Estela Hernández Ruiz

Expediente 907/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 45 actuaciones registradas, la última del 3 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
907/2021
Año
2021
Actuaciones
45
Última actuación
03/10/2022

Partes del expediente

  • Estela Hernández Ruiz y Otros.
  • Estela Hernández Ruiz
  • Secretaría de Gobernación

Actuaciones

Las 4 más recientes de 45.

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, tres de octubre de dos mil veintidós. Visto el contenido de la certificación secretarial con que se da cuenta, se advierte que feneció el plazo de tres días otorgado a las partes en autos de veintitrés de septiembre del año en curso, respecto de las constancias remitidas por la responsable en relación con el cumplimento al fallo protector; por tanto, se procede a calificarlo. Ahora bien, debe decirse que mediante sentencia dictada el veintinueve de agosto de dos mil veintidós, que causó ejecutoria en auto de veintiuno de septiembre siguiente, se determinó conceder el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa y que los efectos de la concesión fueron para que la responsable Gerente de Asuntos Jurídicos del 3. Fidecomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO), realizara lo siguiente: "-De manera inmediata en el domicilio señalado para tal efecto por las peticionarias, o bien, en el que tenga a bien tener certeza de que estas sean localizadas (o sus autorizados para tal efecto), y pruebe de manera fehaciente que, fueron legalmente notificadas del oficio GAJ/383/2021, de catorce de octubre de dos mil veintiuno, con el que dio respuesta al escrito de petición de nueve de agosto de dos mil veintiuno." En atención a la certificación que antecede, dado que las partes no formularon manifestación alguna en relación al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, se procede a calificar el mismo. Por oficio recibido en acuerdo de veintitrés de septiembre del año en curso, en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional el Subgerente de lo Contencioso en el 3. Fidecomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO), exhibió copia certificada de diversas constancias entre las que se encuentra: el acuse de recibo del oficio GAJ/383/2021 de catorce de agosto de dos mil veintiuno, la cédula de notificación de catorce de septiembre del año en curso, así como diversas fotografías del inmueble en el que se realizó tal diligencia (promoción 15208). Documentales públicas con valor probatorio pleno, de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su 2o numeral. Con lo anterior, se estima que el fallo protector fue cumplido en su totalidad, restituyendo a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos fundamentales violados, en tanto que, la autoridad responsable acató la ejecutoria dictada en autos, pues el Subgerente de lo Contencioso en el 3. Fidecomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO), el catorce de septiembre de dos mil veintidós, practicó la notificación del oficio GAJ/383/2021 de catorce de agosto de dos mil veintiuno; y en consecuencia, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia de amparo sin que se advierta exceso o defecto. Por tanto, háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y, archívese este expediente como asunto concluido. En acatamiento al Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte, el presente expediente carece de relevancia histórica y documental, por lo que es depurable en el plazo de tres años, ya que se concedió el amparo solicitado, de conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso b) de esa normatividad. Asimismo, es depurable el original del incidente de suspensión, el cual deberá conservarse por el plazo de tres años, de conformidad con el artículo 18, fracción I inciso a) del citado Acuerdo General, pues se concedió la medida cautelar definitiva, por lo que se ordena glosarlo al expediente en que se actúa; mientras que es destruible el duplicado del incidente una vez que transcurran seis meses, conforme a lo dispuesto por el artículo 20, fracción II, inciso a) de esa misma normatividad. Notifíquese, y vía electrónica a la parte quejosa.

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintitrés de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese el oficio signado por el Subgerente de lo Contencioso en el 3. Fidecomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO), por medio del cual en cumplimiento al requerimiento de veintiuno de los actuales, remite las constancias relativas al cumplimiento dado al fallo protector. Con lo anterior, dese vista a las partes para que dentro del término de tres días manifiesten lo que a su interés convenga; con el apercibimiento que, de no hacerlo, se resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Notifíquese, y vía electrónica a la parte quejosa.

  3. Principal

    Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 907/2021-VII; R E S U L T A N D O Primero. Presentación y datos de la demanda. Por escrito presentado en el buzón judicial el diez de septiembre de dos mil veintiuno, recepcionado el trece siguiente por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Naucalpan de Juárez, Estado de México, y turnado a este juzgado al día hábil siguiente, Estela Hernández Ruiz y Rosa María Martínez Carrillo, solicitaron el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra los actos que se describirán en el considerando segundo de esta sentencia. Segundo. Trámite. Previo desahogo de las prevenciones, por auto de diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, este órgano jurisdiccional admitió a trámite la demanda de amparo, pidió a las autoridades responsables su informe con justificación, dio intervención legal al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual inició al tenor del acta que antecede. Tercero. Ampliación de demanda. Atento al requerimiento de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, en acuerdo de catorce de diciembre siguiente, se tuvo a la parte quejosa ampliando su demanda por cuanto hace al 7. Subdirector de Concentración Social de la Coordinación de Gobierno de la Secretaría de Gobierno de la Secretaría de Gobernación: y como acto reclamado el consistente en la respuesta emitida en el oficio UG/CG/DCS/SC/301/2021 de ocho de noviembre de dos mil veintiuno. Lo que de igual forma aconteció el cuatro de marzo de dos mil veintidós, en el que se admitió la ampliación de demanda de la parte quejosa, atento al requerimiento de uno de febrero de este año, por cuanto hace al Gerente de Asuntos Jurídicos del 3. Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares, al que atribuyó como acto reclamado el oficio GAJ/383/2021, de catorce de octubre de dos mil veintiuno, con el que dio respuesta al escrito de petición de nueve de agosto de dos mil veintiuno, signado por diversas personas entre las que se encuentran las aquí quejosas. Cuarto. No amplió demanda. En proveído de treinta de mayo de la presente anualidad, se hizo efectivo el apercibimiento decretado el veinticinco de abril anterior, dado que la parte quejosa no amplió su demanda respecto a la autoridad Subdirector de Regulación y Regularización de Suelo del Instituto Mexiquense de la Vivienda Social del Gobierno del Estado de México, por cuanto hace al acto consistente en el oficio 212C0101040000L/0341/2021, de dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, mediante el cual dio respuesta al escrito de petición signado por diversas personas entre las que se encuentran las aquí quejosas, notificado el veinte de agosto de dos mil veintiuno, por conducto de Margarita Reyes Morales; continuándose el juicio únicamente respecto de las autoridades y actos reclamados señalados en este expediente. C O N S I D E R A N D O Primero. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México es legalmente competente para conocer del presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo. Segundo. Precisión del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, la parte quejosa reclama esencialmente de las autoridades responsables siguientes actos: 1.Secretaría de Gobernación; así como de la 3. Dirección General de Fondo Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO): A)La omisión de dar contestación al derecho de petición con acuse de recibo de nueve de agosto de dos mil veintiuno. 4.Dirección General, y 5. Director de Administración del Instituto Mexiquense de la Vivienda Social (IMEVIS): B)La omisión de dar respuesta a las solicitudes de seis de julio y nueve de agosto de dos mil veintiuno. C)Los trabajos técnicos de medición y escrituración irregular que se pretende llevar a cabo. 2.Presidente Municipal de Coacalco, y 6. Director de Seguridad pública Municipal en Coacalco, Estado de México. D)La orden, mandamiento escrito, y autorización para la intervención de la policía municipal, así como los operativos realizados con falta de fundamentación y motivación. AMPLIACIÓN DE DEMANDA 7.Subdirector de Concentración Social de la Coordinación de Gobierno de la Secretaría de Gobierno de la Secretaría de Gobernación: E)La respuesta emitida en el oficio UG/CG/DCS/SC/301/2021 de ocho de noviembre de dos mil veintiuno. Gerente de Asuntos Jurídicos del 3. Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares: F)Consistente en el oficio GAJ/383/2021, de catorce de octubre de dos mil veintiuno, con el que dio respuesta al escrito de petición de nueve de agosto de dos mil veintiuno, signado por diversas personas entre las que se encuentran las aquí quejosas. Tercero. Inexistencia. No son ciertos los actos reclamados a las responsables: 2. Presidente Municipal y 6. Director de Seguridad Pública Municipal en Coacalco, Estado de México, así como a la 4. Dirección General y 5. Director de Administración del Instituto Mexiquense de la Vivienda Social (IMEVIS), ya que negaron la existencia de los mismos al rendir sus informes justificados, sin que la parte quejosa haya aportado prueba en contrario para desvirtuar dicha negativa (promoción 13170, 13838; y 14136). En consecuencia, se sobresee en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo y en la jurisprudencia 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 236, tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de rubro y texto: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Misma suerte corre respecto a los diversos actos reclamados a la 4. Dirección General de Administración del Instituto Mexiquense de la Vivienda Social (IMEVIS), consistente en la B) omisión de dar respuesta a las solicitudes de seis de julio y nueve de agosto de dos mil veintiuno; lo anterior, pues si bien fueron presentados ante dicha Dirección General, conforme al sello de recepción, el nueve de agosto de dos mil veintiuno, lo cierto es que de las constancias remitidas por las responsables se aprecia que turnados que fueron los autos, el Subdirector de Regulación y Regularización del Suelo del Instituto Mexiquense de la Vivienda Social, DIO CONTESTACIÓN a las solicitudes vertidas por los peticionarios, entre los que se encuentran las aquí quejosas, a través del oficio 212C0101040000L/0341/2021 de dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, y notificado el veinte posterior a Margarita Reyes Morales -autorizada en el ocurso de petición-; por lo que es patente que a la fecha de la presentación, dicho acto reclamado se tornaba inexistente; respuesta en la que incluso, dicha responsable contestó lo relativo al acto reclamado identificado con el inciso B. Lo anterior, pues al escrito inicial de demanda de amparo que dio inicio al presente sumario constitucional, fue presentado en el buzón judicial hasta el diez de septiembre de dos mil veintiuno, recepcionado el trece siguiente por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Naucalpan de Juárez, Estado de México, y turnado a este juzgado al día hábil siguiente (diecisiete posterior); es decir, LA RESPUESTA Y SU NOTIFICACIÓN SE REALIZÓ ANTES DE LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Aunado a que de manera alguna la parte quejosa combatió en este juicio de amparo dicha respuesta ni su notificación, no obstante que se otorgó tal oportunidad en proveído de veinticinco de abril de este año, pues si bien ingresaron el escrito registrado con el número 7839, éste no fue ratificado, por lo que el treinta de mayo se tuvo por no presentado y, en consecuencia, por no ampliada la demanda; por tanto, al margen de la legalidad, dichas actuaciones deben prevalecer. Documentales por las que este Juzgado llega a la conclusión que no existen los actos reclamados atribuidos a las referidas autoridades; máxime que la parte quejosa no controvirtió con prueba alguna, dichas manifestaciones vertidas en tal sentido por las responsables. Es dable precisar que del estudio del artículo 63, fracción IV, de la ley reglamentaria del juicio de amparo, en armonía con los diversos 1 y 75, del mismo ordenamiento legal, la conclusión a la que se arriba, es en el sentido de que los actos reclamados deben analizarse atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, tomando en cuenta que, por regla general, todos