Estela Landa Hernández
Expediente 204/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de febrero de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 204/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 27/02/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Estela Landa Hernández
Actuaciones
- Principal
De la certificación secretarial de cuenta se advierte que transcurrió el término para interponer recurso de queja contra el acuerdo en el cual se desechó la demanda de amparo, sin que el promovente lo haya hecho valer; por tanto, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho proveído CAUSÓ ESTADO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este asunto como concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que este asunto es susceptible de destrucción, debido a que encuadra en la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo, y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto, por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Por otra parte, devuélvase el juicio ejecutivo mercantil 56/2012/I a la autoridad responsable, que obra en un tomo por separado, sin necesidad de que acuse el recibo correspondiente, en razón que con la constancia de notificación respectiva se justifica la entrega y recepción de dicho documento.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO C DE LA LEY DE AMPARO NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA ESTELA LANDA HERNÁNDEZ, EL AUTO QUE DICE: El Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad mediante resolución dictada el ocho de febrero del año en curso, se declaró legalmente incompetente para conocer del juicio de amparo promovido por Estela Landa Hernández contra actos del Juzgado Cuarto de Primera Instancia, con residencia en esta ciudad, radicada en ese Tribunal Colegiado con el número 87/2017. ACEPTACIÓN DE LA COMPETENCIA Con fundamento en los artículos 45 de la Ley de Amparo y 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, este órgano jurisdiccional se avoca al conocimiento del asunto; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y regístrese este asunto con el número 204/2017. Acúsese recibo. CAUSA DE IMPROCEDENCIA El artículo 113 de la Ley de Amparo, otorga facultad al órgano jurisdiccional para que, previo análisis de la demanda de amparo, de advertir un motivo manifiesto e indudable de improcedencia de la demanda, la deseche de plano. PROPUESTA DEMOSTRATIVA De la lectura integral del escrito de demanda, se advierte que es manifiesta e indudable la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, como a continuación se explica. HIPÓTESIS NORMATIVA Los artículos invocados disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Artículo 107. El amparo indirecto procede:. IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;." De los preceptos legales en cita, se deduce que el juicio de amparo es improcedente, cuando se reclamen actos dictados en la etapa de ejecución de sentencia, ya que sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento. En relación con lo anterior, cabe destacar que por "última resolución" ha de entenderse la que declara cumplida la ejecutoria, o bien, la que reconoce la imposibilidad jurídica y material de darle cumplimiento, pues el procedimiento de ejecución obedece a la existencia de un fallo con rango de cosa juzgada, por lo que su cumplimiento no debe obstaculizarse a través del juicio de amparo, por ser de interés público. Sirve de sustento a lo anterior, la tesis siguiente: Registro No. 190035 Localización: Novena Época Instancia: Pleno Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XIII, Abril de 2001 Página: 31 Tesis: P./J. 32/2001 Jurisprudencia Materia(s): Común "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." HECHOS De la lectura integral de la demanda de amparo y demás constancias se advierte que el acto reclamado por la parte quejosa, consiste en el acuerdo de trece de diciembre de dos mil dieciséis dictado por el Juez Cuarto de Primera Instancia, con sede en esta ciudad, en el juicio ejecutivo mercantil 56/2012/I de su índice, mediante el cual indica que firmará la escritura de adjudicación respecto del inmueble motivo de litigio a nombre de la parte quejosa. Cabe destacar que del tomo de pruebas se advierte que el juicio ejecutivo mercantil 56/2012/I, del índice del Juzgado responsable se resolvió el veintiocho de junio de dos mil doce; asimismo, el siete de febrero de dos mil catorce se aperturó la sección de ejecución del juicio indicado y el trece de diciembre de dos mil dieciséis, se acordó que la juez responsable firmaría la escritura de adjudicación respecto del inmueble motivo de litigio a nombre de la parte quejosa, este último constituye el acto reclamado. CONCLUSIÓN De lo expuesto se deduce que el juicio de origen se encuentra en la etapa de ejecución; en ese sentido, se estima que el acto reclamado no constituye la última resolución dictada en ejecución de sentencia, ni con él se afectan derechos del promovente que no se hubiesen discutido y decidido en el procedimiento de origen. Lo anterior es así, pues como se expuso precedentemente, por la expresión "última resolución" en actos de ejecución de sentencia a que alude el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, para los efectos de la procedencia del juicio de amparo en la vía indirecta, debe entenderse que es aquella en que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, por lo que el acto reclamado, fue dictado en ejecución; por tanto, por su propia naturaleza no se considera como una determinación judicial en que se apruebe o reconozca de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, a fin de determinar la procedencia del amparo indirecto, por lo que no puede estimarse como la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución