Estela Calderón Tinoco
Expediente 1145/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 33 actuaciones registradas, la última del 9 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1145/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 33
- Última actuación
- 09/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Estela Calderón Tinoco
- Nelly Oyuki Rodríguez Fernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 33.
- Principal
Morelia, Michoacán, nueve de enero de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia, en la que, por una parte se sobreseyó en el juicio, y por otra, se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, sin que lo haya realizado; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de depuración dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Igualmente, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de depurarse, ya que se concedió la medida cautelar solicitada. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el juicio, así como el original del incidente y transfiéranse éstos a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen los artículos 18, 27 y 28 del aludido Acuerdo General. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, contado a partir de esta propia fecha. Notifíquese por lista, y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma la licenciada Isela Estefanía Bueno Gallegos, secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, encargada del despacho por vacaciones del titular, con autorización emitida por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de doce de diciembre de dos mil veintidós, en términos de los artículos 44, 141 y 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, según oficio CCJ/ST/6910/2022 y con apoyo en la jurisprudencia de rubro "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA", quien actúa asistida del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
VISTOS los autos para dictar sentencia dentro del juicio de amparo 1145/2021; promovido por Estela Calderón Tinoco y Rosalba Cruz Bombela, por conducto de su defensor particular Cuauhtémoc Ramón López Silva; y, R E S U L T A N D O: Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el nueve de diciembre de dos mil veintiuno, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, comparecieron Estela Calderón Tinoco y Rosalba Cruz Bombela, por conducto de su defensor particular Cuauhtémoc Ramón López Silva a demandar el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Morelia, Michoacán. La parte quejosa invocó como derechos violados los contenidos en los artículos 1º, 14, 16, 17 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Turno y admisión. Por razón de turno, le tocó conocer dicha demanda a este Juzgado de Distrito, se registró bajo el número 1145/2021, en proveído de ocho de diciembre de dos mil veintiuno se admitió a trámite, se requirió a las responsables rindieran su informe justificado, le dio a la Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción la intervención legal que le compete, se reservó la existencia de la parte tercera interesada. El seis de enero de dos mil veintidós, se reconoció el carácter de tercera interesada a Nelli Oyuki Rodríguez Fernández, a quien se ordenó emplazar a juicio. Tercero. Sentencia y reposición del procedimiento. El quince de febrero de dos mil veintidós, se celebró la audiencia constitucional [foja 76 del tomo de pruebas] y el doce de mayo siguiente se dictó sentencia definitiva, por la que por un lado se sobreseyó el juicio de amparo y por otra se negó el amparo y protección de la Justicia Federal. Inconforme con la anterior resolución, la parte quejosa interpuso recurso de revisión, el cual le tocó conocer al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, el que en sesión de seis de octubre de dos mil veintidós, ordenó reponer el procedimiento a efecto de dictar las medidas necesarias para verificar la calidad de los licenciados en derecho José Javier Pérez Medina y Said Gerardo Tercero Ramírez, quienes fungieron como defensores de las coimputadas durante la audiencia inicial. Atento a lo anterior, en proveído de veintiuno de octubre de dos mil veintidós, se procedió a consultar en la página electrónica de la Secretaría de Educación Pública, Cédulas Profesionales, el registro correspondiente, constatado que efectivamente se encuentran bajo los números 11886075 y 11366655 respectivamente. De igual forma, se requirió al Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Morelia, Michoacán, para que remitiera copias certificadas autentificadas de las documentales que acreditaban la capacidad técnica de quienes fungieron como defensores de las quejosas, lo que realizó en oficio presentado el tres de noviembre de la presente anualidad, de las que se constata que se expidieron el veinte de enero de dos mil veinte y quince de noviembre de dos mil dieciocho respectivamente [266-268]. Efectuado lo anterior, se señaló nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional, misma que se llevó a cabo en los términos del acta que antecede, por lo que ahora se procede a dictar sentencia, al tenor de los siguientes: C O N S I D E R A N D O S: Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer del presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 49 y 56 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 y sus modificaciones, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de competencia, número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, pues el acto reclamado tiene ejecución material en el ámbito territorial en el que ejerce jurisdicción este juzgado. Segundo. De conformidad con lo que establece el ordinal 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se entrará al estudio de la certeza o inexistencia del acto reclamado, previa fijación del mismo. Al respecto resulta aplicable la tesis aislada P. VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, del Semanario Judicial de la Federación, del siguiente contenido y rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, de conformidad con el citado precepto legal y atendiendo además al criterio señalado con antelación, el acto reclamado por las quejosas Estela Calderón Tinoco y Rosalba Cruz Bombela, consisten en: A los Agentes del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro de la Fiscalía General del Estado (Luis Roberto Reyna Mendoza y Anayanzi Popoca Fuerte): El acuerdo de retención de diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, la solicitud de detención de diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, así como la solicitud de control de detención de veintidós de noviembre de esa misma anualidad, la solicitud de vinculación a proceso y la solicitud de medidas cautelares. Al Agente Investigador de la Unidad Especializada de Combate al Secuestro (David Hernández Pérez): La indebida retención realizada en contra de las quejosas. El no registrar debidamente en el Registro Nacional de Detención números MN/FC/037/19112021/0023 y MN/FC/037/19112021/0024. Del Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Morelia, Michoacán, consisten en: La calificación de legal de la detención y retención, llevada a cabo en la audiencia de veintidós de noviembre de dos mil veintiuno. El auto de vinculación a proceso dictado el veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, en la causa penal 18367/2021, instruido en su contra por el delito de secuestro, en agravio de Nelli Oyuki Rodríguez Fernández, y como consecuencia de ello, la medida cautelar de prisión preventiva. Del Director del Centro Penitenciario de Seguridad para delitos de Alto Impacto Número 1. La privación de la libertad de las quejosas. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia, P./J. 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del tomo XI, Abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Tercero. Los Agentes del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro de la Fiscalía General del Estado (Luis Roberto Reyna Mendoza y Anayanzi Popoca Fuerte) y el Agente Investigador de la Unidad Especializada de Combate al Secuestro (David Hernández Pérez), negaron la certeza del acto que se les atribuye, sin embargo, de su contenido deriva que expusieron razones y circunstancias de las que deriva que esos actos sí existen, por lo que se tienen por ciertos los actos reclamados. Es aplicable al caso la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 391, Tomo XIV, Julio de 1994, Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, Octava Época, Registro 211004, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe". Por su parte, el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema Penal, Acusatorio y Oral, Región Morelia, Michoacán y el Director del Centro Penitenciario de Seguridad para Delitos de Alto Impacto Número 1, aceptaron la existencia del acto que se les reclama. Lo que se corrobora con el disco magnético que remitió la primera de las autoridades como complemento a su informe justificado, en el que obra la audiencia oral llevada a cabo por el Juez de Control. Probanzas que alcanzan valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". Y la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 703, Libro XXIII, agosto de dos mil trece, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación, materia común, de rubro y texto siguientes: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Luego, se tiene por cierto los actos reclamados a las citadas autoridades responsables. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que indica: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Cuarto. Procedencia. Determinada la certeza del acto reclamado, procede examinar la procedencia del juicio en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, que prevé el estudio oficioso y preferente de las causales de improcedencia, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público. Causales de improcedencia infundadas. La Agente del Ministerio Público adscrito a este juzgado aduce, que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, pues refiere que las quejosas no demostraron encontrarse dentro de la excepción a la extensión de la norma reclamada y que por tanto, no acreditaron una afectación en su interés jurídico o legítimo. Lo argumentado en torno a dicha causa de improcedencia es infundado, ya que de autos se advierte que las quejosas son las imputadas en la causa penal de donde deriva el acto reclamado, a quienes se les ratificó su detención y se vinculó a proceso, lo que evidentemente afecta su interés jurídico, pues lo considera violatorio de sus derechos; además, no se advierte que en el presente juicio los actos reclamados consistan en una norma, como lo refiere el representante social adscrito. Causales de improcedencia fundadas. Ahora, este juzgador de oficio advierte que se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61 fracción XVII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, textualmente señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.); XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente; (...)". De la anterior transcripción deriva que el cambio de situación jurídica sólo es dable en procedimientos judiciales o administrativos seguidos en forma de juicio, con la salvedad que cuando por vía de amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 Constitucionales, en los cuales, exclusivamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones. Hipótesis en la que no se encuentra el presente asunto; además no se trata de cualquier cambio de situación jurídica, sino únicamente el derivado de los diferentes estadios en los que se divide el procedimiento judicial o administrativo seguido en forma de juicio; es decir, esta causal de improcedencia se refiere a la irreparabilidad jurídica, por el dictado de un acto posterior al reclamado, que por su existencia o validez, goza de autonomía frente al anterior, de modo que puede subsistir con independencia de que el combatido en el juicio de garantías pudiera ser ilegal, de modo tal, que impide examinar las violaciones alegadas respecto al acto que se reclama, pues de hacerlo se afectaría la nueva situación jurídica creada por el acto sobrevenido. Ahora, en la especie las peticionarias de amparo señalaron como actos reclamados de los Agentes del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro de la Fiscalía General del Estado (Luis Roberto Reyna Mendoza y Anayanzi Popoca Fuerte) y el Agente Investigador de la Unidad Especializada de Combate al Secuestro (David Hernández Pérez), el acuerdo de retención de diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, la solicitud de detención de diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, así como la solicitud de control de detención de veintidós de noviembre de esa misma anualidad, la solicitud de vinculación a proceso y la solicitud de medidas cautelares; la indebida retención realizada en contra de las quejosas; y el no registrar debidamente en el Registro Nacional de Detención números MN/FC/037/19112021/0023 y MN/FC/037/19112021/0024. Sin embargo, de las constancias que obran en el disco compacto enviado por el Juez responsable, deriva que en oficio de veintiuno de noviembre de dos mil veintiuno, el Agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro de la Fiscalía General del Estado, dejó a disposición del juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, a las quejosas Estela Calderón Tinoco y Rosalba Cruz Bombela quienes fueron detenidas en flagrancia y solicitó audiencia de control de detención. El veintiuno de noviembre de dos mil veintiuno, el Juez de control señaló las once horas con treinta minutos del veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, para la celebración de la audiencia inicial (control de detención); en la que calificó de legal la detención de las imputadas, así como la legalidad de la retención; por lo que se procedió a la formulación de la imputación. En consecuencia, resulta evidente que con las diligencias que llevó a cabo la A quo de control, operó un cambio en la situación jurídica de las quejosas, respecto aquellas omisiones o actos en que pudieron haber incurrido los agentes ministerial en comento, al llevar a cabo las