Estela Flores Torres

Expediente 946/2014 tramitado ante el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de octubre de 2014.

Datos del expediente

Expediente
946/2014
Año
2014
Actuaciones
3
Última actuación
17/10/2014

Partes del expediente

  • Estela Flores Torres

Actuaciones

  1. Juicio de Amparo Directo

    AGREGUESE EL OFICIO DE CUENTA SIGNADO POR LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE, MEDIANTE EL CUAL ACUSA RECIBO DE LO QUE REFIERE, PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. ASIMISMO, AL NO EXISTIR DOCUMENTO ORIGINAL QUE DEVOLVER, ARCHIVESE EL PRESENTE ASUNTO COMO CONCLUIDO, PREVIAS LAS ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE. POR OTRA PARTE, EL EXPEDIENTE EN QUE SE ACTUA ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCION Y CARECE DE RELEVANCIA DOCUMENTAL.

  2. Juicio de Amparo Directo

    VISTO EL ESTADO DE AUTOS Y LA CERTIFICACIÓN DE CUENTA, DE LOS CUALES SE ADVIERTE QUE TRANSCURRIÓ EL TÉRMINO CONCEDIDO, PARA QUE LA PARTE QUEJOSA SE INCONFORMARAN EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN DE VEINTINUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL CATORCE; POR TANTO, SE TIENE POR CONSENTIDA DICHA RESOLUCIÓN. LO ANTERIOR HAGASE DEL CONOCIMIENTO DEL JUEZ RESPONSABLE DEVOLVIENDO EL JUICIO EJECUTIVO MERCATIL 1162/2013, SOLICITANDO EL ACUSE DE RECIBO Y EN SU OPORTUNIDAD ARCHÍVESE EL PRESENTE ASUNTO COMO TOTALMENTE CONCLUIDO PREVIAS LAS ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE.

