Estela Hernández Luna

Expediente 1896/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 7 actuaciones registradas, la última del 6 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1896/2021
Año
2021
Actuaciones
7
Última actuación
06/07/2022

Partes del expediente

  • Estela Hernández Luna

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Zapopan, Jalisco, seis de julio de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede se provee: I. Sentencia causa ejecutoria. De la certificación de cuenta se advierte que no fue impugnada la sentencia dentro del plazo legal, como lo establecen los artículos 81, fracción I, inciso e, y 86, ambos de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente al primer ordenamiento, se declara que ha causado ejecutoria. II. Orden de archivo. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y archívese el presente expediente como asunto concluido. III. Orden de depuración. Con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, dado que por una parte se sobreseyó y por otra se negó el amparo y la protección de la Justicia Federal, además de que no se considera de relevancia documental, este expediente es susceptible de DEPURACIÓN. IV. Devolución de documentos. De conformidad con lo dispuesto por el referido Acuerdo General, hágase del conocimiento que en el presente expediente no existe documento alguno, en original, que devolver a la parte quejosa. Notifíquese por lista física y electrónica.

  2. Principal

    AVISO. Por este medio se notifica a la parte quejosa la resolución de once de abril de dos mil veintidós, la cual dice: VISTOS, para resolver en definitiva, los autos del juicio de amparo 1896/2021 y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el seis de octubre de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, turnado el veinte siguiente a este Juzgado Decimoquinto, - solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos y la autoridad que se precisan a continuación: AUTORIDAD RESPONSABLE:  Directora de Inspección y Vigilancia del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco. ACTO RECLAMADO: Actos que estimó violatorios de los artículos 14, 16, 17 y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. Por auto de veintiuno de octubre de dos mil veintiuno, se ordenó registrar la demanda bajo el número 1896/2021, y, previo cumplimiento a la prevención formulada, se admitió a trámite fue solicitado a la autoridad responsable su informe justificado asimismo, y se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que le confiere la ley para el efecto de que formulara los alegatos que a su representación corresponde. Finalmente, fue señalada fecha y hora para la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Decimoquinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, tiene competencia legal para conocer y resolver el juicio de amparo, con fundamento en los numerales 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 1º, 37, 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 57, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, por tratarse de un amparo en materia administrativa y reclamarse actos de autoridad residente en la jurisdicción territorial de este Juzgado de Distrito SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Como cuestión inicial es menester precisar el acto reclamado en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. Del examen integral de la demanda se obtiene que los actos reclamados consisten en: 1. La orden de visita de inspección-de cinco de octubre de dos mil veintiuno, emitida por la Directora de Inspección y Vigilancia del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco. 2. El acta de inspección - y como consecuencia, el sello de clausura con folio- relativa a la construcción de dos jardineras en la banqueta, fuera del bien inmueble ubicado en calle TERCERO. Verificación de certeza del acto reclamado. Actos ciertos. La Directora de Inspección y Vigilancia del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, por conducto del Director Jurídico Contencioso de la Sindicatura del citado ayuntamiento, al rendir su informe justificado manifestó la existencia de los actos reclamados, lo que se corrobora con la copia certificada remitida2 de las que se advierte lo reclamado. CUARTO. Estudio de procedencia del juicio de amparo. Causa de inviabilidad infundada. Previamente al estudio de fondo del juicio deben examinarse los planteamientos de inviabilidad de la acción hechos valer por las partes o advertidas de oficio de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo. Falta de interés jurídico. La autoridad responsable, al rendir su informe justificado señaló que en el caso se materializa la prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, porque la orden de visita reclamada no afecta el interés jurídico de la quejosa en atención a que no acreditó contar con el permiso o licencia para realizar construcción en su propiedad. Es infundado tal planteamiento Para explicar la afirmación adoptada, resulta necesario precisar que la facultad de control y fiscalización del Estado, para verificar el cumplimiento de las obligaciones a cargo de los gobernados, se lleva a través de un procedimiento administrativo, que se inicia con la orden de visita y concluye con su calificación. Así, en la visita domiciliaria la autoridad puede exigir al gobernado la exhibición de documentos indispensables, proporcionar datos e información que requiera, verificar de manera física el inmueble inspeccionado, ello para comprobar si se han acatado las disposiciones, en el caso, aquellas contenidas en el Reglamento de Construcción para el Municipio de Zapopan, Jalisco lo cual indudablemente causa molestia en el domicilio, persona, familia, papeles y posesiones del visitado. Por tanto, la orden de visita que da origen y fundamento a la práctica de la diligencia señalada en el párrafo anterior, por su sola emisión causa perjuicios jurídicos a los derechos sustantivos del particular en forma directa, inmediata y definitiva. En efecto, nuestro Máximo Tribunal ha sostenido que la orden de visita no puede considerarse autónoma a ésta, por ser precisamente la que da origen y fundamento al procedimiento administrativo mediante el cual el Estado