solicitudes de detención, retención, registro y su ejecución, toda vez que el propósito fundamental de la solicitud de la audiencia inicial (control de detención) de conformidad con lo dispuesto por el artículo 308 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es que el Ministerio Público justifique las razones de la detención para que el Juez proceda a calificarla, examine el cumplimiento del plazo constitucional de retención y los requisitos de procedibilidad, ratificándola en caso de encontrarse ajustada a derecho o decretar la libertad en términos de lo previsto por el propio Código; asimismo calificada la detención en flagrancia, el Ministerio Público deberá formular la imputación. Es decir las imputadas quedan a disposición del Juez responsable para que se les instruya el proceso correspondiente, ello derivado de la determinación que en su caso dicte el órgano judicial al calificar la detención y no a la institución persecutora que al judicializar la investigación se convierte en parte. Por tanto, las actuaciones llevadas a cabo en la etapa de investigación por la autoridad ministerial investigadora ya quedó irreparablemente consumada, a partir del momento mismo en que planteó ante el Juez de Control la petición de solicitar la audiencia de control de detención, pues las diligencias derivadas de la carpeta de investigación, fueron judicializadas desde el veintiuno de noviembre de dos mil veintiuno, lo que evidencia la actualización de la causal de improcedencia prevista por la fracción XVII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, ante el cambio de situación jurídica existente en el caso a estudio. Esto, dado que deben considerarse irreparablemente consumados, en forma jurídica (formal), las violaciones reclamadas derivadas de la carpeta de investigación, porque no se puede decidir en dicha etapa (concluida), sin afectar la nueva situación jurídica creada con la solicitud planteada por parte de la autoridad ministerial investigadora, al Juez de Control de señalar fecha y hora para la audiencia de control de detención. En apoyo a lo anterior, es de citar la tesis II.2o.P.44 P (10a.), consultable en la página 1702, del Libro 37, Diciembre de 2016, Tomo II, página 1702, Materias Común Penal, Décima Época, de la gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Registro digital 2013315, que die: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA POR CESACIÓN DE EFECTOS DERIVADA DE LA SECUENCIACIÓN DE ETAPAS EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO, CON INDEPENDENCIA DE LA CONDICIÓN QUE GUARDE EL QUEJOSO EN CUANTO A SU LIBERTAD PERSONAL. Dada la naturaleza del procedimiento de tipo acusatorio seguido en México, para los efectos del amparo, la expresión "cambio de situación jurídica" no puede entenderse sólo desde la perspectiva de la condición del sujeto a quien se inicia un procedimiento penal (sujeto pasivo de la relación jurídico procesal en materia penal), esto es, dependiendo únicamente del carácter de indiciado, imputado, procesado o acusado, como otrora se aducía conforme al procedimiento tradicional, sino que también resulta del ineludible reconocimiento de la sustitución y secuenciación de los actos o etapas procesales del nuevo sistema, en sí mismas y con independencia de la condición que guarde el quejoso en cuanto a su libertad personal, pues la continuidad de las etapas del proceso actual no depende sólo de ello. Por tanto, si se transita de una fase de investigación no judicializada a una judicializada, como efecto del ejercicio de la acción procesal penal, es claro que los actos atribuidos a la autoridad ministerial quedan consumados formal e irreparablemente para los efectos del amparo, en virtud del cambio de la condición jurídica de las fases procesales subsecuentes. No pasa desapercibido por este Órgano Constitucional, la jurisprudencia 1a./J. 31/2019 (10a.), del rubro "DETENCIÓN. LA EMISIÓN DEL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO NO ACTUALIZA UN CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA CUANDO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO SE RECLAMÓ SU CALIFICACIÓN.", toda vez que ese criterio aplica únicamente para el supuesto en que se califica la detención, se formula la imputación para con posterioridad decretar en su caso el auto de vinculación, y no como en el asunto de que se trata en que reclama actuaciones inherentes en la carpeta de investigación y con posterioridad califica el control de detención y se procede a la formulación de la imputación. Atento a lo anterior, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo; procede sobreseer en el juicio, en términos del diverso 63, fracción V, de dicha ley. Una vez analizadas las causas de improcedencia, se procede al estudio de los actos respecto de los cuales resultó procedente el juicio; a saber, la calificación de la detención y vinculación a proceso. Quinto. Conceptos de violación, respecto de los actos reclamados consistentes en la calificación de la detención y vinculación a proceso. La parte quejosa expresó los conceptos de violación que a su juicio le ocasiona el acto reclamado, los que se tienen aquí por reproducidos como si al efecto se transcribiesen, en obvio de repeticiones innecesarias, pues este juzgador no se encuentra obligado a hacerlo. Ahora, en la especie el acto reclamado se hizo consistir en la calificación de la detención y la vinculación a proceso que se llevaron a cabo en la celebración de la audiencia de veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, en la causa penal 1836/2021, por la comisión de los hechos señalados por la ley como delito de secuestro, en detrimento de Nelli Oyuki Rodríguez. Son infundados los conceptos de violación, sin que en el caso se advierta queja que suplir en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, dado que, quien esto resuelve, considera que lejos de beneficiar a las quejosas le perjudica o no le es favorable, ya que esto implicaría perfeccionar de alguna manera el acto reclamado, lo que no es objeto del juicio de amparo, habida cuenta que la resolución de veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, no transgrede los derechos fundamentales del amparista previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Apoya lo anterior, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. SÓLO DEBE EXPRESARSE SU APLICACIÓN EN LA SENTENCIA CUANDO DERIVE EN UN BENEFICIO PARA EL QUEJOSO O RECURRENTE (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). La figura de la suplencia de la queja deficiente prevista en el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo abrogada, consiste en examinar cuestiones no propuestas por el quejoso o recurrente en sus conceptos de violación o agravios, respectivamente; sin embargo, no debe ser absoluta en el sentido de expresar su aplicación, sino sólo en aquellos casos donde el juzgador la considere útil para favorecer al beneficiado y, por ende, resulte procedente el amparo, por lo que no debe incluirse en la motivación de la sentencia el estudio del acto reclamado en suplencia cuando dicho análisis, lejos de beneficiar al promovente, lo perjudique o no le reporte utilidad alguna." Calificación de la detención Ahora, las peticionarias de amparo en una porción de los antecedentes del acto reclamado, se duelen medularmente de la calificación de su detención, esto porque: En relación al informe policial. 