizo efectiva la sanción con la que se le conminó. Por consiguiente, si la quejosa se abstuvo de designar como autoridad responsable al Actuario adscrito a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, a pesar de ser requerida para ello, por ser quien realizó la diligencia de que se duele, jurídicamente no es posible examinar la constitucionalidad de dicho acto, puesto que no se llamó a la autoridad que lo efectuó, ni fue oída en el juicio, cuando acorde con lo dispuesto por el artículo 5° de la Ley de Amparo, es autoridad responsable la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado. Lo anterior, resalta la necesidad de citar a juicio a toda autoridad que hubiere intervenido en la emisión y ejecución del acto reclamado, dado que es imposible jurídicamente examinar la constitucionalidad de los actos de una autoridad no señalada por el quejoso como responsable. Por lo que es al Actuario adscrito a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, a quien corresponde defender su acto, porque es quien conoce los pormenores de la diligencia en la que se practicó el requerimiento de pago y/o embargo que se reclama. En tal virtud, si la solicitante de amparo no lo señaló como autoridad responsable, es evidente que la citada autoridad no tuvo la oportunidad de emitir informe con justificación y defenderse dentro juicio constitucional, y por ello se surte la causal de improcedencia que se invoca. Se cita al caso, la tesis por analogía y en lo conducente del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, consultable en la novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo III, junio de 1996, página: 765, tesis: XI.2o.9 K, materia común, que dice: "ACTUARIO. SI NO ES SEÑALADO COMO AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL AMPARO PROMOVIDO CONTRA EL EMBARGO QUE REALIZO, DEBE TENERSE POR CONSENTIDO EL ACTO. Si el actuario que llevó a cabo el embargo no fue señalado por el quejoso ni llamado al juicio constitucional a efecto de que en su carácter de responsable, defendiera tal acto que se le atribuye, es evidente que el mismo se considera consentido y torna improcedente el juicio de garantías planteado contra ese acto de embargo." Resulta aplicable la jurisprudencia VI.2o. J/205, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, localizable a página 468, tomo II, octubre de 1995, materia común, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS. Si en la demanda de amparo no se señala a una autoridad como responsable, jurídicamente no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no se llamó a juicio ni fue oída; por lo tanto, se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 73 fracción XVIII de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 5o., fracción II y 116, fracción III del mismo ordenamiento legal.". Además, por identidad jurídica la tesis aislada 2a. CLXIV/98, que sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página 113, tomo IX, de enero de mil novecientos noventa y nueve, novena época, materia común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que estatuye: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE Y EL JUEZ PREVINO AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA Y ÉSTE NO LO HIZO, DEBE SOBRESEERSE. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación integró la tesis de jurisprudencia 2a./J. 30/96 cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE, EL JUEZ DEBE PREVENIR AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA.", publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, junio de 1996, página 250, la cual establece que el órgano de revisión, en el supuesto indicado en la tesis, debe ordenar reponer el procedimiento para el efecto de que se requiera al quejoso la regularización de su demanda; sin embargo, ni de esa jurisprudencia ni de disposición legal alguna, se desprende que el quejoso tenga una segunda oportunidad para regularizar su demanda si en la primera ocasión no lo hizo, señalando a la autoridad responsable, por lo que en ese caso, debe sobreseerse en el juicio con fundamento en las fracciones III, del artículo 74, XVIII del 73 y III del 116 de la Ley de Amparo, toda vez que ha precluido su derecho a enmendar la solicitud de amparo y, consecuentemente, no es el caso de volver a ordenar la reposición del procedimiento." Por otra parte, se debe precisar que el señalamiento de las autoridades responsables es una obligación de la parte quejosa, y no del Juez de Distrito, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, por ende, la omisión de llamar a juicio a alguna autoridad por falta de señalamiento del impetrante, no puede estimarse como una infracción a las normas fundamentales que rigen el procedimiento, ni da pauta a suplir la deficiencia de la queja para subsanar tal irregularidad, ya que conforme a lo establecido en el artículo 79, solo opera para subsanar las deficiencias en los conceptos de violación o agravios en su caso, máxime que, según se estableció, se requirió a la quejosa a fin de que colmara dicha omisión y no realizó manifestación al respecto, a pesar de encontrarse oportunamente notificada. Así