los actos de autoridad que atentan contra los derechos fundamentales de los gobernados, se emiten sin el consentimiento de éstos. La determinación que aquí se adopta se justifica porque la demanda de amparo, tiene como finalidad obtener la protección de la Justicia Federal a efecto de que se restituya a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental que aduce le fue violado, y no prevenir actos que en lo futuro pudieran generar esa afectación, como podría suceder en la hipótesis en que el perjuicio no exista al momento de ejercitar la acción, sino durante la tramitación del juicio. Criterio en contrario generaría la posibilidad de permitir el ejercicio de la acción de control constitucional, apoyada en expectativas y no en contra de actos concretos. Orienta a lo anterior la tesis de jurisprudencia 2a./J. 3/94, registro 206346, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Núm. 79, Julio de 1994, Materia(s): Común, Página: 15, de rubro y texto siguiente: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." No se soslayan las pruebas que allegó la parte quejosa al escrito de demanda; sin embargo, no obstante el valor probatorio que adquieren en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad a su numeral 2, no demuestran que la existencia de los actos reclamados haya sido con posterioridad a la data apuntada en párrafos que anteceden. A saber, con los videos grabados y contenidos en el disco versátil digital, las quejosas aducen que acreditan la participación de la policía; sin embargo, con independencia del valor probatorio que se les pudiera otorgar dada la naturaleza con la que fueron confeccionadas, no resultan conducentes para probar los actos reclamados, aunado a que no exhibieron diverso medio de prueba para demostrar lo vertido en el escrito inicial de demanda; máxime que las videograbaciones por sí solas no demuestran los extremos pretendidos, toda vez que con lo que se observa de aquéllas, no es dable establecer fehacientemente que correspondan a los hechos que describieron que ocurrieron, ni demuestran los antecedentes descritos por las quejosas en el ocurso inicial de demanda. Cuarto. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados respectivamente a las responsables: 1. Secretaría de Gobernación, y así como al 7. Subdirector de Concentración Social de la Coordinación de Gobierno de la Secretaría de Gobierno de la Secretaría de Gobernación (promociones 14109 y 125), pues al rendir su informe justificado, aceptaron su existencia. De igual forma, debe tenerse por cierto el atribuido a la 3. Dirección General de Fondo Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO) (promoción 12823), no obstante que al rendir su informe justificado lo negó; sin embargo, de las manifestaciones que vierte, se aprecia la existencia de los actos reclamados, motivo por el cual, deben tenerse por ciertos, pues se advierte que sí existe la petición. Orienta a lo anterior, la tesis aislada con número de registro: 211004, del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, Octava Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, Julio de 1994, Materia Común, visible en la página 391, de rubro: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA." Lo que se corrobora con las constancias que adjuntó la parte quejosa al escrito aclaratorio de demanda, en particular del acuse del escrito de petición, así como las constancias que adjuntaron dichas responsables a su informe con justificación. Las cuales cuentan con pleno valor probatorio, según lo establecen los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, con sustento en el numeral 2 de la Ley de Amparo, por tratarse de documentos expedidos y certificados por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Quinto. Causales de improcedencia. Por ser una cuestión de orden público y, por ende, de análisis preferente, se procede a determinar si existen causas que impliquen la improcedencia del juicio de amparo intentado, ya sea que las hagan o no valer las partes, acorde con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo; o bien, que de oficio se advierta que impidan abordar el análisis de fondo de la cuestión debatida, que se conforma de los actos cuya certeza quedó acreditada según lo determinado en el considerando precedente. Al rendir sus informes justificados, las responsables 4. Dirección General, y 5. Director de Administración del Instituto Mexiquense de la Vivienda Social (IMEVIS) (registro 14136) y 7. Subdirector de Regulación y Regularización del Suelo del Instituto Mexiquense de la Vivienda Social (registro 125), argumentaron que al dar contestación a los escritos de la parte quejosa, dejaron de existir los actos reclamados y, que los quejosos carecen de interés jurídico para realizar dichas peticiones por que no existe un derecho legitimante tutelado con el cual se pueda establecer que existe una afectación; en ese contexto, dado que los argumentos de las autoridades responsables tienen una estrecha relación con el fondo del asunto, deben desestimarse las causales de improcedencia que invocan. Apoya la anterior determinación, la tesis P.XXVII/98, de la Novena Época, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, (abril de 1998), página 23, que establece: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE. En reiteradas tesis este Alto Tribunal ha sostenido que las causales de improcedencia del juicio deben ser claras e inobjetables, de lo que se desprende que si se hace valer una causal donde se involucre una argumentación en íntima relación con el fondo del negocio, debe desestimarse y declararse la procedencia, si no se surte otra causal, y hacer el estudio de los conceptos de violación relativos a las cuestiones constitucionales propuestas". Respecto a la causal de improcedencia que hacen valer las responsables 4. Dirección General y 5. Director de Administración del Instituto Mexiquense de la Vivienda Social (IMEVIS), consistente en que la parte quejosa no observó el principio de definitividad; también debe desistimarse, toda vez que en el considerando anterior, el acto reclamado que les fue atribuido, se tuvo por inexistente a la fecha de la presentación de la demanda, máxime que la causal que invocaron era tendiente a evidenciar la improcedencia del juicio de amparo y, al guardar orden preferente tal causa de sobreseimiento en este sumario constitucional, ya fue decretado en el tercero de los considerandos de la presente determinación. Por otra parte, respecto al acto reclamado consistente en la A) omisión de dar contestación al derecho de petición con