ejerce su facultad de control y para verificar el cumplimiento a diversas leyes, entre otras, al citado Reglamento. Ahora, la orden reclamada fue emitida con la finalidad de practicar una visita en el domicilio del quejoso, para inspeccionar si la vía pública se encontraba libre de cualquier tipo de construcción que la obstruyera en atención a ello, debe observarse el supuesto de procedencia del juicio de amparo, previsto en la fracción III del artículo 107 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, antes citado, conforme al cual esta instancia es procedente contra actos dictados en el procedimiento seguido en forma de juicio siempre y cuando tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Como se dijo, los actos de ejecución de imposible reparación son aquellos que afectan de manera directa e inmediata los derechos sustantivos del gobernado, los cuales están asegurados en la Constitución Federal tomando como medida que la afectación producida con su violación no puede destruirse cuando quien la sufra se vea favorecido con el sentido de la resolución que llegare a dictarse en el procedimiento correspondiente. En otras palabras, porque la afectación que se produzca con tales actos violatorios de derechos queda irremediablemente consumada, pues el quejoso no podría ser restituido en el goce de su derecho. En ese tenor, la orden de visita causa un agravio personal, actual y directo sobre los derechos sustantivos del gobernado con su sola emisión por tanto, es un acto de imposible reparación, pues por más que se decretara una eventual concesión del amparo respecto de la resolución que determinara una sanción en contra de aquél, por vicios en la orden relativa, diera lugar a dejar sin efectos la orden de inspección o, incluso, insubsistente el procedimiento administrativo, sería imborrable la huella dejada en la esfera jurídica del promovente por la práctica de la visita, particularmente la invasión de su domicilio, la molestia a su persona, familia, papeles o posesiones, así como la restricción de sus derechos de disposición sobre bienes, papeles o posesiones y demás derechos relacionados con la inspección. Apoya lo anterior la tesis de jurisprudencia 2a./J. 4/2008, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: En consecuencia, la orden de inspección afecta el interés jurídico de la quejosa, porque vulnera sus derechos fundamentales de manera irreparable de ahí lo infundado de la causal de improcedencia planteada por las responsables. Máxime que el argumento de la responsable consiste, esencialmente, en que la referida orden se emitió conforme a derecho, lo que será materia en todo caso del estudio que se realice de la misma al analizar el fondo del asunto. QUINTO. Causa de improcedencia actualizada. En cambio, respecto al acto precisado en el punto 2, consistente en el acta de inspección - de cinco de octubre de dos mil veintiuno, de la cual derivó el sello de clausura con folio - aplicado sobre la construcción de dos jardineras en la vía pública (banqueta) ubicadas en el bien inmueble situado en la calle - se estima materializado el motivo de improcedencia previsto por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción III, inciso b)4, interpretado a contrario sensu, de la Ley de Amparo. Conforme con tales preceptos, el juicio de amparo solo procede en contra de la resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución, salvo que se trate de actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. De modo que cuando se trata de actos dentro de un procedimiento seguido en forma de juicio, la regla general es que el amparo sólo procede contra la resolución con que tal concatenación de actos culmina y definen la situación correspondiente materia del procedimiento. La misma regla opera en relación con los actos dentro del procedimiento de remate o de ejecución de sentencia, pues también procede el amparo hasta la resolución definitiva o la que aprueba o desaprueba el remate. En todas estas hipótesis los actos procesales aislados anteriores a la resolución definitiva pueden causar perjuicio al particular que interviene en el juicio o procedimiento, pero aunque ello acontezca, el amparo solo procede, como regla general, cuando sobreviene la definitiva el quejoso debe esperar ésta, y si lo perjudica podrá controvertirla en amparo junto con las violaciones de procedimiento. Si la regla general es que cualquier violación procesal se impugne en amparo hasta que se dicta la resolución definitiva, resulta que la razón de tal sistema radica en la intención de evitar la proliferación de juicios de amparo en contra de cada acto procesal para hacer expeditos los juicios y procedimientos. Ahora, conviene precisar que por procedimiento en forma de juicio debe entenderse no solo aquél en que la autoridad decide una controversia entre partes contendientes, sino también todos aquellos procedimientos en que la autoridad, frente al particular, prepara, estudia o previene su resolución definitiva, aunque sólo sea para cumplir con el derecho fundamental de audiencia. Sostiene lo anterior, la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: En el caso, el acta de inspección forma parte de la preparación y el inicio del procedimiento administrativo relativo al cumplimiento de las disposiciones contenidas en el Reglamento de Construcción para el Municipio de Zapopan, Jalisco, con el objeto de regular los procedimientos para el control y ejecución de obras de construcción, remodelación, demolición, movimiento de tierras, excavación, reparación, restauración o conservación, que se ejecute en propiedad pública, social o privada. De igual forma, se otorga la posibilidad de subsanar o corregir las deficiencias o irregularidades observadas, así como la facultad de la autoridad para imponer las sanciones correspondientes actuación preliminar que no es impugnable en la presente instancia constitucional, sino en su caso, hasta que se emita la última resolución en el procedimiento administrativo. En efecto, a través del acto reclamado consistente en el acta de inspección, únicamente se preparará el dictado de la resolución administrativa correspondiente, en la que, de manera definitiva se señalarán o adicionarán las medidas necesarias para corregir las deficiencias