lo determinó la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 3a. LXXXIII/91, visible en la página 45, tomo VII, Mayo de 1991, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que en seguida se transcribe: "SUPLENCIA DE LA QUEJA. NO PUEDE OPERAR PARA SUBSANAR LA OMISIÓN DE LA PARTE QUEJOSA DE LLAMAR A JUICIO A UNA AUTORIDAD QUE TIENE EL CARÁCTER DE RESPONSABLE. El señalamiento de las autoridades responsables es una obligación que pesa sobre la parte quejosa y no en el juez de Distrito, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 116, fracción III, de la Ley de Amparo, de manera que la falta del llamado a juicio de una autoridad deriva de la omisión de señalarla como responsable, no puede llevar a establecer que se infringen las normas fundamentales que rigen el procedimiento en el juicio de garantías, ni puede operar la suplencia de la queja para subsanar la omisión, en tanto que la figura de referencia, prevista por el artículo 76 bis de la citada ley, se da en relación con los conceptos de violación o de los agravios hechos valer en el recurso correspondiente, lo que permite perfeccionarlos, aclararlos o completarlos.". Por tanto, al haberse actualizado la aludida causal de improcedencia, procede sobreseer en el juicio, con fundamento en lo previsto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. En esa tesitura, resulta improcedente analizar el fondo del asunto, de acuerdo con la jurisprudencia 509, visible en la página 335, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación de 1917-1995, Tomo VI, que enseguida se transcribe: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Por otro lado, cabe precisar que el análisis de las causales de improcedencia previstas por el artículo 61 de la Ley de Amparo, no constituye una denegación de justicia. En efecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que para que exista un recurso efectivo, debe ser idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y establecer lo conducente para remediarlo; pero en el derecho interno existen condiciones que deben observarse para garantizarlos, como criterios de admisibilidad del recurso o relativos al estudio de fondo del mismo, porque por seguridad jurídica, es dable establecerlos para una correcta y funcional administración de justicia y consecuente protección de derechos; sin que ello implique una violación al derecho de acceso a un recurso judicial efectivo. Lo anterior es acorde, con la tesis 1a. CCLXXV/2012, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XV, diciembre de 2012, Tomo 1, visible en la página 525, del tenor: "DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho humano a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, implica la necesidad de que los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos; así, de acuerdo con este principio, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediar la. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho humano a un recurso judicial efectivo, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de manera que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado y resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y en cualquier caso cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es la materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho humano". Por tanto, el incumplimiento de las condiciones necesarias para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes, no constituye, en sí mismo, una denegación de justicia, máxime que permitir el acceso en todo momento al juicio de amparo, generaría inseguridad jurídica en detrimento del propio derecho fundamental de acceso a la justicia. Por otro lado, se hace la precisión que las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto correspondientes a la novena época y anteriores, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y por ende son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente, ello de conformidad con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 6° apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 68 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en concordancia con los artículos 5° al 9°, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, dado que las partes no manifestaron oposición alguna para que al momento de hacer pública la presente sentencia se suprimieran sus datos personales, el presente asunto estará a disposición del publico para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información pública; suprimiendo los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 61, 63, 74, 74, y 217 y demás relativos de la ley de la materia, se: R E S U E L V E PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ESTELA LEAL HUERTA, en contra del acto y autoridad precisada en el resultando primero de este fallo, y por las razones expuestas en el último considerando esta sentencia. SEGUNDO. Al hacerse pública la presente sentencia, deberá tomarse en cuenta que las partes, no manifestaron oposición expresa para la publicación de sus datos personales. Notifíquese personalmente.

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