acuse de recibo de nueve de agosto de dos mil veintiuno, atribuido a la responsables 1. Secretaría de Gobernación; así como a la 3. Dirección General de Fondo Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO); la autoridad indicada en primer lugar indicó que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con la fracción V, del numeral 63, de ese mismo ordenamiento legal, al aducir que cesaron los efectos de los actos reclamados, misma que se estima fundada, por los motivos que a continuación se exponen: Primeramente, cabe señalar que los numerales invocados disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior." Al respecto, cabe mencionar que para que se actualice la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, es necesario que la autoridad responsable deje sin efectos los actos reclamados, desapareciendo así la materia de la litis constitucional, porque la cesación implica que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación de derechos fundamentales, como si los actos reclamados no hubieran trastocado la esfera jurídica de la gobernada, o habiéndolo hecho, sus efectos quedaran destruidos como si nunca hubiesen existido. Desde esa óptica, la cesación de efectos de los actos reclamados significa que la autoridad que los emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, lo que se debe entender que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos de esos actos, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia de dichos actos, pues, es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización de los actos de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de unos actos que ya no están surtiendo sus efectos, ni los surtirán, y que no dejaron huella en la esfera jurídica de los quejosos que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución a la agraviada en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando los actos reclamados sea de carácter positivo, y cuando sean de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, no existe motivo para realizar el estudio de la constitucionalidad de los actos reclamados, cuando no puedan alcanzarse su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos de los actos impugnados. En el caso, de las constancias que exhibieron dichas responsables se aprecia la respuesta dada mediante oficio UG/CG/DCS/SC/301/2021 de ocho de noviembre posterior signado por el 7. Subdirector de Concertación Social de la Coordinación de Gobierno de la Secretaría de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, y el acuse de recibo de la pieza postal con número de guía EE966582779MX con el que se le notificó a los solicitantes quejosos y a otros, por conducto de "Bertha García" (autorizada en el escrito de petición); por lo que es patente que se dio contestación a la petición formulada el nueve de agosto de dos mil veintiuno. Asimismo, que mediante oficio 212C010104000L/0341/2021, de dieciocho de agosto del mismo año, el Subdirector de Regulación y Regularización del Suelo de la Dirección de Administración del Suelo del Instituto Mexiquense de la Vivienda Social, dio contestación a la petición formulada el nueve de agosto de dos mil veintiuno. Constancias a las que se les otorga pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 133, 136 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2. En las relatadas condiciones si el dieciocho de agosto, así como el ocho de noviembre de dos mil veintiuno, fueron atendidos los escritos que las quejosas presentaron el nueve de agosto de dos mil veintiuno, se hace evidente que cesaron en sus efectos los actos reclamados consistentes en la omisión de dar contestación a los ocursos mediante los cuales se le solicitó diversa información. Luego entonces, de conformidad con el artículo 77 de la Ley de Amparo, para el caso de que a la parte quejosa se le concediera la protección constitucional solicitada respecto de los referidos actos, sus efectos serían para que las autoridades correspondientes, dieran contestación a los escritos que presentó, de ahí que, si en el presente caso tal acontecimiento sucedió el dieciocho de agosto, así como el ocho de noviembre de dos mil veintiuno, se debe estimar que tales actos cesaron y, por tanto, ya no agravian a las quejosas, pues la violación que en determinado momento se pudo cometer contra sus derechos fundamentales (omisión de dar respuesta a sus peticiones), ya fue reparada, como si se le hubiere concedido el amparo solicitado. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 2A./J. 9/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 210, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, (febrero de 1998), con número de registro 196820 del rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción xvi, de la ley de amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la ley de amparo". Asimismo, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI (noviembre de 1997), visible en la página 71, con número de registro 197367, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." En esas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer el presente juicio de amparo, en relación con el acto reclamado consistente en la omisión de dar contestación al derecho de petición con acuse de recibo de nueve de agosto de dos mil veintiuno, atribuido a las responsables 1. Secretaría de Gobernación; así como a la 3. Dirección General de Fondo Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO). Consecuentemente, al no advertirse diversa causal de improcedencia que las partes hubieren hecho valer, aunado a que oficiosamente no se aprecia alguna, es menester entrar al estudio de fondo, al tenor de los conceptos de violación expuestos por la parte quejosa, sin que se haga necesario analizar todas y cada una de las causas previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo, por no existir obligación en ese sentido. Sexto. Conceptos de violación. Los conceptos de violación expuestos en la demanda no se transcriben en este apartado, en obvio de repeticiones y bajo el principio de economía procesal; además, el artículo 74, ni algún otro de la Ley de Amparo, prevé la obligatoriedad de realizar tal trascripción; es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, Novena Época, con registro electrónico 164618, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXI, mayo de 2010, materia común, página 830, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." Séptimo. Análisis de constitucionalidad o inconstitucionalidad respecto al acto reclamado consistente en F) La respuesta emitida en el