1. Los elementos aprehensores no justificaron en el informe policial homologado, los niveles de contacto para justificar el acto de molestia. 2. No quedó demostrada la existencia real material y mucho menos la presunción de que el vehículo con el que fueron aseguradas las quejosas, fuese el mismo que se utilizó para el pago del rescate, ni la relación que tenía al momento de su detención. 3. No se respetó el inicio de la cadena de custodia, por lo que carece de certeza jurídica sobre el vehículo que fue utilizado para el pago, así como el o las personas que intervinieron y manipularon dicha evidencia. 4. En la narración de la detención que realiza el policía, en ningún momento demuestra que hubiese existido la intervención y realizado la detención de una persona femenina, por lo que dicho informe no demuestra intervención de algún otro elemento de corporación policiaca diversos a la Unidad especializada de combate al secuestro. 5. En el informe policial no se justifica la dilación en la puesta a disposición, ya que refieren, fueron detenidas a las 21:01 del diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, y fueron puestas a disposición a las 23:40. Puesta a disposición al Ministerio Público. 6. El Ministerio Público realizó la retención a las 23:50 minutos del diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, quien no valoró los datos de prueba, ni se atendió lo contemplado en los artículos 227 y 228 -cadena de custodia- del Código Nacional de Procedimientos Penales. 7. No se realizó manifestación alguna para que se le designara defensor particular o persona técnica de su confianza. Puesta a disposición del juez de Control. 8. Que fueron puestas a disposición el veintiuno de noviembre de dos mil veintiuno, a las 22:04, pese a que fueron detenidas a las 21:02 del diecinueve de noviembre, transcurriendo de manera excesiva el tiempo contemplado para que un Agente del Ministerio Público tenga a disposición a una persona privada de su libertad. 9. Que resulta irrisorio que el Ministerio Público hubiese comenzado a correr el término a partir de que decretó la retención, eso era a las 23:50 del diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, en razón a que la detención derivó de las acciones implementadas por el Ministerio Público, al ser dirigentes y titular del mando y conducción del Ministerio Público. Planteamientos que son inatendibles, por novedosos, pues examinado el contenido de la celebración de la audiencia de veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, [minuto 13:50:37] ninguno de los argumentos formulados por las aquí quejosas y su defensor y que ahora exponen para sostener la ilegalidad de la detención, los hicieron valer en aquélla, de suerte que al no haber formado parte de los planteamientos examinados por el juez responsable, este juzgador se encuentra imposibilitado para abordar su estudio, al no ser factible examinar la constitucionalidad de la resolución combatida a la luz de razonamientos sobre los cuales no tuvo oportunidad de pronunciarse la responsable. Sin que se oponga a lo considerado que subsista la suplencia de la queja deficiente, conforme a los artículos 107, fracción II, de la Constitución Federal y 76 Bis, fracción II, de la Ley de Amparo, habida cuenta que este juzgador no advierte violaciones directas a derechos fundamentales que tutela la Constitución. Esto es, el estudio relativo a la violación de derechos humanos se realiza en positivo, pero como en el caso ello no ocurre, es innecesario hacer algún pronunciamiento. Además, tampoco impide estimar lo anterior, la manifestación de los impetrantes, en el sentido, que el juez al momento de calificar la detención, argumentó una ausencia completa de debate por la defensa pública, lo que a su decir se traduce en un desconocimiento de defensa técnica; pues contrario a lo que señala, ello no implica, como refiere un desconocimiento total a una defensa técnica. Se dice de este modo, toda vez que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver los amparos en revisión 1182/2018 y 1183/2018, determinó que, en el análisis del juicio, el juzgador debe evaluar que las fallas o deficiencias en la defensa no sean, desde ningún punto de vista, consecuencia de la estrategia defensiva del abogado defensor. Ahora, de la visualización de la videograbación de la audiencia celebrada el veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, se advierte que los defensores de las inculpadas señalaron que no tenían ninguna oposición, relacionado con las manifestaciones vertidas por la representación social en relación con la detención y retención de las inculpadas [minutos 12:48:40 y 12:49:05] Lo que de ninguna manera implica necesariamente el desconocimiento de la deficiencia técnica, dado que si bien no manifestaron oposición alguna, dicho silencio puede interpretarse como una estrategia de defensa, ya que el derecho a guardar silencio, lejos de ser una restricción del derecho de defensa o del debido proceso, constituye un derecho del inculpado. Por otro lado, en relación con estos temas, debe decirse que devienen inatendibles los diversos motivos de inconformidad que hicieron valer en el sentido de que no se encuentran corroborados el registro Nacional de Detención MN/FC/037/19112021/2023 y MN/FC/037/19112021/0024; que el Agente del Ministerio Público no valoró diversos medios de prueba y que debió de determinar ilegal la detención; toda vez que como se observó con anterioridad, con la ratificación de detención que llevó a cabo el juez de control, operó un cambio de situación jurídica respecto de aquellas omisiones o actos en que pudieron haber incurrido las agentes ministeriales al respecto. Vinculación a proceso Ahora, conviene traer a glosa el contenido del primer párrafo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el numeral 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que regulan los requisitos para dictar un auto de término constitucional, los cuales, en su orden, a la letra dicen: "Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. "Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso. El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente". De lo transcrito, se obtiene que para el dictado de un auto de vinculación a proceso, es necesario reunir los requisitos siguientes: Haberse formulado la imputación. El imputado haya rendido su declaración o manifestado su deseo de no hacerlo. Pronunciarse dentro del plazo de setenta y dos horas, el cual puede ser duplicado a petición del implicado o su defensa. Expresar el delito que se le impute; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución. Dictarse, únicamente, por hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación. De los antecedentes de la investigación realizada, se desprendan datos suficientes para poder establecer la comisión de un hecho