o irregularidades observadas, así como las posibles sanciones a las que se haga acreedor el infractor. Es decir, forma parte de un procedimiento que concluirá con una resolución en la que pueden o no imponerse sanciones u obligaciones al presunto infractor, de ahí que por regla general, dicha actuación no es impugnable en la presente instancia constitucional conforme con lo previsto en el artículo 107, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo. Lo anterior, en virtud de que el juicio de amparo solo puede promoverse hasta que se dicte la resolución con la que culmine dicho procedimiento es decir, la definitiva, pudiendo reclamarse en tal oportunidad todas y cada una de las violaciones cometidas dentro de dicho procedimiento. En el entendido que, únicamente cuando el acto reclamado sea inminente, esto es, que exista certeza sobre su realización, se podrá impugnar su constitucionalidad, sin necesidad de que el mismo sea definitivo, pero cuando el actuar de la responsable, se encuentra condicionado por la conducta previa de los particulares o partes en litigio, como en el caso acontece, debe sujetarse al procedimiento respectivo que no es definitivo. Pensar lo contrario, obstaculizaría injustificadamente la secuencia procesal, ya que de ser así, el juicio de amparo indirecto sería procedente en contra de todos los actos dictados dentro de un procedimiento, aun cuando no causen un daño de imposible reparación, desnaturalizando con ello al juicio constitucional. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 24/2003, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 147, Tomo XVII, Abril de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: En consecuencia, ante la materialización de la causa de improcedencia en estudio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se impone decretar el sobreseimiento en el juicio respecto al acta de inspección - y como consecuencia, el sello de clausura con folio - relativa a la construcción de dos jardineras fuera del bien inmueble ubicado en calle -, en Zapopan, Jalisco. SEXTO. Estudio de los conceptos de violación. Al no existir diversa causa de improcedencia propuesta por las partes, ni que este órgano jurisdiccional advierta de oficio, se continúa con el análisis de la constitucionalidad de los diversos actos reclamados, a la luz de los conceptos de violación formulados. Orden de visita o inspección. La quejosa aduce, en esencia, que se vulneró su derecho de audiencia. Lo anterior, pues afirma que acudió el catorce de septiembre de dos mil veintiuno al área de Inspección y Vigilancia del Ayuntamiento de Zapopan, a efecto de acreditar que no había obstrucción en el área de la banqueta fuera de su domicilio. Son inatendibles los argumentos sintetizados. En efecto, la peticionaria únicamente asevera que no hay obstrucción en la vía pública, como se asentó en el acta de inspección sin embargo, respecto a ese acto se decretó el sobreseimiento en el juicio por las razones expresadas en el considerando que antecede. Sin embargo, es omisa en expresar argumentos dirigidos a combatir la orden de inspección y por tanto, que deban ser analizados en esta instancia. En ese sentido, cuando lo expuesto por la parte quejosa es ambiguo, en tanto que no señala ni concreta algún razonamiento capaz de ser analizado, tal pretensión de invalidez es inatendible al no lograr construir y proponer la causa de pedir, en la medida que elude referirse al fundamento, razones decisorias o argumentos y al porqué de su inconformidad. En lo conducente, es aplicable, por las razones que la informan, la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: En consecuencia, al haber resultado ineficaces los conceptos de violación, se impone negar el amparo y protección de la Justicia Federal, máxime que no se observa cuestión alguna que obligue a suplir la queja deficiente en términos del artículo 79 de la Ley de Amparo. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 74 a 77 y demás relativos de la Ley de Amparo, se RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene a la Directora Jurídica Contencioso de la Sindicatura del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, en representación de la Directora de Inspección y Vigilancia, rindiendo su informe justificado, sin perjuicio de relacionarlo al celebrarse la audiencia constitucional; con su contenido dese vista a las demás partes para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. Se le tiene invocando la causa de improcedencia que indica, la cual será considerada en el momento procesal oportuno; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Con fundamento en el artículo 9 de la ley de la materia, téngase como sus delegados a las personas que faculta para tal efecto. En cuanto a su petición de autorizar la reproducción electrónica de las constancias que integran el presente expediente, dígase que deberá estarse a lo acordado en el auto de radicación en el que se establecieron las formas en las que se autoriza la misma. Prueba documental. Con fundamento en los artículos 119 y 123, de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida la documental exhibida por la autoridad oficiante, sin perjuicio de relacionarla y recibirla en la audiencia constitucional. Se autoriza la consulta vía electrónica Notifíquese por lista física y electrónica

  4. Principal

    Visto el estado de actuaciones, se observa que a la fecha se encuentra transcurriendo el plazo de quince días que prevé el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que la Directora de Inspección y Vigilancia del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, rinda su informe justificado que le fue solicitado por auto de diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno. Lo anterior es así, ya que del acuse de recibo que corresponde al oficio - se aprecia que dicho plazo comprende del cuatro al veinticuatro de los corrientes. Para dar oportunidad a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional programada para el día de hoy y, en su lugar se fijan las DOCE HORAS CON TREINTA Y TRES MINUTOS DEL CATORCE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su celebración. Notifíquese por lista física y electrónica.

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