oficio UG/CG/DCS/SC/301/2021 de ocho de noviembre de dos mil veintiuno, atribuido al 7. Subdirector de Concentración Social de la Coordinación de Gobierno de la Secretaría de Gobierno de la Secretaría de Gobernación. Se precisa que la parte quejosa aduce, básicamente, que con el actuar del 7. Subdirector de Concentración Social de la Coordinación de Gobierno de la Secretaría de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, viola lo dispuesto en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos toda vez que el oficio por el que se dio contestación a la petición que formularon, carece de fundamentación y motivación. En ese sentido, dicho motivo de disenso se estima infundado, en atención a las siguientes consideraciones. En principio, debe destacarse que todo acto de autoridad debe estar fundado y motivado, conforme a lo que establece el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo contenido, en lo que interesa, es el siguiente:"Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento." Por motivación, debe entenderse en el sentido de que, al existir una norma jurídica, el caso o situación respecto de los que se pretende cometer un acto de autoridad, sean aquellos a que alude la disposición legal fundatoria; de suerte tal que la motivación implica que deben señalarse con precisión las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, esto es, que las condiciones y modalidades del caso particular encuadren dentro del marco general correspondiente establecido por la ley, así, si una determinada conducta no corresponde o no encuadra en el caso concreto establecido por la ley, el acto de autoridad respectivo violará la exigencia de la motivación legal, por más que se hubiese previsto en una norma, es decir, aunque esté debidamente fundado; de igual manera, se da una indebida o deficiente motivación cuando las razones expuestas en el actuar de la autoridad, son erróneas al abordar puntos y aspectos diversos al tratado, o bien son insuficientes en resolver el particular y dejando cierta confusión e incertidumbre en el gobernado. En síntesis, la motivación legal implica la necesaria adecuación que debe hacer la autoridad entre la norma general fundatoria del acto de molestia y el caso específico en el que éste va a operar o surtir sus efectos. Por fundamentación del acto de autoridad se entiende que debe sustentarse en una disposición normativa de carácter general; o sea, que la ley prevea una situación concreta para la cual resulte procedente realizar el acto de autoridad, es decir, que exista una ley que así lo autorice, de tal manera que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite. En conclusión, para que una autoridad cumpla con la debida fundamentación y motivación a que se refiere la garantía de legalidad prevista en el artículo 16 de la Constitución Política de nuestro país, es necesario que en sus determinaciones se citen los preceptos legales que le sirvan de apoyo y, además, debe expresar los razonamientos lógicos y jurídicos que la condujeron a la conclusión de que el asunto concreto de que se trata encuadra en los supuestos de la norma que invoca. Resulta aplicable la tesis I.4o.P.56 P, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, Octava Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV (Noviembre de 1994), visible en la página 450, con número de registro 209986, de rubro y texto: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, CONCEPTO DE. La garantía de legalidad consagrada en el artículo 16 de nuestra Carta Magna, establece que todo acto de autoridad precisa encontrarse debidamente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero la obligación de la autoridad que lo emite, para citar los preceptos legales, sustantivos y adjetivos, en que se apoye la determinación adoptada; y por lo segundo, que exprese una serie de razonamientos lógico-jurídicos sobre el por qué consideró que el caso concreto se ajusta a la hipótesis normativa". Como se adelantó, es infundado el argumento que hacen valer las quejosas en el sentido de que dicho acto reclamado no se encuentra debidamente fundado y motivado en virtud de que no se atendió a lo solicitado en el escrito de nueve de agosto de dos mil veintiuno, pues de la lectura del oficio por el que se atendió dicha solicitud se advierte que sí contiene la debida motivación y fundamentación, habida cuenta que la autoridad responsable expone de manera correcta, clara y suficiente los motivos de su determinación, así como los preceptos legales, que en su caso son aplicables al asunto concreto. Ahora bien, con relación al oficio UG/CG/DCS/SC/301/2021 de ocho de noviembre de dos mil veintiuno, emitido por el 7. Subdirector de Concentración Social de la Coordinación de Gobierno de la Secretaría de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, respondió que después de realizar una búsqueda, en dicha dependencia no se localizó documento alguno que sustentara la petición que formularon el nueve de agosto del año próximo pasado, pues no existe evidencia documentada sobre los hechos que narraron; asimismo, estableció que la Secretaría de Gobernación, es ajena a la situación jurídica actual de los terrenos que refieren en la aludida petición, por lo que de contar con los elementos necesarios que configuren un delito deberán acudir al Ministerio Público para que inicie la carpeta de investigación correspondiente. Además, indicó con relación a la solitud de cancelar cualquier trámite de regularización o escrituración de la colonia Calpulli del Valle, que en términos del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, dicha dependencia no cuenta con facultades de regularización o cancelación de escrituras. No se soslaya que si bien la respuesta a su derecho de petición se realizó por diversa autoridad ante la que la formularon, lo cierto es que les fue respondida de manera congruente y quedó notificada, conforme a las atribuciones del 7. Subdirector de Concentración Social de la Coordinación de Gobierno de la Secretaría de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, para representar a la 1. Secretaría de Gobernación, por lo que con ello se colma el derecho de las impetrantes al haber sido atendida su solicitud por un inferior jerárquico de ésta, en términos de lo previsto en los numerales 8 y 90 Constitucionales; 14, 16 y 27, fracción I de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1, 4, 9, 11, 12, fracción III y 13, fracción I del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, que incluso citó en dicha contestación la responsable. Orienta a lo anterior