determinado por la ley como hecho delictuoso y que exista la probabilidad de que la indiciada lo cometió o participó en su comisión. En efecto, cabe señalar que las quejosas comparecen al amparo como imputadas, quien en términos del artículo 112 del Código Nacional de Procedimientos Penales es aquel que es señalado por el Ministerio Público como posible autor o partícipe de un hecho que la ley señale como delito; a quienes después de que el Juez de control calificó de legal su detención les formuló imputación, de conformidad con los requisitos legales señalados en los artículos 309 al 313, del Código Nacional de Procedimientos Penales, en razón de que nombraron como sus defensores públicos a los licenciados Said Gerardo Tercero Ramírez y José Javier Pérez Medina[12:25:30]; se les informó el derecho a declarar o reservarse el derecho de hacerlo, explicándole las consecuencias jurídicas en ambos supuestos, por lo que previa consulta con su defensa, decidieron no declarar en relación a los hechos. En esa misma data, se les vinculó a proceso por su probable intervención en los hechos que la ley señala como delito de secuestro en agravio de Nelli Oyuki Rodríguez Fernández, previsto y sancionado por los artículos 9 fracción I, inciso a) y 10 fracción I, inciso b) y c) de la Ley General Para Prevenir y Sancionar los Delitos de Secuestro y Extorsión. De igual forma, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 19, párrafo segundo de la Constitución y 167, párrafo tercero, del Código Nacional de Procedimientos Penales, se decretó a la imputada la medida cautelar consistentes en, prisión preventiva oficiosa. Ahora bien, las quejosas señalan en los conceptos de violación, que la autoridad responsable vulnera su esfera de derechos, toda da vez que emitió auto de vinculación a proceso, no obstante a su decir, no existen datos que hagan suponer que participaron en el hecho que se les atribuye. Motivos de inconformidad que resultan infundados. Lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho. Es así, pues basta imponerse de la reproducción de la audiencia inicial celebrada el veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, para poder advertir que los Agentes del Ministerio Público, expuso medularmente como hecho delictivo que la víctima conoció por medio de Facebook a Carlos Gerardo con quien salió aproximadamente en tres o cuatro ocasiones; que el diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, quedó de pasar por la víctima a su domicilio, que después le marcó que si podía verla en el estacionamiento de Plaza la Huerta, en la Ciudad de Morelia, Michoacán; ya que su vehículo se había descargado, diciéndole la víctima que si, para de ahí irse a la casa de los familiares de él, ya que querían formalizar la relación y presentárselos, trasladándose hasta ese lugar la víctima en su camioneta Ford, Línea Eco Sport, modelo 2018, color gris, con placas de circulación PHZ7984, con número de serie MAJBP1ZL4JC247079. Que llegando al lugar aproximadamente a las 19:30, le pasó corriente y le dijo que fueran al Motel Montecarlo, ubicado en Paseo de la República número 14125 de la Colonia La Huerta en esta ciudad, ya que le tenía una sorpresa, en donde acudieron en el vehículo del activo, siendo un Pasatt de color negro, de marca Volkswagen, en donde ingresaron a la habitación número 5 y ya estando en el interior de dicho lugar, de repente ingresaron cinco sujetos armados y amagaron a la víctima, amarrándole las manos hacia atrás de la espalda y poniéndole algodón y cinta en sus ojos, escuchando en ese momento la víctima que Carlos Gerardo, les dijo a estos sujetos "se las encargo", momento en que uno de ellos le dijo a la víctima "que no le iba a pasar nada, que la habían encargado bien, pero que si se movía la iban a matar ahí", subiéndola a la cajuela del carro en que había llegado con Carlos Gerardo, llevándosela al lugar en donde la mantuvieron en cautiverio, ubicado en la calle Francisco Barrera Número 74, en el Fraccionamiento Villas del Parián, en esta ciudad, desde el diecisiete al diecinueve del mismo mes. Lugar en el que las imputadas realizaron labores de vigilancia y cuidado de la víctima, quienes estuvieron con ella en todo momento, en compañía de otra persona del sexo masculino, que realizaban roles para llevar a la víctima al baño, le ofrecían de comer y le daban agua; que Rosalba Cruz Bombella fue quien le dijo que todo estaría bien, que no se preocupara, que de hecho ya casi la soltaban, que su hermana estaba cooperando con ellos y que les iban a entregar lo que ellos querían; que Estela Calderón Tinoco, fue quien le dijo que eso le pasaba por andar de enamorada. Que durante ese tiempo su cómplice realizó llamadas a los números celulares de sus hermanos, que en un inicio les pidieron la cantidad de $500,000.00 (quinientos mil pesos 00/100 M.N.) y el vehículo Nissan Pick up, Línea Frontier 4x4 dos mil veintiuno, con número de serie 3NGAD33B7MK834494, con placas de circulación MW6946A del Estado de Michoacán; que los días dieciocho y diecinueve se enviaron videos a la hermana de la víctima en donde aparecía esta última vendada de los ojos y amarrada de las manos, en donde pedía entregaran lo que les solicitaban; y que fue el diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, en que aceptaron la cantidad de $67,000.00 (sesenta y siete mil pesos 00/100 M.N.) y la entrega de la camioneta Frontier antes citada, por lo que Roberto Alejandro Carrasco Sánchez, amigo de las víctimas llevó el dinero en efectivo al domicilio ubicado en Avenida Francisco y Madero Poniente número 6778, de la Colonia Tiníjaro, en la Ciudad de Morelia, Michoacán, lugar hasta donde llegaron dos sujetos del sexo masculino, a bordo de una motocicleta, quienes portaban armas de fuego cortas, poniéndosele a un lado de él mostrándole las mismas, quienes le dijeron "dame dinero", momento en el que Roberto les entregó el dinero acordado en una bolsa de plástico color negra, indicándole que dejara el vehículo en la calle de Antonio Hurtado de Mendoza en la Colonia Tiníjaro, en la Ciudad de Morelia, Michoacán, lo que así hizo, lugar en donde minutos después se acercaran las imputadas Estela Calderón Tinoco y Rosalba Cruz Bombella, quienes se subieron a la camioneta, y la movieron hasta la calle José Martí Ponce de León de la misma colonia Tiníjaro en Morelia, Michoacán, donde nuevamente la dejaron por unos minutos para regresar y llevársela del lugar, motivo por lo que agentes investigadores adscritos a la Unidad, le dieron seguimiento discreto por medio de un GPS que tenía integrado la camioneta de agencia, y el cual era monitoreado por la víctima indirecta de nombre Luis Alberto, siendo esto hasta las 08:30 horas en que llegó la víctima a su domicilio en un taxi y fue cuando los agentes investigadores fueron informados en que la víctima se encontraba liberada, fue que le dieron alcance al vehículo, el cual también fue apagado por Luis Alberto por medio de la aplicación que tenía en su celular, procediendo a la detención de las investigadas, en flagrancia en posesión de dicho vehículo que fuese parte del pago a cambio de la liberación de la víctima directa (minuto 12:55:08 del registro de audio y video de la audiencia correspondiente). Datos de prueba. La representación social expuso como antecedentes de la investigación, diversos datos respecto de los cuales dio a conocer la información que de cada uno de ellos derivaba, a saber: 1. Denuncia presentada el dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, suscrita por Alma Lilia Rodríguez Fernández [13:09:20]. 