del fallo definitivo. Tiene aplicación al caso la tesis siguiente: Época: Décima Época Registro: 2011338 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: viernes 01 de abril de 2016 10:01 h Materia(s): (Común) Tesis: I.1o.A.E. J/5 (10a.) "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE O DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. SUS CARACTERÍSTICAS PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio general de que los actos tienen una ejecución irreparable o de imposible reparación, cuando sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y no cuando sólo afecten derechos adjetivos o procesales, porque la afectación irreparable o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufre obtenga una sentencia definitiva en el procedimiento natural, favorable a sus pretensiones. En consecuencia, a contrario sensu, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, conforme al artículo 107, fracción III, inciso b), de la ley de la materia, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación llegan a extinguirse sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque esa violación es susceptible de repararse posteriormente, al reclamar el acto terminal o resolución." Novena Época Registro: 166244 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXX, Octubre de 2009 Materia(s): Civil Tesis: I.3o.C.765 C Página: 1345 "AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DICTADOS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. PROCEDE RESPECTO DE LA "ÚLTIMA RESOLUCIÓN" DICTADA EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, ES DECIR, HASTA QUE SE HAGA EL PAGO DE LO CONDENADO O SE DECLARE LA ABSOLUTA IMPOSIBILIDAD PARA ELLO. El artículo 114, fracción III, párrafo segundo, de la Ley de Amparo exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la "última resolución" dictada en dicho procedimiento; en el caso del auto de ejecución, dictado por el Juez, en el que en cumplimiento de la condena que establece una obligación de pago, se ordene el requerimiento de la misma con motivo de la cantidad líquida a que se condenó a la parte que la adeudare y se le aperciba que en caso de no hacerlo se embargarán bienes de su propiedad suficientes para garantizar el pago de dicho adeudo, no constituye la "última resolución" que se dicta y en contra de la cual proceda la vía constitucional biinstancial, porque se encuentra supeditado al resultado de las diligencias materiales de lo ordenado, que dependen de la voluntad del condenado, por lo que en caso de que se logre o no el pago requerido, la autoridad determinará los actos conducentes a la ejecución correspondiente en contra de los que no procede el amparo indirecto. Lo anterior es así, en virtud de que el procedimiento de ejecución obedece a la existencia de un fallo con rango de cosa juzgada y que debe cumplimentarse atento a su naturaleza de orden público; sin embargo, los proveídos que se dicten para ello se encuentran supeditados a las resultas de la diligenciación material de lo que se ordenó, los que a su vez dependen de dos factores, consistentes en la voluntad del condenado y la posibilidad o no de lograr el pago requerido y que son actuaciones que se emitirán conforme al contenido de la resolución definitiva. Por tanto, será hasta que se haga el pago de lo condenado o se declare la absoluta imposibilidad para ello, que proceda el amparo con el posible efecto restitutorio que le imprime el artículo 80 de la Ley de Amparo, que permite restablecer el orden constitucional mediante la devolución de lo pagado si se demuestra la violación de garantías". En consecuencia, procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. CONSTANCIAS Para un mejor manejo del expediente y tomando en consideración el volumen de las constancias remitidas por el Tribunal Colegiado declinante, fórmese un cuaderno de pruebas por separado, debiéndose colocar la carátula respectiva que lo identifique con este juicio y consérvese en el local de la Secretaría de este Juzgado, para que una vez que cause estado la presente determinación sea devuelto a la autoridad responsable. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Por otro lado, como lo solicita la parte quejosa, téngase como su domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en el proemio de su demanda en términos del artículo 27 de la Ley de Amparo. De igual forma, se tiene como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Margarito Hernández Arriaga, Miguel Vázquez Torres y Patricia Lozada Maldonado, por tener su cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro único de cédulas profesionales de abogados postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación; y, en términos de la última parte del citado artículo a Hugo Carrillo Gómez e Iván Conde Valdivia, por no contar con dicho requisito. LEY DE TRANSPARENCIA Se comunica a la parte quejosa que con fundamento en los artículos 1 a 9, 12 a 23, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo dispuesto en los artículos 5 a 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio constituyen información pública y podrán ser consultadas por cualquier persona de conformidad con el artículo 6 del reglamento en comento, con la salvedad de lo previsto en la fracción IV del artículo 13 de la ley citada; en la inteligencia de que de existir alguna oposición en términos de los artículos 8 de dicha ley y 9 del citado reglamento, la unidad administrativa que tenga el expediente bajo resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos, y se omitirá la publicación de los datos personales en listas de notificación que se publiquen por vía electrónica. DIGITALIZACIÓN Conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico.
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