  3. Juicio de Amparo Directo

    Visto el oficio del Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tula de Allende, Hidalgo, con residencia en Tepeji del Río de Ocampo, Hidalgo, registrado en oficialía de partes con el número 5273/2014, con el que remite el cuaderno de amparo que contiene el escrito original de demanda de garantías con certificación, así como las diligencias llevadas a cabo con el objeto de lograr el emplazamiento a la parte tercera interesada; asimismo, remite el oficio 2178 con el que rinde informe justificado, además envía cinco copias de la demanda de amparo, así como el juicio ejecutivo mercantil 1162/2013; regístrese en el libro de gobierno correspondiente, fórmese expediente y acúsese recibo. Ahora bien, respecto de la demanda que se provee se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo en vigor, cuyo estudio es preferente y oficioso por tratarse de una cuestión de orden público, en atención a las siguientes consideraciones. Primeramente, cabe apuntar que el ordinal 17 de la Ley de Amparo vigente, establece como término para la interposición del juicio constitucional el de quince días, disposición legal que textualmente refiere lo siguiente: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de "amparo es de quince días, (.)." Por su parte el numeral 18 de la citada ley dispone que término debe contarse a partir del día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación del acto reclamado, conforme a la ley que lo rige; es decir, para realizar el cómputo mencionado en el caso a estudio, la ley aplicable resulta ser el Código de Comercio, ya que el acto reclamado se hace consistir en la sentencia de tres de junio de dos mil catorce, dictada por el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tula de Allende, Hidalgo, con residencia en Tepeji del Río de Ocampo, Hidalgo, dentro del juicio ejecutivo mercantil 1162/2013. Por otra parte, de las constancias integrantes del juicio ejecutivo mercantil antes indicado, las cuales por ser documentos públicos merecen pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo vigente, en términos de su ordinal 2º, se observa a foja cuarenta y tres vuelta, que la notificación del acto reclamado se realizó a la ahora quejosa por medio de instructivo dejado en poder de ***, el seis de junio de dos mil catorce, la cual surtió sus efectos el día siguiente al que se practicó, atento a lo establecido por el ordinal 1,075 del Código de Comercio, que a continuación se transcribe: "Artículo 1,075. Todos los términos judiciales empezarán a "correr desde el día siguiente a aquel en que hayan surtido efectos "el emplazamiento o notificaciones y se contará en ellos el día de "vencimiento. - - - Las notificaciones personales surten efectos al "día siguiente del que se hayan practicado, y las demás surten al "día siguiente, de aquel en que se hubieren hecho por boletín, "gaceta o periódico judicial, o fijado en los estrados de los "tribunales, al igual que las que se practiquen por correo o "telégrafo, cuando exista la constancia de haberse entregado al "interesado, y la de edictos al día siguiente de haberse hecho la "última en el periódico oficial del Estado o del Distrito Federal. - - - "Cuando se trate de la primera notificación, y esta deba de hacerse "en otro lugar al de la residencia del tribunal, aumentará a los "términos que señale la ley o el juzgador, un día más por cada "doscientos kilómetros o por la fracción que exceda de cien, "pudiendo el juez, según las dificultades de las comunicaciones, y "aún los problemas climatológicos aumentar dichos plazos, "razonando y fundando debidamente su determinación en ese "sentido. Bajo ese orden de ideas y toda vez que la notificación del acto reclamado surtió sus efectos el nueve de junio de dos mil catorce, el término de quince días para la presentación de la demanda de garantías empezó a transcurrir el diez de junio de dos mil catorce para fenecer el treinta del mismo mes y año, descontando como días inhábiles el catorce, quince, veintiuno, veintidós, veintiocho y veintinueve de junio del año en curso; por lo tanto, si la demanda de amparo se presentó hasta el quince de julio de dos mil catorce, en la Oficialía de Partes del juez responsable, es inconcuso que la misma se presentó extemporáneamente, razón por la que el acto reclamado fue tácitamente consentido por la quejosa, amén de que no se encuentra en ninguno de los casos de excepción enumerados en el artículo 17 de la nueva Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIII, en relación con el diverso 17, ambos del ordenamiento legal anteriormente invocado, se desecha de plano por extemporánea la demanda de amparo promovida por ***, por propio derecho, en contra de la sentencia de tres de junio de dos mil catorce, dictada por el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tula de Allende, Hidalgo, con residencia en Tepeji del Río de Ocampo, Hidalgo, dentro del juicio ejecutivo mercantil 1162/2013, por existir un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 179 del dispositivo legal en cita. Con apoyo en el artículo 26, fracción I, inciso j); y fracción III; de la ley de la materia, notifíquese el presente acuerdo para los efectos legales correspondientes. Para el solo efecto de notificar la presente resolución, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones, así como autorizados para tales efectos, los indicados en el escrito de demanda. En su oportunidad, archívese el expediente en que se actúa como totalmente concluido, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, que entró en vigor al día siguiente de su publicación, que en términos de su artículo cuarto transitorio derogó los Acuerdos Generales 9/2003 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y 30/2003 del Consejo de la Judicatura Federal así como las demás disposiciones derivadas de esos Acuerdos; en concordancia, con lo preceptuado en el artículo octavo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, indíquese a las partes que el Poder Judicial de la Federación debe hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria; también deberán hacerse públicas las resoluciones intermedias que pongan fin a una instancia o algún incidente de previo y especial pronunciamiento y las que recaigan a un recurso intraprocesal; asimismo, que de conformidad con lo dispuesto por los numerales 1°, 3°, 5°, 6°, 7° y 8° del citado reglamento, toda la información que tienen en resguardo los órganos jurisdiccionales es pública y, por ende, los expedientes en que obren, podrán ser consultados por cualquier persona, tanto aquellos de asuntos concluidos, como los relativos a las demás resoluciones una vez que se emitan, no obstante no haber causado ejecutoria, con las salvedades a que se refiere tal disposición; es así que las determinaciones que se dicten en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten conforme al procedimiento de acceso a la información; de igual forma, hágase del conocimiento de las partes que tienen derecho a oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, cuando la información contenida en las constancias procesales esté clasificada, de conformidad con los artículos 13, 14 y 18 de la citada ley federal, como reservada o confidencial. Igualmente, sólo podrán considerarse reservadas o confidenciales las pruebas aportadas por las partes, cuando se les hayan atribuido tal carácter al momento de ser allegadas al juicio y tal calificación se base en lo dispuesto en algún tratado internacional o ley federal o local.

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