2. Avances de investigación de dieciocho y diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno suscritos por la Agente Claudia Angélica Romero Cruz, quien fue designada como asesora de la víctima [13:11:32]. 3. Información telefónica que remite la empresa radiomóvil que pertenece a la víctima [13:16:24]. 4. Entrevista de Nelli Oyuki Rodríguez Fernández de diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno [13:17:34]. 5. Informe policial homologado de fecha diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno [13:19:53]. 6. Dictamen psicológico de la víctima Nelli Oyuki Rodríguez Fernández [13:20:10]. 7. Entrevista de Luis Alberto Rodríguez Fernández de veinte de noviembre de dos mil veintiuno [13:20:43]. 8. Entrevista de Alma Lilia Rodríguez Fernández de veinte de noviembre de dos mil veintiuno [13:22:34]. 9. Entrevista de Roberto Alejandro Carrasco Sánchez [13:23:15]. 10. Informe de fecha veinte de noviembre de dos mil veintiuno, suscrito por el Agente José Manuel García Ricardo [13:25:19]. 11. Descripción e identificación de objetos de veinte de noviembre de dos mil veintiuno, suscrito por perito en criminalística [13:26:43]. 12. Dictamen pericial en materia de inspección a lugar de fecha veinte de noviembre de dos mil veintiuno, suscrito por el perito técnico en Criminalística Miguel Ángel Tapia Lázaro, del lugar en donde se dejó el vehículo como pago [13:28:49]. 13. Dictamen pericial de inspección de lugar en donde fue privada de su libertad de fecha veinte de noviembre de dos mil veintiuno, suscrito por el perito Miguel Tapia Lázaro [13:29:30]. 14. Dictamen en Inspección al lugar de liberación, suscrito por el perito Miguel Ángel Tapia Lázaro, de fecha veinte de noviembre de dos mil veintiuno [13:30:06]. 15. Dictamen pericial de veinte de noviembre de dos mil veintiuno, suscrito por el perito Miguel Tapia Lázaro, del lugar en donde se entregó el pago en efectivo [13:30:40]. 16. Dos actas de reconocimiento de persona de veintiuno de noviembre de dos mil veintiuno, suscrito por la Agente del Ministerio Público Martha Leticia Romero González [13:31:17]. 17. Dictamen pericial de identificación de persona de veintiuno de noviembre de dos mil veintiuno suscrito por el perito en criminalística Miguel Ángel Tapia Lázaro [13:32:45]. 18. Información telefónica que remite la empresa Radiomovil Dipsa del teléfono 4438648948 [13: 33:16]. 19. Dictamen de veinte de noviembre de dos mil veintiuno, de identificación e inspección a vehículo suscrito por Jorge Luis García Juárez [13: 34:18]. 20. Dictámenes de inspección a lugar realizado por el perito Miguel Ángel Tapia Lázaro, de veinte de noviembre de dos mil veintiuno, del tramo carretero Morelia-Guadalajara, en el kilómetro 281 600, perteneciente al municipio de Huaniqueo de Morales, siendo el lugar de la detención [13:35:47]. 21. Dictamen pericial en materia de inspección a lugar de veinte de noviembre de dos mil veintiuno, realizado por el perito Miguel Ángel Tapia Lázaro, del lugar en donde refirió la víctima estuvo en cautiverio [13:36:18]. 22. Dictamen de extracción de información realizado por la perito Nancy García Ramírez, en los videos que se encontraban en el disco proporcionados por la hermana de la víctima [13:36:55]. Hecho que la ley señala como delito. En concordancia con lo anterior el juez responsable determinó, que resultó creíble el hecho por el cual se formuló la imputación, esto porque estimó que tenía sustento con: La entrevista de Nelli Oyuki Rodríguez Fernández, quien mencionó, que conoció a Carlos Gerardo en Facebook, con quien se vio en cuatro ocasiones; que acordaron verse el diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno en Walmart, a donde llegó en su camioneta Eco sport color gris, que le pasó corriente al vehículo del activo, un Passat negro, quien le dijo que le tenía sorpresa y la llevó al hotel Monte Carlo, que ella aceptó pero al llegar a la habitación cinco, entraron cinco personas armadas, la retuvieron y la llevaron hasta un lugar distinto, en donde se comunicaron con sus hermanos para pedirles dinero y la entrega de un vehículo para su liberación; que después fue liberada y pudo dar cuenta de características del inmueble en el que se encontraba, el cual de acuerdo al informe sobre inspección de inmueble, se ubica en la calle Francisco Barrera 74 de la Colonia Villas del Parián. Con la entrevista de la hermana de la víctima Alma Lilia quien mencionó que sabía que tenía una relación con una persona que conoció en Facebook, y que el diecisiete de noviembre acordó verse en el lugar mencionado; que el dieciocho en la madrugada recibió llamadas en su número telefónico con terminación 1741, y que le decían que tenían a su hermana, que querían quinientos mil pesos más el vehículo Frontier descrito por la representación social. Con la entrevista de Luis Alberto, hermano de la víctima, quien mencionó que recibió una comunicación del número de su hermana Nelli en donde un hombre le decía que quería 500 mil pesos y el vehículo; que el número del que recibía la llamada era con terminación 8948; además que al respecto se encontraba el análisis de los datos conservados de las líneas telefónicas. Destacando, que en el lapso de diecisiete a diecinueve de noviembre existió comunicación entre la línea de la víctima con estos dos números y particularmente se pudo establecer a partir de los datos que quedaron registrados de las antenas que proporcionaron el servicio, que las llamadas se hacían desde Celaya Guanajuato, que también se recibió comunicación del número 8948; circunstancias que destacó, dado que en los actos conservados en el registro quedó detallado que existió comunicación entre todas las líneas, lo que corroboraba el dicho de la víctima y sus dos hermanos. Además se encontraba el informe a cargo de la agente Romero Cruz, en donde menciona que ella fue la encargada de asesorar a los hermanos de la víctima con motivo de la denuncia que hicieron del hecho y que pudo constatar que en efecto, se recibieron esas llamadas, en donde se requería quinientos mil pesos, hasta que finalmente acordaron la entrega de sesenta y siete mil pesos, más la camioneta Frontier mencionada; y que fue Roberto amigo de Luis Alberto, quien entregó el vehículo y el dinero en el lugar indicado, con quien había comunicación para darle seguimiento a las personas, hasta en tanto se tuviera conocimiento de si se liberaba o no a la víctima. Que también, había correspondencia con el informe policial homologado citado desde el inicio de detención, que destaca que se colocaron en el lugar atrás de la secundaria técnica donde vieron que se presentaron dos personas, se llevaron la camioneta, le dieron seguimiento y vieron que se acercó o tuvieron comunicación con otra que iba en una motocicleta, que dejaron el vehículo en un primer momento y después se fueron y regresaron para enseguida llevarse de nuevamente el vehículo y que fue hasta que se les informó que la víctima ya había sido liberada que se enfocaron a abordar la camioneta Frontier. Que dicha camioneta la conducía Estela Calderón Tinoco y de copiloto iba Rosalba Cruz Bombela, informe policial homologado al que sumó la inspección de ese vehículo Frontier, en donde además de que quedó de manifiesto la existencia del vehículo, se encontró una credencial para votar y una licencia de conducir a nombre de Estela Calderón Tinoco y una credencial para votar a nombre de Rosalba Cruz Bombela, dato que el juez consideró relevante porque son documentos estrictamente personales y por regla general quien suele usarlos es el titular esos documentos, por lo que estimó que si se encontraban en el vehículo frontier propiedad del hermano de la víctima la conclusión más razonable es que tuvieron contacto con ese vehículo, que estuvieron en ese lugar. También tomó en cuenta, los reconocimientos de la víctima Nelli Oyuki al tener a la vista a cada una de las imputadas acompañadas de otras dos personas, quien señaló por su orden, que Rosalba Cruz Bombela y Estela Calderón Tinoco, eran las dos personas que se encontraban en el inmueble en donde estuvo privada de la libertad. Además también tomó en cuenta, la inspección del inmueble que da la existencia de la secundaria y del motel, el detallado telefónico, análisis de un video proporcionado por Alma Lilia, en donde se aprecia una mujer rubia pidiendo ayuda (minuto 13:51:00 del registro de audio y video de la audiencia correspondiente). Esto es, el juez responsable correctamente tuvo por acreditado el hecho que la ley señala como delito secuestro, previsto y sancionado en los artículos 9 fracción I, inciso a) y 10 fracción I, inciso b) y c) de la Ley General para prevenir y sancionar los delitos de secuestro y extorsión, así como los preceptos 16, 17 y 20 fracción II y 24, fracción III del Código Penal del Estado, cometido en agravio de Nelli Otyuki Rodríguez Fernández. Postura que este juzgador comparte, por así derivar der los hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, así como de la información que deriva de los datos de prueba enunciados por el representante social. Agravante. Asimismo el juez responsable determinó que en la especie concurría la agravante prevista por el numeral 10 fracción I, inciso b) y c) de la Ley General para prevenir y sancionar los delitos de secuestro y extorsión, en virtud que el hecho se ejecutó por más de dos personas -cinco- en el que se usaron armas de fuego, le cubrieron la cara (minuto 14:03:00 del registro de audio y video de la audiencia correspondiente). Probable participación. De igual forma la a quo, estimó con los datos de prueba antes citados, que quien probablemente llevó a cabo el hecho que la ley señala como delito de secuestro fueron las quejosa Estela Calderón Tinoco y Rosalba Cruz Bombela, esto porque existe el señalamiento directo de la víctima, quien las reconoció como dos de las personas que intervinieron en el hecho, pero sobre todo, porque fueron detenidas a bordo del vehículo que se entregó por concepto de rescate. Esto porque el hecho de que se hubiesen presentado al lugar en donde se encontraba la camioneta, relacionado con el origen de la camioneta, es porque tenían conocimiento de la situación del vehículo, eso era probable que tuvieran conocimiento de que se estaba entregando como rescate. Además, porque la víctima las ubicó en el inmueble en el que estuvo detenida, pero además, con las manifestaciones que le dijeron "ya hija no te preocupes todo está bien, pues tu familia está cooperando te vas a ir pronto, nos van a dar lo que estamos pidiendo", lo que estimó sugería una pertinencia del hecho y de que sabían lo que estaban pidiendo, y en el otro supuesto en que Estela le dijo que "eso le pasaba por andar de enamorada; lo que sugiere que sabía de los antecedentes que colocaron a la víctima en esa situación [14:05:35]. Por lo antes expuesto, se estima que contrario a lo referido por las quejosas existen datos de prueba idóneos pertinentes y suficientes para vincularlas a proceso, y que se acreditan los elementos constitutivos del hecho delictuoso de secuestro, así como la probable intervención en su comisión. Sin que impida estimar lo anterior el argumento de las impetrantes en el sentido de que no se encuentra demostrado el lugar preciso de la detención; toda vez que, opuesto a lo que señalan, de los datos aportados por el Ministerio Público, se advierte el dictamen de inspección de lugar, practicado por el perito Miguel Ángel Tapia Lázaro, del tramo carretero Morelia-Guadalajara, en el kilómetro 281 600, perteneciente al Municipio de Huaniqueo de Morales, en donde se indica fue el lugar de la detención. Por otro lado, respecto al argumento atinente a que tuvieron una nula defensa, dado que los hechos imputados fueron debatidos por los defensores y que no se les corrió traslado a la defensa de las diligencias y de los datos de prueba, debe decirse que también deviene infundado. Dado a que, como se expuso en líneas precedentes, el silencio o la inactividad del inculpado o su defensor puede interpretarse como una estrategia de legítima defensa, misma que debe respetarse por la autoridad jurisdiccional que analiza el caso, precisamente para respetar su derecho de defensa, que incluye a la defensa pasiva, según determine ejercida el defensor de la parte imputada. En efecto, la Primera Sala, ha señalado que una estrategia defensiva es un plan diseñado e implementado por la defensa con la finalidad de proteger/promover los intereses del inculpado, de acuerdo con el contexto fáctico y normativo del caso. Por ello, se reconoce que cada abogado es autónomo en el diseño de la defensa a seguir a favor del inculpado y no se soslaya que el silencio o la inactividad de éste o su defensor puede interpretarse como una estrategia de legítima defensa, ya que el derecho a guardar silencio, lejos de ser una restricción del derecho a la defensa o del debido proceso, constituye un derecho del inculpado. Así, la posibilidad de que el Juez distinga si está ante una estrategia de defensa, o bien, frente a una violación a los derechos del inculpado, dependerá, necesariamente, del contexto de cada caso, por ello dependiendo de la etapa que corresponda el órgano jurisdiccional debe verificar si en la causa penal acontece o aconteció lo siguiente: 1) ausencia sin justificación evidente de pruebas; 2) silencio inexplicable de la defensa; 3) ausencia de interposición de recursos; 4) omisión de asesoría; 5) desconocimiento técnico del procedimiento penal del abogado; o, 6) ausencia o abandono total de la defensa. Así, al verificarse la existencia de una o varias de las condiciones anteriores, se estaría ante una violación manifiesta del derecho de defensa adecuada en su vertiente material; de lo contrario, se entenderá que el silencio o la inactividad del inculpado o de su defensor, formó parte de la estrategia de defensa. Ahora, en el asunto de que se trata deriva, que al concluir el Ministerio con la Imputación formulada por el Agente del Ministerio Público, otorgó la palabra a la defensa, quien señaló: ".Su señoría por estrategia de defensa no vamos a debatir lo establecido por el Ministerio Público." [minuto 13:50:37]. De ahí, que si el silencio de la defensa fue una estrategia defensiva de los abogados, es indudable que ello de ninguna manera implica violación a los derechos de las inculpadas. Además debe decirse que contrario a lo alegado por la parte quejosa, en la especie sí se corrió traslado a la defensa con las diligencias y datos de prueba desahogados, pues incluso manifestó estar impuesta de la carpeta de investigación y haberse entrevistado con las imputadas [minuto 12:30]. En ese contexto, cobra especial relevancia el hecho que conforme a las reglas del sistema penal acusatorio, para el dictado del auto de vinculación a proceso, solo se exige la comprobación de "un hecho que la ley señale como delito" y la "probabilidad en la comisión o participación del activo", esto es, "sólo la probabilidad"; pues será en la etapa del juicio, en donde tendrá la oportunidad de probar las contradicciones que deriven de los hechos que se le imputan. Esto es, debe evitarse formalizar pruebas o exponer razonamientos sobre su valoración, que carguen de formalidad y valor irrefutable la información recabada en la carpeta de investigación. De tal forma que la valoración que realiza el juez de control se limita a la idoneidad, pertinencia y suficiencia de los datos que le son referidos, por ello, basta con que el juzgador estime que los datos de prueba citados por el Ministerio Público, cumplen esas características y que en conjunto resultan suficientes para presumir que el inculpado participó en su comisión, para justificar el auto de vinculación. Por tanto, bajo aquél panorama, debe concluirse que contrario a lo considerado por la parte quejosa, los requisitos y las consecuencias jurídicas para el dictado de un auto de vinculación a proceso se encuentran legal y debidamente satisfechos en términos de los artículos 316, 317 y 318 del Código Nacional de Procedimientos Penales los cuales a excepción del primer numeral, mismo que ya fue transcrito con anterioridad, a la letra disponen lo siguiente: "Artículo 317. Contenido del auto de vinculación a proceso El auto de vinculación a proceso deberá contener: I. Los datos personales del imputado; II. Los fundamentos y motivos por los cuales se estiman satisfechos los requisitos mencionados en el artículo anterior, y III. El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho que se imputa. "Artículo 318. Efectos del auto de vinculación a proceso El auto de vinculación a proceso establecerá el hecho o los hechos delictivos sobre los que se continuará el proceso o se determinarán las formas anticipadas de terminación del proceso, la apertura a juicio o el sobreseimiento." Esto es, como puede advertirse, y como ya había quedado precisado con anterioridad para el dictado del auto de vinculación a proceso es suficiente que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, sin establecer con un grado de certeza la existencia de ese hecho y la participación del imputado, ya que dichos datos se obtendrán, en su caso, al concluir la investigación complementaria -se otorgaron tres meses que concluían el veintidós de febrero de dos mil veintidós-, e influirá para que el fiscal dentro de la etapa intermedia o de preparación a juicio formule o no su acusación. Requisitos que como ya fue precisado en autos han quedado debidamente acreditados. En las condiciones apuntadas, ante lo infundado de los conceptos de violación propuestos, se concluye que los actos reclamados no afectan en perjuicio de las quejosas los derechos fundamentales consignados en los artículos 1º, 14, 16, 17, 20 y 21 de la Constitución Federal, lo que se impone es negar el amparo y protección de la justicia federal solicitados. Negativa que se hace extensiva respecto del acto reclamado al Director del Centro Penitenciario de Seguridad para Delitos de Alto Impacto Número 1, dado que no los reclama por vicios propios, sino por derivar de las reclamadas a la ordenadora, los cuales no son inconstitucionales. Sirve de apoyo la tesis de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 357, Tomo I, Primera Parte-1, Enero-Junio de 1988, Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, rubro y texto: "AUTORIDADES ORDENADORAS, AMPARO CONTRA. SU NEGATIVA DEBE HACERSE EXTENSIVA A LAS EJECUTORAS, SI NO SE RECLAMARON SUS ACTOS POR VICIOS PROPIOS. Si no quedaron demostradas las violaciones aducidas en la demanda de garantías, respecto de las autoridades ordenadoras, ha lugar a negar la protección constitucional solicitada, debiéndose extender a los actos de ejecución, cuando los mismos no se impugnaron por vicios propios, sino que su ilegalidad se hizo depender de lo atribuido a la sentencia reclamada." Sexto. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73, 74, 75, 76 y 77 de la Ley de Amparo, se resuelve: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Estela Calderón Tinoco y Rosalba Cruz Bombela, por conducto de su defensor particular Cuauhtémoc Ramón López Silva, contra los actos reclamados y autoridades que quedaron precisados en el considerando cuarto de esta sentencia. Segundo. Por las razones expuestas en el considerando quinto, la Justicia de la Unión no ampara ni protege a Estela Calderón Tinoco y Rosalba Cruz Bombela, por conducto de su defensor particular Cuauhtémoc Ramón López Silva, contra los actos reclamados al Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema Penal, Acusatorio y Oral, Región Morelia, Michoacán, y el Director del Centro Penitenciario de Seguridad para Delitos de Alto Impacto Número 1. Tercero. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese personalmente y por oficio a las responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy catorce de diciembre de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa asistido de la licenciada Karla Martínez Arenas, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Se notifica a la parte quejosa por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), el proveído y/o resolución de 14 de diciembre de dos mil veintidós, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo.
- Principal
Se notifica a la parte tercera interesada **********, por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), el proveído y/o resolución de 14 de diciembre de dos mil veintidós, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo.
Quedan 29 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · 7,026 expedientes
- Estefany Delgado Cabrera68/2023
- Estefany Michel Delgado Flores714/2022
- Estela Adriana Larrañaga Aragón48/2021
- Estela Adriana Larrañaga Aragón280/2017
- Estela Adriana Larrañaga Aragón537/2017
- Estela Calderon Tinoco339/2022
- Estela Ilagor Alvarez458/2019
- Estela Padilla Gutiérrez299/2019
- Estela Pardo Cruz62/2023
- Estela Soto Pavón1299/2023
- Estela Trejo Campos369/2021
- Esther López Espinoza25/2018