la tesis III.2o.P.1 CS (10a.), registro 2014889, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 45, Agosto de 2017, Tomo IV, página 2831, Décima Época, Materias(s): Constitucional, de rubro y texto siguiente: "DERECHO DE PETICIÓN. SE VE SATISFECHO, AUN CUANDO UNA AUTORIDAD DISTINTA A LA QUE SE HIZO LA SOLICITUD, SEA LA QUE DA RESPUESTA DE MANERA CONGRUENTE A LO SOLICITADO, Y ORDENA SU NOTIFICACIÓN AL INTERESADO. En tratándose del derecho de petición previsto en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, éste se satisface, aun cuando es una autoridad, no señalada como responsable, y distinta a la que se le hizo la petición, la que da respuesta de manera congruente al escrito de que se trate y además ordena notificar su determinación al interesado, aunado a que la que dio contestación es la facultada conforme a sus atribuciones para atender lo solicitado, y no la autoridad ante quien se presentó la petición respectiva." Así como por identidad jurídica, la jurisprudencia 2a./J. 78/97, registro 196962, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VII, Enero de 1998, página 280, Novena Época, Materias(s): Común, Administrativa, de rubro y texto siguiente: "INCONFORMIDAD. DEBE DECLARARSE INFUNDADA Y TENERSE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA QUE CONCEDIÓ EL AMPARO POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN, CUANDO SE ACREDITA QUE UN INFERIOR JERÁRQUICO DE LA RESPONSABLE, CUYAS FUNCIONES SE VINCULAN CON LO SOLICITADO, YA DIO CONTESTACIÓN. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 80 de la Ley de Amparo, el efecto de la sentencia protectora, tratándose de actos de naturaleza negativa, consistirá en obligar a la autoridad a que actúe en el sentido de respetar la garantía infringida y a cumplir lo que la misma exija. Por tanto, de concederse la protección federal por haberse acreditado la violación al derecho de petición consagrado en el artículo 8o. constitucional, debe tenerse por cumplida la ejecutoria y declararse infundada la inconformidad, cuando se acredita que ya se dio contestación por escrito a la solicitud del quejoso, no obstante que ésta se formule por una autoridad diversa de la responsable, siempre que se trate de un inferior jerárquico y que la materia de la petición se vincule con sus funciones, pues con ese carácter resuelve la petición formulada al superior." Por las razones anteriores, contrario a lo que asevera la parte quejosa, tal acto combatido sí se encuentra motivado, pues al efecto la autoridad responsable fijó consideraciones bastantes y suficientes para sostener su determinación y al efecto expresaron una serie de razonamientos lógico-jurídicos sobre el porqué no se puede atender las peticiones en cita. Por todo ello, se considera correcto el actuar de la responsable, pues se insiste, expresó los razonamientos que llevaron a la determinación que respondió la solicitud formulada por la parte quejosa, sin que a través de los conceptos de violación que propuso contra ese acto, demostrara lo contrario, de ahí que deba subsistir la respuesta otorgada por la referida autoridad responsable. Bajo esa tesitura, resulta infundado el concepto de violación tendente a combatir la fundamentación y motivación de la respuesta emitida por la autoridad responsable, en virtud a que la petición elevada a la autoridad por las quejosas ha sido correctamente satisfecha por las razones expuestas. En apoyo a lo expuesto en el párrafo inmediato anterior, cabe invocar la jurisprudencia XVI.1o.A. J/38, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, con número de registro 2015181, consultable a página mil setecientos treinta y ocho, del Tomo III, del Libro 46 y que data de septiembre de dos mil diecisiete, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "DERECHO DE PETICIÓN. EL EFECTO DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO EN UN JUICIO EN EL QUE SE EXAMINÓ SU VIOLACIÓN, NO PUEDE QUEDAR EN LA SIMPLE EXIGENCIA DE UNA RESPUESTA, SINO QUE REQUIERE QUE ÉSTA SEA CONGRUENTE, COMPLETA, RÁPIDA Y, SOBRE TODO, FUNDADA Y MOTIVADA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). En consecuencia, contrario a lo expresado por la parte quejosa, el acto reclamado precisado, sí se encuentran debidamente fundados y motivados, ya que, como se ha evidenciado, la autoridad responsable para llegar a la conclusión en la forma en que lo hizo, expuso los motivos y citó los preceptos legales aplicables al caso, por lo que deviene infundado el concepto de violación en estudio; sin que el suscrito advierta deficiencia en la queja que suplir acorde a lo dispuesto en el numeral 79, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo. Consecuentemente, ante la ineficacia jurídica de los conceptos de violación, lo procedente es NEGAR la protección federal solicitada a las impetrantes. Octavo. Estudio respecto del E) oficio GAJ/383/2021, de catorce de octubre de dos mil veintiuno, a través del cual el Gerente de Asuntos Jurídicos del Fideicomiso, Fondo Nacional de Habitaciones Populares, dio respuesta al escrito de petición de nueve de agosto de dos mil veintiuno, signado por diversas personas entre las que se encuentran las aquí quejosas, en el que en esencia se advierte que estableció que dicha dependencia no cuenta con las atribuciones para regularizar la colonia Calpulli del Valle, además de que aclaró que no tiene relación alguna con el Banco Ve por Más. Son fundados y suficientes los argumentos expuestos por la parte quejosa para conceder el amparo solicitado, considerando que en éstos se contiene causa de pedir, ya que la demanda de amparo no debe examinarse por sus partes aisladas, sino en su conjunto, debiendo tenerse como conceptos de violación, todos los razonamientos que, con tal contenido, aparezcan en la demanda, aunque no estén en el capítulo relativo y aunque no guarden un apego estricto a la forma lógica del silogismo, sino que será suficiente que en alguna parte del escrito, se exprese con claridad la causa de pedir, señalándose cuál es la lesión o agravio que el quejoso estima le causa el acto, resolución o ley impugnada y los motivos que originaron ese agravio, para que el Juez de amparo deba estudiarlo de conformidad con lo que, aún sin pedirlo claramente, se desprende qué es de lo que se duele el disidente. Así lo ha considerado el Pleno de nuestro Máximo Tribunal de Justicia en el País, al emitir la jurisprudencia número P./J. 68/2000, localizable en la página 38, tomo XII, Agosto de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PARA QUE SE ESTUDIEN, BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS LA CAUSA DE PEDIR. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que debe abandonarse la tesis jurisprudencial que lleva por rubro "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. REQUISITOS LÓGICOS Y JURÍDICOS QUE DEBEN REUNIR.", en la que, se exigía que el concepto de violación, para ser tal, debía presentarse como un verdadero silogismo, siendo la premisa mayor el precepto constitucional violado, la premisa menor los actos autoritarios reclamados y la conclusión la contraposición entre aquéllas, demostrando así, jurídicamente, la inconstitucionalidad de los actos reclamados. Las razones de la separación de ese criterio radican en que, por una parte, los artículos 116 y 166 de la Ley de Amparo no exigen como requisito esencial e imprescindible, que la expresión de los conceptos de violación se haga con formalidades tan rígidas y solemnes como las que establecía la aludida jurisprudencia y, por otra, que como la demanda de amparo no debe examinarse por sus partes aisladas, sino considerarse en su conjunto, es razonable que deban tenerse como conceptos de violación todos los razonamientos que, con tal contenido, aparezcan en la demanda, aunque no estén en el capítulo relativo y aunque no guarden un apego estricto a la forma lógica del silogismo, sino que será suficiente que en alguna parte del escrito se exprese con claridad la causa de pedir, señalándose cuál es la lesión o agravio que el quejoso estima le causa el acto, resolución o ley impugnada y los motivos que originaron ese agravio, para que el Juez de amparo deba estudiarlo." Lo anterior, aun y cuando para su análisis se proceda a realizar el estudio en suplencia de la queja a su favor en toda su amplitud, de conformidad con lo previsto en el numeral 79, fracción VI de la Ley de Amparo; dado que de la información y constancias que envió el Gerente de Asuntos Jurídicos del 3. Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares, se aprecia que adjuntó copia certificada de la respuesta otorgada a la petición de las ahora quejosas. Ahora bien, a la fecha la autoridad responsable no probó, como es su obligación procesal que hubiese realizado la notificación respectiva del oficio GAJ/383/2021, de catorce de octubre de dos mil veintiuno, con el que dio respuesta al escrito de petición de nueve de agosto de dos mil veintiuno, signado por diversas personas entre las que se encuentran las aquí quejosas, toda vez que no se anexaron las constancias correspondientes que así lo acreditaran. En ese sentido, el artículo 8, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece:"Artículo 8. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene la obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario." Por lo tanto, el derecho de petición instituido en el artículo 8 de la Ley Suprema, contiene dos requisitos formales que toda autoridad debe observar con el objeto de cumplir íntegramente con el mencionado imperativo, a saber: a)Dictar los acuerdos respectivos; y, b)Notificar dichos proveídos en breve término al interesado, conforme a las disposiciones legales que rigen el acto. En estas condiciones, el ejercicio del derecho de petición por el particular conlleva la correlativa obligación de la autoridad de producir una respuesta y notificarla; entonces, se caracteriza por los elementos que enseguida se enlistan: I.LA PETICIÓN: Debe formularse de manera escrita, pacífica y respetuosa; ser dirigida a una autoridad, y recabarse la constancia de que fue entregada. II.LA RESPUESTA: La autoridad debe emitir un acuerdo en breve término; asimismo, debe notificar el acuerdo recaído a la petición en forma personal al gobernado en el domicilio que señaló para tales efectos, sin que sea jurídicamente válido considerar que la notificación de la respuesta a que se refiere el segundo párrafo del artículo 8º, constitucional se tenga por hecha a partir de las notificaciones o de la vista que se practiquen con motivo del juicio de amparo. En ese orden de ideas, se desprende que las impetrantes reclaman violación al derecho de petición multicitado; solicitud que si bien fue atendida el catorce de octubre de dos mil veintiuno por la responsable, lo cierto es que no fue comunicada a las peticionarias (aquí quejosas), por lo que no se puede tener por colmado el presupuesto contenido en el artículo 8 Constitucional, que establece el deber ineludible de dar a conocer la respuesta que se dé a la solicitud elevada por el gobernado. Por lo tanto, cualquier argumento respecto a la omisión de notificar a la parte quejosa el acuerdo que recayó a su solicitud, queda superado, pues no se justifica la violación al artículo 8° Constitucional, sino que hace patente su vulneración directa, tomando en consideración que la autoridad, debió tomar las medidas legales pertinentes a su alcance, para que las peticionarias quedaran legalmente notificadas en alguna forma de dicho oficio. Resulta aplicable al caso, la tesis III.1o.A.28K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: VI, Septiembre de 1997, página 671, del texto: "DERECHO DE PETICIÓN. OMISIÓN INDEBIDA DE LA NOTIFICACIÓN DEL ACUERDO RESPECTIVO AL PETICIONARIO. En el caso de que la autoridad responsable dicte el proveído que estime pertinente a la petición que le dirigió la quejosa, y trate de notificarlo por correo, si la pieza postal fue devuelta con una anotación en el sentido de que en el domicilio se desconoce al destinatario, y tal situación subsiste hasta el amparo, ello contiene inmerso el reconocimiento de que, por el motivo indicado, la notificación del proveído no se llevó a cabo, lo que obliga a considerar violado el derecho de petición, que contiene la obligación de notificar el acuerdo que recaiga a la solicitud que formulen los particulares; en consecuencia, a fin de dar cabal cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 8o. constitucional, la autoridad debió, tras recibir la pieza postal devuelta, tomar las medidas legales pertinentes a su alcance, para que la peticionaria quedara notificada en alguna forma legal, de esa resolución." En ese contexto, es indudable que la violación reclamada subsiste, al no haberse notificado el oficio por el que se dio contestación a la solicitud de la parte quejosa, de manera que el proceder de la responsable, conculca los derechos fundamentales de la parte quejosa. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, la tesis II.1o.P.A.9K, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Abril de 1996, página 383, que textualmente dispone: "DERECHO DE PETICION. NOTIFICACION DEL. Aun cuando la responsable señale haber dado respuesta a la solicitud que el quejoso le presentó de acuerdo con el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, si no demuestra de manera fehaciente que la respuesta a tal solicitud, le fue notificada al solicitante, debe considerarse que no dio contestación al peticionario, violando con ello el precepto constitucional en comento." Sin que obste a la anterior determinación la circunstancia de que la referida autoridad responsable adjuntó a su informe justificado copia certificada de un correo electrónico enviado a "Bertha García", al cual se adjuntó la respuesta al escrito presentado el nueve de agosto de dos mil veintiuno, pues si bien es cierto las ahora quejosas señalaron un correo electrónico para que les fuera notificada la respuesta respectiva, también cierto es que proporcionaron un domicilio para ello, separado uno del otro -domicilio y correo electrónico- de la conjunción "y", lo que evidencia que no proporcionaron tales mecanismos de comunicación de manera alternativa, por lo que al margen de que la autoridad hubiera enviado el correo respectivo, se estima que a efecto de dotar de seguridad jurídica el conocimiento de la respuesta que otorgó a la solicitud formulada, debió ordenar la notificación en el domicilio proporcionado para tales efectos. Al respecto se invoca la jurisprudencia 2a./J. 98/2004, registro 181149, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XX, Julio de 2004, página 248, Novena Época, Materias(s): Común, de rubro y texto siguiente: "DERECHO DE PETICIÓN. PARA EXIGIR A LA AUTORIDAD QUE DÉ A CONOCER SU RESOLUCIÓN AL PETICIONARIO EN BREVE TÉRMINO, ES NECESARIO QUE ÉSTE SEÑALE DOMICILIO PARA TAL EFECTO. Conforme al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todo gobernado tiene la facultad de ocurrir ante cualquier autoridad, formulando una solicitud escrita que puede tener el carácter de simple petición administrativa, acción, recurso o cualquier otro, y ante ella las autoridades están obligadas a dictar un acuerdo escrito que sea congruente con dicha solicitud, independientemente del sentido y términos en que esté concebido. Ahora bien, además de dictar el acuerdo correspondiente a toda petición, el referido precepto constitucional impone a la autoridad el deber de dar a conocer su resolución en breve término al peticionario; para cumplir con esta obligación se requiere el señalamiento de domicilio donde la autoridad pueda notificarla al gobernado, de ahí que cuando se omite señalar dicho domicilio podrá alegarse que el órgano del Estado no dictó el acuerdo correspondiente, mas no que incumplió con la obligación de comunicarle su resolución en breve término, pues si bien la falta de señalamiento de domicilio no implica que la autoridad pueda abstenerse de emitir el acuerdo correspondiente, estando obligada a comprobar lo contrario ante las instancias que se lo requieran, así como la imposibilidad de notificar su resolución al promovente, tampoco significa que deba investigar el lugar donde pueda notificar la resolución, ya que el derecho del particular de que la autoridad le haga conocer en breve término el acuerdo que recaiga a su petición, lleva implícita su obligación de señalar un domicilio donde esa notificación pueda realizarse." Por tanto, en las relatadas circunstancias al resultar fundado el concepto de violación que se hace valer, lo procedente es concederle el amparo y protección de la Justicia Federal únicamente respecto a la omisión de la responsable Gerente de Asuntos Jurídicos del 3. Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares, de notificar el oficio GAJ/383/2021, de catorce de octubre de dos mil veintiuno, con el que dio respuesta al escrito de petición de nueve de agosto de dos mil veintiuno. Noveno. Efectos del amparo y la protección concedidos. La autoridad responsable Gerente de Asuntos Jurídicos del 3. Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares, deberá tomar las medidas legales pertinentes, a fin de que una vez que cause ejecutoria la presente resolución: -De manera inmediata en el domicilio señalado para tal efecto por las peticionarias, o bien, en el que tenga a bien tener la certeza de que éstas sean localizadas (o sus autorizados para tal efecto), y pruebe de manera fehaciente que, fueron legalmente notificadas del oficio GAJ/383/2021, de catorce de octubre de dos mil veintiuno, con el que dio respuesta al escrito de petición de nueve de agosto de dos mil veintiuno. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 217 y demás relativos, de la Ley de Amparo vigente, se; R E S U E L V E PRIMERO. Se sobresee el juicio de amparo, contra los actos que reclamaron a las autoridades indicadas en el tercer considerando de este fallo, por los motivos precisados en el mismo, en relación en el considerando quinto. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO ampara ni protege a la parte quejosa, contra el acto reclamado precisado en el considerando segundo y motivos expuestos en el diverso séptimo de esta resolución. TERCERO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a las quejosas, contra el acto reclamado precisado en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el diverso octavo de esta resolución, y para los efectos precisados en el último considerando Notifíquese, vía electrónica a la parte quejosa, y personalmente a la Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrita; y háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno de este Juzgado.

  4. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, treinta de mayo de dos mil veintidós. Visto el contenido de la certificación con que se da cuenta, se advierte que feneció el plazo de tres días otorgado en auto de dieciocho de mayo de dos mil veintidós, para que las quejosas ratificaran su ocurso registrado con el folio 7839; sin que lo hayan realizado. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el citado acuerdo y se tiene por no presentado el aludido escrito. Por otra parte, de la certificación secretarial se advierte que transcurrió el término de quince días otorgado a la parte quejosa en auto de veinticinco de abril de la presente anualidad, a efecto de que manifestara su deseo o no de ampliar su demanda. En esas condiciones, se hace efectivo el apercibimiento decretado y se tienen como autoridades y actos reclamados únicamente los ya señalados a lo largo del juicio de amparo. Notifíquese, y vía electrónica a la parte quejosa.

Quedan 41 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México · 8,346 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano